Ha sido la pasada, una semana de fuertes caídas de las bolsas (Stoxx50 -3,5%, FTSE -3,5%, CAC -3,8%, IBEX -4%, DAX -4%). El temor a la posible guerra comercial generada por las políticas arancelarias de EE.UU. tuvo mucho que ver con ello. En esta línea, Trump anunciaba el jueves aranceles del 25% a 60.000 M. $ a importaciones provenientes de China, que en caso de incrementarse podrían impactar sensiblemente en los mercados. El presidente de la FED, Jerome Powell cumplía con las expectativas subiendo los tipos de interés 25 p.b. En el continente europeo, se publicaba el acuerdo sobre el periodo transitorio post Brexit entre Reino Unido y la UE, quedando en el aire el acuerdo de la situación de la frontera con Irlanda.
Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) pide dar entrada a los bancos centrales de fuera de la zona euro a la Junta de Riesgo Sistémico. La reforma de Bruselas propone relegar a supervisores de terceros países. Cree que el ESRB debe proporcionar información a los banqueros de la zona euro. Y es que la Comisión Europea está ultimando una reforma de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB, por sus siglas en inglés) dentro de su plan para actualizar la unión bancaria. El BCE se ha mostrado conforme con la propuesta general de Bruselas, pero exige que se garantice la entrada a este organismo a los banqueros centrales de países de fuera de la zona euro. Lo ha hecho en un escrito en el que Fráncfort da su opinión respecto a la propuesta del Ejecutivo comunitario. En su borrador de reforma, Bruselas apuesta por restringir el acceso a la ESRB por parte de banqueros centrales, limitándolo solo a miembros del BCE. Fráncfort, por su parte, propone un cambio en el articulado para poder dar entrada a «representantes de alto nivel de autoridades de terceros países, en particular aquellos procedentes de estados del Área Económica Europea [EEA, por sus siglas en inglés]», tal y como señala en su escrito de opinión remitido al Ejecutivo comunitario.
La participación de estos terceros países dentro del organismo europeo que analiza los riesgos sistémicos según Fráncfort estaría, no obstante, «estrictamente limitada» a aquellos asuntos en los que cada uno de los países implicados pudieran tener una relevancia especial.
En mi opinión, amable lector, esto se debe a que el BCE no quiere atarse las manos, y cree que añadir esta posibilidad proporcionaría la «necesaria flexibilidad» al organismo responsable de analizar los riesgos sistémicos para que éste pueda contar con la colaboración de terceros en caso de que pudiera estimarse conveniente.
No puedo omitir la cuestión del Brexit, para señalar que la UE y Reino Unido acuerdan que el ‘Brexit’ real sea el 31 de diciembre de 2020.
Habemus acuerdo considero que sería la frase apropiada. Y cantar esta frase cuando se está hablando de la madre de todas las negociaciones no es poca cosa. La Unión Europea y Reino Unido han anunciado esta pasada semana la existencia de un acuerdo sobre la salida y, sobre todo, sobre el llamado periodo de transición que pidió Theresa May. Finalmente, como siempre quiso Bruselas, el ‘Brexit’ real se producirá el 31 de diciembre de 2020, 21 meses después de que se produzca el ‘Brexit’ oficial el 31 de marzo de 2019. A partir de esta fecha, Reino Unido dejará de ser oficialmente un Estado miembro de la UE pero sí seguirá unida ella «beneficiándose de los mismos derechos pero también atada a todas las obligaciones». Es una suerte de estar sin estar que no va a gustar nada a los ‘brexiters’ ya que los británicos deberán acatar la legislación del club sin estar dentro de los órganos de decisión, sin poder maniobrar desde la ‘cocina’.
