Los índices de renta variable europeos y americanos acaban la semana con ligeras bajadas (EuroStoxx 50 -0,7% y S&P500 -0,5%) a pesar de que han seguido los repuntes de las rentabilidades de los bonos a 10 años a ambos lados del Atlántico, asi como las alzas en el precio del brent. Por sectores, Ind. Básica (+2,3%), Banca (+1,1%) y Construcción (+1,2%) eran los que más subían en la semana, mientras que por el lado negativo destacaban Eléctricas (-3,6%) y Telecomunicaciones (- 3,2%). En Estados Unidos, la inflación subyacente caía hasta el 3,9% (vs 4,3% ant), los dos datos se situaban acorde a lo esperado. En cuanto a la zona euro, la confianza económica caía por quinto mes consecutivo en septiembre, aunque algo menos de lo esperado, ante un deterioro en servicios, comercio minorista y entre los consumidores, pero ha mejorado en la industria tras siete meses de descensos (93,3 puntos frente 92,5 esperados).
En cuanto a lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, en efecto tenemos, a nivel doméstico un cóctel muy negativo en el que se suman deuda y déficit públicos disparados.
La deuda pública marca un nuevo récord al dispararse hasta los 1,56 billones de euros. Se incrementa en más de 33.300 millones en el segundo trimestre pero baja hasta el 111,2% del PIB gracias a la mejora de la actividad económica. ESPAÑA ESTÁ MÁS ENDEUDADA QUE NUNCA EN SU HISTORIA. La deuda del conjunto de las administraciones públicas volvió a dispararse en el segundo trimestre más de un 6%, 33.358 millones más, hasta situarse en el máximo histórico de 1,569 billones de euros en términos absolutos. Sin embargo, pese a alcanzar este techo, su peso sobre el PIB se moderó hasta el 111,2% gracias al fuerte rebote que está experimentando la economía, según los datos del Banco de España publicados esta pasada semana. Esto permitirá al Gobierno cumplir con creces sus objetivos fiscales fijados en el Programa de Estabilidad e incluso adelantar un año su reto de cerrar ya en este 2023 con una deuda por debajo del 110% del PIB. Así, la previsión para la deuda en 2023 era del 111,9% del PIB y el año en el que se estimaba que bajaría del 110% (109,1%) era en 2024. Incluso la Airef es más optimista que el Gobierno y mejoró también el pasado jueves sus estimaciones y calcula ahora que la ratio se situará este año entre el 108% y el 109% del PIB. El ministerio liderado por Nadia Calviño remarcó que «en un contexto internacional de incertidumbre, España mantiene la confianza de los inversores, con una demanda sólida y diversificada». Sin embargo, en el último año la deuda pública se ha incrementado en 92.551 millones de euros, lo que representa un repunte del 6,3%, aunque su peso en el PIB ha caído del 114,5% en el segundo trimestre de 2022 al 111,2% entre abril y junio de este año, debido al mayor aumento de la actividad económica. Respecto al trimestre anterior, la deuda se ha incrementado en 33.358 millones de euros, lo que supone un repunte del 2,2%, en un contexto marcado aún por el impacto de la guerra en Ucrania y el repunte de los precios. No obstante, el peso en el PIB se ha mantenido en el 111,2% en ambos trimestres.La deuda pública se incrementó en todas las administraciones entre los meses de abril y junio. Así, la deuda de la Administración Central subió en el segundo trimestre a 1.429 billones de euros, un 7,1% más que hace un año, lo que representa el 100,7% del PIB, frente al 102,9% del año anterior. También escaló un 7% la deuda de la Seguridad Social hasta los 106.174 millones, aunque la ratio sobre PIB bajó ligeramente del 7,7% de hace un año al 7,5% de 2023. Por su parte, la deuda de las comunidades autónomas creció un 3,4% interanual, hasta los 327.346 millones de euros en el segundo trimestre, equivalente al 23,2% del PIB, frente al 24,6% del año
Junto con esto, el déficit del Estado alcanza el 2,54% del PIB, con un agujero de 36.300 millones. El agujero fiscal del Estado engordó en agosto hasta los 36.300 millones de euros, un 42% más que en el mismo periodo del año anterior. La cifra equivale al 2,54% del PIB, ante el impacto que ha tenido en las cuentas públicas las liquidaciones definitivas del sistema de financiación de 2021, que ascienden a 11.798 millones a favor de las comunidades autónomas y las entidades locales, frente al año pasado que fueron 6.106 millones a favor del Estado.
