Esta semana se ha producido un fuerte rebote en las bolsas europeas y americanas, motivado por la disminución de la preocupación por las subidas de tipos de interés demasiado agresivas de la FED. El IBEX (+5,3%) lideraba las subidas de las bolsas europeas marcando máximos del año. Por sectores, Retail y Banca cerraban al alza con un +6,6% y un 6% respectivamente mientras que Utilities cerraba en negativo (-1,7%). En términos de geopolítica, Joe Biden anunciaba que se llevará a cabo una revisión de aranceles de EE. UU. a las importaciones de China, lo que podría llevar meses hasta tangibilizarse mientras aseguraba que su país estaría dispuesto a intervenir militarmente para defender Taiwán en el caso de un ataque de China, declaraciones con las que pretendía disuadir a China de cualquier tipo de invasión. Además, el pasado miércoles 25 de mayo, EE. UU. retiraba la exención del pago de la deuda rusa en dólares, acercando a Rusia al ‘default’. Por su parte, Georgieva, directora gerente del FMI, declaraba que ve más riesgo a una recesión mundial por la tendencia a la fragmentación económica y política que por el conflicto Rusia-Ucrania y la desaceleración en China.
Yendo al titular del blog del día de hoy, quiero destacar que la Comisión Europea prolonga las suspensión de las reglas fiscales hasta finales de 2023 debido a la incertidumbre que genera la guerra. La recuperación económica de España está en marcha, pero sigue habiendo vulnerabilidades”, afirma la Comisión Europea (CE), que por eso pide “una senda de consolidación fiscal creíble que ayude a reducir el déficit estructural a medio plazo y fijar un objetivo a largo”.
Bruselas propuso formalmente esta semana a los 27 socios lo que venía barruntando desde hace meses: la prórroga de la suspensión de las reglas fiscales al déficit y la deuda de los países durante un año más, hasta 2024. La senda fiscal, recogida en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, establece límites del 60% y el 3% a la deuda y el déficit de los Estados miembros. Con su congelación, explicó el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, los países tendrán más margen de maniobra a la hora de recomponer sus finanzas públicas, golpeadas por la crisis del Covid-19 y las consecuencias de la escalada inflacionista. Pese a ello, la Comisión Europea pidió a España prudencia fiscal y contención del gasto público corriente ya en 2023 debido al escenario de elevada deuda de las administraciones. Según estima Bruselas, España forma parte del grupo de países que “siguen experimentando desequilibrios” fiscales junto a otros socios como Alemania, Francia, Países Bajos o Portugal. En el caso de España, estas vulnerabilidades están relacionadas con la elevada deuda externa y los altos niveles de desempleo. Por eso, el Ejecutivo comunitario pidió a España “garantizar una política fiscal prudente” limitando el crecimiento del gasto público corriente por debajo del crecimiento económico potencial a medio plazo, sin olvidar las ayudas “temporales y específicas” a hogares y empresas para aliviar los precios energéticos.
Por otra parte, la CE alertó a España por su elevada deuda pública, privada y externa y por el alto desempleo, unas “vulnerabilidades” detectadas desde hace años en la economía española y que tienen “relevancia transfronteriza”. En sus recomendaciones macroeconómicas de este año, el Ejecutivo comunitario señala que la deuda de los hogares y las empresas se mantiene en niveles superiores a los de antes de la pandemia de coronavirus y “exceden los niveles de prudencia”, mientras que la “elevada” deuda pública con respecto al PIB también es “bastante superior” al nivel precovid. Con respecto al desempleo, Bruselas advierte de que persiste la “segmentación” del mercado laboral entre temporales e indefinidos, así como el elevado paro juvenil. La guerra de Rusia en Ucrania ha cambiado drásticamente el panorama económico y presupuestario de la Eurozona. La Comisión Europea (CE) augura menos crecimiento y más inflación de la anticipada hace tres meses y mucha incertidumbre entorno al suministro energético, con precios disparados, por la elevada dependencia de los hidrocarburos rusos. Un contexto que ha llevado al Ejecutivo comunitario a proponer la suspensión un año más, hasta finales de 2023, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que sitúa el máximo del déficit público en el 3% del PIB y en el 60% la deuda. La CE activó la cláusula de escape, que permite dejar en suspenso las reglas fiscales, en marzo de 2020 tras la irrupción de la pandemia de coronavirus, con el objetivo de dar el suficiente margen presupuestario a los gobiernos para adoptar medidas de emergencia y mitigar el impacto socioeconómico de la crisis sanitaria. Con el retorno del crecimiento el año pasado y la recuperación de los niveles prepandemia la idea era desactivar la cláusula y volver a aplicar las reglas ya desde 2023. La guerra ha obligado, sin embargo, a cambiar de nuevo el paso y proponer el mantenimiento de una medida tan excepcional como es la suspensión de las reglas del déficit y la deuda para permitir a los gobiernos echar mano del gasto público si la situación vuelve a complicarse de nuevo en el contexto de la guerra, las subidas sin precedentes de los precios de la energía y las continuas perturbaciones de la cadena de suministro.