Los negociadores jefe de ambos bloques, Michel Barnier y David Davis, han confirmado también que el espinoso asunto sobre el futuro de Irlanda queda aparcado a la espera de encontrar una solución mágica que contente a las dos partes. Se trata de una especie de patada hacia adelante que trata de evitar que la negociación quede encallada por este asunto. Al margen de Irlanda, sí hay acuerdo para que los derechos de los 4,5 millones de europeos afectados (3,3 residentes en Reino Unido) sean respetados o para que Londres abone la multimillonaria factura que le supondrá salir del club. No hay cifras concretas, pero la cifra rondaría los 60.000 milones. El acuerdo anunciado esta semana también permitirá comenzar a negociar sobre la futura relación comercial que unirá a ambos bloques a partir del 1 de enero de 2021. Respecto a Gibraltar, tanto Barnier como Davis han explicado que nada va a cambiar y que se irá de la UE el mismo día en que lo haga Reino Unido. Van de la mano. Es decir, que tendrán periodo de transición y España mantendrán su derecho de veto sobre cualquier futuro acuerdo que afecte al Peñón.
Me ha llamado mucho la atención que el director financiero de Visa ha criticado severamente la ‘burbuja’ del bitcoin. Un destacado ejecutivo de Visa ha lanzado uno de los ataques más directos hasta la fecha de la clase financiera contra la fiebre del bitcoin, afirmando que la criptomoneda fue utilizada por «delincuentes y políticos corruptos» y por especuladores «sin la más remota idea». Vasant Prabhu, el director financiero de la mayor red mundial de pagos por valor de mercado, recuerda encuentros que mantuvo con pequeños inversores mal informados que le habían causado «una verdadera conmoción». «La gente que me pregunta son los que me dan realmente miedo», afirmó. «Personas como el conductor de la limusina al aeropuerto… No tienen la más remota idea de lo que hacen». Visa conecta a 3.000 millones de tenedores de tarjetas de crédito, 46 millones de localizaciones de pago y 17.000 entidades financieras. Prabhu explicó que hay «verdaderos creyentes» en Silicon Valley que piensan que «la gente como yo somos dinosaurios». Y señaló: «Es lo último que escuchas cuando hay una burbuja, cuando el chico que te limpia los zapatos te recomienda qué comprar». Según datos de Bloomberg, el bitcoin se ha desplomado de un máximo antes de Navidad de más de 19.000 dólares a unos 8.100, pero sigue multiplicando por ocho su valor a comienzos del año pasado. La compañía de San Francisco está experimentando con una plataforma para bancos basada en el blockchain que facilite los pagos corporativos transfronterizos. Sin embargo, no procesa ni liquida transacciones en criptomonedas. «Con una divisa emitida por la Reserva Federal, sé quién la respalda», afirmó Prabhu. Con las criptomonedas, apuntó: «¿Quién se hace responsable del dinero? ¿Quién sabe?» El ejecutivo advirtió que las criptomonedas eran muy apreciadas por los criminales. «Es muy difícil hacer pasar el dinero negro por un sistema bancario. Las criptomonedas son fabulosas para hacerlo… Apuesto que hasta el último delincuente y político corrupto invierte en criptomonedas».
Amable lector: mi opinión personal coincide con la de este directivo de Visa y es que considero que son más inversiones especulativas que opciones de pago, que operan en un entorno regulatorio muy inestable. Los mercados están probando las criptomonedas con las fluctuaciones volátiles que hemos presenciado recientemente. Todavía es pronto pero es preciso estar muy atentos.
Las ‘Big Four’ registran su mayor ritmo de crecimiento en casi una década. Deloitte, PwC, EY y KPMG facturaron en conjunto 2.088 millones de euros en 2017, un 7% más, gracias al impulso de los servicios de consultoría, que crecieron a doble dígito, y a la mejora consolidada en el negocio de auditoría. Las Big Four consolidan la tendencia alcista de los últimos años y logran, por primera vez, romper la barrera de los 2.000 millones. Deloitte, PwC, EY y KPMG, las cuatro grandes firmas de servicios profesionales, ingresaron en España 2.088 millones de euros en 2017, lo que representan un 7% más respecto a los datos del pasado año. Los servicios de auditoría siguen siendo el negocio central de las Big Four. Con 840 millones de euros de ingresos, un 40% del total, esta división creció un 4,51% en 2017 pese a seguir cediendo terrenos a otras áreas como consultoría, que pesa ya casi un 33% de los ingresos de estas compañías, con una facturación total de casi 680 millones (+10,4%).
