Ha sido una semana de ligeras caídas de los índices europeos que sopesaban el tono más dovish mostrado por la Reserva Federal en su reunión de política monetaria y los buenos datos económicos de China del mes de agosto. Por su parte, los inversores monitorizan los avances en la carrera por el desarrollo de la vacuna contra el Covid-19. A nivel sectorial, veíamos un comportamiento mixto destacando las subidas de retail (buenos resultados), farmaceútica e industria básica. Era una semana intensa en anuncios corporativos. En los mercados de deuda, ha sido una semana de estrechamiento de primas en los mercados de deuda europeos al son de expectativas de más estimulo por los bancos centrales. El petróleo terminaba con fuertes subidas (Brent 43$/b) en una semana donde se reunía la OPEP+ y alargaba los recortes de producción.
En lo relativo al coronavirus, continúan conociéndose nuevas noticias relativas a los avances en el desarrollo de la vacuna para el Covid-19. AstraZeneca ha retomado la fase III de las pruebas de su vacuna, tras recibir el visto bueno de los expertos en seguridad, siendo uno de los desarrollos más avanzados. Asimismo, animaban las declaraciones del CEO de Pfizer que ve factible ver las primeras vacunaciones en EE.UU. a finales de este año. La agencia china dice que estarían preparados para empezar una vacunación masiva en noviembre, sin especificar a cuál de los tres desarrollos que está llevando a cabo se refiere. Esto generaba expectación, a pesar de la preocupación por la seguridad y por el no seguimiento estricto de los protocolos en los test. Por su parte, Trump veía factible que la vacuna podría estar disponible en semanas y que tiene intención de distribuirla de forma amplia en cuanto sea aprobada por la FDA, contradiciendo la postura del director del Centro de Prevención de Enfermedades Infecciosas, que apuntaba a que las vacunas pudieran estar disponibles para el segundo o tercer trimestre de 2021.
Por su parte, la presidenta de la Comisión sugiere que el 37% del fondo de recuperación se gaste en objetivos verdes.
La crisis del coronavirus y la posterior recuperación económica, la descarbonización y transición verde, las relaciones con Estados Unidos o Rusia, y el desenlace final del Brexit, marcado en las últimas semanas por los fuertes desacuerdos entre Londres y Bruselas, fijan buena parte del nuevo curso político de la Unión Europea. Así lo ha recordado esta semana la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en su primer discurso sobre el Estado de la Unión, recitado ante los mismos eurodiputados que tienen que aprobar el fondo de recuperación poscoronavirus que movilice 750.000 millones de euros. Von der Leyen, que estructuró su discurso para incluir la pata de la sostenibilidad en el paquete económico, dando muestras del peso que la Comisión da a la transición verde, recordó que quiere una unión económica y monetaria «fuerte», con confianza en el euro. «Tenemos que acometer reformas estructurales y completar la unión de mercados de capitales y la unión bancaria», dos de las tareas pendientes del Ejecutivo Comunitario. También aseguró que «por ahora» no tiene prisa por recuperar la disciplina fiscal: «No podemos retirar el apoyo a la economía» tan pronto. La alemana confirmó así que la senda del déficit no se recuperará hasta ya entrada buena parte del año 2021, como sugirió el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Así, dijo la presidenta, «podemos esperar que nuestras economías empiecen a moverse de nuevo, tras una caída del 12%, en el segundo trimestre, pero mientras el virus esté merodeando también lo estará la incertidumbre en Europa y en todo el mundo, así que definitivamente no es el momento de retirar apoyos». Las economías europeas necesitan un «apoyo político continuado» y «debemos lograr un delicado equilibrio entre proporcionar respaldo financiero y garantizar sostenibilidad fiscal». La reconstrucción tras la pandemia, prosiguió la alemana, irá indiscutiblemente de la mano de la transición ecológica. De esta forma, señaló, el 30% de los 750.000 millones de euros, que se captarán en los mercados con el Ejecutivo Comunitario como órgano emisor, deberían recaudarse a través de bonos verdes. A su vez, adelantó, el 37% de los fondos del Next Generation (el plan de recuperación europeo) se va a gastar en cumplir con los objetivos climáticos, mientras que otro 20% irá destinado a la transición digital. Los objetivos climáticos, señaló