En esta semana, el Banco Central de China anunciaba un recorte de los tipos de interés para los préstamos a largo plazo, en un movimiento que reduciría los costes hipotecarios y que busca incentivar la demanda de préstamos hipotecarios que se encuentran en niveles bajos tras los problemas financieros de importantes promotoras y los efectos de los confinamientos. Al otro lado del charco, a nivel de geopolítica, Joe Biden felicitaba la aprobación del paquete de 40.000M$ en ayuda para Ucrania y en paralelo anunciaba un nuevo paquete de material bélico que será enviado «directamente a la primera línea de batalla». Además de esto, se están estudiando nuevas sanciones y nuevas vías para limitar los ingresos por el petróleo de Rusia.
A nivel europeo, Bruselas ata en corto los conflictos de intereses del sector financiero. Un informe de BlackRock sobre el riesgo climático de la banca encendió las alarmas. La Comisión Europea quiere acabar con los conflictos de intereses de las empresas e instituciones que acuden a licitaciones de trabajos que ayudan a los eurodiputados en la elaboración de la normativa comunitaria. Bruselas se ha puesto manos a la obra y ha actualizado su definición de conflicto de intereses, para poder rechazar en las licitaciones de contratos a aquellas ofertas que puedan dar lugar a duda. El origen de este cambio normativo tiene nombre propio: BlackRock. La mayor gestora de fondos de inversión del mundo, con un volumen de activos bajo gestión de 10 billones de dólares (8,73 billones de euros), resultó la ganadora de un contrato para elaborar un informe sobre la exposición del sector financiero a los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) destinado a ayudar a los eurodiputados a integrar la sostenibilidad en la normativa prudencial bancaria europea. El documento, que resultó muy crítico con el sector, provocó una airada reacción por parte del Defensor del Pueblo Europeo por la conexión de BlackRock con las entidades financieras y por sus inversiones en activos fósiles. Si bien es cierto que desde 2020 está comprometida con la sostenibilidad medioambiental, la gestora amasaba inversiones en industrias marrones por importe de 85.000 millones de dólares el año pasado.
BlackRock cuenta con una elevada presencia dentro del accionariado del sector financiero. En el caso español, ostenta un 5,426% del capital de Santander, un 5,917% de BBVA, un 3,211% de CaixaBank y un 4,991% en Sabadell, que a valor de mercado alcanzan un valor de unos 5.100 millones de euros. Pero también está presente en el accionariado de Société Générale, Deutsche Bank o BNP Paribas.
BLACKROCK ECHA EL FRENO AL ECOLOGISMO
Cambio de criterio. La mayor gestora de activos se ha puesto en contra al colectivo ecologista. BlackRock ha reconocido recientemente que la guerra en Ucrania y el veto al gas y al petróleo ruso por parte de EE UU, Reino Unido y la Unión Europea han provocado que no vaya a aprobar la mayoría de las resoluciones de los accionistas sobre el cambio climático este año en las juntas porque se han vuelto demasiado extremas o demasiado prescriptivas.
Objetivos de Glasgow. La gestora de fondos seguirá exigiendo a las empresas en las que invierte que se comprometan a establecer objetivos a largo y corto plazo para reducir las emisiones. Sin embargo, su falta de apoyo a la reducción de emisiones en las juntas de accionistas desincentivará la descarbonización, apuntan en el mercado.
Cambiando de tercio, el Plan europeo de 210.000 millones para desconectarse de la energía rusa.
