Esta pasada semana las bolsas se recuperaron de las caídas de semanas previas ante la cierta relajación que ofrece el hecho de que, aparentemente, la dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer/BioNTech protege sobre los efectos de la nueva variante Omicron. De este modo, los sectores más sensibles a posibles nuevos confinamientos/restricciones registraban mejores comportamientos, como el sector de ocio, así como aquellos impactados por las expectativas sobre el crecimiento (recursos básicos o petróleo). A pesar de esta positiva noticia, que se suma al positivo aumento del techo de gasto en EE.UU., la atención del mercado se mantiene en la evolución de la inflación, como uno de los principales riesgos a monitorizar.
A nivel de política monetaria, los riesgos inherentes a la ola de Covid en la que está sumida buena parte de la zona euro y la incógnita de Omicron hace pensar que se impondrá el peso más dovish de la autoridad, pese a la mayor inquietud que está generando la inflación y la «confusa» comunicación que ha ido emergiendo en las últimas semanas.
Por otro lado y a nivel bancario, la Federación Bancaria Europea ha escrito su lista de deseos sobre cómo debería diseñarse el euro digital que planea desarrollar el Banco Central Europeo. Entre otras características, tendría que ser compatible con las actuales soluciones de pagos instantáneos, rentable y programable, según la patronal de los bancos de la UE. La Federación Bancaria Europea ha lanzado una propuesta pública con las características que, a su juicio, debería tener el euro digital que planea desarrollar el Banco Central Europeo (BCE) y que todavía está en fase de desarrollo.
A nivel bancario pero más doméstico, Unicaja abre la puerta a dividendos extraordinarios y a más ajustes de costes. La entidad prevé repartir al menos un 50% del beneficio entre sus accionistas en su plan estratégico hasta 2024. La cúpula contempla el pago de dividendos en efectivo combinado con recompra de acciones, sin descartar dividendos extraordinarios con el exceso de capital de 600 millones que prevé alcanzar en tres años.
Otra buena noticia, sin duda: La piratería online cayó un 34% en 2020. Durante el confinamiento se produjo un pico temporal, pero en mayo se estabilizó de nuevo. Es la principal conclusión del informe «La vulneración de los derechos de autor» en línea en la Unión Europea 2017-2020, publicado esta semana por la EUIPO. El descenso de la piratería se produjo en todos los tipos de contenidos. La piratería cinematográfica se redujo un 51%, la musical un 41% y la televisiva un 27%. La televisión es el tipo de contenido más pirateado, y representó el 70% de los accesos a sitios web infractores en 2020, seguida del cine (20%) y la música (10%). El estudio también destaca que se produjo un pico temporal en la piratería cinematográfica durante marzo y abril de 2020, coincidiendo con el confinamiento. Sin embargo, el aumento se revirtió una vez finalizado el confinamiento. Se ha comprobado que la disponibilidad de ofertas legales y la concienciación de los ciudadanos repercuten en la reducción de la piratería.
A nivel empresarial, destacar que Mercadona subirá un 5% el sueldo para adaptarlo a la inflación. La decisión del líder del mercado, con una cuota cercana al 25%, mete presión a sus rivales. El líder de distribución se convierte en la primera gran empresa que toma medidas para evitar la pérdida de poder adquisitivo de sus más de 93.000 empleados en España por la inflación.
Yendo a lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, resulta que el 68% de las ayudas para empresas y ciudadanos están bloqueadas por la burocracia. De los 37.000 millones de los principales programas, sólo 11.600 están en ejecución. El 65% de los gestores públicos ve ineficaz la tramitación de los fondos europeos. Millones de euros en fondos europeos y en prestaciones contra la crisis desatada por la pandemia están quedándose sin ejecutar por las complicaciones en la tramitación, las trabas administrativas y otros obstáculos a la gestión, según las cifras de organizaciones tan diversas como el centro de análisis Funcas -de la patronal financiera CECA-, la organización de autónomos UPTA, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS) o la alianza de ONG contra la pobreza European Anti Poverty Network (EAPN). Los datos de estas entidades muestran que de los 37.000 millones de euros disponibles de los principales programas para apoyar a empresas y ciudadanos vulnerables -los Fondos Next Generation EU, el Ingreso Mínimo Vital y la Línea de ayudas directas a autónomos y empresas- sólo 11.600 millones están llegando efectivamente a sus destinatarios, y el diagnóstico es unánime: la burocracia es la principal responsable de este desajuste entre propósitos y resultados. Los Fondos europeos son el ejemplo paradigmático: de los 27.000 millones presupuestados para este año, el Gobierno asegura que se ha «adjudicado inversión por más de 10.400 millones de euros». Funcas estima, en cambio, que sólo se han puesto en marcha unos 5.700, según los datos de convocatorias que han recopilado de fuentes oficiales; y en esa cifra se incluyen tanto los que ya han llegado a sus destinatarios (muy poco dinero) como los transferidos a las comunidades autónomas, que todavía tienen pendientes varios pasos hasta su ejecución final.
