Descensos generalizados se han observado esta pasada semana en los mercados de renta variable europeos, con todos los focos centrados en la conformación de gobierno en Italia, en la que Guissepe Conte recibía el encargo de formar gobierno. A su vez, Trump cancelaba la reunión con Corea del Norte y apuntaba a unos posibles aranceles a las importaciones de automóviles en EE.UU.
En España, la oposición presentaba una moción de censura, lo cual impactaba de manera sensible en la bolsa. Respecto a la macro, los datos continuaban señalando una relativa reducción del crecimiento. Por otro lado, en los mercados de deuda, debido a la incertidumbre política generada se producía un repunte de la prima de riesgo en los países del sur de Europa. A nivel sectorial, lideraban las subidas que se producían en el sector entretenimiento. Mientras que el sector energético, utilities y el de industria básica sufrían los mayores descensos.
En relación con los bancos centrales, Jens Weidmann se mostraba abierto a suceder a Draghi, sin embargo, cree que el debate sucesorio ha empezado demasiado pronto en la esfera pública. Por otro lado, el que a día de hoy parece ser la otra alternativa (Erkki Liikanen) señalaba que, si bien no va a hacer campaña por el puesto, hay determinadas circunstancias bajo las que estaría dispuesto a asumir el reto. En cuanto a la Fed, las actas de la última reunión señalan que el próximo movimiento de subida será tan pronto como en junio, pero dejan la puerta abierta a si habrá uno o dos movimientos más en el año, ante la cautela con la que están mirando la evolución de la inflación. Como digo, estas actas señalan que «sería apropiado dar pronto otro paso» en el proceso de alzas. La Reserva Federal mantuvo las tasas a comienzos de mes. Las actas de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos relativas al encuentro de comienzos de mes apenas dejan lugar a dudas: habrá pronto una nueva subida de los tipos de interés. Aunque el equipo que lidera Jerome Powell decidió dejar sin cambios las tasas en su reunión de mayo, quedó claro ya entonces para todos que «sería apropiado dar pronto otro paso» en el proceso de subidas, según relevan las minutas que se han hecho públicas esta semana. La Fed introduce el matiz de que se subirán los tipos «siempre que la economía evolucione como se espera», pero, de momento, no hay ninguna señal de incertidumbre en la evolución de Estados Unidos.
Y es que, no hay que olvidar que a comienzos de mes, la Fed decidió mantener los tipos en la franja de entre el 1,5% y el 1,75% en la que quedaron fijados en marzo, cuando el banco central americano aplicó la sexta subida de tasas desde diciembre de 2015 y la primera con Powell como presidente. Tras la reunión del mes que viene, está prevista tanto la comparecencia del presidente de la Fed como la actualización de datos relativos al PIB, al mercado laboral y a sus planes sobre la evolución de los tipos. La duda principal es si la Fed se conformará con tres alzas en 2018 o decidirá una cuarta, lo que mantiene en vilo a los mercados. La respuesta dependerá de la inflación y de la necesidad de evitar un sobrecalentamiento de la economía. La Reserva Federal pretende que la inflación se estabilice en el entorno del 2%, pero el nivel de paro en mínimos y los sueldos en alza podrían provocar un acelerón del precio del dinero. No obstante, en las minutas se aprecia que la Fed no necesariamente acelerará el ritmo de subidas si la inflación supera el 2%. Las minutas desvelan la intención de algunos miembros de la Reserva Federal de revisar el mensaje y el lenguaje del organismo, ahora que la política de estímulos está tocando a su fin.
Quiero llamarle la atención, amable lector, sobre un dato que no es que me alegre, precisamente, pero cuando nos quejamos de regulación de empleo en España, nos olvidamos de que también puede suceder fuera de nuestras fronteras. Así, el Deutsche Bank suprimirá más de 7.000 puestos de trabajo en todo el mundo. El ajuste de plantilla planteado por el banco alemán afectará a alrededor del 10% de los empleados. El gigante bancario alemán Deutsche Bank, en dificultades financieras, anunció el pasado jueves un plan destinado a suprimir más de 7.000 puestos de trabajo en el mundo, confirmando un cambio de rumbo tras el nombramiento de un nuevo director ejecutivo en abril. La reducción de personal, que concierne a casi uno de cada 10 empleados, se repartirá por todas las regiones del mundo y actividades, según informó Deutsche Bank en un comunicado distribuido el día de su asamblea de accionistas. La reestructuración afectará sin embargo al 25% de efectivos de su banco de inversiones, cuyas dimensiones el grupo reducirá en un 10%, o 100.000 millones de euros. Los efectivos del banco se reducirán «a menos de 90.000» frente a los 97.130 en equivalente a tiempo completo que tenía a finales de marzo.
