En esta semana Powell ha indicado que la Reserva Federal espera “más datos positivos” para bajar los tipos. El mensaje de Jerome Powell en el Senado reafirma las esperanzas de un primer recorte del precio del dinero en septiembre. Está dispuesto a cubrirse del fuego cruzado de las presiones políticas en un momento de inflexión para la economía de Estados Unidos. Powell recordó la semana pasada —de forma inusual— la importancia de la independencia del banco central en un apartado especial de su informe de política monetaria. Mantendrá esa postura. Y esa independencia significa, entre otras cosas, bajar o no bajar los tipos de interés antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en función de la economía, y no de la política. El presidente del banco central se ha declarado a la espera de “más datos positivos” para actuar.
“La Reserva Federal ha declarado que no cree que sea apropiado reducir el rango objetivo del tipo de interés de los fondos federales hasta que tengamos más confianza en que la inflación se está moviendo de forma sostenible hacia el 2%”, ha indicado Powell en su declaración inicial. “Los datos del primer trimestre de este año no respaldaron esa mayor confianza. Sin embargo, las lecturas de inflación más recientes han mostrado un modesto avance adicional, y más datos positivos reforzarían nuestra confianza en que la inflación se está moviendo de forma sostenible hacia el 2%”, ha añadido. Los tipos de interés están en el máximo de los últimos 23 años, en el rango del 5,25%-5,5%. Los miembros de la Reserva Federal apuntaban en sus últimas previsiones a una única rebaja de tipos de 0,25 puntos hasta final de año, pero había unos cuantos que aún esperaban dos recortes. Powell reafirma una y otra vez que dependerá de los datos. El banquero central ha hecho un repaso del mercado laboral, donde concluye que un amplio conjunto de indicadores sugiere que las condiciones han vuelto más o menos al punto en el que se encontraban en vísperas de la pandemia: fortaleza, pero no recalentamiento. En cuanto a la inflación, tras la falta de avances hacia el objetivo del 2% en la primera parte del año, “las lecturas mensuales más recientes han mostrado un modesto progreso adicional”. Las expectativas de inflación a largo plazo parecen seguir bien ancladas.
No obstante lo anterior, la economía de Estados Unidos creó 206.000 empleos en junio. La tasa de paro sube al 4,1%, con discrepancias entre las diferentes estadísticas laborales
La economía Estados Unidos creó 206.000 puestos de trabajo no agrícolas en el mes de junio, según datos difundidos esta pasada semana por la Oficina de Estadísticas Laborales, dependiente del Departamento de Trabajo. A pesar de las subidas de tipos de interés, el mercado laboral de la primera economía del mundo ha mantenido su dinamismo durante los últimos años. Los analistas esperaban la creación de unos 194.000 empleos, de modo que el dato se sitúa ligeramente por encima de las previsiones. La tasa de paro, sin embargo, repunta del 4,0% al 4,1%, una décima más de lo que se esperaba. Estados Unidos ha creado empleo durante 42 meses consecutivos, pero la tasa de paro ha superado el 4% por primera vez desde noviembre de 2021. Los economistas llevan tiempo estudiando las diferencias entre las dos principales encuestas con las que se toma la temperatura del mercado laboral estadounidense. La encuesta realizada a los empleadores viene mostrando sistemáticamente una creación de empleo más fuerte que la realizada a las familias, que sirve para calcular la tasa de paro. La explicación de la discordancia no está del todo clara, pero los expertos apuntan a problemas con ambas muestras. Por un lado, la encuesta a empleadores probablemente subestima las empresas que cierran y desaparecen, con lo que las exitosas se ven representadas. Por su parte, la encuesta a familias puede estar dejando fuera la creación de empleo entre la población inmigrante, más propensa a escapar del análisis de la autoridad estadística.
