Una breve reseña hoy para destacar, como hago en el titular, que la deuda pública global es una crisis silenciosa que ahoga al mundo a cámara lenta. Los economistas financieros estamos alertando sobre el progresivo endeudamiento de los países, tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes. El creciente peso de los pagos de intereses en las cuentas públicas puede afectar a los programas sociales y otros gastos de los Gobiernos nacionales. El endeudamiento de los Gobiernos sigue aumentando a nivel global, y con él las posibilidades de una crisis múltiple. Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han alertado en los últimos meses sobre los elevados niveles de deuda en que los Gobiernos mundiales están incurriendo, que podría alcanzar o incluso superar el 100% respecto al PIB global antes del final de esta década (actualmente ya ronda el 95%). En este contexto, advierten de que la creciente presión de los intereses sobre las cuentas públicas a nivel global podría afectar al financiamiento de las políticas de los países o incluso ocasionar impagos. El incremento del endeudamiento no tiene barreras geográficas ni diferencia entre países ricos o emergentes. De hecho, el FMI proyecta que los Gobiernos del G7 eleven su pasivo bruto en un 4,4% de media para 2030, mientras que China la aumentará en un 9,7% y los países en desarrollo en una media del 8,4% en este periodo. “Los riesgos de la deuda ya eran elevados. En un escenario extremadamente adverso, la deuda pública mundial podría alcanzar el 117% del PIB para 2027. Esto representaría el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial, superando las proyecciones de referencia en casi un 20%”, sentencia un análisis reciente del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI.
Riesgos
Pero ¿qué consecuencias supone el aumento de pasivos a nivel global? La OCDE considera que los intereses de la deuda adquirida se están convirtiendo en una carga cada vez más significativa para las economías de todo el planeta. “En los últimos años se ha refinanciado una cantidad relevante de deuda con rendimientos más altos que las emisiones originales. Como resultado, la ratio de pago de intereses sobre el PIB subió en dos tercios de los países de la OCDE en 2024 y alcanzó el 3,3%, lo que representa un repunte del 0,3% con respecto a 2023. Esto significa que el gasto en pago de intereses es mayor que su gasto público en defensa en términos agregados”, indica el Informe sobre la deuda global 2025 de la OCDE, publicado recientemente. Cuanta mas deuda se tiene, mas caro y dificil es que presten más. La acumulacion de deuda reduce el margen de maniobra para lidiar con nuevas crisis. Tambien fuerza a pagar más intereses, lo que deja menos recursos para otras cosas. Y hay riesgo creciente de que las cosas se vayan de las manos, no se pueda pagar y eso fuerce recortes duros.
En definitiva, una situación que ha de mejorar.
Cambiando de tercio, Bruselas amenaza con nuevos aranceles por valor de 95.000 millones si las negociaciones con EEUU fracasan. La Comisión Europea presenta una nueva lista de productos que gravar y llevará a Estados Unidos ante la OMC. Se trata de una lista provisional de productos a los que imponer aranceles en respuesta a la guerra comercial iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que afectaría a 95.000 millones de euros en importaciones desde el otro lado del Atlántico. En Bruselas se está acabando la paciencia. Ha pasado más de un mes desde que Trump anunciara una tregua para negociar. Pero a pesar de los viajes del comisario de Comercio, Maros Sefcovic, a Washington y los constantes contactos técnicos, no parece que haya demasiados avances. En este contexto, el Ejecutivo comunitario se prepara para responder. A pesar de la tregua, que expira en julio, sobre las exportaciones europeas pesan aranceles del 25% sobre los coches, el acero y el aluminio, y un 10% sobre casi todo lo que Europa exporta a EEUU. Si las negociaciones fracasan y Washington no levanta los aranceles, la Comisión responderá con una nueva batería de represalias. Bruselas apunta en esta ocasión también a productos industriales y agrícolas. Lo hace en respuesta a los aranceles sobre los coches y a los denominados «recíprocos» por parte de Estados Unidos.
Pasando al ámbito doméstico y bancario Sabadell gana un 58,6% más, eleva al 15% la rentabilidad y promete más dividendo.
