Ha sido la pasada una semana de ligeras subidas generalizadas tanto en los índices europeos como en los americanos. Por sectores, destaca con mayor subida el sector de construcción y materias primas (+6,4%). A nivel político destacar la reunión entre Alemania y China en la que se esperan reforzar relaciones. En cuanto al Brent, se situaba en 97,8 $/b tras el rumor en redes sociales de un posible relajamiento en las políticas covid de China.
A nivel de política monetaria, bastante unanimidad: El Banco de Inglaterra eleva el tipo de interés al 3%, el mayor aumento en tres décadas. Proyecta más subidas hasta lograr un control «sostenido» de la inflación al 2%. Por su parte, en EE.UU, la Fed prepara la cuarta subida consecutiva de tipos al 0,75%.
En las últimas semanas el mercado ha venido especulando con la idea de que la Reserva Federal estaría abierta a discutir una moderación en el ritmo de subidas, rumores que se han visto amplificados por los temores de recesión. Aunque esto ha ayudado a calmar la tensión en el mercado de deuda y a impulsar la recuperación de las Bolsas, la determinación de Jerome Powell por devolver la estabilidad a los precios complica el giro. Aunque los últimos datos de inflación empiezan a evidenciar los primeros signos de moderación, el IPC (8,2% a cierre de septiembre) continúan estando en niveles muy lejanos al objetivo del 2%.
Si hasta la fecha los temores a una inflación agresiva han sido los principales argumentos que han apoyado un endurecimiento agresivo, de ahora en adelante los temores de recesión tomarán el testigo y contribuirán a aliviar la presión. Los mensajes más moderados lanzados por Christine Lagarde la semana pasada son vistos como una señal de que los bancos centrales quieren evitar erosionar la economía. 
SERIA ADVERTENCIA DEL BCE A LA POLÍTICA DE SÁNCHEZ: Desde la cúpula del Banco Central Europeo se advierte de que el impuesto a la banca de Sánchez pone en riesgo la concesión de crédito. Pide un análisis exhaustivo antes de su aprobación. Es todo un varapalo al Gobierno del Banco Central Europeo (BCE). En su esperado dictamen sobre el nuevo impuesto sobre la banca, valora de forma negativa su aprobación por ser “contraproducente” en aspectos como la concesión de crédito. El Gobierno sostiene que el banco central no se pronuncia «en contra» del gravamen y que ya «tuvo en cuenta» sus consideraciones al diseñarlo. El Banco Central Europeo (BCE) ha reclamado esta semana al Gobierno y al Congreso que realicen un «análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas» del ‘impuesto’ a la banca que ultiman, para «garantizar» que no conlleve «riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos, lo que podría afectar negativamente al crecimiento económico real». El gravamen, ha advertido, debe «considerarse cuidadosamente» en cuanto a su impacto en la rentabilidad de las entidades, ya que una menor rentabilidad puede afectar a su generación de capital y por tanto a su capacidad de dar créditos. La autoridad monetaria también se ha mostrado crítica con la disposición de la propuesta de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos a instancias del Ejecutivo que impide a los bancos trasladar el coste del gravamen a sus clientes. «El BCE espera, en general, que las entidades de crédito, de conformidad con las buenas prácticas internacionales, tengan en cuenta y reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales, cuando proceda», ha subrayado. Asimismo, ha advertido de que «parece difícil» que la CNMC pueda determinar si dicha traslación al cliente se ha producido o no «en el contexto actual de subidas de los tipos de interés, inflación o deterioro de las primas de riesgo».
Respuesta del Gobierno
Pese a estos comentarios, el Gobierno ha interpretado que el «BCE no emite una opinión en contra del gravamen, hace recomendaciones y se pronuncia sobre aspectos técnicos de la norma que considera necesario aclarar», según fuentes del Ejecutivo. «Se trata de consideraciones relevantes para cualquier impuesto de este tipo que se pueda desarrollar en otro país. Todas estas consideraciones fueron tenidas en cuenta por el Gobierno antes de hacer la propuesta».
Una noticia muy destacada a nivel empresarial: Musk notifica por mail los despidos masivos en Twitter y se enfrenta a una demanda colectiva. Estos despidos masivos amenazan con acabar en los tribunales. Según la legislación local, la empresa debe dar un aviso de 60 días en un despido masivo. Las salidas de Twitter entrarían en este supuesto al superar los 50 trabajadores despedidos en un plazo de 30 días -si se cumplen los planes de Musk- y emplear a más de 75 trabajadores, ya que tiene más de 7.000. La demanda colectiva puede trastocar los planes de Elon Musk de despedir a la mitad de su fuerza laboral, unos 3.700 trabajadores. Precisamente esta pasada semana los empleados fueron recibiendo las notificaciones. Si siguen en la empresa, se les notificará en su correo de Twitter. Si se van, en el personal. La empresa ha cerrado las oficinas centrales, pedido a los trabajadores que no acudan en el extranjero y se han desactivado agendas internas que permite a la plantilla contactar internamente. Según han informado varios empleados en la propia red social, algunos ya se han encontrado sin acceso remoto y han sido expulsados de Slack, plataforma utilizada para organizar el trabajo. Todo sin aviso previo. «Parece que estoy desempleado», decía un trabajador.
A nivel doméstico una noticia para mí, nada sorprendente: La Audiencia ve indicios de prevaricación en la actuación de Colau con las subvenciones a entidades afines.