Yendo a lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, la inestabilidad política complica en España la implementación de medidas de consolidación fiscal. Un informe de Esade destaca que los condicionantes electorales desincentivan “la adopción de políticas que a largo plazo podrían resultar más óptimas para los ciudadanos”. Ha llegado el momento de que España haga un esfuerzo por equilibrar sus cuentas públicas, afectadas por la acumulación de deuda a causa de las sucesivas crisis de los últimos años —primero la pandemia y después la energética e inflacionaria—. El país ha evitado por poco que Bruselas le abriera expediente por déficit excesivo pese a superar el 3% del PIB, pero mantiene una deuda superior al 100% del PIB y, por tanto, está entre los cinco Estados de la Unión Europea que deberían esforzarse más por sanear sus finanzas públicas. Además, existe el riesgo de que la deuda aumente en el medio plazo debido al envejecimiento de la población y de las recientes reformas que amplían la presión sobre las cuentas de la Seguridad Social, por lo que podrían incluso ser necesarias medidas más estrictas de las previstas. Pero hay un muro que se interpone en el camino: la fragmentación política. Así lo señala Esade en su último Informe económico y financiero, según el cual, las convocatorias electorales fuera del ciclo político aumentan la incertidumbre y evitan que se implementen ajustes fiscales de gran calado. “Bajo determinadas circunstancias, los incentivos electorales pueden llegar a desincentivar la adopción de políticas que a largo plazo podrían resultar más óptimas para los ciudadanos”, se lee en el documento. La advertencia se produce en un contexto de máxima inestabilidad, con un Ejecutivo que semana a semana hace malabares para sacar adelante la legislatura y con una ofensiva del Partido Popular que lejos de agotarse, va en aumento. Desde que se inició el año, el Gobierno ha sufrido más de un descalabro en el Congreso por sus socios. Mientras tanto, aquellas comunidades gobernadas por los populares se enfrentan a una posible repetición electoral tras la amenaza de Vox de romper relaciones por el reparto de menores migrantes llegados a Canarias. Este contexto de volatilidad, suele también venir con una alta volatilidad en los sistemas de partidos —que incluye el surgimiento de nuevas formaciones como Se Acabó la Fiesta— y a menudo elecciones fuera de ciclo o imprevistas, lo que dificulta la implementación de medidas necesarias pero impopulares.
Cambiando de tercio, Montero se abre a hablar de gravar el alquiler turístico, pero solo para zonas tensionadas. La ministra de Hacienda vincula la posible medida a los avances que se consigan primero en la negociación. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado dispuesta a abrir el debate en España sobre la posibilidad de subir impuestos al alquiler turístico, pero únicamente para zonas tensionadas y teniendo en cuenta que el IVA es un impuesto armonizado sobre el que decide Europa en primera instancia. “Justamente se está trabajando en una nueva directiva del IVA que podría dar lugar a la capacidad de gravar este tipo de cuestiones. Pero vayamos paso por paso. Primero es el debate en Europa”, ha dicho antes de participar en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en referencia a la propuesta de Sumar de gravar los alquileres turísticos —ahora exentos— al IVA general del 21%. “Tendremos que ver la posibilidad de que, si las fuerzas políticas lo comparten, podamos en España también establecer (impuestos) en las zonas tensionadas. Insisto en esto, porque donde provoca un problema el piso turístico es en los lugares en donde las familias se ven obligadas a tener que marcharse porque no encuentran un alquiler asequible”, ha afirmado. “Se pueden plantear diferentes iniciativas. Esta puede ser una de ellas, pero hay otras también que están en cartera”, ha explicado en referencia a otras medidas adoptadas por el Gobierno, como aumentar la oferta de alquiler social o avalar la compra a través del ICO. Según la normativa estatal vigente, se debe considerar zona tensionada aquella donde las familias tienen que gastar más de un 30% de sus ingresos en el pago del alquiler o hipoteca (incluyendo gastos en suministros); o aquellas en las que el precio de la renta haya subido al menos tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. El fenómeno de los pisos turísticos en España y su relación con la crisis de acceso a la vivienda es uno de los temas más espinosos de la actualidad política, sobre todo ahora que ha empezado el periodo estival. Según los últimos datos oficiales, el pasado mes de febrero el país contaba con 351.389 casas vacacionales, un récord absoluto en la estadística experimental del INE, que comenzó a hacer sus mediciones en 2020. Es un dato incluso superior la de agosto de 2023 (las muestras se toman cada seis meses), lo que supone una anomalía porque normalmente la serie suele seguir la lógica estacional del turismo. Esta vez no ha sido así y España tenía este febrero un 3,2% más de pisos turísticos que el pasado verano. Y si se compara con un año