Con excepción del índice británico, a los mercados de renta variable les ha ido bien estos últimos siete días, completando una semana en positivo. El euro alcanzaba esta semana máximos de tres años y el petróleo se alejaba de los 70$/barril. Las incertidumbres políticas se mantienen en torno a Alemania y EE.UU., en donde se habría evitado in-extremis el cierre del Gobierno. En lo relativo a las referencias de tipo macroeconómico, ha sido una semana mixta dado que la inflación de la zona euro ha experimentado una ralentización en el mes de diciembre, mientras los mercados siguen a la espera de las primeras reuniones de los bancos centrales de este año. En los mercados de deuda, una muy buena noticia para la prima de riesgo española que caía a mínimos de 2015, mientras la TIR del Treasury a diez años marcaba su nivel máximo desde 2014.
Al otro lado del Atlántico, el papel protagonista en los resultados del cuarto trimestre de 2017 lo asumía el recorte fiscal de Trump, principalmente en el sector bancario. Así, el impacto de esta reforma en las cuentas de las compañías, provocaba que Goldman Sachs reportase pérdidas por primera vez en seis años, o que Bank of America viese reducido su beneficio trimestral en más de un 50% tras las cargas fiscales. En cualquier caso, el grueso de las entidades conseguía mostrar incrementos en sus ingresos trimestrales.
Quiero mencionar, a nivel doméstico, una buena nueva para estos comienzos del año. España ya luce una A en la calificación de su deuda, por primera vez desde el verano de 2012. Fitch ha brindado el pasado viernes a la economía española la tan esperada subida de calificación, que había quedado en suspenso en el último tramo de 2018 por las incertidumbres generadas por la crisis catalana. La agencia, que ha subido la nota de España un escalón, hasta A-, considera que la solidez de la economía española le hace acreedora de una calificación equiparable a un notable y que, según su propia definición, refleja una “elevada calidad de crédito”. La deuda había perdido esta consideración en junio de 2012, cuando la crisis bancaria y de la deuda situó al país al filo del rescate financiero.
Por su parte, empresas y bancos toman aire y emiten un 34% menos de deuda en el inicio de 2018. La actividad vivida al cierre del pasado año justifica este parón en volumen de emisiones. El importe de las colocaciones globales se reduce en un 32%, hasta los 115.800 millones de euros. El inicio de año suele ser el momento elegido por empresas y bancos para hacer frente a sus necesidades de financiación. Si las primeras semanas de 2017 se caracterizaron por un periodo muy activo en el mercado de capitales, este comienzo de ejercicio está siendo más tranquilo. Hasta el 16 de enero el volumen de las emisiones corporativas en España se reduce a 2.450 millones (un 20,13% menos que en el mismo periodo de 2017) con solo tres emisores: Cellnex, Telefónica y Gas Natural. Si se suman las financieras (una emisión de Santander y tres de Caixa Bank) el importe asciende a 4.793,6 millones, lo que supone una caída del 34% respecto a lo emitido hace un año. La tendencia del mercado español se repite a nivel global donde el volumen de las emisiones corporativas cae un 37,5%, hasta los 54.746 millones de euros. Incluyendo la deuda vendida por las entidades financieras el descenso se limita al 32,24% (115.746 millones).
Considero que este menor volumen en el arranque del ejercicio no implica un empeoramiento de las condiciones financieras. El apoyo del BCE permite que el mercado esté abierto prácticamente todo el año por lo que los emisores no tienen prisa en acelerar sus operaciones y es de esperar que las condiciones se mantengan en los niveles actuales en el corto plazo.
Las exigencias regulatorias del sector financiero han llevado a los bancos a acelerar las emisiones de deuda para cumplir con los requisitos a la vez que disfrutan de unos precios bajos. Un ejemplo es Santander, que el 9 de enero colocó 1.250 millones de euros en deuda anticrisis. Previamente, el 3 de enero CaixaBank fue la encargada de abrir el mercado en España esta vez con la colocación de cédulas (1.375 millones) y deuda sénior no preferente (1.000 millones). En el conjunto de 2017 el sector financiero español emitió 25.100 millones de euros a través de 28 operaciones sindicadas.
