Puede decirse que la pasada semana, si bien de manera general ha cerrado en positivo tras la remontada del pasado jueves, ha estado condicionada por una elevada volatilidad en los mercados financieros. Las fricciones derivadas de la política arancelaria entre EE.UU. y China seguramente son la causa principal de dicha volatilidad. El temor a una guerra comercial volvía a ser el protagonista de la semana. Así, mientras China anunciaba aranceles de hasta el 25% a 128 productos provenientes de EE.UU. para posteriormente ampliarlos a otros 106 nuevos productos, desde EE.UU. respondían con aranceles a 1.300 productos industriales y tecnológicos procedentes de China. La incertidumbre también afectaba a la cotización del petróleo, la cual caía hasta los 67,5 $/barril.
En lo relativo a la política monetaria por parte de los bancos centrales cabe mencionar la elección de John Williams como presidente de la Fed de Nueva York, dejando su cargo al frente de la Fed de San Francisco. Williams, que lleva casi toda su carrera en la Fed y es considerado centrista, se convierte en el sustituto de Dudley. En cuanto al Banco Central Europeo (BCE), el Financial Times apuntaba a Erkki Liikanen como posible candidato a suceder a Draghi. El gobernador del Banco Central de Finlandia, que acaba su mandato en julio, tiene gran influencia en el comité.
No puedo evitar referirme al inevitable Brexit, del cual no se puede decir otra cosa más que el tiempo apremia. A un año exacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la primera ministra británica se enfrenta a numerosos desafíos para sellar un acuerdo que sea aceptado tanto en casa como en la UE. Theresa May partió hace un año hacia sus vacaciones y al regresar cometió el gran error de su vida política. Convocó elecciones porque los sondeos le indicaban que una victoria aplastante sobre el laborismo de Jeremy Corbyn le daría una mayoría tan holgada como para negociar el ‘Brexit’, sin la presión asfixiante de las facciones en su grupo parlamentario conservadoras. Quedó aún más pendiente de evitar la quiebra. La primera ministra sobrevivió aquel descalabro y otros posteriores, porque derribarla traería más peligros electorales. Ahora, a un año de la marcha oficial de la UE, es de nuevo una líder bastante segura por dos motivos: su diplomacia internacional sobre Rusia y el éxito relativo de su política europea, basada en aplazar lo importante. En octubre, May tiene que ofrecer al Parlamento el esbozo del futuro pactado con la UE y 21 meses después debe cerrar los detalles y marcharse. Es un reto administrativo colosal. La cauta y solitaria líder británica pronuncia discursos mientras se acercan las horas de la verdad.
A nivel político, en Europa, se iniciaba el período de conversaciones para formar gobierno en Italia; mientras que en España se presentaban los Presupuestos Generales del Estado, generándose dudas en torno a su aprobación, dada la falta de apoyo parlamentario por parte del Gobierno. Esta situación me parece muy grave por las consecuencias económicas que tiene para nuestro país, lo cual pone de manifiesto el bajo compromiso de nuestros políticos, sobre todo, algunos de ellos, con el bienestar de la ciudadanía. Por otro lado, la justicia alemana, ponía en libertad bajo fianza a Carles Puigdemont.
Me parece muy destacable y positivo que Bruselas se haya decidido a atacar por fin la opacidad fiscal. El acuerdo de la UE obliga a los intermediarios a aumentar la transparencia. Las recientes filtraciones de los medios de comunicación, tales como los papeles de Panamá y los paradise papers o los Luxleaks han puesto de manifiesto cómo algunos intermediarios han ayudado activamente a personas jurídicas y físicas a evadir y eludir impuestos, generalmente a través de complejos entramados transfronterizos. La primera en abordar el tema fue como siempre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su plan de acción contra la planificación fiscal agresiva (concretamente en la acción 12). Inspirados en dicho trabajo, la Comisión Europea y los Estados miembros han alcanzado el 13 de marzo un acuerdo sobre nuevas normas de transparencia que obliga a los intermediarios, como asesores fiscales, contables, bancos y abogados (se excluyen los auditores por el momento) que diseñen y promuevan esquemas de planificación fiscal internacional para sus clientes. Los Estados han acordado además aplicar sanciones efectivas y disuasorias para aquellas empresas que no cumplan con estas medidas de transparencia. Criticable es que la imposición de la sanción concreta será fijada por cada Estado, lo que puede dar lugar a que un país elija imponer una baja sanción y con ello no solo dejará sin efecto práctico la Directiva en su territorio sino que creará una suerte de competencia fiscal en la UE. La propuesta fue presentada por la Comisión en junio de 2017 y tuvo el rechazo inicial de ciertos Estados como Malta o Luxemburgo, pese a que Reino Unido, Portugal e Irlanda aplican con éxito en su territorio el citado intercambio (el problema es que la iniciativa de la Comisión es bastante más dura que la que se aplica en estos países).