Banco Sabadell registró un primer trimestre meteórico en términos de resultados. Lejos de aminorar el ritmo por la caída de tipos, la entidad ganó 489 millones de euros entre enero y marzo, un 58,6% más; elevó al 15% la rentabilidad y vuelve a aumentar su compromiso de remuneración a los accionistas en la que podría ser la recta final de la opa formulada por BBVA. El banco vallesano supera los 392,5 millones esperados y añade otros 100 millones a la remuneración al inversor con cargo al beneficio de 2025, hasta 1.300 millones, gracias a la generación de solvencia extra. Su promesa es distribuir todo el capital que exceda el 13% CET1 y en tres meses añadió 29 puntos básicos al contador, hasta el 13,31%. «Hemos generado más capital del que habíamos anunciado. Calculamos que la suma de dividendos y recompras de acciones de 2024 y 2025 sumará un total de 3.400 millones», explicó su consejero delegado, César González-Bueno, en un comunicado remitido esta pasada semana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata de la cuarta vez que mejora dicha promesa desde los 2.400 millones estimados inicialmente el año pasado. En plena pugna por convencer a sus accionistas de apostar por un Sabadell autónomo empuja la rentabilidad sobre patrimonio tangible (RoTE) desde el 12,24% al 15% en un año (14,1% en términos recurrentes). La entidad ultima el plan estratégico 2025-2027 para mostrar con objetivos su capacidad de tracción. «Tenemos un modelo de negocio claro, que funciona cada vez a mayor velocidad y que nos da una gran capacidad de generación de capital para nuestros accionistas», reivindicó González-Bueno, atribuyendo el éxito a la «involucración» y «compromiso» de la plantilla que contribuye «a la fortaleza de nuestro proyecto en solitario». Una clave de las cuentas es la filial británica, que después de haber lastrado en el pasado se revela ahora como uno de los motores, junto menor impacto del impuestazo y el ahorro en provisiones. TSB gana un 96,1% más y contribuye con 74 millones de libras a la cuenta (94 millones de euros) gracias a su esquema de cobertura de tipos que confiere estabilidad a los resultados del grupo en el actual escenario de tipos a la baja.
Esta pasada semana también se ha planteado una consulta sobre la OPA. En Barcelona, ante la atenta mirada del empresariado catalán, el presidente del Gobierno, anunció que iba a poner en marcha una consulta pública para recabar las opiniones de la sociedad civil sobre la opa de BBVA a Banco Sabadell. Esta pasada semana el Ministerio de Economía ha habilitado un formulario en su página web para poder pronunciarse sobre la operación y ayudar al Ejecutivo a intervenir la oferta del banco vasco.
El lanzamiento se hace a cargo del departamento dirigido por Carlos Cuerpo ya que este es el responsable de decidir, con fecha límite del 27 de mayo, si eleva el caso a Consejo de Ministros para intervenir en la opa. La manera que tiene de intervenir es endurecer, suavizar o mantener los compromisos fijados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Ejecutivo busca con esta consulta pública inédita armarse de argumentos y apoyos contra una operación que siempre ha rechazado, y en base a criterios de «interés general» ya que no puede utilizar los de competencia, tal como exige la ley. Lo que ha puesto en marcha Economía es un formulario de Microsoft Forms con hasta diez puntos a rellenar. Se permite participar a todo aquel ciudadano que quiera, empresa, asociación y organización. El cuestionario sí que exige tres elementos para poder contabilizar como una respuesta válida: nombre/razón social, DNI/CIF y correo electrónico. Sin esos tres campos rellenados, no se puede avanzar. Fuentes del Ministerio de Economía sostienen que van a depurar todas estas anomalías en el análisis posterior de los datos. Depurarán el hecho de que una persona pueda votar varias veces, que lo haga de diferentes formas, que se puedan meter datos falsos… todo, según Economía. Se comprobarán los datos identificativos de los usuarios que participen y que sean verdaderos; se chequearán los DNI de los participantes, a posteriori. Asimismo, el ministerio dice que se eliminarán las respuestas falsas y que si hay respuestas repetidas también se eliminarán. Todo se hará a posteriori. La explicación que da el departamento de Carlos Cuerpo es que el proceso de depuración que se hará es el que se hace habitualmente en las consultas públicas cuando se va a sacar alguna legislación. Las diferencias en este caso son varias. En las consultas públicas de los diferentes ministerios hay formatos variados para presentar las aportaciones: vía formulario, vía correo electrónico… Pero en ningún caso mediante un documento de Microsoft Forms sin ningún tipo de control inicial. Asimismo, existe la gran diferencia de que las respuestas de esta consulta no pueden condicionar una legislación, sino una operación del sector privado. Y el Gobierno pretende utilizar las respuestas para escuchar las opiniones de todo tipo de actores de la sociedad para ayudarse, así, a intervenir en la opa. Una opa de BBVA sobre un Banco Sabadell que a día de hoy tiene un valor bursátil de más de 13.600 millones de euros.
