En esta pasada semana ha destacado el alivio en la política covid de China que parece que va orientada al levantamiento de la exigencia de Covid Cero. Por una parte, se ve el impulso que la reapertura tendrá en esta economía, mientras que también se teme un fuerte golpe de la pandemia tras esta decisión. Asimismo, a pie de calle se percibe una lenta recuperación de movilidad, con los agentes económicos más precavidos que el «regulador» en este nuevo entorno de control del virus.
En lo relativo a Bancos Centrales, en medio del «alivio» con el que se ve el giro de China, el mercado se mantiene a la expectativa de las decisiones de la FED y del BCE de la semana que viene. En ambos casos se espera un freno en el ritmo de subidas, con subidas en ambos casos de 50pb, si bien, en el caso de la FED estamos todavía pendientes de conocer los datos de precios a la producción e inflación antes de la reunión. En el caso del BCE, será importante también ver qué decisiones se adoptan en relación al volumen de activos en balance.
Yendo al titular del blog en el día de hoy, que no es ninguna broma, Europa avisa de que puede suspender a España fondos por las pensiones. La razón es que la Comisión muestra su inquietud por la eficacia del mecanismo de equidad intergeneracional para contener el gasto y advierte de que, tras evaluar las medidas, cancelará fondos si no se cumplen los objetivos de la UE. La Comisión Europea ha mostrado su «preocupación» por la sostenibilidad del sistema de pensiones en España tras la reforma que introduce el mecanismo de equidad intergeneracional y advierte de que «suspenderá» los pagos de los fondos europeos de recuperación. En mi opinión, el Gobierno debería tener muy en cuenta esta advertencia, por las graves consecuencias que puede traer consigo.
Cambiando de tercio, una noticia muy poco habitual: los inspectores de Trabajo irán por primera vez a la huelga el 21 de diciembre. Cinco sindicatos de la ‘policía laboral’ preavisan de tres jornadas de paros en diciembre, enero y febrero contra la carestía de material técnico y por mejoras salariales. Las centrales reanudan las movilizaciones que desactivaron a principios de año en aras de dar tiempo al Ministerio de Trabajo para que atendiera sus reivindicaciones. Desde el departamento dirigido por Yolanda Díaz no han atendido a sus reclamaciones y los sindicatos vuelven a la carga. Si no hay acuerdo previo, la ‘policía laboral’ vivirá en dos semanas su primera huelga en un siglo de historia de la institución. El Sindicato Estatal de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (Seslaess), con fuerte peso entre este cuerpo, no secunda las protestas. Según los últimos datos de la propia Inspección de Trabajo, en 2020 el cuerpo disponía de 2.005 inspectores y subinspectores, que deben controlar a una población trabajadora de 20,2 millones de personas. Es decir, tocan a más de 10.000 trabajadores por agente. Una proporción criticada por las centrales y que se ha visto agravada por el aumento de legislación laboral aprobada en los últimos años.
A nivel bancario, destacar que BBVA reestructura su banca de inversión para pelear con los grandes de Wall Street. BBVA quiere dar el gran salto en banca de inversión. El banco ha decidido reestructurar su división BBVA Corporate & Investment Banking para crear equipos orientados en sectores clave. El objetivo es que la entidad dé el gran salto para dar la batalla a los todopoderosos banco de inversión estadounidenses. Los cambios introducidos se centran en el área de advisory, que pilota Ángel Arévalo. A su vez esta se compone de cuatro subdivisiones, de Debt Advisory (asesoría de deuda), ECM (Equity Capital Markets), ESG (Medio Ambiente, Social y Buen Gobierno, por sus siglas en inglés) y fusiones y adquisiciones. Es en esta última donde el banco ha decidido introducir este cambio en el funcionamiento. A partir de ahora, el área de asesoramiento en M&A contará con cuatro equipos especializados por sectores. El primero estará especializado en energía, el segundo en operaciones de tamaño medio (middle-market, en la jerga), el tercero en infraestructuras y TMT y el cuarto en consumo. Los de energía y middle-market son de nueva creación, en línea con el incremento de la plantilla en este negocio, de más del 30% en los últimos años. BBVA, además, ha recurrido a fichajes externos para pilotar estos dos nuevos equipos. Se trata de Alfredo Mellon, quien pilotará el área de energía, y de Álvaro Elio, que estará al frente de la parte de middle-market. Antes de llegar a BBVA Mellon ha pasado por Nomura y antes por Credit Suisse, ocupándose en ambas entidades de los asuntos de energía. Elio, por su parte, ha trabajado durante 14 años en Mediobanca. Los dos ejecutivos ocuparán los cargos de managing directors de cada una de las áreas.
