Los principales selectivos de renta variable europeos presentaban un comportamiento positivo en la semana, registrando avances relevantes superiores al +1%, entre los que destacaba el excepcional comportamiento del Ftse, que era impulsado por la mayor claridad entorno al Brexit tras las elecciones de la semana pasada. Inevitable, amable lector, tratar el tema del Brexit en el que queda claro que Johnson ha dado un sorprendente giro, despertando de nuevo los riesgos de una ruptura sin acuerdo, al anunciar que no tiene intención de solicitar la extensión del periodo transitorio, dejando diciembre 2020 como la fecha efectiva de salida frente a la posibilidad de extenderlo hasta diciembre 2022. Este hecho hacía perder a la libra entorno a un -1,7% en la semana. No obstante, la respuesta del bloque europeo a este hecho era tranquilizadora, en tanto que se mostraba dispuesta a empezar la negociación cuanto antes, dejando claro que Reino Unido sólo puede esperar un área de libre comercio si hay compromisos por su lado en temas como las ayudas estatales y el respeto a las legislaciones de medioambiente, trabajo y fiscales. En este contexto, el parlamento británico aprobaba el plan de Brexit del primer ministro, quien cuenta con una amplía mayoría en el parlamento tras las elecciones de la semana pasada, lo que sitúa a Reino Unido más cerca de dejar la UE antes del 31 de enero de 2020.
Mirando a Latinoamérica, el Gobierno de Argentina presentaba su ley de «emergencia económica» para paliar la crisis dejada por Macri. El nuevo Gobierno de Argentina ha presentado esta semana en el Congreso un proyecto de ley de «emergencia económica» con el que busca subir los impuestos para financiar así el gasto social y reactivar el mercado interno, en medio de una severa crisis económica dejada por el anterior Ejecutivo de Mauricio Macri. El objetivo del Gobierno de Argentina es tramitar cuanto antes el proyecto de ley, que tras ser presentado esta semana, es aprobado en el Congreso de los Diputados y finalmente sancionado en el Senado. El contenido de la «emergencia económica» no se ha hecho público todavía, pero se espera que entre las medidas se encuentren una subida de impuestos a las compras en el extranjero, así como un aumento en las tasas que se pagan por las propiedades. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha explicado que las tarifas de los servicios públicos no se tocarán hasta el 30 de junio y que su Administración prevé que para fin de año se abonen las pensiones a los jubilados y a los subsidiarios. El nuevo Gobierno de Fernández, quien heredó una inflación anual cercana al 55 por ciento y una pobreza en torno al 40 por ciento, ha subido ya las tasas a las exportaciones agrícolas –las mayores generadoras de divisas del país–, con el objetivo de paliar la grave situación de crisis económica. Una de las primeras cuestiones que Fernández abordó al llegar a Casa Rosada la semana pasada fue reunirse con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y renegociar la deuda, que podría alcanzar los 100.000 millones de dólares y que a día de hoy Argentina ya ha dicho que no puede pagar. Por su parte, la oposición ha criticado los «superpoderes» que el Gobierno pretende arrogarse al saltarse los plazos del Senado, donde llegaría el proyecto horas después de haber sido aprobado en el Congreso de los Diputados, y han pedido postergar la sesión con el fin de lograr un debate «sensato y sereno». No obstante, los bloques opositores, bajo la premisa de ser «constructivos» en el inicio del Gobierno de Fernández, han contado que una vez dispongan del proyecto, anunciarán una respuesta formal al proyecto.
En cuanto a política monetaria, el BCE sin haber iniciado formalmente la revisión estratégica que abandera Lagarde, empiezan a llover ya las opiniones. Por un lado, el presidente del Banco Central de Italia proponía que se debería democratizar la toma de decisiones del Consejo del BCE y hacer trasparentes sus resultados para superar la controversia generada en el seno de la institución tras las últimas medidas de Draghi. Para Benoit Coeure, ex miembro del Consejo de Gobierno, redefinir el objetivo de inflación y flexibilizar su alcance estableciendo un rango de precios aceptable es una de las tareas que Lagarde tendría que priorizar. Para otros, debería cambiar la prevalencia de referencias para medir la estabilidad de precios, priorizando más los datos de crédito y menos los de masa monetaria. Por otra parte, según filtraciones de los estudios del BCE, tendría capacidad para realizar bajadas en el tipo depo adicionales, sin traspasar el temido «reversal rate» (tipo al que los efectos adversos superan los beneficios del impulso).