Por si no ha oído hablar de las ‘Big Four’ que son las grandes compañías auditoras del mundo, le comento una noticia relevante en relación a ellas. Trabajé en una auditora antes de mi ingreso en la Universidad y tal actividad me trae gratos recuerdos. Las Big Four hacen planes frente a una escisión forzada de sus negocios. Las Big Four de la auditoría han elaborado planes de contingencia para dividir sus negocios británicos, una opción para la que presionan cada vez más políticos y reguladores con el fin de resolver los conflictos de intereses presentes en la industria. La presión sobre las cuatro firmas que dominan el sector -KPMG, Deloitte, EY y PwC- para prepararse para una ruptura forzada ha aumentado a raíz de producirse varios colapsos corporativos de alto perfil que han puesto en duda su trabajo como auditoras y consultoras de las mayores empresas de Reino Unido. Ejecutivos de los cuatro grupos y de las siguientes mayores auditoras británicas, Grant Thornton y BDO, explicaron que habían hecho planes para una potencial división, en el caso de que los reguladores les obligasen a separar los negocios de auditoría y de consultoría. Un informe parlamentario instaba la semana pasada al supervisor de la competencia a que considerase la división de las cuatro, señalando que funcionaban como un «club íntimo incapaz de ofrecer el grado de dependencia necesario». Éste siguió a una investigación sobre el colapso del contratista gubernamental Carillion en enero. La investigación recibió fuertes críticas de KPMG y Deloitte, las auditoras externa e interna de Carillion, respectivamente, en los 19 últimos años, y de EY y PwC, que desempeñaron varias funciones de consultoría. Un escenario de ruptura podría implicar dos opciones: obligar a cada una de las grandes firmas a dividirse en dos firmas multidisciplinares más pequeñas; u obligar a todas ellas a escindir su trabajo de consultoría para crear negocios exclusivos de auditoría. Esta segunda opción obtuvo en febrero el respaldo de Stephen Haddrill, el responsable del supervisor británico del sector, como remedio potencial a la falta de competencia en el mercado. Bill Michael, presidente de KPMG en Reino Unido, explicó que su firma llevaba «algún tiempo» pensando en escenarios de ruptura ya que el actual modelo de negocio de las Big Four -que generan una parte creciente de sus ingresos de la consultoría- era insostenible. PwC aseguró que tenía «un plan documentado para la continuidad del negocio que cubre diversos escenarios que podrían amenazar la existencia de la firma». EY declaró: «Trabajando con los reguladores y los responsables de fijar el estándar, la profesión puede evolucionar en beneficio del negocio, los inversores y los accionistas». BDO, la sexta mayor auditora de Reino Unido, ha desarrollado planes de contingencia por si los reguladores deciden aislar el trabajo de auditoría. También ha hecho planes por si los reguladores deciden que las entidades de «interés público» -empresas cotizadas e instituciones con importancia sistémica- deben ser auditadas por firmas exclusivamente de auditoría. En ese escenario, BDO abandonaría sus 232 clientes cotizados. Otros altos ejecutivos de las seis principales firmas temen que una escisión forzada de su negocio provocase serios trastornos a los grupos y a sus clientes, advirtiendo uno de ellos que se produciría un «baño de sangre». David Sproul, el consejero delegado de Deloitte, explicó en marzo que crear una firma sólo de auditoría «perjudicaría a los mercados de capitales».
A nivel doméstico nacional, me parece muy importante subrayar el reparto de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Las cuentas presentadas por el Gobierno aumentarán los gastos a 451.118,99 millones. El presupuesto consolidado de gastos ascenderá en 2018 a 451.118,99 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,5% respecto a las cuentas de 2017, según el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado, para 2018, que recogen unas operaciones no financieras de 327.955 millones de euros, el 72,7% de todo el presupuesto consolidado y un 3% más en comparación con el ejercicio anterior. Las transferencias corrientes, por su parte, es el capítulo con mayor dotación, con un importe de 246.279 millones de euros, que representa el 54,6% de los gastos consolidados, un 3,5% más que un año antes. Si a este importe se le añaden las transferencias de capital, que ascenderán a 9.356,51 millones de euros (-0,4%), el 56,7% del presupuesto consolidado se destina a partidas a otros agentes, públicos y privados, de la economía.