La otra noticia relativa a sistema bancario que llama la atención es que el BCE irrumpe en la lucha de poder en Unicaja y exige un plan de sucesión. El banco deberá detallar el traspaso de poderes ejecutivos.La fundación mantiene el pulso para sustituir a sus cuatro consejeros. El Banco Central Europeo (BCE) entra de lleno en la lucha por el poder en Unicaja que lleva meses abierta. El supervisor ha reclamado al banco andaluz que le detalle en las próximas semanas cómo va a ejecutar el plan acordado en el proyecto de fusión entre Unicaja y Liberbank para que el presidente ceda todas las funciones ejecutivas al consejero delegado. Cuando la entidad andaluza y la asturiana pactaron su integración, alcanzaron una solución salomónica sobre quién mandaría en el nuevo banco: Manuel Azuaga (procedente de la antigua Unicaja) sería el presidente ejecutivo y Manuel Menéndez (procedente de Liberbank), el consejero delegado. No obstante, el acuerdo recogía que en un periodo de dos años tras la fusión formal, que se cumplirán en julio de 2023, el consejo de administración modificará el modelo de gobernanza de Unicaja. De este modo, la presidencia pasará a ser no ejecutiva y todos los poderes de decisión recaerán en el CEO. Así, el banco adoptará un esquema de gobernanza anglosajón, que ha recomendado insistentemente el BCE. El acuerdo de fusión también prevé que antes de julio de 2023 se reevalúe a Manuel Menéndez como consejero delegado del banco. Tras meses de tira y afloja por ver si los andaluces o los asturianos marcan el paso de la entidad, la guerra por el control en Unicaja afrontará en ese momento un nuevo episodio de un duelo que arrancó con el propio proyecto de fusión.
Las tensiones en el seno del máximo órgano de gobierno del banco han sido una constante en los dos últimos años, visibilizadas por el pulso entre el presidente y el consejero delegado. Pero más allá de una lucha por el poder entre directivos, de fondo se libra una batalla política. Por un lado, el frente asturiano cercano a Manuel Menéndez y al expresidente de la Fundación Unicaja Braulio Medel. Por otro, el frente malagueño, afín a Manuel Azuaga y al actual presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez. Si los equilibrios de poder en el banco se mantienen, Menéndez tiene papeletas de salir victorioso. De los 15 integrantes del consejo, podrá contar con el apoyo de los consejeros que en su día designó Liberbank, tres dominicales y dos independientes, además de él mismo como ejecutivo.
VIGILANCIA DEL SUPERVISOR
Crisis en el consejo. El BCE está atento ante los movimientos que se produzcan en el consejo de Unicaja ante la crisis vivida a principios de año por la dimisión de tres consejeros independientes. La tensión en la gobernanza de Unicaja estalló cuando la familia Domínguez, propietaria del grupo Mayoral, pidió ocupar un puesto el consejo tras convertirse en el segundo accionista de la entidad. Dado que los estatutos del banco no permiten que el consejo pueda ampliarse a más de 15 miembros, se intentó que el empresario Ernesto Tinajero cediera su puesto. Ante su negativa, Manuel Conthe, uno de los consejeros independientes, anunció su decisión de renunciar al cargo, en el mes de febrero.
Buenas noticias del Banco de España a los hipotecados a tipo variable. El banco central español ha lanzado una notificación para las personas con hipotecas azotadas por la subida de los tipos de interés. El Banco de España es el organismo que supervisa el sistema bancario español y quien controla al resto de entidades financieras que operan en nuestro país. A propósito de la última subida de los tipos de interés orquestada por el Banco Central Europeo, ha publicado un aviso para las personas que tienen una hipoteca a tipo variable y que pueden ver cómo su cuota mensual se incrementa exponencialmente a causa de la subida del Euribor y otros indicadores. En la notificación, el Banco de España recuerda que el Real Decreto-ley 19/2022 aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados incluye un paquete de medidas para aplacar el impacto de la política financiera sobre las hipotecas en la ciudadanía. Los requisitos para acogerse a estas ayudas para hipotecados a tipo variable dependen de una serie de factores, entre los que está que la hipoteca esté constituida sobre una vivienda habitual.