Considero relevante mencionar todo lo sucedido con la fuga de datos que deja en evidencia a Facebook. La compañía no hizo nada para impedir la filtración de la información de cincuenta millones de perfiles a una consultora que trabajó en favor del «Brexit» y de la elección de Trump. Facebook controla los datos de más de 2.200 millones de personas. De todos ellos conoce información tan apetitosa para consultores o analistas como sus gustos musicales, deportivos, políticos, datos sobre su vida privada, direcciones e incluso sus números de teléfono. Así que cualquier fuga puede tener consecuencias insospechadas. Uno de esos escapes tuvo lugar hace tres años. Pero es ahora cuando se ha conocido y puede tener graves consecuencias para la reina de las redes sociales. De hecho, ya está creando una importante tormenta política. Por aquel entonces se sospecha que Facebook no hizo nada por impedir que la consultora Cambridge Analytics se hiciera con la información de 50 millones de sus usuarios. Esta empresa tuvo más tarde una influencia decisiva entre los partidarios del «sí» en el «Brexit» y en la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Ese escape puede salirle ahora bastante caro a Facebook. Por el momento, la empresa ya ha perdido más de 40.000 millones de euros de valor en la Bolsa después de dos sesiones aciagas. Más que la filtración, grave ya de por sí, lo que más ha molestado a inversores y a muchos usuarios (ya hay plataformas promoviendo bajas masivas de la red social) es el silencio sepulcral de los directivos de Facebook, y especialmente de su dueño y gurú tecnológico, Mark Zuckerberg. Sólo cuando la empresa vio que el desplome en la Bolsa era de gran alcance, anunció que había contratado a dos compañías de investigación para que indagaran en lo sucedido. Pero esa solución tampoco consiguió aplacar los ánimos.
Me temo que llueve sobre mojado en este asunto.
A nivel doméstico cabe destacar el alza de la calificación que da margen a España para cuadrar mejor las cuentas de 2018. S&P eleva la nota a notable bajo (A-) con perspectiva positiva, que es una evaluación que nuestro país no tenía desde el año en el que pidió el rescate bancario. Por otro lado, la mejora de la economía, con un crecimiento superior al 3% los tres últimos años, ha permitido que el PIB per cápita de España (la riqueza por habitante) en 2017 alcance los 24,999 euros, el nivel más alto de su historia.
También me parece muy destacable que en relación a Bankia, el Estado reducirá su presencia en la entidad a partir de mayo. Goirigolzarri transmite a los inversores en Londres y Nueva York que la salida del Estado será antes de 2020. Con esto, el Estado acelerará la privatización de Bankia a partir de mayo. La intención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) era colocar un paquete de entre el 15% y el 20% de la participación estatal aprovechando el nuevo plan estratégico 2018/2020 lanzado a finales de febrero, pero la fría acogida del mercado parece haber trastocado estos planes. El Estado controla un 61% de Bankia y planea reducir su participación por debajo del 50%. El Frob se deshizo de un 7,5% en febrero de 2014 y de un 7% en diciembre del pasado año. Ambas operaciones se hicieron a través de colocaciones aceleradas entre inversores cualificados.