Entre las partidas principales, el gasto en pensiones aumenta un 3,7% mientras que las transferencias a otras Administraciones Públicas aumenta un 2,6%. Las partidas que más aumentan son las destinadas a las subvenciones al transporte (+49%) y a la gestión y administración a la Seguridad Social (+30%); por el contrario, las que más caen son las relativas a la investigación militar (-26%) y a las prestaciones por desempleo (-3%).
Considero también muy destacable en nuestro país una cifra que me ha sorprendido: el número de ultrarricos en España se dobló desde el inicio de la crisis. En efecto, el número de ultrarricos en España que declaran patrimonios superiores a los 30 millones de euros se más que duplicó entre el inicio de la crisis en 2007 y el año 2015, al pasar de 233 contribuyentes a un total de 549, según los últimos datos sobre declarantes del Impuesto de Patrimonio publicados por la Agencia Tributaria. En concreto, la cifra de ultramillonarios alcanzó los 549 en el año 2015, lo que supone un 8% más interanual al sumarse a este grupo 41 contribuyentes con ese nivel de patrimonio respecto a los 508 que había el ejercicio anterior. Si es usted uno de ellos, amable lector, le felicito sinceramente por ello, aunque me temo que el dinero no da la felicidad.
Hacienda, por su parte, plantea crear una ‘hucha’ para costear la sanidad y la educación en tiempos de crisis. También aboga por armonizar el Impuesto de Patrimonio y Sucesiones en la reforma de la financiación autonómica. Hacienda y las comunidades autónomas discuten la posibilidad de aprovechar los periodos de crecimiento económico para crear un Fondo de Reserva, es decir, una ‘hucha’ para costear los servicios básicos del Estado de bienestar -sanidad y educación, principalmente- en tiempos de crisis. Esa es una de las medidas recogidas en el informe remitido el pasado martes por el departamento que dirige Cristóbal Montoro a las comunidades sobre las discusiones del comité técnico de evaluación de la reforma del sistema de financiación autonómico. Unas reuniones que se han mantenido desde el pasado noviembre entre representantes de las comunidades del régimen común -salvo Cataluña que decidió excluirse, faltaría más- y Hacienda. El documento de 55 páginas abunda en las discrepancias de las distintas regiones y evita en gran parte concretar medidas ni fijar la posición del Gobierno, algo que ha sido criticado por algunas comunidades como Andalucía, al considerar que se trata de una forma de «ganar tiempo» por parte del Ejecutivo.
En cualquier caso, una de las novedades del documento hace referencia a la «posibilidad» de crear ese fondo de reserva para garantizar a las comunidades los recursos suficientes para la «sostenibilidad de los servicios públicos esenciales». Una especie de modelo similar al existente para las pensiones, cuya ‘hucha’ en tiempos de bonanza llego a alcanzar los 66.000 millones y ahora apenas supera los 8.000 millones tras utilizarse durante la crisis para abonar las pagas extra. Así, se busca dar respuesta a una de las principales quejas de los gobiernos regionales sobre la falta de adecuación entre la financiación que reciben y los servicios que prestan.
En cualquier caso, la creación de ese fondo no es la única opción que Hacienda y las comunidades discuten para asegurar la financiación del Estado de bienestar. El documento recoge que también se ha valorado que los recursos estén ligados a la recaudación tributaria, pero en caso de caídas de los ingresos, los recursos podrían reforzarse «incrementando el porcentaje de capacidad tributaria cedida que se incorpora al fondo de nivelación». Otro de los puntos claves del nuevo sistema de financiación tiene que ver con una mayor armonización en algunos tributos. En este sentido, Hacienda admite que la posición mayoritaria de las comunidades sobre el Impuesto de Patrimonio es la de mantener esta figura -se prorroga cada año desde el inicio de la crisis- defendiendo una «homogeneización de su base imponible y la simplificación de algunas exenciones y deducciones y bonificaciones de la cuota, así como por el establecimiento de niveles mínimos de tributación que eviten deslocalizaciones fraudulentas». Con la armonización se pretende evitar la brecha que existe actualmente entre regiones como Madrid, que bonifican el 100% de ese impuesto, y otras comunidades -la mayoría- que no ofrecen ninguna ventaja fiscal. Algo similar ocurre con el Impuesto de Sucesiones y de Donaciones en el que existe consenso sobre la necesidad de «revisarlo», pero Hacienda reconoce que no hay acuerdo sobre la forma de hacerlo.
No puedo dejar pasar un tema que como economista me preocupa mucho: las pensiones La Seguridad Social paga 9,59 millones de pensiones al mes; 934 euros de media. Los jubilados que más ganan están en el País Vasco y Asturias. Pocas políticas públicas tienen tanto impacto, político y sobre las cuentas públicas, como el pago de las pensiones. El acuerdo presupuestario de 2018 se ha cerrado a cambio de una subida de las pensiones en línea con el IPC previsto por la ley, tras semanas de protestas de jubilados que consideraban escaso el 0,25% de subida previsto. Con todo, las pensiones han subido más que los salarios en los últimos 10 años, y tanto la dinámica demográfica como laboral (las nuevas pensiones son más altas que las de los pensionistas que fallecen) hacen prever que este asunto solo cobrará importancia en un futuro. No todos los pensionistas son jubilados, aunque sí la gran mayoría. Según la Seguridad Social, en España hay 9,59 millones de pensiones, un 1,07% más que el año pasado. En los últimos 10 años el número se ha incrementado en más de un millón. Buena mayor parte de las nuevas pensiones son de jubilación: eran 4,99 millones a principios de 2008 y ahora suman 5,9 millones. Dado que muchas personas suman varias pensiones (por jubilación y viudedad, por ejemplo), el número de pensionistas es menor, en torno a los 8,5 millones. En 2018 la pensión mínima para un jubilado mayor de 65 años con cónyuge a cargo es de 788,9 euros. Si no tiene cónyuge a cargo es de 606,7. La pensión mínima de viudedad es 639,3 euros (100 euros más si hay cargas familiares). La pensión por gran invalidez es de 1.183 ,4 euros, y la de invalidez permanente, de 788,9, siempre que se tenga cónyuge a cargo. La pensión de jubilación media más alta de España se cobra, curiosamente, en la comunidad donde más visibles han sido las protestas de jubilados: en el País Vasco la pensión de jubilación media es de 1.335 euros, 250 por encima de la media estatal de 1.080 euros, con Bizkaia a la cabeza (1.365 euros). La segunda comunidad donde la pensión es más alta es Asturias, con 1.311 euros al mes, gracias al ventajoso régimen especial del carbón. Navarra o Madrid también superan los 1.200 euros, mientras Cataluña está en torno a la media. En Baleares, pese a la alta renta per cápita, la pensión media no llega a los 1.000 euros. En general, zonas de presencia industrial pagan pensiones altas (son salarios más altos, carreras laborales largas y los procesos de reconversión han sido generosos), y las zonas especializadas en servicios bajas. La pensión media en Cádiz o Huelva es, de hecho, superior a la de Girona o Baleares. La provincia donde las pensiones de jubilación son más bajas en Ourense, con apenas 746 euros de media, un 54% de la pensión de los vizcaínos. En Lugo tampoco llegan a los 800 euros, el 60% de sus vecinos asturianos. Aun así Galicia no es la Comunidad donde más bajas son las pensiones. En Extremadura la media es de 890,sobre todo por los 870 de Cáceres. En Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha tampoco llegan a 1.000 euros.
¿Y si miramos el resto de Europa? Pues lo que vemos es que la jubilación a los 67 (y más) se expande. La inmensa mayoría de los países comunitarios tiene en cuenta lo cotizado toda la vida. La revalorización de la pensión más extendida es según precios y salarios. El último informe de la Comisión Europea sobre sistemas de pensiones, conocido este mismo mes de mayo, destaca que las reformas llevadas a cabo por la mayoría de los socios comunitarios siguen afectando a los criterios que se usan para calcular la pensión: sobre todo la edad de jubilación, el periodo de cómputo que se tiene en cuenta para fijar las cuantías y las reglas de revalorización de las pensiones. Pero, fundamentalmente, los expertos europeos destacan que todas estas medidas tienen como objeto “ajustar el tiempo de cobro de la pensión a la esperanza de vida”. Por ello, en los últimos años los Estados europeos han tomado otras medidas de ajuste automático del gasto–la mayoría vinculados a la esperanza de vida–; u otras para incentivar a la prolongación de la vida laboral y dificultar el retiro anticipado.
Le comento, seguidamente, cuáles son las principales condiciones de acceso a la jubilación en Europa.
Edad de jubilacion
La edad de retiro es el parámetro que más han modificado todos los países y en casi todos los casos para incrementarla e igualarla para hombres y mujeres. ¿Cuáles son las edades legales de jubilación en Europa? Como hizo España en 2011, las ampliaciones de la edad de retiro se hacen de forma gradual a lo largo de varios años, décadas incluso. La mayoría de los países han fijado los 67 años como edad de retiro para los próximos años. En concreto Bélgica (a partir de 2030); Dinamarca (desde 2022); Alemania (67 años en 2013; dependiendo de los años cotizados y el sector); España (a partir de 2027); Francia (2022); Croacia (en 2038), e Italia y Holanda (a partir de 2021). Mientras que en dos países la edad elegida es 68 años: Irlanda (a partir de 2028); y Reino Unido (en 2046). Los británicos se jubilan ahora a los 65 años (ellos), por delante de los 63 y cinco meses de ellas y lo harán ambos a los 66 a partir de 2020. No obstante estos retrasos en la edad de jubilación no son tampoco definitivos porque hay cada vez más Estados que en algún momento a partir de 2020 lo vinculan a la evolución de la esperanza de vida. Así lo han aprobado Bulgaria, Dinamarca, Grecia, Italia, Chipre, Holanda, Portugal, Eslovaquia y Finlandia. Los finlandeses han estipulado que existan cinco años de diferencia entre la edad más baja de retiro, que será de 65 en 2027 y la máxima, que alcanzará entonces los 70 años. A partir de 2030 la ley finlandesa ha fijado, además, que la edad de jubilación se fijará directamente a la esperanza de vida, aumentando entre uno y dos meses por cada cohorte poblacional. En este grupo podría meterse también Suecia, donde la edad de jubilación es completamente flexible entre los 61 y los 67 años, en función de la pensión que se quiera obtener. Si bien sus partidos políticos acaban de alcanzar un acuerdo para aumentar la edad de retiro en función de la esperanza de vida. No obstante, aún hay países europeos donde los trabajadores se siguen jubilando antes, ya que han aplicado un aumento solo hasta los 65 años, también de forma progresiva. Es el caso de Bulgaria (a partir de 2037); República Checa (desde 2037); Estonia (en 2026); Letonia (en 2025); Lituania (en 2026); Luxemburgo (ya actualmente); Hungría (en 2022); Malta (en 2027) y Austria (en 2032). Además, hay aún dos Estados que mantienen distintas edades de jubilación para los hombres y para las mujeres. Se trata de Rumanía (65 años para los varones y 63 para ellas, pero a partir de 2030); y Polonia, que es el único país que ha hecho reformas en el sentido contrario al resto de socios europeos y ha reducido la edad de jubilación. Actualmente los polacos se retiran a los 66 años y un mes y las polacas a los 61 años y un mes y a partir de 2020 se jubilarán a los 65 años (los hombres) y a los 60 años (las mujeres).
Periodo de cómputo
El otro gran parámetro que se está modificando en numerosos países es el periodo que se analiza para calcular la cuantía de la pensión. La reforma española de 2011 amplió este periodo de forma progresiva de 15 a 25 años entre 2013 y 2022. En 2018 se tienen ya se contabilizan los últimos 21 años cotizados. Si bien la mayoría de los países europeos utilizan ya lo cotizado durante toda la carrera laboral del trabajador para calcular su pensión. Concretamente es así en Bélgica, Bulgaria, República Checa, Alemania, Estonia, Grecia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania Luxemburgo, Hungría, Austria, Polonia, Portugal (hasta un tope de 40 años), Rumanía, Eslovaquia, Finlandia y Noruega. En Dinamarca y Holanda se contabilizan los años de residencia y trabajo en el país; en Francia, se toman los 25 mejores años de cotización; y en Eslovenia, los 24 mejores años consecutivos. Y en Malta tienen en cuenta los diez mejores de los últimos 41 años. Mientras que en Reino Unido también se analizan todas las contribuciones hechas por el trabajador a lo largo de su vida.
Revalorización
A la hora de revalorizar las pensiones de jubilación la homogeneidad tampoco existe. En 11 países la actualización anual de las prestaciones se hace en función de lo que hayan evolucionado tanto los precios como los salarios (Bulgaria, República Checa, Croacia, Chipre, Latvia, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia). La siguiente referencia más común para revalorizar pensiones es exclusivamente el comportamiento de los salarios. Así lo hacen otros seis Estados: Dinamarca, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Suecia y Noruega. Por su parte, hay cuatro socios que solo tienen en cuenta la inflación para revalorizar sus pensiones: Francia, Italia, Hungría y Austria. España es el único país que ha puesto en marcha un índice específico de revalorización, basado fundamentalmente en la salud financiera del sistema de pensiones, que a su vez refleja la marcha de los salarios y la economía en general. Sin embargo, la oposición está peleando porque España vuelva a este grupo de los países que revalorizan sus pensiones solo con los precios. De hecho, el Gobierno se ha visto obligado, para lograr los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar los Presupuestos de 2018, a poner en cuarentena este indicador en 2018 y 2019 y revalorizar las pensiones por encima de dicho índice. En Reino Unido actualizan las rentas de los jubilados con un mix de precios, salarios y PIB; mientras que en Alemania tienen en cuenta la evolución de los salarios, corregidos con un mecanismo de ajuste automático. Portugal y Grecia toman los precios y el PIB. Bélgica usa los precios y otros estándares de vida: y Estonia, según lo que avancen los precios y las cotizaciones sociales. Solo Irlanda no tiene ninguna referencia legal para actualizar sus pensiones.
Finalizo con una noticia que tiene interés a nivel local, para nosotros los asturianos. Nestlé fabricará en Asturias el 25% de los productos de su nueva gama ‘bio’. La planta de Sevares elaborará los potitos de esta línea, mientras que de la de Gijón ya sale fabada con menos grasa. Nestlé se ha sumado a la moda de los productos biológicos y ha lanzado una nueva gama que tiene su repercusión en Asturias, ya que el 25% de la fabricación se realizará en la planta que la compañía suiza tiene en Sevares, donde se producen potitos para bebés y leches líquidas y trabajan dos centenares de personas. Otro 40% se elaborará en las instalaciones de Reus (Tarragona) y Miajadas (Cáceres) y, el resto, fuera del país. La nueva gama incluye purés, ‘pouches’ (bolsitas), papillas, postres lácteos y galletas, pero lo que se fabricará en la factoría piloñesa son las seis variedades de potitos que salen al mercado, tres de frutas y tres de carne. De momento, este lanzamiento no tendrá repercusión en la plantilla de la instalación asturiana ni supondrá nuevas inversiones, aunque la multinacional suiza no descarta que pudiera tener que incrementarse si los consumidores avalan estos productos. Nestlé confía en esta gama y prevé que, en cinco años, las novedades ‘bio’ aporten entre un 10% y un 15% a su cifra de negocio. Así lo anunció el director general de Nestlé España, Laurent Dereux, en su última rueda de prensa, ya que se jubila tras 38 años al servicio de la compañía y pasa el testigo a Jacques Reber, hasta ahora director general de Nestlé en Filipinas. Para Dereux, la incorporación de la gama ‘bio’ supondrá una oportunidad para las plantas implicadas, entre ellas la asturiana, así como para los productores con los que trabaja ya la empresa, que han identificado el potencial de los cultivos ecológicos y están cambiando parte de su actividad. En este sentido, el Oriente de la región registra el 40% de las altas de nuevos elaboradores ecológicos. Según explican fuentes de la empresa, para obtener la certificación de ‘bio’ se requiere una auditoría previa que acredita la trazabilidad de estos productos. Se trata de un proceso para el que las fábricas de Nestlé ya estaban adecuadas y que se obtiene en unos nueve meses. Además, en la búsqueda de alimentos más saludables, la multinacional ha lanzado bajo la marca Litoral, que se elabora en sus instalaciones de Gijón, una fabada con un 30% menos de grasa y sal. En esta instalación trabajan unas 90 personas.
Pues una buena noticia. Lo que necesitamos por esta patria querida es que haya muchas más como esta.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA ASOCIADA A LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.