Requisitos para beneficiarse de las ayudas a las hipotecas a tipo variable
La primera condición para disfrutar de las ayudas aprobadas por el gobierno para los hipotecados a tipo variable es que sea una vivienda valorada en menos de 300.000€. El segundo requisito es que la renta familiar sea inferior a 29.400€ anuales y que la carga hipotecaria sea superior al 30% de la renta. Por último, para poder acogerse a estas condiciones, la hipoteca tendrá que haber subido al menos un 20%. Quien esté dentro del marco descrito anteriormente, podrá congelar la cuota hipotecaria durante 12 meses, cambiar el tipo variable por tipo fijo y obtener un alargamiento del plazo del préstamo hasta 7 años. Por otro lado, si la renta es inferior a 25.200 euros al año y la cuota mensual de la hipoteca representa más del 50% de los ingresos, la persona afectada podrá solicitar una carencia de dos años, pagar un tipo de interés menor durante y la carencia y obtener un alargamiento del plazo de hasta 7 años.
A nivel de mercados financieros, destacar que los fondos conservadores no recuperarán lo perdido al menos hasta 2025. Estos vehículos han caído entre un 2% y un 8% durante los últimos 12 meses. En España los fondos de inversión más populares son los conservadores, que invierten en bonos emitidos por gobiernos. Hay más de tres millones de españoles con este tipo de producto financiero. En los últimos 12 meses han sufrido un importante batacazo, con pérdidas que van del 2% al 10%. Y, lo peor es que lo más probable es que no se recuperen hasta dentro de tres años. A mediados de 2021 la deuda pública vivía un momento dulce. Los bonos se habían revalorizado mucho gracias a las fuertes medidas puestas en marcha por los bancos centrales para afrontar la pandemia. Sin embargo, cuando la inflación se disparó, la política monetaria tuvo que virar a toda velocidad, lo que provocó una fuerte depreciación de todos los bonos soberanos. Las pérdidas son generalizadas. En los fondos de renta fija a largo plazo, los más comunes, la caída media entre octubre de 2021 y octubre de 2022 ha sido del 8%, según datos de Inverco, la asociación sectorial. Y en los fondos de renta fija mixta (que incluyen un poco de Bolsa), las pérdidas medias llegan al 9%. Nunca antes se había visto algo así. Incluso en los fondos ultraconservadores las caídas rozan el 2%.
Por ultimo, una noticia relativa a la administración pública: los funcionarios ‘A1’ están contra los ‘A2’. Los funcionarios técnicos A2 responden a la indignación del cuerpo superior A1, que rechaza el nuevo sistema de promoción interna por ser menos exigente. Los más altos funcionarios del Estado, conocidos por su clasificación en el subgrupo A1, llevan semanas en pie de guerra contra el nuevo proceso de ascensos, desde el grupo inmeditamente anterior en la escala jerárquica (A2) al techo más alto de la Administración General (AGE). La polémica surge con el cambio en el sistema de promoción interno de estos altos funcionarios – acordado entre el Gobierno y los sindicatos el pasado 3 de noviembre- porque la nueva vía de ascenso (del subgrupo A2 al A1) es menos exigente en materia académica y memorística, pero da más peso a la experiencia y el desempeño laboral. En esencia, el temario se ha reducido de 83 a 16 temas; la prueba de test ha pasado de 50 preguntas con cuatro opciones para responder y fallos penalizados a 80 preguntas con tres trespuestas para elegir y sin penalización por los fallos. Del proceso se han eliminado la exposición oral, la realización de un supuesto práctico y el examen de idiomas. Sin embargo, se mantiene el concurso de méritos y un curso selectivo hecho por la propia Administración que será eliminatorio y, por lo tanto, decisivo a la hora de promocionar al subrgrupo A1 (formado, entre otros, por técnicos superiores de la Seguridad Social, inspectores de Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social). Por su parte, los colectivos los funcionarios A2 a los que se reprocha que podrán acceder con menor cualificación están integrados, por ejemplo, por los diplomados comerciales del Estado; los técnicos de Hacienda; los arquitectos técnicos de Hacienda; los ingenieros técnicos o los subinspectores laborales deEmpleo y Seguridad Social. Son todos estos últimos profesionales los que se han organizado ahora para rebatir las acusaciones de los A1.
