Ha sido la pasada una semana de subidas generalizadas en las bolsas europeas, impulsadas por la reducción gradual de las restricciones en Reino Unido y Alemania y unos PMIs por encima de lo esperado, aunque en alerta ante el aumento de casos de coronavirus en el norte de Europa. Por sectores, Oil & Gas registraba uno de los mejores comportamientos, recogiendo la buena evolución del precio del petróleo, mientras que el continuo aumento de las yields de deuda impulsaba sectores como la banca, y penalizaba nuevamente al sector tecnológico. En relación el petróleo, el Brent continuaba su senda alcista, cerrando la semana en 69 $/b, apoyado en la disciplina productiva de la OPEP+ y el ataque de los Houthis de Yemen a instalaciones saudíes.
Trato a continuación, toda una serie de temas que me parecen relevantes y destacables a nivel doméstico.
El paro de la eurozona sigue en el 8,1%, nivel que se duplica en España con una tasa del 16%. A pesar de esto, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sonríe abierta y tranquilamente. La tasa de paro de la eurozona se situó el pasado mes de enero en el 8,1%, en línea con los dos meses anteriores, pero siete décimas más que en el mismo mes de 2020, mientras que en el conjunto de la UE repitió en el 7,3%, según la oficina comunitaria de estadística, Eurostat, que situó a Grecia (16,2% hasta noviembre) y España (16%) a la cabeza del desempleo entre los Veintisiete. La oficina de estadística comunitaria calcula que 15,66 millones de personas carecían de empleo en la UE en enero de 2021, de los que 13,28 millones se encontraban en la zona euro. Esto supone un incremento de 29.000 y 8.000 personas en comparación con el mes anterior, respectivamente. Sin embargo, en comparación con enero de 2020, el número de personas sin empleo aumentó en 1,46 millones en la UE y en 1,01 millones en la zona euro. Entre los Veintisiete, las mayores tasas de paro en enero correspondieron a Grecia (16,2% con datos hasta noviembre), por delante de España (16%) y de Lituania (9,6%), mientras que las mejores cifras de desempleo se observaron en Polonia (3,1%), Chequia (3,2%) y Países Bajos (3,6%). En el caso de los menores de 25 años, la tasa de paro en el primer mes del año fue del 17,1% en la zona euro, una décima menos que en diciembre, aunque un punto y medio porcentual más que un año antes, mientras que en el caso de la Unión Europea, la tasa de paro juvenil se situó en enero en el 16,9% en línea con el mes anterior, pero muy por encima del 15% de enero de 2020. En términos absolutos, el número de jóvenes desempleados en la UE alcanzó en enero los 2,929 millones, de los que 2,356 millones correspondían a la eurozona. Esto representa un incremento mensual de 3.000 jóvenes desempleados en la UE, pero un descenso de 15.000 en la zona euro, mientras que en datos interanuales el paro juvenil aumentó en 184.000 personas en los Veintisiete, incluyendo un incremento de 89.000 en la eurozona. En el caso de España, en enero contabilizó 3,716 millones de personas sin empleo, de las cuales 588.000 eran menos de 25 años. De esta forma, la tasa de paro juvenil fue del 39,9%, la más elevada de toda la UE, por encima del 34% que registró Grecia en noviembre de 2020 y del 29,7% de Italia en diciembre del año pasado.
Siguiendo con situaciones negativas que nos ocupan, y algunas frutos de errores, como señalo en el titular del blog del día de hoy, Trabajo y Hacienda trabajan para corregir los errores en el cobro de los ERTE antes de empezar la Campaña de la Renta.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social y el de Hacienda trabajan en la corrección de los errores cometidos en el pago de las prestaciones de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con el objetivo de que estén subsanados a tiempo para el comienzo de la Campaña de IRPF 2020, que tendrá lugar del 7 de abril al 30 de junio. Según indicaron fuentes del Ministerio de Hacienda, los trabajos que se están realizando tienen como objetivo que la Agencia Tributaria tenga los datos más actualizados del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que, en aquellos casos en los que ha habido un error en las cantidades pagadas por el SEPE a los afectados por un ERTE, los datos que le aparezcan al contribuyente en su borrador de IRPF, una vez comience la campaña, sean lo más fehacientes posibles. Sobre si será posible corregir todos los errores antes del comienzo de la campaña de la Renta, parece que «se está trabajando para tenerlo actualizado al máximo» y que «habrá que ver cuando empiece la campaña para valorar la situación», confiando en que todavía queda tiempo para ello. Sobre esta cuestión, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, señaló junto al exministro de Trabajo Manuel Pimentel y el secretario general del sindicato Fasga, Miguel Venegas, que se trabaja con la Agencia Tributaria para que este organismo cuente con las cantidades actualizadas y fehacientes abonadas por el SEPE a los trabajadores en ERTE para que estos tributen conforme a las retribuciones que han percibido, sin tener «una especial penalización impositiva» en la declaración de la Renta.