Me parece muy positivo también que el Tesoro colocase deuda a intereses más negativos. España adjudica 4.165 millones en letras a 6 y 12 meses en plena caída de la prima de riesgo. Es positivo que el Tesoro Público haya colocado el mencionado volumen de deuda, cerca del rango máximo previsto de 4.500 millones, y lo ha hecho a tipos más negativos en ambos casos, en consonancia con el descenso de la prima de riesgo, que se ha colocado por debajo de los 100 puntos básicos. La demanda ha superado con creces lo finalmente adjudicado, hasta sobrepasar los 8.900 millones de euros, por lo que los inversores siguen confiando en los títulos de deuda pública española y no parecen estar muy preocupados por la incertidumbre derivada de Cataluña. En concreto, el Tesoro ha colocado 590 millones de euros en las letras a 6 meses a un tipo marginal del -0,454%, más negativo que el -0,402% de la subasta previa celebrada el pasado 5 de diciembre. La demanda, en este caso, ha superado los 2.700 millones de euros.
Algo que me alegra especialmente, por la naturaleza de mi campo de investigación en la actualidad, es que uno de los éxitos de 2017 fueron los denominados green bonds. La buena acogida recibida el año pasado por estas operaciones creo que evidencia que este es un mercado que cada día adquiere mayor importancia para los emisores, por lo que no sería descartable que en 2018 repitieran la experiencia. Hasta la fecha empresas como FC CAqualia, Repsol, Nortegas o Prosegur han echado mano de esta estrategia.
Una noticia que ha generado mucho ruido mediático esta semana es que el Gobierno estudia ampliar a toda la vida laboral el cálculo de las pensiones. La propuesta deberá consensuarse en el Pacto de Toledo, pero permitiría al trabajador descartar los peores años de cotización. Ampliar el número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión de los jubilados es otro tema que está encima de la mesa de la comisión del Pacto de Toledo, dentro de los muchos que ya tienen entre manos. Así, el pasado miércoles el portavoz del PP en esta comisión, Gerardo Camps, lanzó una propuesta al resto de grupos parlamentarios que lógicamente parte del Gobierno: extender a la totalidad de la vida laboral el cálculo de estas prestaciones, pero a cambio permitir que los trabajadores puedan descartar los peores años de cotización. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que fue quien anunció en una entrevista en TVE que el Gobierno está barajando esta propuesta, explicó que si finalmente esta medida ve la luz, beneficiaría sobre todo a aquellos trabajadores mayores que en los años previos a su jubilación se vieron afectados por un despido u obligados a hacerse autónomos pero que han tenido cotizaciones muy altas al principio o a mitad de su vida laboral.
Me sorprende mucho el rechazo de la izquierda, por lo que tiene que ver con el contenido de la propuesta, que creo que es muy positivo para los trabajadores. Por la parte de sus intereses políticos, ninguna novedad. Algunos políticos siempre andan mirando para sus propios intereses, más que los de la gente a la que gobiernan o pretenden gobernar. La portavoz de Unidos Podemos en el Pacto de Toledo, Aina Vidal, aseguró que esta propuesta no se llegó a plantear «de forma tan directa» y apuntó que «fue acogida con dudas por parte de muchos». Así, en su opinión, «si lo único que haces es ampliar el periodo de cálculo, vas a condenar a una generación entera a tener unas pensiones mucho más bajas». Más contundente fue la portavoz del PSOE, Mercè Perea, quien aseguró que «en el Pacto de Toledo no se ha hablado de nada de esto», sino que el PP se limitó a «hacer un comentario». Por eso, Perea anunció que este martes presentará una «protesta formal», porque las propuestas -a su juicio- «se hacen con papeles y documentadas» alegando que nadie iba a creer ahora en el Pacto de Toledo. Tampoco los sindicatos acogieron bien este anuncio. Definitivamente, el mundo al revés.
Prefiero centrarme en otra buena noticia económica de la semana: la bolsa eleva la riqueza financiera de las familias a 1,3 billones. La riqueza financiera neta de las familias españolas se situó en 1.332.077 millones de euros en el tercer trimestre del año, lo que supone un aumento del 4,3% respecto al mismo periodo de 2016 pero el 1,3% menos en comparación al anterior trimestre. El aumento anual obedece al alza de la Bolsa y a la reducción de la deuda de los hogares.