La eterna asignatura pendiente, como es reducir la dependencia energética de la Unión Europea de Rusia, empieza a ser ya una realidad. La Comisión Europea presentó su esperado plan, en el que cifra en 210.000 millones de euros la inversión que deberán hacer los Veintisiete para llevarlo a cabo. Será “difícil”, pero “no imposible”, aseguró el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, esta pasada semana. El ambicioso plan del Ejecutivo comunitario prevé actuar en varios frentes. Por una parte, se apoyará un despliegue sin precedentes en renovables, con una inversión de 86.000 millones de euros, y se eleva del 40 al 45% el porcentaje que representarán estas energías en el 2030. Aumenta también los objetivos de eficiencia energética . La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abogó por que se duplique el objetivo de la energía solar fotovoltaica y que para el 2030 se convierta “en la principal fuente de energía” de Europa. Además, propuso que a partir del 2025 todos los edificios públicos instalen paneles solares y a partir del 2029 todas las construcciones residenciales de nueva edificación. “Es ambicioso, pero realista”, defendió. El plan de acción también contiene un aumento del hidrógeno renovable para alcanzar 20 millones de toneladas, la mitad importadas; así como la producción de biometano y una simplificación de las normas para construir parques eólicos y solares, con permisos que requieren hasta nueve años en algunos casos actualmente, para reducir los trámites a un año. A pesar de la apuesta por las renovables, también se plantea una diversificación de los suministradores de gas. Entre las alternativas destaca el gas natural licuado, proveniente de Estados Unidos –país con el que ya firmó un acuerdo a finales de marzo para aumentar las importaciones–, junto con el producto proveniente de Egipto, Nigeria o Qatar.
Más de 70.000 millones de euros en subsidios
La invasión de Ucrania no solo acelera la transición verde de la Unión Europea, sino que también recupera otras energías más denostadas, como la nuclear y el carbón. Se prevé que se alargue la vida de algunas plantas nucleares o incluso que se construyan nuevas –una apuesta clara por parte de Francia, y también ahora de Bélgica, que tuvo que anunciar recientemente que tenía que paralizar su plan de poner fin a este tipo de energía–. Pero también está en cuestión la procedencia del uranio, cuando una gran mayoría de países lo importan, precisamente, de Rusia. Todo esto exigirá una financiación millonaria de 210.000 millones de euros para los próximos años. La mayor parte, hasta 113.000 millones, se destinará a impulsar la penetración de las energías renovables. De ellos, 37.000 millones servirán para impulsar el uso de biometano y otros 27.000, a las infraestructuras de hidrógeno. Para mejorar las redes de distribución de electricidad se prevén 29.000 millones, mientras que 56.000 millones se invertirán en sistemas de eficiencia energética y 41.000 millones, a impulsar la adaptación de la industria para reducir el consumo de combustibles fósiles. También se contemplan ayudas de hasta 2.000 millones de euros para ayudar a construir infraestructuras a los países más dependientes del petróleo ruso, como Hungría o Eslovaquia. Son países sin salida al mar y que ahora mismo vetan el último paquete de sanciones a Moscú, justamente por contemplar un embargo al petróleo ruso. Sin embargo, solo Budapest ha cifrado estos últimos días que sus necesidades para infraestructuras equivaldrían a 800 millones de euros. ¿Y de dónde provendrá el dinero? Bruselas espera movilizar hasta 300.000 millones de euros, incluyendo la inversión privada que acompañaría a los proyectos. Aunque la mayor parte provendrían de los subsidios y préstamos del fondo de recuperación creado tras la pandemia, que aún no hayan sido solicitados por los estados miembros. También se sumará la reserva anticrisis proveniente de la venta de derechos de comercio de emisión, de los fondos de cohesión o de la Política Agrícola Común (PAC). Los países podrán transferirlos a sus planes nacionales de recuperación.
Bruselas propondrá que las reglas fiscales se mantengan congeladas en 2023. La Comisión Europea toma la decisión ante el empeoramiento de la previsiones económicas a causa de la guerra en Ucrania. Las normas que limitan el déficit y la deuda de los países europeos se mantendrán congeladas, al menos, un año más. Así lo propondrá la Comisión Europea el próximo lunes debido a las consecuencias derivadas por la guerra de Ucrania. La pandemia de la covid-19 permitió que se flexibilizaran las normas de déficit (que obliga a los países a no superar el 3%) y de deuda (que no puede ser superior al 60%) con una cláusula que dio aire a los países. Sin embargo, las consecuencias derivadas por la guerra de Ucrania, en que muchos países están viendo como la inflación no para de aumentar y puede provocar una reducción del PIB, han hecho que Bruselas decida dar de nuevo margen. Se espera que los ministros de Economía puedan aprobarlo, y aunque existía un debate intenso en los últimos meses, las últimas previsiones económicas también han demostrado que hace falta flexibilidad para los países, y evitar errores del pasado, como la austeridad.