atrás (es decir, con febrero de 2023) el número de casas que se publicitan en plataformas de alquiler por días ha crecido más de un 15%. Por ciudades, Madrid lidera la tabla indiscutiblemente con más de 16.000 pisos turísticos. Pese a los recientes anuncios del ayuntamiento de la capital para controlar este fenómeno, los datos del INE muestran que el volumen de pisos turísticos ha crecido más de un 19% en el último año. En segundo lugar, Barcelona se acerca a los 9.000 apartamentos y rompe la tendencia a la moderación que se había observado en los últimos años. Pese a tener una de las legislaciones municipales más estrictas, el número de pisos ha crecido casi un 18% en el último año, y casi todo ese aumento se debe a los últimos seis meses (17,4%). Algo más contenido se muestra el fenómeno en Málaga, que con más de 7.000 casas, ocupa la tercera posición. Entre las urbes con más de medio millón de habitantes destaca la eclosión en Valencia donde en el último año el volumen de inmuebles destinados a alquiler turístico se ha disparado casi un 30%, un porcentaje que Zaragoza supera (aunque es con diferencia la que tiene unas cifras totales más modestas). El Gobierno, por ahora, quiere acabar con el fraude de los alquileres temporales. Esta modalidad se ha extendido en los últimos tiempos para eludir algunas normas que estableció la ley de vivienda, como reconocen muchos en el propio sector inmobiliario. Por eso, el Ministerio de Vivienda ha anunciado recientemente nuevas obligaciones para quienes opten por esta modalidad de arrendamiento. El Ejecutivo prepara un real decreto en el que obligará a justificar la causa de este tipo de alquileres, que además deberán estar incluidos en el registro de pisos turísticos que se prepara conforme a la normativa europea, siempre que los inmuebles se anuncien en alguna plataforma digital y se ofrezcan por plazos inferiores a un año.
Pasando al ámbito empresarial, Competencia investiga a Endesa por abusar de su posición de dominio en el mercado de la distribución de luz. Entre 2020 y 2023, la eléctrica habría priorizado las «solicitudes, incidencias y reclamaciones» de las filiales del grupo frente a empresas competidoras.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga a Endesa -su filial de distribución, E-Distribución, Endesa Operaciones y Servicios Comerciales y a sus respectivas matrices, Endesa y Endesa Energía- por un «posible» abuso de posición de dominio en el mercado de la distribución eléctrica, que es el encargado de hacer llegar la electricidad desde la subestación a los hogares y empresas. La investigación se centra en el «presunto trato discriminatorio y preferente» que Endesa habría dado a la «resolución de solicitudes, reclamaciones e incidencias de sus propias filiales, en detrimento de terceras empresas competidoras», según el organismo que dirige Cani Fernández. Entre otros, se analizan los trámites relacionados con la comercialización de energía eléctrica, la instalación de equipos y prestación de servicios de medida eléctrica, la prestación de servicios energéticos, así como la instalación y operación del autoconsumo, vinculado al mercado de generación distribuida. El área de distribución de las compañías eléctricas es la encargada de gestionar las redes de baja tensión en régimen de monopolio, de forma que los consumidores no pueden elegir su distribuidor, como sí ocurre, por ejemplo, con las comercializadoras eléctricas, sino que tienen uno asignado en función de su territorio. Endesa es el principal distribuidor en Andalucía, Aragón, parte de Castilla y León, Catalunya, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, ciudad autónoma de Ceuta y la provincia de Badajoz. De esta forma, en estas zonas un usuario puede tener contratado su suministro eléctrico con Iberdrola, Naturgy o cualquier otra compañía de electricidad, pero su distribuidor -el encargado de que la luz llegue hasta su hogar o empresa- es Endesa. La CNMC añade que las prácticas afectan a todos esos territorios donde Endesa opera como distribuidor. Por su parte, la compañía defiende que ha actuado en todo momento «cumpliendo la legislación y respetando escrupulosamente el principio de neutralidad que rige el funcionamiento de las distribuidoras de electricidad en su trato con las distintas comercializadoras existentes en el mercado, que garantiza que no se produce ningún trato de favor a ningún agente». La apertura de este expediente no es ninguna sorpresa, sino que surge como consecuencia del registro, el pasado verano, de los inspectores de la CNMC a las sedes de las empresas Endesa y Naturgy, y en algunas de sus filiales de distribución, ante presuntas irregularidades. De hecho, a principios de junio de este año, el superregulador anunció la apertura de expediente a Naturgy, por los mismos motivos que ahora hace con Endesa. En cualquier caso, como recuerda la CNMC, la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.
Siguiendo con el tema turístico, cabe reseñar que el turismo global volverá a sus niveles precovid en 2024. La organización advierte sobre el impacto del crecimiento descontrolado a largo plazo.