En lo relativo al titular del blog en el día de hoy, quiero subrayar que Bruselas ve desequilibrios en España por nuetra deuda, posición exterior y paro. La Comisión Europea (CE) ha identificado desequilibrios macroeconómicos en España por su elevado nivel de deuda pública y privada, su alta tasa de paro y su saldo negativo en la balanza de inversiones exteriores, según un informe publicado esta pasada semana y cercanos al cierre del año. En consecuencia, el Ejecutivo comunitario hará un análisis en profundidad para «examinar la persistencia de desequilibrios o su relajación», que servirá para elaborar las recomendaciones económicas que la Comisión emite para cada país en mayo. Bruselas también hará análisis de la situación en otros doce países: Bulgaria, Croacia, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Portugal, Rumanía y Suecia. «En general, la lectura económica (de España) subraya problemas relativos a la sostenibilidad externa, la deuda privada y pública en un contexto de alto desempleo y débil crecimiento de la productividad», apunta el Informe de Mecanismo de Alerta de la Comisión, documento anual que alimenta el llamado Semestre Europeo, por el que la institución coordina las políticas económicas de los Veintiocho. Este apunta que, si bien en los últimos años se ha reducido el déficit público, sobre todo, por el «fuerte crecimiento», «el déficit persistente implica que el todavía elevado ratio de deuda pública solo se está reduciendo lentamente». Al mismo tiempo, la deuda privada ha ido bajando durante 2018 -el año evaluado en el informe- pero todavía es necesario un mayor desapalancamiento, señala Bruselas, que añade que la reducción se ha ralentizado debido a un ligero aumento del crédito. La misma tendencia se ha identificado en la deuda de los hogares. El desequilibrio, no obstante, es mayor en la deuda pública, que se situó en el 97,6 % frente al umbral del 60 % máximo fijado por Bruselas, que en la privada, la cual ascendió al 133,5 % del PIB, ligeramente superior al límite del 133 % que determina la existencia de desequilibrio. En cuanto a la posición exterior de la economía española, Bruselas señala que el balance por cuenta corriente sigue siendo alto (2,6 % de media en los últimos tres años) pese a haberse estrechado en 2018, y que el saldo negativo de la posición neta de inversión internacional «sigue siendo muy elevado». En concreto, España tiene un saldo negativo equivalente al 80,4 % en este indicador -que mide la diferencia entre los activos extranjeros que tiene España en su balance y los activos españoles que tienen terceros países-, lo que implica una situación deudora. Pese a ello, la Comisión considera que «la evolución del balance por cuenta corriente en España es coherente con una mejora de su posición neta de inversión internacional a un ritmo apropiado». En empleo, Bruselas reitera que pese al rápido descenso de la tasa de paro este sigue «muy alto y por encima de los niveles previos a la crisis, sobre todo entre los trabajadores jóvenes y menos cualificados». La media a tres años es del 17,4 %, frente al umbral comunitario del 10%. Subraya, además, la caída de la tasa de actividad, de 0,6 puntos porcentuales (por encima del -0,2 % de referencia). España no registra desequilibrios, por el contrario, en los restantes diez indicadores, relativos a sus exportaciones, costes laborales, precios de la vivienda o pasivos del sector financiero, entre otros. En la UE en general, Bruselas aprecia que «los riesgos para la estabilidad macroeconómica persisten pese al crecimiento económico», al tiempo que «algunas tendencias emergentes requieren vigilancia» en un momento de desaceleración económica, según dijo el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. Entre estas, están los elevados superávits por cuenta corriente, los altos niveles de deuda pública y privada en varios países, el incremento de los costes laborales o la baja rentabilidad de la banca.
Para finalizar, informar a los autónomos de este país que el Boletín Oficial del Estado ha publicado una resolución en la que se constata la creación de una Reserva de Asistencia Social. Dicha acción tiene como finalidad financiar acciones que tenga que llevar a cabo el autónomo a causa de una consecuencia de una contingencia profesional. Es decir, a causa de un accidente laboral que genere algún tipo de inconveniente que le impida continuar con su labor profesional tras el accidente. Dentro de las medidas, se encuentran algunas específicas para los trabajadores autónomos. La prestación se titula “Adaptación del local donde el trabajador autónomo desarrolla su actividad”, y va encaminada a ayudar a que el trabajador accidentado pueda sufragar los gastos que deberán suprimir barreras y adaptar ese lugar de trabajo a las nuevas necesidades surgidas a causa del accidente laboral o enfermedad profesional. ¿Pero quién concederá estas prestaciones? Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, y lo harán a través de las Comisiones de Prestaciones Especiales, que tramitarán un expediente. En el expediente deberá constar un informe del servicio médico de la mutua colaboradora o de los servicios sociales que correspondan, así como un parte del accidente de trabajo o enfermedad profesional, la resolución de la entidad gestora o la sentencia judicial firme en la que se aclare el carácter profesional de la contingencia. Serán estas organizaciones, por lo tanto, las que determinen el porcentaje de los gastos que obtendrá el profesional autónomo para poder ayudarle a sufragarlos. El acceso a las prestaciones complementarias, según el BOE, requerirá que el beneficiario aporte las facturas y/o los documentos que los gastos destinados a estos fines.
Y poco más que añadir hoy salvo desearle una muy FELIZ NAVIDAD y todo lo mejor para el nuevo año 2020.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.