A nivel doméstico, el Banco de España avisa de que el sistema de pensiones precisa de un mayor ajuste. El BE considera que las reformas que está acometiendo el Gobierno en el sistema de pensiones no serán suficientes para sanear sus cuentas y que hacer frente al aumento de las prestaciones que se derivará del envejecimiento poblacional «requerirá de nuevas actuaciones en el futuro por el lado de los ingresos [cotizaciones sociales], de los gastos [prestaciones] o de ambos». Además, considera que sería conveniente introducir «mecanismos automáticos de ajuste» que aporten más certeza al saneamiento del sistema, más allá del llamado «mecanismo de equidad intergeneracional» introducido por el Gobierno, donde las posibles medidas de gasto que pudieran ser necesarias a partir de 2032 deberían ser negociadas y aprobadas en su momento. Esta es solo una de las observaciones que el Banco de España ha incorporado en su Informe Anual, de 300 páginas, publicado esta semana en el que, más allá de la preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas -en general- y del sistema de pensiones -en particular-, el organismo supervisor subraya la enorme incertidumbre que la guerra de Ucrania ha añadido a la recuperación económica y los perniciosos efectos de la inflación sobre las rentas de familias y empresas y sobre la el crecimento de la actividad. Para dar respuesta de políticas económicas a estos desafíos, el gobernador del Banco de España, apela a la construcción de «grandes consensos políticos y sociales» en su presentación del informe. «Las incertidumbres generadas por la guerra en Ucrania y las que todavía persisten derivadas de la pandemia -dos eventos absolutamente extraordinarios- así lo demandan», concluye.
Nuevas perspectivas en junio
Tal es la incertidumbre, que después de haber rebajado su previsión de crecimiento para este año de la economía española (del 5,1% estimado en diciembre al 4,5%, en abril), ya se anuncia un nuevo recorte en las perspectivas que el organismo publicará en junio, según ha adelantado el directo general de Economía y Estadística de la entidad, Ángel Gavilán, sin querer precisar si la nueva proyección coincidirá con la última formulada por el Gobieno del 4,3%, o se acercará más al 4% estimado por la Comisión Europea. El ‘pinchazo’ del crecimiento del PIB en el primer trimestre está en el origen de esta corrección a la baja. El Banco de España había estimado un crecimiento trimestral del 0,9% que los datos del INE dejaron en apenas el 0,3%. Las nuevas perspectivas también reexaminarán la última previsión del Banco de España en materia de inflación (en abril estimó una tasa media del 7% para este año). Por un lado, el organismo se propone incorporar las novedades que tienen que ver con una mayor inflación subyacente (la inflación sin los precios más volátiles de energía y alimentos no elaborados alcanzó el 4,4% en abril) y la consiguiente preocupación por una subida de precios más persistente en el tiempo. La nueva prospección también se propone incorporar el previsible efecto de moderación de la factura de la electricidad tras el tope al precio del gas adoptado por el Gobierno.
El Banco de España anticipa un recorte del PIB de medio punto hasta el 4% para este año.