Por su parte, la banca urge al Gobierno a aprobar una regulación para las nuevas tecnologías y alerta de que puede perder el liderazgo en innovación. El Ejecutivo ya cuenta con un borrador con propuestas del sector. La banca española lleva mucho tiempo reclamando al Gobierno una normativa que facilite la innovación tecnológica. Quiere evitar que plataformas como Amazon, Google o Alibaba impulsen su aún incipiente competencia en su terreno (el bancario) sin contar con una regulación igual para todos. De ahí que estas entidades financieras apremien a Economía para que apruebe un marco regulador y supervisor lo antes posible, y evitar así que España pierda el tren tecnológico, en el que, de momento, están bien situados. Fuentes financieras mantienen que, pese a la urgencia para que se regule este segmento del negocio financiero, las circunstancias políticas parece que “hacen imposible” sacar adelante iniciativas legislativas, entre las que se encuentra la que corresponde a las nuevas tecnologías dirigidas al sector financiero, como son las fintech, el blockchain, cloud computing, o el llamado sandbox regulatorio (herramienta para promover la innovación en los servicios financieros). Pese a ello, también hay quien asegura que esta normativa podría estar aprobada antes del verano. Creo que hay voluntad política para sacar adelante esta iniciativa.
Creo que podemos afirmar que las entidades financieras españolas son unas de las más avanzadas del mundo en innovación tecnológica. Solo cinco países (China, India, Reino Unido, Brasil y Australia) cuentan con una penetración mayor de los clientes a las nuevas tecnologías financieras a través del móvil, al situarse en el 37%, frente al 33% de media. Pero consideran que pueden quedarse rezagadas si no se aprueba ya el marco regulatorio. La banca española está “muy avanzada”, pero es necesario que las autoridades adapten el marco regulador para mantener el nivel.
Quisiera terminar con un tema que lleva un tiempo en el centro de la polémica: las pensiones y las aportaciones a planes de pensiones. Un 68% de los partícipes en planes de pensiones no realizan ninguna aportación al año. El ahorro medio destinado a este tipo de productos apenas roza los 500 euros cada ejercicio. Los planes de pensiones se han situado en el centro de la polémica, y de las protestas, de muchos de los manifestantes que en las últimas semanas han acudido a las concentraciones a favor de las «pensiones dignas». Sin embargo, la fortaleza de este tipo de ahorros de cara a la jubilación no pasa por su mejor momento. Después de duros años de crisis económica, en los que los ciudadanos no han podido destinar dinero para sus ahorros, y ante la complejidad de un producto ligado a la evolución de los mercados y con una tributación que resulta atractiva a corto plazo pero no en el momento del rescate, las aportaciones medias a los planes de pensiones individuales apenas llegó a los 480 euros de media al año en 2017, según los últimos datos de Inverco, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones. Esta cuantía es muy inferior a los 8.000 euros anuales que la legislación tributaria permite aportar a un plan de pensiones para reducirse hasta en esa cantidad la base imponible del IRPF. La dispersión de cifras se debe no solo a que los ciudadanos no aportan mucho dinero a sus planes de pensiones sino, sobre todo, a que muchos de esos partícipes que tienen contratados planes de jubilación no ingresan ni un solo euro al año. De hecho, en 2017 fueron más de 5,2 millones de partícipes los que no realizaron ninguna aportación a sus respectivos planes, lo que representa un 67,9% del total de 7,7 millones de españoles que tienen planes de pensiones.
De hecho, la cuantía global de aportaciones del sistema individual alcanzó el año pasado los 3.720 millones de euros, unos 80 millones menos que en el ejercicio anterior. Al mismo tiempo, las prestaciones del sistema individual sumaron el año pasado 2.681 millones de euros, con lo que el resultado neto fue de 1.039 millones de euros.
Considero que con la nueva reforma legal introducida por el Gobierno, el número de supuestos excepcionales de liquidez se amplía para el caso de que quienes quieran recuperar el dinero ahorrado en planes de pensiones, lo puedan hacer una vez transcurridos los diez primeros años desde su aportación. Se trata de una medida que tendrá efecto retroactivo desde el año 2015 para los ahorros destinados a este fin.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA ASOCIADA A LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.