El turismo global recuperará este año los niveles prepandemia, según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el sector, publicado esta misma semana. En 2023 se registraron 1.300 millones de turistas internacionales en destinos de todo el mundo, lo que supuso el 89% de los niveles previos a 2019, y se prevé que este año se alcancen los 1.500 millones. Las llegadas de visitantes superaron los niveles previos a la pandemia ya el año pasado en algunos países, con Europa a la cabeza, al beneficiarse de los viajes internos y de la fortaleza del dólar estadounidense que impulsó la salida de viajes de Estados Unidos a Europa. Es el caso de Portugal, que recibió la cifra récord de 19,4 millones de turistas en 2023, un 12,1% más que en 2019; España, con un 2% más; Países Bajos, con 1,4% más o Noruega, con 1,2% más. También fuera de Europa, países como Colombia (33,6%) o Marruecos (12,3 %) mejoraron sus cifras. En el lado contrario, la región de Asia-Pacífico lleva una recuperación más lenta porque la reapertura de sus fronteras tras la pandemia fue posterior a la europea, sobre todo en el caso de China. Esto explica que en 2023 el volumen de visitantes extranjeros todavía se mantuvo muy por debajo de los niveles previos a la crisis de 2019 en Australia (-24,1%), Japón (-21,4%) o Nueva Zelanda (-24%). A esto se suman «conflictos y tensiones geopolíticas», como la guerra de Rusia en Ucrania o tras los ataques de Hamás en Israel y el posterior conflicto en Gaza, que también afectan a sus flujos turísticos. Israel sufrió en 2023 una reducción del turismo entrante del 33,9%, pero además el impacto negativo también afecta a países vecinos, como Finlandia, donde el turismo internacional se mantiene un 22,3% por debajo de los niveles previos a la pandemia.
Un apunte interesante: Hidrógeno verde: ¿santo grial energético o moda empresarial? Bruselas y más de 600 empresas a nivel europeo apuestan fuerte por este nuevo combustible que promete ser una alternativa más limpia a la gasolina y el carbón. No obstante, los grupos de activistas cuestionan sus vínculos con empresas productoras de combustibles fósiles. La transición energética es una pieza clave en la estrategia de Europa para lograr la llamada “autonomía estratégica”. En el campo particular de la energía, Bruselas ha realizado una apuesta multimillonaria por las renovables para evitar depender de sus proveedores. En esta línea, la eólica y la solar han sido dos formas de generación que se han visto muy potenciadas. Sin embargo, también hay un combustible que está captando cientos de millones de euros en inversiones tanto del sector público como del privado: el hidrógeno verde. La Comisión Europea ha asegurado que para 2030 la región tendrá por lo menos unas 50 plantas de producción y/o distribución de esta sustancia, y que en el futuro se espera canalizar 43.000 millones de euros a 120 proyectos en todo el Viejo Continente. Pero, ¿qué es exactamente el hidrógeno verde? El hidrógeno es la molécula más abundante del universo y un potente combustible, sin embargo, en nuestro planeta no se encuentra de forma autónoma en la naturaleza. Para conseguirlo, se puede extraer del agua (H2O) o de hidrocarburos (combustibles fósiles) como el gas, el carbón o el petróleo. Entre otros procesos, esto se logra a través de la electrólisis del agua (que permite separar el hidrógeno del oxígeno con electricidad). En esta línea, si la molécula se extrae del agua y la fuente de energía que se utiliza es renovable, se le puede asignar el título de “hidrógeno verde”. El producto que resulta de este proceso se puede utilizar tanto en la industria como para vehículos. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía señala que obtener el hidrógeno a partir del agua de esta manera puede ahorrar 830 millones de toneladas de CO2 que se emiten anualmente cuando este gas se produce a partir de combustibles fósiles.
Algunos de los principales proyectos de infraestructura para hidrógeno verde en Europa
H2Med. Es uno de los proyectos emblemáticos de infraestructura de hidrógeno, vital para el desarrollo de un mercado del hidrógeno verdaderamente europeo. Consiste en un corredor de gasoductos que permitirá conectar a tres de las principales economías europeas y en el que se han invertido 2.500 millones de euros. Habiendo recibido un amplio apoyo político de los Gobiernos de Portugal, España, Francia y Alemania, está preparado para marcar una diferencia real. A finales de 2023 recibió el estatus de PCI (proyecto de interés común europeo), lo que demuestra también el apoyo de la Comisión Europea y, por tanto, su importancia para todo el continente.