Fiel con su cita anual, el Banco de España presentó su informe anual donde analiza la situación tanto pasado como futura de la economía española y ofrece su receta, en este caso para salir airosa de la actual situación de crisis derivada de la etapa final de la pandemia de Covid, y lo más importante de la incertidumbre derivada de la guerra en Ucrania. La autoridad monetaria considera que en estos momentos la implementación de reformas y de proyectos de inversión asociados al programa New Generation EU de fondos europeos podrían tener un impacto muy positivo sobre la capacidad de crecimiento de la economía española en el medio plazo. Según el Boletín Anual 2021, si en el marco del programa NGEU se seleccionas en proyectos con un elevado grado de complementariedad entre la inversión pública y la privada, y se llevasen a cabo un conjunto de reformas estructurales que redujeran las rigideces existentes en los mercados de productos y de trabajo, la tasa de crecimiento potencial de la economía española al final de esta década podría llegar a situarse en el entorno del 2%. Así señala que en un entorno tan cambiante, la probabilidad de que las proyecciones macroeconómicas tiendan a perder vigencia rápidamente es elevada. Sin duda esta estimación supuso un jarro de agua fría, ya que se da a conocer apenas unas semanas después que publicase sus estimaciones económicas. La causa de ello no es otra que el crecimiento del PIB del primer trimestre fue, como consecuencia de la guerra, más moderado que el estimado en las últimas proyecciones del Banco, según adelantó Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística de la entidad. Es por ello por lo que en ausencia de cualquier consideración adicional, casi con toda seguridad el PIB se recortaría de manera mecánica cerca de medio punto porcentual en la tasa media de crecimiento del PIB para 2022. En el ámbito de los precios de consumo, la información conocida tras el cierre de las proyecciones apunta a un crecimiento algo más modesto del componente energético, tendencia a la que se unirá el acuerdo alcanzado entre Bruselas y España y Portugal, para abaratar el recibo de la luz. Por el contrario, el indicador que excluye ese componente, la tasa subyacente, ha mostrado una fortaleza mayor de lo esperado, lo que no hace más que presagiar que las tensiones inflacionistas pueden mantenerse por unos meses más. De acuerdo con las proyecciones del Banco de España de abril de 2022, el PIB crecería un 4,5% en 2022, un 2,9% en 2023 y un 2,5% en 2024. Esta senda supone una continuación de la recuperación, impulsada por la mejora de la situación epidemiológica, los proyectos ligados al plan NGEU, las condiciones de financiación todavía favorables y las medidas tomadas para combatir la escalada de precios de la energía, lo que no oculta que la economía española haya sido la que peor evolución ha registrado del conjunto de países europeos. Respecto a la reivindicación lanzada en varias ocasiones por el regulador de poner en marcha un pacto de rentas, con el fin de evitar el traslado de la inflación al seno de la economía, Gavilán reconoció que pese al no acuerdo alcanzado en la negociación entre los agentes sociales, los datos que se conocen hasta ahora en materia de salarios, con alzas hasta abril del 2,40% y de una contención de los márgenes empresariales, se pone de relieve “de forma tácita” su cumplimiento. Así insistió en que este pacto hay que centrarlo dentro de un marco plurianual, teniendo en cuenta que las pérdidas de poder adquisitivo y de márgenes, “son eso, pérdidas”, rechazando que puedan recuperarse a futuro.
A nivel bancario, más concreto, quiero destacar que CaixaBank doblará su rentabilidad y pagará 9.000 millones al accionista. La cúpula del banco cree que España crecerá a tasas del 3,4% de promedio y que el euribor cotizará al 1,56% en 2024. El 12% de rentabilidad implica un beneficio de 3.875 millones. El plan estratégico presentado esta pasada semana, el primero de CaixaBank tras la absorción de Bankia, convenció al mercado. La entidad ha puesto el foco en el accionista, el gran sufridor durante la pandemia, y repartirá 9.000 millones de euros próximamente.