El despliegue de la violencia en Cataluña no descansa y el sector empresarial catalán se moviliza contra ella.
El sector empresarial de Cataluña se ha movilizado y ha organizado en Barcelona un gran acto de rechazo de los actos vandálicos registrados en los últimos días en la capital catalana y otras ciudades, y para reclamar que se ponga el foco en la defensa de la actividad económica. La violencia y los actos vandálicos que se han producido en las calles en los últimos días, a raíz de las protestas contra el encarcelamiento de Pablo Hasel, ha provocado la reacción del mundo económico, preocupados por cómo puede impactar en muchas empresas que ya están sufriendo la crisis de la covid-19. De hecho, el Govern y los principales representantes del sector económico, comercial y turístico se conjuraron el pasado jueves durante un encuentro en Barcelona para erradicar los actos vandálicos y poner freno a los saqueos en negocios. A la reunión asistieron los consellers de Interior, Miquel Sàmper, y Empresa y Conocimiento, Ramon Tremosa, la cúpula del cuerpo de Mossos d’Esquadra y representantes de Foment del Treball, Barcelona Oberta, el Gremio de Hoteles de Barcelona y la Asociación Passeig de Gràcia. Las trece cámaras de comercio catalanas, bajo el paraguas del Consejo General de Cámaras de Cataluña, han condenado también los actos vandálicos y han instado a evitar el pillaje, al tiempo que han defendido el derecho a la manifestación.
Cambiando de tercio, y pasando al futbolístico, no solo tenemos la noticia de quien será la nueva cabeza del FC Barcelona, sino que el TJUE rechaza las ventajas fiscales de Barça, Real Madrid, Athletic y Osasuna. Los cuatro equipos tendrán que devolver a las arcas públicas las cantidades de las que se beneficiaron gracias a su forma jurídica.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado esta semana una sentencia previa en la que se rechazaba una decisión de la Comisión Europea que consideraba que el FC Barcelona, el Club Atlético Osasuna, el Athletic Club de Bilbao y el Real Madrid habían recibido ayudas de Estado ilegales debido a las ventajas fiscales de las que goza en España la figura jurídica bajo la que operaban estos cuatro equipos. En consecuencia, las cuatro entidades tendrán que devolver a las arcas públicas los impuestos no pagados por haberse beneficiado de un trato fiscal favorable. En concreto, Luxemburgo ha anulado una sentencia anterior que tumbó la decisión de la Comisión, que volvió a ser recurrida por el Ejecutivo comunitario, por la que que se exigía al Estado recuperar ayudas fiscales ilegales de las que se beneficiaron los cuatro clubes que durante dos décadas disfrutaron de un tipo fiscal ventajoso del 25%, frente al 30% del resto de sociedades. En 1990, la Ley 10/1990 del Deporte obligó a todos los clubes deportivos profesionales españoles a reconvertirse en sociedades anónimas deportivas (S.A.D.), con objeto de fomentar una “gestión más responsable de su actividad”. Se estableció sin embargo una excepción: los clubes deportivos profesionales que hubieran obtenido resultados económicos positivos en los ejercicios anteriores a la aprobación de la citada ley podían optar por seguir funcionando bajo la forma de clubes deportivos. Estos cuatro equipos se acogieron a esta posibilidad, y como personas jurídicas sin ánimo de lucro, a diferencia de las S.A.D., tuvieron derecho a un tipo de gravamen específico sobre sus rendimientos, que hasta 2016 fue inferior al tipo de gravamen aplicable al resto de sociedades. Gracias a este trato diferenciado, explicaban en junio fuentes europeas (cuando la Comisión instó a Luxemburgo a retomar el caso), Barça, Madrid, Osasuna y Athletic disfrutaron de un tipo fiscal ventajoso del 25% frente al 30% habitual para el resto de clubes. Por eso, en su momento, allá por 2016, Bruselas exigió «una multa de hasta 5 millones de euros para cada equipo», aunque la cuantía final deberían haberla fijado las autoridades españolas en el proceso de recuperación de las ayudas, siempre y cuando los clubes hubiesen sido condenados. En esta decisión de hace casi cinco años, la Comisión declaró que España había establecido ilegalmente una ayuda en forma de privilegio fiscal en el impuesto de sociedades en favor de los cuatro clubes. Según la Comisión, este régimen no era compatible con el mercado interior, por lo que ordenó a España que lo suprimiera y que recuperase con carácter inmediato y efectivo de los beneficiarios el importe de la ayuda otorgada. El Barcelona recurrió contra Bruselas ante el Tribunal General, que anuló la decisión de la Comisión. Esencialmente, el Tribunal consideró que la Comisión había cometido un error en la apreciación de los hechos y no había demostrado con argumentos jurídicos que la medida controvertida confiriese una ventaja fiscal a sus beneficiarios. Ahora, el TJUE considera que el litigio está en estado de ser resuelto y, en consecuencia, entra a resolverlo desestimando el recurso presentado por el Barça contra la Comisión, anulando así el primer fallo.