El Valle del Hidrógeno de Andalucía. Con una inversión de más de 3.000 millones de euros, prevé la construcción de dos instalaciones de producción de hidrógeno renovable en los parques energéticos de Cepsa en Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Campo de Gibraltar, Cádiz). Las instalaciones tendrán una capacidad combinada de electrólisis de 2 GW y producirán hasta 300.000 toneladas de hidrógeno renovable al año.
Puertollano. Iberdrola ha puesto en marcha la mayor planta de hidrógeno verde para uso industrial en Europa. Ubicada en Puertollano (Ciudad Real), consta de una planta solar fotovoltaica de 100 MW, un sistema de baterías de iones de litio con una capacidad de almacenamiento de 20 MWh y uno de los sistemas de producción de hidrógeno electrolítico más grandes del mundo (20 MW). Todo ello procedente de fuentes 100% renovables.
Catalina. Es un proyecto de hidrógeno con una capacidad de electrolizador de 500 MW ubicado en Aragón que producirá hidrógeno renovable para reducir las emisiones de carbono de aplicaciones industriales. En mayo pasado, el proyecto recibió con éxito subvenciones de la primera subasta del Banco de Hidrógeno de la UE.
Y cierro esta reseña con el tema de estos días: la CEOE pide retrasar la reducción de jornada a 2030 y Trabajo le ofrece una distribución más irregular. Yolanda Díaz rechaza demorar la aplicación de la norma tanto como le pide la patronal, pero se aviene a flexibilizar sus postulados.
La CEOE ha pedido al Gobierno retrasar hasta 2030 la entrada en vigor de la reducción de jornada a 37,5 horas semanales. Y el Ministerio de Trabajo le ha ofrecido flexibilizar los actuales márgenes para que las compañías puedan distribuir de manera irregular los horarios. Es decir, que los empleados echen más horas durante los picos de faena y luego hagan menos cuando baje la actividad. Las negociaciones en el seno del diálogo social se mueven y salen del enroque en el que estaban instaladas durante las últimas semanas. «El Gobierno quiere alcanzar un acuerdo que incluya también a la patronal», ha insistido el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Y, en aras de atraer a los empresarios, el Ministerio de Trabajo se ha avenido a flexibilizar sus primeros postulados. Y ha funcionado, a tenor de lo manifestado por el ‘número 2’ de Yolanda Díaz tras el cónclave de esta pasada semana. El Ministerio de Trabajo ha ofrecido ampliar los márgenes de la distribución irregular de la jornada. Actualmente la normativa contempla que la empresa puede disponer de un 10% de la jornada anual de un trabajador de manera más discrecional. Es decir, hacer que el empleado aumente su jornada durante un lapso de tiempo, a cambio de recuperar luego el descanso. Ahora Trabajo plantea que el número total de horas de distribución irregular que tiene una empresa por trabajador siga igual, aunque el total de jornada anual vaya a disminuir. Actualmente la jornada semanal es de 40 horas, lo que en cómputo anual son 1.826 horas. Es decir, las empresas pueden disponer de manera irregular de hasta 182,6 horas al año. Lo que plantea Trabajo es mantener ese número total, aunque la jornada anual vaya a disminuir a 1.706 horas si la referencia semanal baja a 37,5 horas. A lo que no está dispuesto a sumir el Ministerio que lidera Yolanda Díaz es a retrasar la entrada en vigor de la norma tanto como le reclaman los empresarios. Estos piden no disminuir la jornada hasta que no se caduque el convenio colectivo de aplicación y hacerlo entonces vía negociación colectiva. Lo que provocaría que aquellos sectores que les falta poco para tener que renovar el convenio vieran reducida antes su jornada y aquellos que tienen un convenio recién renovado, tardarían más. Lo que dilatará la total aplicación hasta 2030, según ha cuantificado Trabajo. La promesa electoral del Gobierno especifica que el 1 de enero del 2025 la jornada laboral en España será de 37,5 horas semanales. Para cumplir con ese hito, Trabajo debería remitir en los próximos días una norma al Congreso de los Diputados. Si se demora, el cumplimiento del compromiso será, de facto, imposible. La fecha de entrada en vigor es una pieza dentro de la negociación y los actores implicados están dispuestos a jugarla. Desde CCOO se han manifestado públicamente a favor de retrasar la entrada en vigor si ello servía para que la CEOE diera su ‘si’. No ha marcado plazo y hablan de un «periodo razonable». «Debe entrar en vigor cuanto antes», ha afirmado, en un tono más inflexible, el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, tras la reunión del diálogo social. Ahora las partes irán puliendo una fecha común, que dificilmente será ese 1 de enero del 2025.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.