Cambiando de tercio, los inspectores de Hacienda llevan a los tribunales las oposiciones ‘light’. Recurrirán la convocatoria de 213 plazas que permitirá por primera vez acceder al cuerpo a interinos sin aprobar los exámenes.
Se mantienen en pie de guerra contra el Gobierno por la reforma de las oposiciones que por primera vez en la historia permitirá que los interinos puedan acceder a este cuerpo sin necesidad de aprobar los exámenes ni tan siquiera pasar por los cursos de formación. Gracias a las plazas de promoción interna, que lo convierten en un «coladero» para poder nombrar «funcionarios a dedo». Así lo denuncia la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que anunció esta pasada semana que llevará a los tribunales la convocatoria que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para cubrir 213 plazas para el cuerpo porque considera que «vulnera principios constitucionales y es un intento más de colonización de la Administración». De las 213 plazas que salieron a convocatoria pública, 144 son de acceso libre y otras 69 de promoción interna, que abren la puerta a que funcionarios que no hayan superado la prueba para acceder al nivel A1 puedan ocupar ese puesto con una plaza interina. Además, la norma aclara que los aspirantes que ingresen por promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia para cubrir los puestos vacantes que se oferten «La convocatoria es una compleja remisión normativa que parece tener la voluntad de esconderlo, pero que permite que se nombre personal funcionario interino a personas que no han aprobado la oposición ni desde luego han superado el curso selectivo en el Instituto de Estudios Fiscales que deben realizar todos aquellos candidatos que han superado la fase de oposición», advierte la Asociación. Por ello, interpondrá «de manera inmediata» un recurso contencioso-administrativo contra esta convocatoria por suponer una «quiebra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad sobre los que se asienta la Administración Pública». Los inspectores critican por estar «fuera de toda lógica» que «una persona, sin haber superado el proceso selectivo, pueda desarrollar una función tan sensible» como la que ellos desempeñan, para lo que se requiere ser un «funcionario independiente y altamente preparado». Además, la asociación pone en valor que la normativa vigente restringe el ejercicio de las funciones de la Administración que supongan el ejercicio de potestades públicas a los funcionarios de carrera, excluyendo de las mismas a los interinos. A esto se le suma que el Tribunal de Justicia de TJUE, ya en marzo de 2020, denunció el abuso de la figura del interino por la Administración española, lo que, a su juicio, «hace más incomprensible que esta práctica no solo no se reduzca, sino que pretende extenderse a áreas de la función pública en las que jamás se había utilizado».«La posibilidad que abre esta convocatoria se juzga como una muestra de voluntad política para colonizar la Administración en general, y la tributaria en particular, mediante la incorporación masiva de interinos», denunció el colectivo.
Y no, no podemos abandonar el tema de la inflación, porque sigue dando que hablar y afecta mucho a nuestros bolsillos.
Frutas, verduras y aceite: Los alimentos que más suben en septiembre. De los 1.000 precios de ocho grandes cadenas de supermercados analizados por Facua, el 48,9% de los alimentos con el IVA rebajado han encarecido su coste. La escalada de precios no se toma un respiro. Ni siquiera en el mes de la vuelta al cole. La asociación defensora de los derechos de los consumidores Facua hizo público esta pasada semana los resultados de su seguimiento mensual de la evolución de casi un millar de alimentos afectados por la rebaja en ocho grandes cadenas de distribución: Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Lidl, Hipercor y Mercadona. Facua ha detectado que casi la mitad de los productos han sufrido una subida respecto al precio que marcaban a principios de año. A la cabeza se sitúan frutas o verduras (29,7%), aceite de oliva (20%), arroces y pastas (14,4%), lácteos (14%) y legumbres (9,1%). El porcentaje de precios en los que la organización detectó subidas ha ido aumentando progresivamente desde el 6,7% de enero al 48,9% del mes de septiembre. La asociación viene considerando como “injusta” la subida de precios de estos alimentos. A mediados de septiembre, Facua interpuso ante el Ministerio de Consumo una denuncia contra estos supermercados. El motivo, determinar en qué productos se habían producido incrementos en los márgenes de beneficio, algo expresamente prohibido en el artículo 72 del Real Decreto-ley de diciembre de 2022, por el que se aprobó la rebaja fiscal. Ninguno de estos alimentos puede subir de precio, salvo que se produzcan incrementos de costes. Uno de los productos que mayores subidas presenta es el litro de aceite de oliva Coosur en Eroski, que ha sufrido un encarecimiento del 110% (de 5,69 a 11,99 euros). En Dia, el producto que más sube es el mismo aceite, pero su encarecimiento es solo del 57% (de 7,63 a 11,99 euros).