Considero que se trata, por tanto, de una medidaque pretende aumentar la transparencia fiscal como instrumento contra la opacidad de las prácticas elusivas y evasivas de las que se han aprovechado durante décadas las grandes fortunas, las multinacionales y bancos.
A nivel doméstico, ha resultado un jarro de agua fría el hecho de que el FMI haya instado a España a prepararse ya para la próxima crisis. Invita al país a abrazar la revolución digital, a flexibilizar el mercado laboral y a seguir saneando sus cuentas.
De hecho, la Autoridad Fiscal Independiente advierte que habrá una recesión cada 15 años. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, inauguró la conferencia conjunta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) «España: de la recuperación a la resiliencia». El Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que ha llegado el momento de que España se prepare para la próxima crisis porque es seguro que esta llegará antes o después y sus efectos pueden volver a resultar demoledores para un país que comienza a recuperarse de la última recesión. Así lo ha expuso el subdirector gerente del FMI, David Lipton, durante su intervención en una jornada conjunta de este organismo con el Banco de España, que se ha celebrado esta pasada semana en Madrid bajo el título «España desde la recuperción a la resiliencia». El FMI aplaude los «difíciles» esfuerzos realizados por la población española para evitar «el colapso» del país en lo peor de la crisis, demostrando que los ajustes internos sin controlar la política monetaria son posibles. Sin embargo, el organismo advierte que «ha llegado el momento de arreglar el tejado mientras brille el sol», es decir, de tomar las medidas necesarias para fortalecer la economía española ante la próxima crisis.
A nivel bancario nacional, pienso que la banca española mejorará su rendimiento al retirar los estímulos el BCE debido al peso que tienen los créditos a tipo variable. El sector necesita aún una «profunda» transformación. La banca española mejorará más su rentabilidad a nivel internacional en el entorno de retirada de los estímulos monetarios implementados por los bancos centrales, beneficiada por el elevado peso que tienen en su negocio los créditos a tipo variable y de los depósitos minoristas. La política monetaria «extraordinariamente expansiva» de los últimos años se ha convertido en una de las grandes palancas para la recuperación económica de la zona euro, la estabilidad financiera y la necesaria recuperación de la rentabilidad de la banca europea.
Sin embargo, el impacto de la retirada de los estímulos sobre los sistemas bancarios nacionales puede ser muy diverso. Las entidades más beneficiadas serán las que cuenten con un mayor peso de créditos a tipo variable, más depósitos minoristas, con una financiación menos dependiente de la evolución de la deuda soberana del país y con unas menores tenencias de deuda pública.
Creo que es importante tener en cuenta que la banca acelera la venta de carteras inmobiliarias para cumplir con el BCE. El mercado español pretende deshacerse de 31.700 millones de activos. La banca española acelera la digestión del ladrillo que aún atora sus balances. Después de que el pasado año el conjunto del sector se deshiciera de más de 50.000 millones de euros en créditos, inmuebles y suelo, las previsiones apuntan a que la tendencia alcista continuará este ejercicio. El destino de gran parte del remanente de activos tóxicos recalará en otros actores del mercado, como fondos de inversión o socimis. El Observatorio de Axis Corporate destaca operaciones como la compra de Banco Popular por parte de Santander y la seguida venta de sus activos tóxicos a un fondo de inversión como un claro ejemplo de la tendencia del mercado, que tiene a su disposición 31.700 millones de euros de carteras en venta. No obstante, España se encuentra en el tercer puesto con el mayor volumen de préstamos dudosos (136.000 millones de euros) entre los países que forman parte del Mecanismo Único de Supervisión europeo, lo que indica que hay aún un gran margen para que las entidades se desprendan de dichos activos.