Pasando a uno de los temas destacados en el titular del blog en el día de hoy, se han producido 50 despidos en Netflix tras perder 200.000 suscriptores. La caída de abonados, directamente relacionada con el cese de la actividad en Rusia, desencadena una «reducción de costes» debida a «necesidades comerciales». El gigante de ‘streaming’ Netflix anunció esta pasada semana el despido de 150 trabajadores, sobre todo en su sede de Estados Unidos, después de la pérdida de 200.000 suscriptores que la plataforma reportó durante el primer trimestre de 2022. «La desaceleración del crecimiento de nuestros ingresos implica reducir nuestros costes como empresa», justificó la compañía en un comunicado. El texto continúa alegando que los cambios se deben a «necesidades comerciales más que al desempeño individual» de los profesionales despedidos y que están trabajando para «apoyarlos en una transición tan difícil». La desvinculación de estos 150 empleados, que en EE.UU. representa un recorte del 2% de su plantilla total, continúa expandiendo los malos presagios acerca de la plataforma, desde que hace apenas un mes ha visto caer su cotización en Wall Street un 36% como consecuencia del elevado número de bajas entre sus usuarios. De hecho, ya entonces la empresa, decidió rescindir el contrato a un número que no se ha llegado a concretar de trabajadores de Tudum, una página web que forma parte de su conglomerado y en la que se promocionan sus contenidos audiovisuales. Además, la plataforma prevé eliminar otros 70 puestos de trabajo temporal en algunos de sus estudios de animación asociados, así como en la contratación de trabajadores freelance encargados de las redes sociales del grupo. Ante la saturación del mercado de las plataformas de «Streaming» los expertos estiman que Netflix podría perder otros 2 millones de suscriptores durante el trimestre en curso, generando una gran convulsión entre sus accionistas y trabajadores. Los últimos datos ofrecidos por la compañía acerca del número de integrantes de su plantilla ascendían a 11.000 empleados. Asimismo, la empresa con sede en Los Gatos (California, Estados Unidos) cuenta con aproximadamente 220 millones de usuarios repartidos alrededor de todo el mundo.
Muy sonado ha sido también el desplome del mercado ‘cripto’ que puede extenderse más allá. Un desplome de los criptoactivos podría llevar el dinero hacia el más crucial de los mercados, los bonos del Gobierno de Estados Unidos, en busca de seguridad. El mundo Cripto está crujiendo. Desafortunadamente, incluso aquellos gestores de fondos que operan en mercados normales (bolsas y bonos) que han evitado deliberadamente centrarse en esta clase de activos libres, deben prestar atención.
Cabe preguntarse si este criptocrash es una corrección o una bofetada de realidad. La incipiente industria de los criptoactivos está obligada a replantearse su futuro. El florido universo de las monedas virtuales está viviendo una poda primaveral antológica. El bitcóin se ha desplomado en 2022 un 35%, el Ethereum un 44%, el Cardano un 58%… Y estas son las divisas más fuertes. Otras más pequeñas, como Fantom o Terra USD, han perdido más del 80% de su valor. La exuberancia (irracional) con la que crecía este jardín invitaba a la purga. Ahora bien, ¿cuántas de estas criptomonedas sobrevivirán? ¿Ha habido un crecimiento desmedido? El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ponía esta semana durante una conferencia financiera números a lo desorbitado del mundo de los activos digitales. “Hace cinco años, el valor total de este mercado era de 16.000 millones de dólares, para llegar a valer a finales de 2021 cerca de tres billones de dólares”. Es decir, que se ha multiplicado casi por 200. Cos volvía a insistir en que la historia financiera indica que ante un crecimiento tan meteórico de un tipo de activo no regulado es necesario que las autoridades tomen medidas. El gran boom del dinero virtual es relativamente reciente. Aunque la primera criptomoneda, el bitcóin, lleva existiendo desde 2010 no fue hasta que llegó la pandemia cuando millones de personas se sumaron a esta moda. Desde marzo de 2020 (con media humanidad confinada) hasta agosto de ese mismo año, el precio de los bitcóin se multiplicó por 8. Esta galopante revalorización invitó a una legión de nuevos inversores, especialmente jóvenes, a animarse a surfear esta nueva ola de los criptoactivos. Pero el furor por el dinero virtual no se quedó en la legión de millennials fanáticos de la informática y la tecnología que llegaron primero. Los lanzamientos de nuevas monedas virtuales y tokens se fueron acompañando con el desarrollo de toda una nueva industria: granjas de ordenadores en Canadá diseñadas para poder ser alquiladas por “mineros” de bitcóins deseosos de desencriptar nuevas monedas; plataformas de intermediación, como Coinbase, que salían a Bolsa con el aval de los cientos de millones de dólares ingresados en comisiones; fondos de capital riesgo domiciliados en Luxemburgo, Gibraltar o Malta, que buscaban poder institucionalizar la inversión para alcanzar mayor público…
¿QUÉ HA PASADO CON LAS ‘STABLECOINS’?
