A lo largo de la semana, se han producido alzas generalizadas en los mercados de renta variable a excepción del Ibex 35, que registraba una ligera caída por la debilidad del sector bancario y turístico. En la semana destacaba por el lado negativo la noticia de la suspensión de las pruebas de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y Oxford, al detectarse efectos adversos en un voluntario. En el ámbito geopolítico, se vivía un incremento de la tensión en las negociaciones por el Brexit, con el R.U. ya preparando un escenario de no acuerdo, mientras que en EE.UU. la relación con China comenzaba a tomar un papel clave en la campaña por la presidencia del país. Adicionalmente, en el país norteamericano, el Senado echaba para atrás el plan de estímulo que había presentado el partido republicano, el cual ascendía a 300.000 M. $.
En lo relativo a las vacunas, cabría decir aquello de: «Sin prisas por favor», porque el estudio de AstraZeneca-Universidad de Oxford tenía que abandonar las pruebas en fase clínica III tras detectarse efectos adversos que podrían estar ligados al desarrollo. Ahora toca evaluar dichos efectos y ver si se pueden corregir, decisión que depende de un comité de expertos independiente. Como señalo, las prisas son malas consejeras en la vida. Para todo en general, pero para las cuestiones más sensibles en particular. Y la salud lo es. Una cosa es apurarse para comprar un jersey, y llegar a casa y descubrir que te queda pequeño o no te sienta bien, y otra cosa es lanzar una vacuna. Esto va a generar muchas suspicacias a nivel mundial. Seguiremos con mascarilla hasta que esto sea seguro. La agencia reguladora estadounidense, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, en sus siglas inglesas) ha descrito el episodio como «un evento adverso en el que la evidencia sugiere una posible relación con el medicamento que se está probando». El voluntario que enfermó reside en Reino Unido y aunque no se han dado más detalles de esta reacción adversa, esperan que se recupere. El ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, ha añadido por su parte que la interrupción de los ensayos «no supone un revés y que no es la primera vez que esto pasa.
En lo relativo a las relaciones entre EE.UU. y China, la extensión de restricciones a las exportaciones de tecnología de EE.UU. a empresas chinas como SMIC era otro foco de presión para este sector, en un momento de amplias dudas sobre la sostenibilidad de las valoraciones alcanzadas. En el apartado electoral, las relaciones con el gigante asiático comienzan a atraer mayor atención mediática, con Trump desmarcándose de las posiciones de su oponente demócrata Biden, postulando por un recorte en las relaciones con China, «castigando» a las empresas que invierten en este país y favoreciendo a las que crean trabajo en EE.UU.
No nos podemos olvidar del Brexit, aunque queramos, porque escalaban las tensiones tras las negociaciones del pasado martes, donde las posiciones parece que siguen enrocadas con temas de pesca y ayudas estatales. Esto añade más tensión, por la presentación de un proyecto en UK para prepararse para el escenario fuera de la UE, donde ha levantado las alertas de que podría no cumplir con el derecho internacional en los temas de Irlanda del Norte y lo que están ligando al abandono del gobierno de dos de los principales asesores legales. Europa insiste en que, si no se respeta el acuerdo de salida firmado, no habrá acuerdo comercial. En este contexto, la libra continúa presionada, y se encienden las alarmas de riesgo de un escenario de ruptura sin acuerdo en ambos bloques, hecho que no ayuda nada a la recuperación de las economías ni de los mercados. Johnson da de plazo a la UE hasta el 15 de octubre para lograr un acuerdo sobre el Brexit tras lo cual, señaló, «habría que aceptar (el fracaso) y pasar página». Tiene que haber un acuerdo con nuestros amigos europeos antes del Consejo Europeo del 15 de octubre si va a entrar en vigor antes de final de año», señaló el jefe del Gobierno británico en un comunicado. Las palabras de Johnson llegan antes de que comience en Londres una nueva ronda de las conversaciones entre el Reino Unido y la UE para cerrar un nuevo tratado de libre comercio que evite que el próximo 31 de diciembre se produzca un fin abrupto de la actual relación. El Gobierno británico ha multiplicado los mensajes de que no teme que finalmente no se halle un acuerdo, como señaló el negociador británico, David Frost. Para el primer ministro, «no tiene sentido pensar en plazos que vayan más allá (del 15 de octubre). Si no nos ponemos de acuerdo para entonces, no creo que vaya a haber un acuerdo de libre comercio entre nosotros, y deberíamos aceptarlo y pasar página». Johnson aludió a los puntos de discrepancia, sin citarlos, como los subsidios estatales o la pesca, y aseguró que el Reino Unido no renunciará «a los fundamentos de lo que significa ser un país independiente» en pos del éxito de las conversaciones. El Ejecutivo conservador desea tener las manos libres para decidir si respalda con una inversión estatal masiva sectores clave para la economía como el tecnológico -pese a la tradición no intervencionista de los «tories»-, y ve cualquier arreglo con Bruselas como un posible lastre para esos subsidios. Pese a todo, el primer ministro reiteró en que un fracaso de las negociaciones sería para su país «un buen resultado» y que en ese caso significaría que la UE pasase a ser un socio comercial «como Australia» del Reino Unido, con los protocolos establecidos por la Organización Mundial del Comercio.