- Motivación y carrera profesional. Los A2 responden a las acusaciones de los A1 de que el nuevo modelo de promoción deteriorará la función pública y perjudicará al ciudadano argumentando lo contrario. Una promoción interna más efectiva que la actual –indican– “fomenta la motivación, el esfuerzo y la excelencia de los trabajadores”, y permitirá “aprovechar y retener el talento en la Administración Pública en beneficio de la excelencia y, en consecuencia, de la mejor atención al ciudadano”, explican los técnicos A2. Y recuerdan que la carrera profesional es un derecho individual recogido en la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público.
- Acceso al grupo. Asimismo, los miembros del A2 contestan al reproche de la rebaja de la exigencia en las pruebas recordando que “acceder al grupo A ya exige superar un arduo proceso de selección que no está circunscrito exclusivamente al subgrupo A1”.
- No se cubren las vacantes. Otra de las defensas del nuevo modelo de ascensos que hacen los A2 es que con el sistema vigente hasta ahora “se quedaban desiertas de forma generalizada las plazas convocadas, por lo que fracasaba en su objetivo básico de reclutar personal”. Es más, estas dificultades del anterior modelo se veían agravadas por el contexto de envejecimiento de las plantillas, que se han recortado en términos netos un 22% en la AGE entre 2021 y 2020 y se prevé la jubilación del 56% de los actuales efectivos hasta 2030.
- Discriminatorio y en contra de la excelencia. Según la tesis de los A2 el complicado sistema de ascensos que había hasta ahora “obligaba a este colectivo a desatender la actividad laboral para preparar, durante años, las pruebas memorísticas». Y por esta misma razón, el anterior sistema era discriminatorio con los más excelentes y con más responsabilidades, que no podían dedicar tanto tiempo a prepararse el ascenso.
- Causas económicas. En esta batalla unos de los más activos han sido los inspectores de Hacienda (A1) que culpan al nuevo sistema de promoción de “rebajar el nivel de preparación” de los funcionarios, algo que, según la asociación que representa al cuerpo, supondrá un menoscabo de sus labores. Sin embargo, desde Gestha, el sindicato de los técnicos (A2), creen que la parte de esta postura de rechazo de los inspectores obedece a razones meramente económicas. En este sindicato calculan que los inspectores de Hacienda cobran un salario medio de 103.156 euros anuales. Además, 21 inspectores tienen unas retribuciones que superan los 140.000 euros al año, siempre incluyendo sueldo, trienios y complementos, así como una estimación de la productividad. Estas altas cifras obedecen, según los técnicos, a dos factores: que es un cuerpo reducido formado por poco más de 2.000 efectivos y que se reserva la firma de los documentos que han sido elaborados por los técnicos, “hurtándoles” así su autoría. Estas retribuciones son las que explican la oposición de los inspectores a la nueva promoción interna dentro de la Agencia Tributaria, ya que este cuerpo necesita “devaluar” el trabajo de los técnicos para “justificar” la gran disparidad de sueldos.
Los inspectores de Hacienda, que en este conflicto son la voz de los A1, consideran sin embargo que el gran perjudicado del cambio de modelo será el contribuyente, quien verá una degradación del servicio público debido a unas pruebas menos exigentes de los integrantes del cuerpo, explican. Para resolver posibles problemas discriminatorios que lastran la promoción de los A2 por causas de tiempo o dinero, los inspectores sugieren un modelo de ayudas directas, la facilitación de temarios gratuitos o permitir que los aspirantes estén tres meses sin trabajar pero sin perder su salario para poder destinar tiempo al estudio. Por todo ello, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha anunciado que recurrirá ante los tribunales los cambios acordados entre el ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos CC OO, UGT y CSIF.
Parece que la batalla en la función pública continuará.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.