Y cierro con un tema importante, al menos para mi. Y es que España deberá invertir 25.000 millones para adaptar su parque de viviendas al cambio climático.
Alrededor del 95% de las viviendas españolas, unos 15 millones de edificios, no se han construido atendiendo a los efectos del cambio climático por ser anteriores al 2007. Olas de calor, lluvias torrenciales y periodos largos de sequía. Cada vez son más habituales estos fenómenos meteorológicos, y sin embargo, nuestros hogares no están preparadas para afrontarlos. Aproximadamente el 95% de las viviendas españolas, unos 15 millones de edificios, se construyeron hace más de 40 años. Es decir, no cumplen con los criterios mínimos de eficiencia energética aprobados en 2007. Pero todavía estamos a tiempo. La solución esgrimida por los expertos pasa por rehabilitar de forma masiva los edificios, unas obras que hasta ahora han sido denostadas por quienes apuestan por la construcción nueva. Según sus cálculos, y teniendo en cuenta la gran cantidad de viviendas expuestas a las altas temperaturas y los temporales, España deberá invertir alrededor de los 25.000 millones de euros para adaptar el actual parque de viviendas a los criterios de sostenibilidad recomendados por los organismos internacionales que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático. Y para conseguirlo, deberá acometer la rehabilitación de 350.000 viviendas anualmente. A diferencia de otros países europeos, como Francia o Alemania, donde el parque edificado se rehabilita a un ritmo del 1,5% y 2% anual, «en España apenas ha existido una cultura de la conservación y el mantenimiento de viviendas y edificios». En 2019, un año antes del inicio de la pandemia, se rehabilitaron 25.554 viviendas, según las estadísticas de los Colegios de Arquitectos. A raíz del confinamiento aumentó la sensibilidad hacia la importancia de mejorar la calidad de los edificios y se aprobaron ayudas impulsadas dento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno con cargo a los fondos europeos Next Generation. Como consecuencia, en 2022 se visaron para rehabilitación 34.525 viviendas, un 35% más que en 2019. Son buenas noticias pero el sector, pero todavía insuficientes para cumplir con el objetivo de duplicar la tasa de rehabilitación en Europa en 2023 incluido en la estrategia europea ‘Renovation Wave’ para hacer frente al clima extremo. En el caso español, la tasa anual se elevaría al 3%. Y es que la alternativa, construir desde cero, resulta más costoso. Una obra nueva estaría en 1.000 euros por metro cuadrado, pero rehabilitar integralmente está muy por debajo. La rehabilitación también permite descarbonizar el sector. En esta apuesta por la sostenibilidad, se están produciendo cambios en los procesos de licitación de proyectos para los que se premia la utilización de materiales respetuosos con el medio ambiente, como por ejemplo, la madera. Y una iniciativa que atrae cada vez a más seguidores en España es la colocación de cubiertas vegetales. Los arquitectos también piden recuperar sistemas tradicionales, como la ventilación cruzada, un diseño que muchas veces se olvidó a partir de los años 60, y combinarlo con una iluminación LED que reduzca el consumo energético. La economía circular llega hasta la gestión de residuos de los inquilinos mediante la reutilización de las aguas de lluvia y grises del edificio.
En mi opinión, todo lo que desde el punto de vista industrial contribuya a estos objetivos es prioritario para las generaciones venideras.