- Concepto. Las llamadas “monedas estables” son criptomonedas diseñadas para minimizar la volatilidad del precio de estas, en relación a un activo “estable” o cesta de activos. Suelen estar ligadas a divisas convencionales, como el dólar. El garantizar esa paridad les permitía transmitir una confianza entre los usuarios, de modo que pudieran ser usadas para varias funciones. Una de ellas, servir como colateral para inversores interesados especular con otras criptomonedas.
- Terra. El gran problema con las stablecoins es que esa garantía de paridad está respaldada solamente por un algoritmo, no por la compra real de activos. Así que, cuando hay un momento desconfianza y todo el mundo empieza a vender, no hay forma de cumplir con el ratio de conversión prometido. Es lo que le pasó a la moneda Terra USD, cuyo valor pasó de 0,995 dólares el lunes pasado (paridad casi perfecta) a 0,16 dólares el viernes.
- Tether. Terra USD no era una moneda estable muy utilizada, pero sus problemas se han acabado extendiendo a otras stablecoins más asentadas, como Tether.
Dinero a espuertas
A medida que llegaban más y más inversores, las principales compañías del sector aumentaban sus presupuestos de publicidad. La firma española Bit2Me desplegó una potentísima campaña de cartelería, en marzo de 2021, en las principales ciudades españolas… mientras el Banco de España y el Gobierno lanzaba avisos de preocupación, recordando a la población que las criptomonedas son un activo no regulado y de riesgo. Los reguladores europeos y norteamericanos llevan dos años buscando la forma de regular este proceloso universo. La Comisión Europea quiere que la nueva directiva sobre criptoactivos entre en vigor en 2024, y en Estados Unidos varios senadores están promoviendo una regulación específica para las stablecoins.
A nivel local, señalar que Asturias está en déficit comercial por la carestía de la energía y las materias primas.
De hecho, es la cuarta región que más aumentó en el primer trimestre tanto el valor de las importaciones (alcanzaron los 1.562,5 millones) como de la exportaciones (1.338,2 millones). Las compras en el exterior crecieron el 55,6%, más del doble de lo que aumentaron las ventas, cuyo valor creció el 24,5%. Como consecuencia de ello, Asturias que había tenido un saldo comercial favorable por un importe de 71 millones en el primer trimestre de 2021, ha incurrido en un déficit por importe de 224,3 millones. El fortísimo encarecimiento de bienes importados (energía y materias primas) está detrás de este desequilibrio, que ha afectado también a España: el déficit comercial trimestral casi se quintuplicó: pasó de 3.262,8 a 15.416,5 millones. La Eurozona entró también por ello en déficit comercial en marzo. Esto ayuda a debilitar el euro, lo que agrava la carestía de la energía.
También a nivel regional, el gobierno cifra en 7.000 millones la inversión del plan de hidrógeno de ArcelorMittal. Se cifró en 7.000 millones de euros la inversión necesaria para llevar a cabo plan de hidrógeno verde HyDeal que pretende suministrar energía limpia a consumidores asturianos como Arcelor MIttal o Fertiberia. Esos 7.000 millones convierten al proyecto en el más ambicioso de los que se están desarrollando en España. Al proyecto Shyne, liderado por Repsol y en el que participa Alsa, le sigue HyDeal con una inversión estimada de 3.230 millones de euros. El consorcio HyDeal planea anunciar la próxima semana las tres ingenierías que se harán cargo del diseño del proyecto, que incluye el desarrollo de 15 parques solares en Castilla y León y Aragón y más de 1.000 kilómetros de hidrogenoductos. Entre las empresas participantes estará la ingeniería asturiana TSK. En el aire queda la ubicación de una fábrica de electrolizadores que se quiere levantar en la región, aunque se baraja la posibilidad de utilizar la Zalia. Desde el gobierno regional se ha destacado que esos proyectos pueden compensar el recorte de empleo en Arcelor con la descarbonización, lo cual, en mi opinión, es una muy buena noticia.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.