la presidenta, implican «cambiar la forma en la que vivimos» para cuidar de la naturaleza. «Es ahí donde vamos a marcar la diferencia». La Comisión propone así modificar los objetivos de recorte de emisiones para 2030, pasando del 40% al 55%, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050. «Soy consciente de que hay Estados miembros que están lejos. Pero contamos con conocimientos y con inversiones para lograrlo». La alemana apuntó también que se van a crear «nuevos valles de hidrógeno europeos», en línea con una economía más sostenible. En lo laboral, Von der Leyen defendió un salario mínimo europo que «refuerce la negociación colectiva», a la vez que puso en valor a SURE, el mecanismo comunitario para costear los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y herramientas similares. «Es el momento de apoyar a los trabajadores y a las empresas, y esto va a dar más tranquilidad a las familias. La dignidad del trabajo tiene que ser algo sagrado». Por otro lado, reconoció estar lejos de un acuerdo de Brexit. «Con cada día que pasa», afirmó Ursula von der Leyen, las posibilidades de un acuerdo comercial con Reino Unido «se desvanecen». La presidenta recordó al Gobierno de Boris Johnson que queda poco tiempo para que expire el plazo que Bruselas y Londres se dieron para negociar su futura relación comercial. Y reiteró que no se puede incumplir el pacto de retirada firmado por los dos bloques antes de que las negociaciones se iniciasen. «No daremos marcha atrás. Es un acuerdo que ha ratificado el Parlamento Europeo y la Cámara de los Comunes, y no se puede modificar». El Gobierno británico ha puesto en marcha la aprobación de una ley que rompe con buena parte de los mínimos acordados en su momento entre los dos bloques, incluido el protocolo para proteger los Acuerdos de Viernes Santo en el Ulster. El texto «no puede modificarse unilateralmente, ni ser ignorado o descartado. Es una cuestión de derecho, de confianza y de buena fe. La confianza es la base de cualquier asociación sólida», recalcó la alemana.
Pasando al ámbito doméstico, todo malas noticias, me temo. España registra el mayor aumento de costes laborales no salariales en la UE pese a las ayudas por el Covid-19. Los costes laborales en la UE avanzaron un 4,1%, fruto de un avance del 5,3% de los salarios y el 0,1% de los costes extra salariales. Los costes laborales por hora trabajada aumentaron un 4,2% en la zona euro y un 4,1% en la Unión Europea (UE), en comparación con el mismo trimestre del año anterior, según las cifras publicadas esta semana por la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat). Esto supuso las mayores cifras desde que se realiza esta estadística en 2010 y una aceleración de estos costes que ya habían aumentado un 3,7% y 3,9% respectivamente, ante el primer impacto de la pandemia mundial de Covid-19. Los dos componentes principales de los costes laborales son los sueldos y salarios y los costes no salariales (cotizaciones, formación, indemnizaciones por despido etc.). En la zona del euro, los sueldos y salarios por hora trabajada crecieron un 5,2% y el componente no salarial avanzó un 0,8% en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Mientras que en los Veintisiete, el coste salarial creció un 5,3% y tan solo un 0,1% los extra salariales. Tanto en la Unión Europea como en la zona del euro, este aumento de los costes salariales por hora reflejan que «la disminución del número de las horas trabajadas, debido a la crisis sanitaria, no se compensó del todo con una disminución equivalente de los salarios». Si bien, Eurostat explica que en muchos países, el aumento de los costes salariales por hora sí fue compensado en parte por el moderado aumento de los componentes no salariales de las retribuciones debido a las desgravaciones fiscales y subvenciones introducidas por los gobiernos de la UE para apoyar a las empresas afectadas por la crisis. Pero este no fue el caso de España, donde los costes laborales experimentaron un incremento del 8,6% en el periodo, tal y como informó recientemente el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero mientras que el coste salarial se elevó un 6,6%, los elementos ajenos al salario aumentaron un fuerte un 14,7%, el mayor incremento de toda la Unión Europea.
En lo relativo al titular del blog en el día de hoy, es evidente la discrepancia existente respecto al mismo tema, por parte de dos ministros del gobierno, lo cual no es buena noticia.
