Los selectivos de renta variable europeos terminaban la semana con fuertes crecimientos, aupados por los avances en la lucha contra la pandemia a nivel de investigación médica, y por el levantamiento parcial y progresivo de las medidas de confinamiento. Así, prácticamente la totalidad de los sectores terminaban en positivo, destacando especialmente los sectores cíclicos más afectados como Banca, Autos y Travels & Leisure, que se apuntaban avances cercanos al doble dígito. En los mercados de deuda, el bono español registraba los mayores movimientos, cayendo 24 puntos básicos hasta el 0,72%, respecto al 0,96% de la semana pasada. Aunque no se pueda cantar victoria, se ha percibido a lo largo de la semana un cierto alivio en la lucha médica contra la pandemia, con EE.UU. anunciando que tras los resultados clínicos conseguidos por el retroviral de Gilead éste será su tratamiento estándar, mientras se siguen dando anuncios de medidas de levantamientos parciales de los confinamientos
A nivel de política monetaria europea, Lagarde anunciaba nuevos estímulos monetarios en la forma de mayores incentivos a la concesión de crédito bajando el tipo de financiación. Lagarde alertaba que la contracción económica de la Eurozona en 2020 podría estar entre -5% y -12% dependiendo exclusivamente de la duración de las medidas de contención y del éxito de las políticas fiscales establecidas, subrayando la necesidad del Fondo de Recuperación Económica a nivel Eurogrupo.
A nivel doméstico, y como destaco en el titular del blog en el día de hoy, se ha producido algo que, como economista me parece un alivio y es que la ignorancia económica ha pasado a segundo plano. Calviño asume la negociación de los ERTE y diluye el papel de Yolanda Díaz. El Gobierno creará una comisión interministerial presidida por Economía y de la que también formarán parte carteras como Hacienda e Industria, difuminando así el peso de Trabajo. El Gobierno de Pedro Sánchez afronta en los próximos días un proceso vital para el futuro de España: la salida gradual del confinamiento que desde hace más de 40 días mantiene recluidos en sus casas a millones de españoles y en estado de hibernación a decenas de miles de empresas. Una desescalada en la que los empresarios están llamados a jugar un rol fundamental. Sin embargo, la relación entre Gobierno y patronales vive horas bajas debido, en buena parte, a la gestión de un Ministerio de Trabajo que, bajo la batuta de Yolanda Díaz, ha tensado al máximo la relación con los representantes empresariales. Una situación que estaría a punto de cambiar. El pasado jueves, el Ejecutivo anunció a los agentes sociales la creación de una nueva comisión interministerial que, bajo la presidencia de Economía, canalizará la negociación de todo lo relacionado con los ERTE. Una comisión de carácter transversal, ante una situación que afecta a todos los sectores económicos, en la que además de Economía y Empleo, participarán los ministerios de Hacienda, Industria o Transporte y por cuyo filtro deberá pasar cualquier iniciativa relacionada con los ERTE antes de ser llevada al Consejo de Ministros.
Es decir, el Departamento que dirige Nadia Calviño asumirá directamente las riendas de la negociación de los ERTE, que el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, llegó calificar la semana pasada de «cuestión de estado», diluyendo así el protagonismo que hasta ahora venía teniendo Yolanda Díaz. Dichas fuentes lo interpretan como un guiño del Gobierno a las patronales, consciente de que no puede permitirse dar la espalda al empresariado en un momento tan crítico como el actual. Calviño es, además de vicepresidenta del Gobierno, presidenta de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, lo que le otorga poderes de coordinación sobre todas las carteras del área, incluidas las que dirige Podemos: Trabajo, con Yolanda Díaz al frente, y Consumo, que encabeza Alberto Garzón. El gesto de acercamiento del Ejecutivo (el anuncio sobre la nueva comisión interministerial se produjo después de la reunión que los agentes sociales mantuvieron con Sánchez en Moncloa) tiene lugar tras varios encontronazos entre las partes. Los empresarios reprocharon al Gobierno haber actuado con precipitación y al margen de la patronal a la hora de adoptar medidas tan controvertidas como restringir los despidos por decreto, las obligadas vacaciones de Semana Santa sufragadas por las empresas como un «permiso retribuido recuperable», e incluso amagaron con romper el diálogo social tras ser dejados al margen de la negociación del ingreso mínimo vital. Ahora, el pulso entre Gobierno y patronal se circunscribe, esencialmente, a la prolongación de los ERTE. Los empresarios piden que la prórroga de los expedientes sea automática y por el tiempo que sea necesario, porque la desescalada no será igual en todos los sectores, como tampoco lo será la reactivación de la actividad. Es por ello que los empresarios piden flexibilidad para poder ir reincorporando trabajadores desde los ERTE a medida que la empresa mejore sus constantes vitales productivas. Las patronales también reclaman suprimir, o al menos suavizar, la exigencia de no efectuar despidos en los seis meses siguientes al levantamiento del estado de alarma, algo que las compañías ya han advertido que no podrán cumplir. Un aspecto especialmente controvertido en el que los empresarios confían en una marcha atrás.