A nivel doméstico, otro fracaso ya anunciado. El Congreso de los Diputados ha derogado el decreto ley de los remanentes municipales que había aprobado previamente el Gobierno, ya que ha recibido el rechazo de toda la oposición. La votación ha deparado 156 «síes»; todos los demás votos han sido «noes» y no se han registrado abstenciones. Es el primer decreto ley del Gobierno de coalición que no avala el Congreso. El Gobierno ha apurado las negociaciones para intentar salvar en la votación del Congreso el decreto por el que los ayuntamientos podrán gastar un fondo de 5.000 millones de euros siempre y cuando dispongan de ahorros y los pongan a disposición del Estado, y que ha puesto en pie de guerra a alcaldes de todos los partidos, salvo el PSOE. La Cámara Baja ha derogado dicho decreto y, por tanto, quedará sin efecto tras haberlo aprobado el Consejo de Ministros a primeros de agosto. Fuentes parlamentarias de distintos grupos han señalado que las negociaciones entre los grupos no han dado el resultado esperado por el Gobierno. Finalmente el texto sí ha sido refrendado por Unidas Podemos, tras un acuerdo alcanzado en ‘in extremis’ con el departamento que dirige María Jesús Montero. El texto planteaba que las entidades locales con remanentes de tesorería prestasen esos recursos a la administración central para que ésta, a su vez, crease un fondo para realizar un ingreso no financiero por importe máximo de 5.000 millones destinados a mejorar la atención a personas mayores o dependientes, incrementar la oferta de vivienda asequible en alquiler o construir escuelas infantiles. El Gobierno planteaba esta fórmula con el fin de sortear la limitación que el artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria suponen para las entidades locales en cuanto a la prohibición de que incurran en déficit. En concreto, el real decreto suponía la creación de un fondo presupuestario cuya adhesión implicaba que las entidades locales se comprometieran de manera voluntaria a constituir un préstamo a favor de la Administración General del Estado por sus remanentes de tesorería, que les serían devueltos íntegramente en un plazo de 10 años o hasta 15 años si optasen por unas condiciones financieras más favorables. En cuanto a la distribución, el Estado transferiría a los entes locales un máximo de 2.000 millones en 2020 y 3.000 millones en 2021.
A nivel bursátil, una noticia relevante. La semana pasada, Antonio Zoido se despidió para siempre de la que ha sido su casa durante casi dos décadas. Quien ha sido amo y señor del parqué del Palacio de la Bolsa dejó la presidencia de BME (sin poderes ejecutivos desde hace tres años) en una junta de accionistas virtual a causa de los nuevos protocolos sanitarios. Aunque su retirada de la primera línea se formalizó en 2017, el de Zafra seguía disfrutando de los honores de comandar la sociedad gestora de las cuatro bolsas españolas a sus 75 años cumplidos. El tiempo de cortesía institucional ha terminado abruptamente, tan rápido como los suizos de SIX se han hecho con las riendas de BME. Lo que en otros tiempos hubiera sido una ceremonia con ribetes de homenaje, esta vez se ha despachado con la frialdad de una conexión virtual. Ni distintivos, ni flores ni coctel con vino español bajo los marcadores del Ibex 35 para el viejo patrón de las cuatro plazas cotizadas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia). Zoido sale para siempre del Palacio de la Lealtad, donde ha sido testigo privilegiado del desarrollo del capitalismo popular español.
En otro orden de cosas, los funcionarios españoles no estamos por la congelación de sueldo, pero no sabemos lo que nos deparará la situación, dada la grave crisis económica que afrontamos. El Gobierno evita concretar si dejará sin subir los sueldos de los empleados públicos en los Presupuestos del próximo año. La posibilidad de que los salarios de más de tres millones de funcionarios públicos se congelen en 2021, opción que maneja el Gobierno pero sobre la que no se ha manifestado claramente, recibió el rechazo frontal de los sindicatos, que advirtieron de que estos trabajadores acumulan una amplia pérdida de poder adquisitivo desde hace años. La vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, apuntó que los funcionarios han ganado poder adquisitivo en los últimos años y que el escenario de inflación es cero, consideraciones que, dijo, habrá que «tener en cuenta» de cara a una posible revisión de sus sueldos en 2021. Añadió que los funcionarios han recuperado las pérdidas que soportaron durante la crisis, unos comentarios que entreabren la posible congelación de los salarios de los funcionarios, como una opción que se está barajando. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, señaló que la congelación de los sueldos de los funcionarios forma parte de una serie de posibilidades que «hay que estudiar». «Tendremos que estudiar todas las posibilidades. El país se enfrenta a una situación económica muy complicada», derivada de una «caída de la recaudación», dijo la ministra en una rueda de prensa en el Congreso, en la que coincidió con Calviño en que este cuerpo de trabajadores públicos ha mejorado su poder adquisitivo durante los últimos años. Sin embargo, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, dijo que no le constaba que se estuviera planteando tal opción y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró que «no está encima de la mesa» de negociación de los prespuestos generales del Estado para 2021. Desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, se señaló que «no hay nada hasta que no haya proyecto de Ley de presupuestos generales del Estado para 2021». Los sindicatos salieron en bloque en contra de la posibilidad. «CSIF rechaza la congelación salarial y reclama un acuerdo de mejora de condiciones laborales de los empleados públicos. No aceptaremos recortes: arrastramos una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9% y el 17,9% desde el 2010», afirmó el sindicato. Una reacción parecida tuvo CC OO. «Las empleadas y empleados públicos han hecho un grandísimo esfuerzo por garantizar el mantenimiento de los servicios públicos durante la pandemia producida por el Covid 19 y no merecen el desprecio del Gobierno». El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, advirtió que si no suben los salarios la economía española «se va colapsar todavía más» y calificó de «mal mensaje» que el Gobierno plantee congelaciones salariales.
Está claro que nos esperan sacrificios y si la congelación salarial de los funcionarios se plantea como paliativo, no nos quedará otra a los funcionarios públicos que asumirlo y pensar que otros están peor. Se llama solidaridad.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.