Por su parte, la CNMV se suma a las advertencias de la SEC advirtiendo que el bitcóin tiene riesgos. El regulador afirma que las ICO deben estar reguladas por las leyes que afectan al mercado de valores. Según asegura el comunicado de la institución, “los pagos hechos en criptomonedas se deben tratar como si fueran en efectivo”. La CNMV ha advertido de que las inversiones en criptodivisas son menos seguras que los valores tradicionales y están expuestas a mayor riesgo de fraude. Y ha alertado de que las ofertas iniciales de monedas (ICO, por sus siglas en inglés) deben estar sujetas a las protecciones para el inversor que exige el mercado de valores. Es algo que yo ya he comentado en su momento por este blog (véase entrada de fecha de 20 de diciembre de 2017 ) y publicado como artículo en EL COMERCIO.
De hecho, el documento publicado por la CNMV es una traducción punto por punto de un comunicado firmado en diciembre pasado por Jay Clayton, presidente de la SEC. Aunque la advertencia no está respaldada por una resolución formal, es un indicio de que la Comisión se inclina por una postura agresiva, en línea con la norteamericana. El documento de la SEC reconoce que las ICO “pueden ser una manera efectiva para obtener financiación”, pero advierte de que, al tratarse de ofertas de valores, deben estar reguladas por las leyes que afectan al mercado financiero.
Considero fundamental que las empresas busquen, por todos los medios su subsistencia y su supervivencia. Renovarse o morir. Un ejemplo de esto es que Renfe busca reconvertirse en operador turístico. El gigante ferroviario planea ofrecer servicios de alojamiento y ocio para complementar su oferta de viajes. “El transporte de viajeros es clave para Renfe y seguirá siéndolo, pero pretende evolucionar para integrar una oferta global como proveedores de soluciones de movilidad», según aseguró el presidente de Renfe, Juan Alfaro, ante centenares de representantes del sector turístico. El primer ejecutivo de la empresa pública aprovechó su intervención en el foro Hotusa Explora, celebrado en Madrid, para desvelar que pretende convertir al operador ferroviario en una especie de mayorista turístico o turoperador. Afirmó que están promoviendo la modernización de Renfe en dos fases: en la primera se busca la intermodalidad [a través de productos como los billetes combinados], mientras en la segunda tenderá a ofrecer nuevos servicios como el alojamiento y el ocio. Con una base millonaria de clientes, se espera que Renfe busque alianzas con hoteleras, restaurantes, centros de ocio, etcétera, para poner en el mercado una oferta completa, a imagen y semejanza de lo que hacen gigantes del sector del transporte como la aerolínea de bajo coste Ryanair. Es un ejemplo del renovarse o morir. La reconversión del gigante ferroviario está encaminada a ganar atractivo ante la liberalización que se avecina. Y es que, España, como el resto de países miembros de la Unión Europea, está obligada a abrir el transporte de viajeros en tren a la competencia privada en 2020. De este modo, se liberalizaría el mercado siguiendo el modelo italiano y no a través de una concesión en cada corredor, como sucede en Reino Unido.