Considero que es un éxito bancario español el hecho de que la banca cree la primera tarjeta de pago ‘made in Spain’. El nuevo ‘plástico’ no estará listo para su comercialización hasta después de verano. La futura marca competirá con Visa y Mastercard. El sector de los medios de pagos está atravesando su propia revolución, impulsada no solo por los bancos, sino también por otros operadores como las fintech, o gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Facebook o Alibaba, o incluso las operadoras de móviles. Pese a los nuevos sistemas de pago, el uso de las tarjetas se está disparando en los últimos años, tendencia que las entidades financieras quieren aprovechar ya que es un gancho para fidelizar al cliente a la vez que una vía de entrada de comisiones. Este afán de los bancos por colocar a sus clientes tarjetas también tiene otra ventaja para las entidades, aumentar además el crédito al consumo. Los propios Gobiernos intentan también poco a poco restringir el uso del efectivo, razón por la que impulsan el pago con estos plásticos o con el móvil en España, en particular, y en Europa, en general. Las comisiones que cobran los bancos por el uso de sus cajeros a los no clientes creo que también ha influido en un mayor uso del pago con tarjeta.
Esta futura tarjeta made in Spain no saldrá al mercado de forma generalizada hasta después del verano. Como modelo la banca española tiene a Francia, país que también ha desarrollado su propia tarjeta, y aunque no es el único sí es el más avanzado en esta iniciativa. La comercialización de la nueva tarjeta española deberá tener en cuenta varios condicionantes impuestos por Competencia. Entre ellos, que sea el cliente y el comercio los que puedan elegir si quieren la tarjeta española o prefieren otras marcas. Uno de los objetivos es aumentar la libertad de elección de las entidades financieras, los comercios y los usuarios finales en relación con los pagos con tarjeta.
Un tema que está en boca de todos y es que nunca fue tan caro alquilar. Los precios se disparan un 7,6% en un año. El alquiler se ha disparado un 7,6% en solo un año. Por ello, el ladrillo vuelve a las primeras posiciones como destino del ahorro de los españoles. El auge del turismo tiene mucho que ver en esto, en mi opinión.
Por su parte, el Tesoro capta 4.501 millones en letras a tipos más bajos. La demanda de los títulos de deuda pública ha superado esta vez los 9.700 millones de euros. El Tesoro Público ha colocado esta pasada semana 4.501,11 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, en el rango medio previsto, a tipos aún más negativos que en la subasta previa, en una jornada que coincidió con la presentación por parte del ministro de Hacienda y Función Pública del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 en el Congreso. A pesar de ofrecer tipos más negativos, los inversores siguen confiando en los títulos de deuda pública española, ya que la demanda ha superado los 9.700 millones de euros, más del doble de lo finalmente colocado en los mercados.
Cierro con un tema que en la literatura académica es considerado una anomalía de mercado y es que los valores pequeños se alzan como las estrellas del año en la Bolsa española. El Ibex Small Cap sube un 11% en el año frente a las caídas del 4,4% del selectivo. El impulso del PIB y de la demanda justifican estos ascensos. El primer trimestre de 2018 no ha sido para tirar cohetes. A pesar de que enero comenzó con aire renovado en la renta variable gracias a la aprobación de la reforma fiscal de Donald Trump, a finales de ese mes no tardaron en aparecer los cisnes negros. Las expectativas de una subida de tipos acelerada para combatir la inflación sumado a la política arancelaria de la Administración estadounidense y la corrección desatada en el sector tecnológico fueron ingredientes suficientes para que las principales Bolsas mundiales saldaran el trimestre con caídas. El Ibex 35 no fue una excepción a esta tendencia y firmó su peor inicio de año desde 2016 al registrar una caída del 4,42%. Pero como muchas firmas de análisis afirman, no todo en la Bolsa española es Ibex. En este contexto de pérdidas generalizadas una vez más el índice de cotizadas de pequeña capitalización ha vuelto a batir las expectativas y se convierte en la excepción no solo de la renta variable española, sino de la europea con una revalorización del 11%. El potencial de los pequeños valores es una de las ideas de inversión que más fuerza ha cobrado en los últimos años. Las firmas de análisis señalan que en un contexto de fuerte crecimiento de la economía española como el actual –en 2017 el PIB repuntó un 3,1% y las previsiones del Ejecutivo auguran alzas del 2,7%– los valores que integran el índice de referencia no son reflejo de la realidad que vive el país. Por contra, el comportamiento de las pequeñas empresas se caracteriza no solo por su mayor resistencia a los momentos de incertidumbre, sino también por su capacidad de batir al Ibex 35 en épocas de prosperidad económica.
Todo lo anterior es lo que se conoce como una anomalía de mercado que la mayor parte de los estudios empíricos justifican por una cuestión del nivel de liquidez correspondiente a los valores más pequeños.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA ASOCIADA A LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.