Para finalizar una mala noticia, España reactiva la alerta por subempleo en pleno debate sobre reducir la jornada laboral. España ha regresado al primer lugar de la lista de la Unión Europea de países con más trabajadores forzados a trabajar a media jornada por falta de oportunidades laborales. Suman 1,14 millones de subempleados, el 5,2% del total de ocupados. Un dato aún más llamativo porque nuestro país dista mucho de ser el que tiene más empleados a tiempo parcial: suponen el 13,8% del total, muy por debajo de la media de los Veintisiete. Pero para cuatro de cada diez de ellos no es una elección, sino una vía directa a la precariedad laboral. El dato también nos dice que nuestro país se ha estancado en la mejora de un indicador que sigue muy lejos de los niveles previos a la la crisis financiera, a pesar de la intensa creación de empleo de los últimos años. Desde la reforma laboral de 2021 el Gobierno parece dar por amortizada la cuestión de la calidad del empleo y ahora prefiere poner el foco en la reducción de la jornada máxima legal de 40 a 3.7,5 horas semanales . Es cierto que el incremento de los ocupados, que se acerca a la barrera de los 22 millones, ha repercutido en un incremento de los ocupados a tiempo parcial, que a cierre del pasado año superaron por primera vez los tres millones. Sin embargo, su peso sobre el total del empleo, del 13,8% es inferior al registrado antes de la pandemia y durante la crisis financiera. Además, queda muy por debajo de la media europea, que alcanza el 18,7% y la zona euro, donde llega al 21,4%. Aunque economías como Países Bajos llegan al 42,7% y en Alemania se sitúa en 30,8%. Así, nuestro país queda en el decimotercer puesto entre los 27 por peso del empleo a tiempo parcial. Lo que no encaja entonces es que nuestro país tenga una mayor tasa de subempleo que cualquiera de nuestros vecinos. Eurostat define esta variable como los trabajadores a tiempo parcial que quieren trabajar más horas y están disponibles para hacerlo. Este porcentaje se calcula sobre el total del empleo, no solo sobre los que trabajan a media jornada. Los datos a cierre de 2024 muestran que España supera a Países Bajos, que registra un 5,1% de subempleados a pesar de que cuatro de cada diez ocupados son a tiempo parcial.
Minijobs y FP Dual
La explicación más directa es que en España el tiempo parcial no es una alternativa favorable para muchos trabajadores. Mientras, en otros países, se utiliza no solo para conciliar sino también para que los jóvenes que compatibilizan estudios y empleo, lo que explica los altos volúmenes alcanzados en Países Bajos o Alemania, economías con un elevado peso de la denominada formación dual.
Finalmente y ya recuperados del susto del apagón, comentar que Red Electrica, el responsable de operar del sistema eléctrico español, conocía con antelación los problemas que amenazan la seguridad del suministro en el país. Así lo acreditan varios de sus propios informes de restricciones técnicas y que muestran cómo la compañía tenía identificados desde hace meses los riesgos asociados a la sobretensión, la congestión de la red y la falta de inercia del sistema provocada por la creciente penetración de renovables. Las advertencias de estos problemas, que ya se habían dado por parte de la agrupación de operadores europea- y de la propia CNMC parece que no fueron suficientes para que se extremara la precaución. El primer aviso de que estos problemas estaban tomando ya un cariz importante llegó los pasados 22 y 23 de abril, los días en los que se registraron los primeros cortes en la red de Adif (lo que provocó que se suspendiera el tráfico de trenes desde Madrid Chamartín durante varias horas) y en la refinería de Repsol en Cartagena. Aquel día, tal y como muestran estos informes, REE tuvo que redespachar más de 45 GWh diarios de energía para mantener la estabilidad del sistema, con un sobrecoste medio superior a los 150 euros por megavatio hora, muy por encima de lo habitual. El operador se vio obligado a intervenir de forma urgente para evitar sobrecargas y desequilibrios y aun así se generaron problemas sobre los que no emitió ni un comunicado, lo que demuestra una pérdida de margen operativo que lleva tiempo gestándose y de la que también advirtió la CNMC.
Es evidente que es necesario controlar esta situación y hacer una transición razonable y, sobre todo, segura para los ciudadanos, a las energías renovables.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD ACREDITADA PARA CÁTEDRA DE UNIVERSIDAD E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.