Que la burocracia es el principal problema de los Fondos Europeos es una de las conclusiones clave del Informe «Pulse NextGeneration EU 2021 «presentado hace unos días por la consultora EY. Se trata de una encuesta entre expertos económicos, gestores del sector público y directivos empresariales sobre la forma en la que se están implementando los proyectos que se financian con los 140.000 millones pactados entre Europa y España, y las respuestas son reveladoras: la principal debilidad en la gestión de estos fondos, según la opinión de los propios profesionales de la Administración, son «los trámites administrativos precisos para la publicación de licitaciones de contratos y convocatorias de subvenciones», muy por delante de otros problemas como la falta de personal especializado o el corto plazo de tiempo para su ejecución; y la propuesta de mejora que más agilizaría la disposición de estos recursos, según el 70% de los consultados (de nuevo, la opción mayoritaria), sería simplificar los trámites. Para concluir, el informe recoge que el 65% de los profesionales de la Administración consultados cree que el sistema de gestión es «poco» o «nada» adecuado para hacer circular eficazmente los recursos.
El ingreso mínimo, un año después
Por otro lado, el Ingreso Mínimo Vital, la ayuda para personas y familias en situación de pobreza severa, tiene una efectividad «aún muy débil, dados los importantes problemas para su solicitud y los requisitos exigidos», y no está consiguiendo «dar respuesta y solución, con la urgencia y necesidad requerida, a los hogares más vulnerables, ahogados en una burocracia administrativa que dificulta que las ayudas lleguen a tiempo». Lo dice el último informe de CCOO sobre protección por desempleo, presentado recientemente, y lo corroboran los datos oficiales: más de un año después de su entrada en vigor, esta prestación alcanza a 350.000 hogares en los que viven algo más de 800.000 personas; apenas un 41% del objetivo inicial de llegar a 850.000 hogares con 2,3 millones de integrantes. Por ello, según los cálculos de la AEDGSS a partir de los cifras presentadas por Inclusión en septiembre, sólo se han gastado 1.400 millones de los 3.000 millones presupuestados para esta ayuda en 2021.
«Los problemas son tan graves que algunos lo califican como violencia administrativa». Entre otros, la tramitación telemática no tiene en cuenta que tanto los hogares que ingresan menos de 900 euros al mes como los ciudadanos sin estudios o con estudios primarios presentan una brecha digital del 40% respecto de la población general; los ritmos administrativos son lentos y no se da información suficiente («la prestación se retrasa, al consultar la aplicación el mensaje sólo dice ‘en trámite’, y muchos solicitantes interpretan que se les ha denegado la ayuda; vuelven a pedirla y así se van acumulando expedientes»); o la falta de una ventanilla única: cuando la solicitud es rechazada porque falta un papel, se obliga al ciudadano a hacer el trámite por su cuenta, en vez de pedirse la información entre administraciones. También hay problemas en la coordinación con las comunidades autónomas: en algunos casos, la concesión de la renta territorial depende de que al solicitante le denieguen el IMV, obligándole a pedir la ayuda estatal y a esperar una negativa para poder acceder entonces al subsidio autonómico, algo que duplica la burocracia.
Finalizo con otra mala noticia empresarial. La luz ahoga a las empresas, que consumen el 60% de la producción energética. Los hogares usan solo el 25% de toda la electricidad. La subida mina la competitividad industrial frente a Francia y Alemania Mucho se habla de que la subida del precio de la luz repercute en las facturas de los hogares, pero los datos del consumo energético demuestran que hay un grupo mucho más perjudicado: la industria. Mientras que solo el 6,5% de toda la energía consumida en 2019 a nivel nacional tuvo como destino las casas de los españoles, el 58,3% la usó alguna rama del tejido productivo, principalmente la industria extractiva y manufacturera. Así se desprende de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su último informe sobre la Cuenta de los flujos físicos de la energía. El análisis pormenorizado de los datos revela que de toda la energía eléctrica consumida, el 69,67% se empleó en algún sector de la economía; en cambio, solo el 25% se fue a los hogares. Los porcentajes se disparan en el caso del gas natural, el otro recurso que sigue subiendo de precio de manera imparable. Casi la totalidad de su producción se destinó a cubrir la demanda empresarial (92,13%); en contraste, su uso entre las familias no llegó ni al 5%.
El alza está minando su competitividad frente a rivales como Francia y Alemania, donde el efecto inflacionario de la electricidad no ha afectado tanto a las empresas porque pagan menos impuestos y reciben más compensaciones del Estado. Según cálculos de la asociación, al 15 de noviembre la industria pagaba el megavatio hora a 113,03 euros, 64,86 euros más caro que en Francia y 35,88 euros más que en Alemania. De seguir la tendencia, 2022 se convertirá en un “calvario” para el sector.
Definitivamente, el coste energético es uno de los problemas más graves que tienen planteada la industria en la consecución de su rentabilidad, necesaria para el mantenimiento de su actividad.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.