La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la causa que investigaba a Ada Colau por otorgar subvenciones a entidades afines y cree que la alcaldesa pudo prevaricar. “El tribunal considera que existen suficientes elementos para no descartar su participación en los hechos de autos que podrían ser constitutivos de delito, principalmente de prevaricación”, subraya en un auto dictado por la sección quinta. La sala estima el recurso presentado por la Plataforma por la Transparencia y la Calidad Democrática y ve indicios de delito en las concesiones que el gobierno municipal adjudicó a una serie de entidades próximas a Barcelona en Comú puesto que se otorgaron a dedo y sin concurso público. “El incumplimiento que puede tener relevancia penal es el conceder de forma recurrente, reiterada, subvenciones de forma directa”, subraya el tribunal de apelación.
Advertencia de la Audiencia de Barcelona
«El incumplimiento que puede tener relevancia penal es el conceder de forma recurrente, reiterada, subvenciones de forma directa». Entre el periodo 2016 y 2020 el Ayuntamiento concedió una serie de subvenciones por valor de 3,4 millones de euros a entidades como el Observatori DESC, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), Aliança contra la pobresa energètica y Enginyeria sense fronteres por el “trámite excepcional de concesión directa, sin concurrencia competitiva”. Aquello motivó la querella de la Plataforma por la Transparencia y la Calidad Democrática. Colau ante esto responde: «No hay ninguna prueba nueva».
Cos pide una política presupuestaria contractiva si la inflación sigue al alza. Los tipos subirán más para alcanzar el objetivo del 2% de inflación. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, afirmó esta semana durante una entrega de premios el compromiso del BCE con mantener el objetivo de inflación en el 2%. Con este objetivo en mente, el gobernador aseguró que sería «deseable» que el tono de la política fiscal pudiera ajustarse rápido en los contextos de incertidumbre que vive la economía mundial y la española, en particular: «Una mayor intensidad de las presiones inflacionistas podría requerir un tono contractivo de la política presupuestaria». La inflación estuvo presente a lo largo de todo el discurso, tras conocerse los últimos datos del IPC de la zona euro que lo situaban en el 10,7% en octubre y la última subida de tipos de interés del BCE de 0,75 puntos hasta el 2%, para tratar de contener la subida de precios. Cos afirmó que, pese a que el 75% de la inflación anual se debe al efecto de la energía y los alimentos, «detrás hay un componente de demanda cuya magnitud y persistencia son extraordinarias y que se traslada al consumo, lo cual aumenta la probabilidad de efectos de segunda ronda», afirmó.
Pacto de rentas
En clave nacional, Cos abogó por la llegada a un pacto de rentas que tuviera en cuenta las «desigualdades entre los distintos grupos de trabajadores, empresas y sectores». Para el gobernador el acuerdo «debería contemplar compromisos plurianuales que atañen a los incrementos salariales, que evitaran tanto su vinculación a la inflación pasada, como a la evolución de los márgenes».
Yendo a lo que destaco en el blog en el día de hoy: La actividad manufacturera en España se hunde a mínimos de mayo de 2020. El PMI volvió a deteriorarse en octubre hasta los 44,7 puntos desde los 49 de septiembre. La actividad del sector manufacturero español aceleró su deterioro en octubre, con una fuerte caída tanto de la producción como de los nuevos pedidos, que conllevó destrucción de empleo, según refleja el índice de gestores de compra (PMI), que bajó hasta los 44,7 puntos desde los 49 de septiembre. El indicador se contrajo por cuarto mes consecutivo hasta su peor lectura desde mayo de 2020, según S&P Global Market Intelligence. En el mes de octubre, el empeoramiento de las condiciones operativas estuvo estrechamente ligado a las caídas de la producción y de los nuevos pedidos ante el impacto de la incertidumbre de los clientes y unas condiciones del mercado «enormemente desafiantes», no solo a nivel nacional, sino también en el extranjero, lo que provocó la octava caída consecutiva de los nuevos pedidos de exportación. Las empresas encuestadas mencionaron la inflación como un factor con un fuerte impacto negativo en la demanda del mercado. En este sentido, los fabricantes españoles volvieron a subir los precios de venta a una tasa históricamente elevada, aunque mucho menor que en septiembre. Por otro lado, las empresas españolas optaron en octubre por reducir sus plantillas, acumulando cuatro meses consecutivos a la baja del nivel de empleo manufacturero. De hecho, la tasa de contracción del empleo fue la más rápida observada desde junio de 2020, ante la combinación de exceso de capacidad y el pesimismo creciente respecto del futuro.
Finalmente señalar que la crisis de los chips retrasa más de un año la entrega de camiones a los transportistas. Las empresas denuncian que la escasez de vehículos les impide renovar las flotas y ha disparado hasta un 30% los precios. Los compradores de coches no son los únicos que se tienen que armar de paciencia ante las demoras que registra la entrega de vehículos nuevos desde el fin del confinamiento. La falta de componentes electrónicos, como los chips, y los cuellos de botella en los suministros de determinados materiales desde el Sudeste asiático también están afectando –e, incluso, en mayor medida- a la fabricación de camiones, para desesperación de los transportistas que se ven obligados a esperar más de un año para renovar sus flotas. La escasez de vehículos se suma al problema que afronta en transporte con la subida del carburante y, en especial, del gasóleo, que ya supera los dos euros en más de la mitad de los surtidores de la provincia. Aunque el Gobierno ha aprobado ayudas, las subidas ponen a prueba la tesorería de las firmas del sector, que pagan el combustible al contado y cobran sus servicios a más de 60 días.
En verdad se trata de una muy desafortunada situación, consecuencia del parón de la pandemia, agravado actualmente con la guerra en Ucrania. Solo cabe esperar tiempos mejores aunque me temo, no a corto plazo.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.