En el capítulo del empleo….
La crisis provocada por la pandemia ha agravado el desempleo entre los profesionales que tienen más 50 años, que representaban a finales de 2020 más del 25% del total de parados, según un estudio de la Generación Savia, proyecto de la Fundación Endesa y Fundación más humano. En concreto, en 2020, el número de parados de más de 50 años que está en desempleo rondó el millón de personas (936.200), casi 68.000 trabajadores desocupados más que un año antes. Asimismo, el estudio ha remarcado que las mujeres mayores de 50 años están siendo las más vulnerables desde que comenzó la pandemia. De hecho, seis de cada diez nuevos parados en 2020 mayores de 50 años eran mujeres. Así, los datos recogidos por el estudio apuntan que el perfil del nuevo parado de más de 50 años es el de una mujer que tiene entre 50 y 54 años y que perdió su trabajo entre junio y diciembre de 2020. Para el economista experto en análisis de crisis Leopoldo Abadía, «los mayores de 50 son un tesoro para la sociedad». Por ello, cree que es necesario potenciar la empleabilidad en estas franjas de edad.
A nivel local asturiano, dos noticias negativas a destacar. La primera de ellas es que los pensionistas asturianos retoman las protestas en las calles.
Lo hacen para exigir mejoras en sus pagas y cargar contra las recomendaciones realizadas por el denominado Pacto de Toledo para una futura reforma del sistema de pensiones. Lo hicieron con una concentración en la plaza de la Escandalera de Oviedo en la que un centenar de pensionistas criticaron la brecha entre las pensiones de los hombres y las de las mujeres. “Todas las recomendaciones del Pacto de Toledo tienen poco que nos pueda agradar, y solo incluyen una medida para acabar con la brecha de las pensiones cuando las mujeres cobran un 20% menos que los hombres”, señaló Teresa Dopazo, portavoz de la coordinadora asturiana en defensa del sistema público de pensiones. Y la otra noticia negativa es la bofeteada económica que representa que la fábrica de baterías para coches por la que pujó Asturias se va finalmente a Cataluña. El Principado había llegado a ofrecer unos terrenos en Tineo para acoger la instalación. El Gobierno va a crear un consorcio público-privado con Seat, Volkswagen e Iberdrola para montar la primera fábrica de baterías en España, que estará cerca de la planta de vehículos eléctricos que Seat desarrollará en Martorell (Barcelona). Hace unos años, el Principado se había postulado para tratar de acoger esta industria. De hecho, había llegado a ofrecer unos terrenos en Tineo. La ministra de Industria, Energía y Turismo, Reyes Maroto, realizó este anuncio en la clausura del 28.º congreso federal de UGT FICA, y puntualizó que el consorcio estará “abierto a otros socios”. Lo que se busca con este proyecto es desarrollar un conjunto de actuaciones que garanticen que existan en España las infraestructuras, instalaciones y mecanismos necesarios para fabricar de forma autónoma y competitiva un vehículo eléctrico conectado completo. Según la Ministra, este consorcio, el primero en el sector de la automoción, “es fruto del compromiso del Gobierno para que España siga siendo líder en la industria del automóvil a nivel mundial apostando por una movilidad sostenible”. La titular de Industria explicó que el consorcio formará parte del primer PERTE (programa estratégico para la recuperación y la transformación económica) que tiene como objetivo la transición hacia el vehículo eléctrico y conectado. Por otra parte, Maroto en su intervención recordó que el Gobierno está desarrollando la Estrategia de Política Industrial España 2030, la Estrategia de Economía Circular, la Estrategia de movilidad sostenible o la Agenda Digital 2025, con especial énfasis en las Pymes a través del plan de digitalización de pymes. Además, ha dicho que las principales novedades en el ámbito industrial para 2021 serán: un fondo de apoyo a la inversión industrial productiva, dotado con 600 millones, y un refuerzo al acompañamiento a la gran industria electrointensiva.
Pues esperemos que esto último llegue, por la cuenta que nos trae en el Principado de Asturias.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.