En mi opinión, buena noticia también ha sido la caída en la morosidad de la banca en noviembre. Los créditos dudosos bajan hasta 101.679 millones, en una tasa de mínimos desde febrero de 2012. La morosidad de los créditos concedidos por los bancos, cajas y cooperativas a particulares y empresas se redujo ligeramente en noviembre, hasta el 8,07%, frente al 8,22% registrado en el mes anterior, y se sitúa en mínimos desde febrero de 2012. Así, la tasa de morosidad de la banca española se mantiene en niveles cercanos a los de comienzos de 2012, cuando se situaba en torno al 8%, según los datos provisionales hechos públicos este jueves por el Banco de España. En total, los créditos dudosos descendieron hasta 101.679 millones de euros en el undécimo mes del año, desde los 102.679 millones de euros correspondientes a octubre. Esta cifra incluye el cambio metodológico en la clasificación de los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC), que desde enero de 2014 han dejado de ser considerados dentro de la categoría de entidades de crédito. Sin incluir los cambios metodológicos, la ratio de morosidad se situaría en el 8,27%, puesto que el saldo de crédito fue de 1,229 billones de euros en noviembre al excluirse el crédito de los EFC. En cualquier caso, la tasa de morosidad se situó 5,53 puntos porcentuales por debajo del máximo histórico marcado en diciembre de 2013, cuando se colocó en el 13,6%. El crédito total del sector descendió un 0,54% en noviembre en relación con octubre, hasta los 1,259 billones de euros, mientras que en términos internanuales cayó un 1,75%. En el mes de noviembre, las entidades financieras redujeron hasta 61.179 millones de euros las provisiones, lo que supone una rebaja de 1.012 millones respecto al mes anterior. Un año antes, este ‘colchón’ se situaba en 70.720 millones de euros.
Otra entidad que pretende aplicar lo de renovarse o morir es el Santander que trasladará parte de su banca de inversión de Londres a Madrid. El grupo español reduce en 2.600 millones de euros el capital de su filial británica de mercados. Sus actividades serán cedidas a otras divisiones de la entidad en España y Reino Unido. Santander ha lanzado una profunda remodelación de sus negocios en Reino Unido, al aprobar una reducción de capital de 2.300 millones de libras (2.600 millones de euros) en la filial de banca de inversión en ese país, como paso previo al traspaso de sus activos a otras áreas del grupo español. La operación, autorizada por el supervisor financiero británico y por un tribunal mercantil londinense, supone dejar casi sin fondos propios a Abbey National Treasury Services (Ants), nombre de la entidad que agrupa las operaciones de Santander UK en mercados mayoristas y con grandes clientes. Tras el ajuste, el capital de Ants queda reducido a 250 millones de libras.
A nivel regional, quisiera destacar que la matriculación de vehículos alcanza en Asturias su cifra más alta desde 2009. Considero que esto siempre es un positivo indicador de la confianza de los consumidores en un momento dado. La Dirección General de Tráfico registró el alta de 21.181 turismos en 2017. Con esto, la matriculación de vehículos alcanza en Asturias su cifra más alta desde 2009, según datos de la Dirección General de Tráfico recopilados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) y ello a pesar de la conclusión de los programas de apoyo para la renovación de vehículos, los conocidos como planes PIVE. En 2017 se matricularon en el Principado 21.181 turismos, 94 autobuses, 2.411 camiones y furgonetas, 315 tractores industriales, 438 remolques y semi-remolques, 1.875 motocicletas, 221 ciclomotores y 208 dentro de la categoría de otros vehículos. En la mayoría de los casos las cifras son superiores a las registradas en los últimos años y se enmarcan en el actual contexto de recuperación económica. En el caso de los turismos, durante el pasado año se matricularon 1.698 más que en 2016, lo que supone un incremento del 8,7%.
Asimismo, me parece positiva la decisión del gobierno regional de apoyar a 279 empresas en proyectos de innovación. El Instituto de Desarrollo Económico del Principado (IDEPA) apoyará la puesta en marcha de 232 proyectos innovadores en los que participan 279 empresas afincadas en la región. En las ocho convocatorias para el fomento de la innovación empresarial de 2017 se han concedido ayudas por valor de 10.189.395 euros, un 6,3% más que el año anterior, que inducirán una inversión de 25 millones. Cuatro de estas convocatorias están dirigidas a apoyar iniciativas de investigación, desarrollo e innovación en el marco de la Estrategia Regional de Especialización Inteligente Asturias RIS3. Estas líneas se resolvieron con la aprobación de 125 proyectos a los que se han concedido nueve millones. La línea de subvenciones para I+D financiará 77 proyectos. Esperemos que todo esto ayude al desarrollo empresarial del Principado, vía la innovación, y evitar que nos quedemos atrás y que nuestros jóvenes sólo vean un posible horizonte en sus vidas: escapar de Asturias. La pérdida constante de población es una prueba evidente de esta fuga.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA ASOCIADA A LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.