Debe usted 30.000 euros. Que sí, que sí. Como lo oye o, mejor dicho, como lo lee. Y eso, aunque ya tenga cancelada la hipoteca y no haya pedido un préstamo para comprarse un coche eléctrico o irse de vacaciones, tan necesarias con esta fatiga pandémica. Tiene usted esa deuda porque sí. No es por amargarle el mes de agosto sino por ponerle los pies en el suelo, ese lugar que desconocen nuestros gobernantes en su escalada hasta el infinito y más allá, en lo que a apalancamiento se refiere. Esa cifra de 30.000 euros es lo que nos toca por cabeza en este perpetuo incremento de deuda pública. Marca así el nivel de deuda del conjunto de las Administraciones públicas españolas un triste récord, al superar los 1,4 billones de euros, según el Banco de España. La cuenta sale de dividir esa cifra entre los 47,4 millones de personas que según el INE habitamos esta piel de toro. Ese repunte ha representado un último incremento mensual que equivale a una subida del 1% y que básicamente se debe a la administración central. ¿Las causas? Son fácilmente adivinables ya que derivan del conjunto de medidas que se han tomado para hacer frente a esta terrible pandemia que afecta a la salud y a la economía desde marzo de 2020, un año para olvidar.
Un volumen de deuda que está por encima del 122% del PIB es una cifra tan astronómica y difícil de digerir, que solo una situación como esta, que genera tal pérdida de vidas humanas, nos la hace más llevadera, al menos mentalmente, porque lo entendemos como inevitable, dado que la salud es lo primero.
No obstante, el peso de esa deuda sobre nuestras espaldas y las generaciones venideras es indudable. No damos a nuestros jóvenes proyección de futuro en este país con un 39,9% de paro en menores de 25 años y de ‘regalito’, esta deuda creciente. Es preciso llegar a un techo y el rebote económico podría ayudar a paliar este desorbitado endeudamiento. Desafortunadamente, los actuales niveles de contagio del coronavirus en España y las limitaciones que se han puesto en países de donde proceden mayoritariamente nuestros turistas, Gran Bretaña, Francia y Alemania, hacen que la recuperación de esta industria en este verano vaya a ser menor de lo que cabría esperar con una buena tasa de vacunación como la que tenemos. Lograr una reducción gradual y sostenida del déficit público hacia el equilibrio estructural podría ayudar a generar una senda de reducción de la ratio de deuda. En mi opinión, lo más grave no es el alto volumen de endeudamiento público -Italia supera el 157% de su PIB y Japón el 250% -, sino para qué nos endeudamos. Lo más preocupante es a qué se dedica. Si con ello se generasen nuevos puestos de trabajo o mejorase la productividad o la competitividad, no sería tan grave, pero es que España se endeuda para mantener su actividad ordinaria o pagar subsidios. De momento, no hay muchos indicios para ser optimista, tras haber registrado el mayor déficit de la UE en 2020.
A nivel autonómico la situación es dispar. Mientras País Vasco o Canarias podrían tener niveles óptimos en 2022, Madrid y Navarra podrían lograrlo en breve mientras que la Comunidad Valenciana, que debe el 50% de su PIB, podría no hacerlo hasta 2050.
Como se puede imaginar el lector asturiano, en Asturias no estamos de suerte con los gestores que votamos o, mejor dicho, nos buscamos la mala suerte. A nivel local, nuestro gobierno autonómico, más de lo mismo. La deuda del Principado lleva 14 años seguidos creciendo con prisa y sin pausa, y parece que no nos queremos dar por enterados. Y lo de prisa no es ninguna broma porque en 2006 el Principado debía 729 millones de euros y hemos llegado a los 4.446 millones, o sea, prácticamente multiplicado por seis. Comparado con otros territorios con deuda elevada, estos no han crecido a este ritmo, lo cual es preocupante por el peso en los presupuestos del Principado del propio mantenimiento de la administración pública. Así que más deuda para nuestros hijos asturianos. Cabe preguntarse si esto es ético. De hecho, no lo es. De la misma manera que hemos de tomar medidas para no dejar el planeta destrozado a las generaciones venideras, tampoco es ético dejarlos tan endeudados por no haber sabido gestionar adecuadamente.
Ni que decir tiene que esto nos coloca en el punto de mira de la autoridad europea. La razón no es otra que un endeudamiento de tales dimensiones es muy complicado de manejar, especialmente en economías con una estructura manufacturera tan endeble como la española. Soportar unos pasivos tan abultados como el 122% del PIB, amén de la pequeña bomba que suponen los crecientes pasivos contingentes, es poco sostenible y tiene efectos perversos sobre nuestra economía. Es muy vulnerable ante episodios de riesgo externos y reduce el margen de actuación fiscal para otras políticas por la absorción de recursos, por limitada que sea la factura condicionada por la red de seguridad del BCE, que está funcionando como un rescate encubierto. También condiciona la iniciativa del sector privado por el efecto atracción de rentas y por la precaución ante inevitables subidas de impuestos. En triste conclusión, limita el crecimiento económico, la única palanca, junto con la inflación, que ayuda a refinanciar y reducir la deuda.
Artículo publicado en EL COMERCIO el 21 de agosto de 2021
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.