En cuestión de política monetaria, Lagarde prevé el fin de los tipos negativos en septiembre. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, confirmó esta semana que la entidad monetaria comenzará a subir los tipos de interés en julio y que la zona del euro saldrá de los tipos de interés negativos a finales del tercer trimestre. Lagarde dijo que espera que las compras de deuda “concluyan muy pronto”. “Esto nos permitiría una subida de los tipos de interés en nuestra reunión en julio, en línea con nuestra orientación”, señaló Lagarde, que añadió que es muy posible que la zona del euro salga de los tipos de interés negativos a finales del tercer trimestre. Por otro lado, Bruselas pide a España vigilar el gasto en pensiones y equiparar los impuestos con la UE. Asume que la vinculación al IPC repercutirá en más gasto público. Recomienda más tributos al consumo y medioambientales y menos al trabajo.
Calviño por su parte, pide reformular las reglas fiscales.
A nivel bancario, el Banco de España pide que los fondos europeos vayan a los sectores productivos más dinamizadores. Sugiere centrarse en infraestructuras, comunicaciones y bienes intangibles. Un alza de un 1% de inversión pública supone una similar en la privada. El Banco de España estima que la inversión pública que realizan los estados suele generar un efecto tractor en la economía que redunda en un aumento de la inversión privada. En concreto, según recoge el supervisor en el documento La respuesta de la inversión privada a un incremento de la inversión pública, lanzado esta semana, “un incremento de un 1% en la inversión pública estaría asociado a un incremento de la misma magnitud en la inversión privada en el corto plazo”. Es un detalle a tener en cuenta, recalca el organismo, en un contexto en el que España está absorbiendo la mayor parte de los fondos europeos que alimentan el Plan de Recuperación, por el que el país recibirá más de 70.000 millones de euros en subvenciones y otro tanto en créditos a devolver. El organismo, de esta manera, da pistas de cuáles son los sectores a los que a su juicio deben dirigirse las inversiones públicas. Entre otros señala las infraestructuras y las comunicaciones, dos “dinamizadoras de la productividad del sector privado”. La sugerencia del Banco de España llega en un momento en el que la gestión de los fondos europeos está recibiendo críticas por parte de organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) por los retrasos en la ejecución y la falta de información oficial.
También a nivel bancario, destacar que el BCE alerta del riesgo de los criptoactivos para la estabilidad financiera. Los brókeres de criptoactivos permiten apalancarse hasta 125 veces. España es el segundo país del euro con más porcentaje de hogares con criptodivisas. Al riesgo de invertir en un tipo de activo que no se sustenta en nada tangible de la economía real –y en el que la expectativa de subida responde casi a un acto de fe– se añade el riesgo de hacerlo a menudo apalancado y a préstamo. Un cóctel que garantiza la volatilidad y que puede amplificar las ganancias, y también las pérdidas. Los criptoactivos cumplen todos estos requisitos y su auge y el elevado apalancamiento con el que llegan a negociarse son factores capaces de amplificar la amenaza para la estabilidad financiera, según un análisis publicado esta misma semana por el BCE.
A nivel de producción doméstico, destaca negativamente el hecho de que la escasez de componentes y la guerra hacen retroceder la producción de coches en España un 10% en abril. Las plantas nacionales ensamblaron más de 168.000 vehículos en el cuarto mes del año. En el primer cuatrimestre, salieron de las fábricas un 15,4% menos de automóviles. La producción de coches en España disminuyó un 10,3% interanual en abril como consecuencia de la escasez de componentes y los efectos de la guerra en Ucrania, hasta las 168.396 unidades. Así, la industria del motor nacional continuó en la misma tónica de los últimos meses, dejando la bajada acumulada del primer cuatrimestre en el 15,4%, según los datos publicados por Anfac, la asociación que representa a la patronal de fabricantes de coches en España. Si el dato de producción se compara con el primer cuatrimestre de 2019, la actividad de las fábricas españolas se desplomó más de una cuarta parte en comparación con antes de la pandemia, un 26%.
A nivel local y bancario, señalar que Unicaja y Liberbank culminan la fusión de sus sistemas informáticos. Unicaja completó esta pasada semana la integración operativa de Liberbank en la entidad. Así, tras la migración tecnológica, los clientes de origen Liberbank pueden operar a través de todos los canales de Unicaja. Los trabajos de fusión tuvieron lugar durante todo el fin de semana pasado, cuando se vio afectado el servicio para los clientes de la antigua entidad asturiana.
En cuanto a la industria asturiana, esta desborda las convocatorias de eficiencia energética. El Principado pide una segunda ampliación de 20 millones al IDAE ante la avalancha de solicitudes. La industria asturiana se sube al tren de las ayudas del Ministerio de Transición Ecológica en materia de eficiencia energética. A la primera partida de ayudas del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) para las empresas del Principado (3,9 millones de euros) la agencia gubernamental tuvo que sumar otros 7,3 para cubrir las solicitudes de las empresas asturianas. Esta semana desde la Consejería de Industria del Principado se aprovechó un acto en la sede de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) para comunicar a la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen y al director del IDAE, Joan Groizard, que el gobierno asturiano, ante la avalancha de solicitudes, va a solicitar una tercera ampliación de crédito de hasta 20 millones de euros. Este programa, que hasta ahora contaba con un presupuesto de 12,07 millones, supone que por cada euro de inversión las empresas aportan otros siete, movilizándose hasta 83,8 millones de euros en esta materia.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.