En esta pasada semana, Bruselas ha advertido a España de que hay «límites» a la flexibilidad para presentar el borrador presupuestario. La Comisión Europea ha advertido de la limitada flexibilidad que tienen los gobiernos para presentar su borrador presupuestario para 2025, que debe complementar a los planes fiscales estructurales a medio plazo para cumplir con las nuevas reglas fiscales reactivadas tras cuatro años de pandemia. Así lo ha indicado el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, esta pasada semana en Luxemburgo en reacción al anuncio de España de retrasar la presentación de su borrador presupuestario al Ejecutivo comunitario después del 15 de octubre, cuando sí entregará su plan fiscal estructural, en línea con su compromiso con Bruselas.

«No hay una nueva normalidad», ha incidido Gentiloni, quien ha reconocido que la Comisión es «siempre flexible con los plazos», al tiempo que ha advertido de que «hay un límite en la flexibilidad». «No podemos perder la conexión entre el proyecto de presupuesto y los planes estructurales a medio plazo; ambos tienen que estar conectados y esto significa que el nivel de flexibilidad en los plazos está ahí, pero es limitado», ha remachado. Por su lado, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, ha justificado este retraso en la petición de Bruselas de que los borradores presupuestarios incluyan medidas de política económica, algo que según Cuerpo «no va a suceder» porque hasta que el Gobierno no tenga su borrador de presupuestos sobre la mesa no presentará el plan presupuestario a la Comisión.

El debate de los últimos días, que destaco en el titular del blog en el día de hoy tiene que ver con la situación de MUFACE.  ¿Perderán los funcionarios el acceso a la sanidad privada? El Gobierno ha presentado unas condiciones económicas para el nuevo convenio que las aseguradoras ven inasumibles. Muface, junto con otras dos mutualidades de menor tamaño, pactan cada dos años unas condiciones económicas con aseguradoras de salud, para que los empleados públicos puedan escoger si quieren ser atendidos por la sanidad pública o por la privada. Cerca del 80% escoge la segunda opción. 

¿A quién afecta esta crisis?

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) gestiona ahora el seguro de salud de 1,49 millones de empleados públicos —en activo y jubilados— y de sus familiares. Se trata de funcionarios que trabajan en los ministerios de la Administración General del Estado. Esto incluye también a funcionarios de cuerpos específicos, como los diplomáticos y los inspectores de Hacienda. También cubre a algunos trabajadores públicos de comunidades autónomas, sobre todo a docentes, de educación primaria, secundaria y universitaria, En paralelo al convenio de Muface se va a publicar también el de otras dos mutualidades: Isfas y Mugeju.

¿Qué papel juegan las aseguradoras?

Muface, Isfas y Mugeju tienen unas plantillas relativamente pequeñas, de unos 1.000 empleados en total, encargados de tramitar altas y bajas, dar información… Pero quienes prestan los servicios para los funcionarios cubiertos son bien aseguradoras privadas o bien los servicios autonómicos de salud. Cada año, el empleado público escoge si quiere tener sanidad pública o privada y, en el segundo caso, qué compañía privada quiere que le atienda. De media, el 78% elige privada. En el caso de los militares el porcentaje llega al 90%.

¿Qué compañías están implicadas?

En el último concierto, que se estableció para un periodo de tres años —2022, 2023 y 2024— solo hubo tres compañías de seguros que decidieron participar: SegurCaixa Adeslas, controlada por Mutua Madrileña y CaixaBank; Asisa, controlada por Lavinia, una cooperativa de médicos; y DKV, propiedad del gigante alemán Munich Re. La primera controla la mitad de este negocio.

¿Por qué siguen en el negocio si pierden dinero?

A Adeslas, DKV y Asisa les interesa estar en Muface por una cuestión de volumen. Es una cartera de más de un millón y medio de personas a repartir entre tres. Participar en el convenio les permite tener una masa crítica y una capilaridad que sería difícil adquirir cliente a cliente. Esto es especialmente relevante en plazas medianas y pequeñas, donde dar servicio a funcionarios hace que la presencia de la aseguradora tenga sentido. Desde el sector apuntan que si se salieran todas del convenio, “habría muchas clínicas privadas de capitales de provincia que tendrían comprometida su viabilidad”.

Por no olvidarnos del culebrón bancario de la temporada, la fusión de BBVA y Banco Sabadell tendría un impacto negativo en las pymes, según Oliu. El presidente de la entidad catalana advierte de que las empresas del norte del país y el Mediterráneo serían las más afectadas y lleva razón. Es lo que hay. De este culebrón bancario y en este blog, continuará.

Continuando en el ámbito doméstico, Trabajo renuncia a imponer la semana laboral de 38,5 horas este año y el salto será a las 37,5 horas en 2025. Yolanda Díaz anuncia que tramitará la norma como anteproyecto de ley con carácter de urgencia, no por decreto ley e insiste en que la aplicación total en 2025 es irrenunciable. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha anunciado esta pasada semana su intención de impulsar la reducción de jornada laboral a 37,5 horas por semana por la vía de un anteproyecto de ley, por trámite parlamentario de urgencia. Así lo ha explicado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros donde ha reiterado su confianza en poder alcanzar un acuerdo tripartito con patronal y sindicatos. «Voy a seguir negociando y no me voy a levantar de la mesa y creo que hay avances en la mesa», ha insistido.

Cierro con el fiasco a última hora en el nuevo intento de Europastry por estrenarse en el mercado bursátil. La compañía alimentaria ha cancelado a última hora su salida a bolsa, prevista para esta pasada semana, a causa de la baja aceptación de la operación entre los inversores. El objetivo inicial -que con el paso de los días parecía casi imposible de alcanzar- era levantar 210 millones de euros, de los que preveía destinar 109,1 millones a reducir deuda y 89,6 millones a crecimiento inorgánico. La empresa especializada en panadería congelada debía comunicar este pasado martes el precio final de las acciones en el momento de su debut en el mercado. En un principio las había situado en un rango de entre 15,85 y 18,75 euros por título, lo que suponía una valoración inicial de entre 1.327 y 1.570 millones de euros. En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado martes por la noche, la compañía alimentaria ha evitado dar más detalles. En este sentido, se ha limitado a señalar que la cancelación de la operación se debía en términos generales «a la situación geopolítica internacional, que está produciendo una profunda inestabilidad en los mercados». En todo caso, desde la dirección de la empresa se ha añadido que continuará «valorando la posibilidad de salir a bolsa cuando la situación de los mercados lo permitan». Eso sí, ha evitado apuntar ningún tipo de nuevo plazo al respecto. En todo caso, era la cuarta ocasión en que Europastry intentaba estrenarse en el mercado y, de nuevo, ha tenido que dar marcha atrás en sus planes, esta vez ‘in extremis’.

No es buena noticia para un mercado de valores tan escaso en títulos como el nuestro.

SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.