Díaz choca con Escrivá y rechaza la prolongación de la vida laboral porque frena la incorporación de los jóvenes. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha mostrado esta semana contraria a incentivar la prolongación de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación porque ello «entorpece» el rejuvenecimiento de un mercado laboral como el español, «profundamente envejecido». «El reto de nuestro país es incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo. Propiciar que alarguemos y además incentivemos la edad de jubilación más allá de la edad legal entorpece la posibilidad de incorporar jóvenes», ha subrayado la ministra, que ha apuntado que, según datos de la EPA, un 36,5% de los jóvenes se encuentran en paro actualmente. Díaz ha recordado que este tema se está discutiendo en la Comisión del Pacto de Toledo, además de ser objeto de negociación entre los dos partidos que gobiernan en coalición, PSOE y Unidas Podemos. La ministra ha afirmado además que «penalizar» carreras profesionales en un país con una estructura productiva distinta a la de los países europeos, pidiendo que limpiadoras, albañiles, dependientas, etc. trabajen más allá de la edad legal de jubilación «no es el camino correcto». Preguntada por si retrasar la jubilación acercaría a España al modelo europeo, Díaz lo ha negado y ha recordado que España no tiene salarios europeos, ni por tanto cotizaciones y pensiones europeas. La ministra ha indicado que sólo 336.000 personas cobran actualmente en España la pensión máxima, el equivalente al 5,2% de todos los pensionistas, mientras que casi el 95% están en una franja de pensiones «muy bajas». «Me consta que los pensionistas tienen enormes dificultades para pagar la luz y sus servicios básicos (…) Estamos a años luz de los modelos europeros y creo que la urgencia, la prioridad y el reto ahora mismo es la incorporación de los jóvenes», ha insistido. Con este objetivo, ha avanzado que en los próximos días se celebrará una jornada sobre la remodelación de las políticas activas de empleo, en la que estará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; que se está trabajando en proyectos desde su Ministerio que se incorporarán al plan de reconstrucción; en dar formación sobre digitalización a los trabajadores, y en la estrategia de empleo juvenil, que se irá conociendo en los próximos días. Además, ha resaltado que, por primera vez en 30 años, se ha diseñado una norma que aglutinará todas las políticas activas de empleo y que ya ha sido debatida con todas las comunidades autónomas y en la mesa de diálogo social. Evidentemente es una discrepancia muy grande entre ministros, y por mi parte, lo que puedo decir es que la ministra se equivoca. Alargar la edad de jubilación es necesario. Es una de las medidas para caminar hacia el sostenimiento de un sistema que, tal cual está, definitivamente no es sostenible.
Fedea alerta de una «creciente desprotección» del derecho a la propiedad.
El trabajo señala este aspecto como uno de los puntos que influyen en esa erosión y pone como ejemplos los cambios legislativos en las retribuciones de las renovables -al reducirse las subvenciones que habían servido de base para tomar decisiones de inversión- o cambios, vía sentencias o normativos, en temas de vivienda como los desahucios o los problemas de ocupación ilegal. El trabajo, firmado por Benito Arruñada de la Universidad Pompeu Fabra, resume otros puntos que, a su juicio, están detrás de esa «erosión» de la seguridad jurídica en España. Uno de ellos son las «dificultades» de la contratación privada para dotarse de mecanismos de autorregulación y arbitraje en la medida «en que el sistema judicial muestra cierta tendencia a excederse en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales». La Justicia, añade, «no sólo dificulta la ordenación privada de las relaciones económicas sino que perjudica su propio funcionamiento, pues acaba asumiendo funciones para las que no goza de ventaja comparativa». Asimismo, apunta que la legislación española sufre simultáneamente de un exceso de reglas «imperativas» (de obligado cumplimiento), muchas de las cuales son innecesarias y de un déficit de reglas «dispositivas» (de libre incorporación a los contratos), que ayudarían a reducir los costes contractuales. Por último, advierte de que, en el funcionamiento de los tribunales de justicia se suele criticar su lentitud «pero es más probable que su fallo más grave resida en la baja calidad e imprevisibilidad de muchas sentencias», fallo que parece haberse agravado desde la crisis económica de 2008. Por cierto, este catedrático salió de la Universidad de Oviedo y se fue para la UPF de Barcelona.
Para terminar, otra pésima noticia y lo siento, sinceramente, amable lector, pero no puedo darle otras. El coste de la pandemia eleva el nivel de deuda a máximos de más de un siglo. El endeudamiento se sitúa en torno al 110% del PIB actual tras crecer en 100.000 millones en el último año hasta los 1,29 billones a cierre de julio. La deuda pública de España es ya significativamente superior al tamaño del conjunto de su economía. Los fuertes sobrecostes de afrontar la pandemia del coronavirus en un país con unas cuentas públicas que llevan siendo deficitarias desde el estallido de la crisis financiera de 2008, y que partían ya de un elevado umbral de endeudamiento, han terminado disparando el peso de la deuda hasta el entorno del 110% del menguante PIB actual. Se trata del porcentaje más alto registrado desde principios del siglo XX, en ausencia de datos de algunos periodos convulsos como el de la Guerra Civil española. Pero la debacle no es solo cualitativa. Los datos oficiales publicados esta semana por el Banco de España revelan que la deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó un nuevo récord cuantitativo a cierre de julio en 1,29 billones de euros (1.291.212 millones), una cifra inédita.
Este país necesita urgentemente que el gobierno saque sus presupuestos adelante y que utilice convenientemente los fondos que llegarán de la UE para lograr la recuperación de esta grave crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Tengo serias dudas de que lo logre y quisiera, con toda sinceridad, estar equivocada.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.