Y comparó los ertes con las bajas por maternidad!!!!!!
En el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, de gabinetes paralelos e intereses no siempre coincidentes, la titular de Trabajo, la morada Yolanda Díaz, es lo más parecido a un espíritu libre, con planteamientos, decisiones y ocurrencias que no solo han provocado fricciones con los ministros del ala socialista, especialmente con el área económica que lidera Nadia Calviño, sino que también han generado gran malestar y alarma entre empresarios y trabajadores. Así ocurrió con su controvertida Guía de Trabajo sobre el coronavirus, en la que instaba a paralizar la actividad empresarial en caso de riesgo «grave e inminente» de contagio y abría la puerta a que la decisión pudiera ser tomada por los propios trabajadores. O con su empeño en prometer en reiteradas ocasiones una derogación total de la reforma laboral en contra de las declaraciones de Calviño, que defendía en todo caso una reversión parcial. Un tira y afloja que se tradujo en incertidumbre sobre el futuro del marco laboral y, en consecuencia, en un freno para la contratación incluso antes del inicio de la pandemia del coronavirus. Entre las muchas perlas de la titular de Trabajo, que incluso logró enojar a las organizaciones agrarias en plena crisis del campo dándoles plantón poco antes del inicio de un encuentro que sí se mantuvo para los sindicatos, despunta la metáfora utilizada por la ministra para referirse a los ERTE, al comparar la situación que atraviesan los cientos de miles de trabajadores afectados por uno de estos expedientes «con el permiso de maternidad o de paternidad, porque una mujer que está de permiso, no está en el paro», llegó a decir. Sin olvidar la enorme intranquilidad que generó en el sector turístico y actividades afines (hostelería, ocio…), uno de los puntales de la economía española, al anunciar que no se reanudaría la actividad hasta finales de año, lo que llevó a Exceltur a advertir del riesgo de pérdidas próximas a los 124.000 millones de euros si esto sucedía y de su efecto de arrastre sobre el resto de sectores económicos.
Son solo unos pocos botones de muestra de la impetuosa, y a mi juicio, poco reflexiva, gestión de la ministra de Trabajo, que ha tensado como nunca antes la cuerda de las relaciones entre empresarios y Ejecutivo.
En cuanto al importante tema de las ayudas a autónomos, más de un millón de trabajadores por cuenta propia que solicitaron la prestación extraordinaria por cese de actividad y hayan recibido el visto bueno de la Seguridad Social cobraron esta semana esta ayuda, después de que el Gobierno ya abonara un primer pago el pasado 17 de abril. En concreto, a los autónomos que ya recibieron el 17 de abril los primeros 30 días de esta ayuda (más de 919.000 personas), se les abonó el pasado jueves, lo correspondiente a 17 días (del 14 de abril al 31 de abril). Por su parte, los autónomos que quedaron fuera de este pago, por la falta de documentación o problemas informáticos, cobrarán un total de 47 días de prestación. Posteriormente, los autónomos que hayan presentado solicitudes en marzo o la primera quincena de abril recibirán el 31 de mayo lo correspondiente a 77 días. También a finales de mayo, los trabajadores por cuenta propia que presentaron la solicitud en la segunda quincena de abril cobrarán 47 días. Las ayudas que comenzaron el 14 de marzo finalizarán el 31 de mayo (prestación única de 77 días). Hasta el 21 de abril se resolvieron favorablemente 1.039.598 prestaciones y se han denegado 38.605, incluidas 3.685 desistidas. Por lo que, según informó la semana pasada el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la tasa de aceptación supera el 90%. Por ahora, todavía quedan 76.722 solicitudes pendientes de resolución. Según el Ministerio, hasta el 22 de abril, la Seguridad Social había recibido más de 1,1 millones de solicitudes, lo que supone que el porcentaje de autónomos que han solicitado la prestación se sitúa en el 35,5% de los cotizantes. El pasado 17 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el establecimiento de una prestación extraordinaria, distinta al cese de actividad ordinario, a la que pueden acogerse aquellos autónomos que hayan cerrado sus negocios por la crisis sanitaria o que hayan reducido de manera significativa su actividad.
Estamos en desescalada, pero parece que el plan del Ejecutivo ha recibido el rechazo unánime de las patronales empresariales y especialmente el de las organizaciones ligadas al turismo (hoteles, agencias de viajes o aerolíneas) que critican que ese plan de vuelta a la normalidad sigue priorizando restricciones a la normalidad, lo que impedirá que el negocio se recupere en temporada alta. En este contexto, todas las patronales establecen como prioridad que los ERTE por fuerza mayor, que en principio acaban con el estado de alarma, se alarguen seis meses hasta final de año para tratar de evitar despidos masivos.
Evidentemente, es complicado articular un proceso así, pero el Gobierno hace bien en asumir errores o, al menos, incoherencias en el proceso porque, en mi opinión, las está habiendo y algunas muy severas.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE