En esta pasada semana, los principales índices europeos han cerrado con signo mixto, aunque lograron alejarse de los mínimos de la jornada tras conocerse el dato de IPC de Estados Unidos, que fue interpretado de forma positiva por el mercado. Este dato también permitió que, durante el cierre europeo, los índices americanos cotizaran con avances. El cierre previo de Wall Street el jueves, con correcciones significativas de nuevo en el sector tecnológico, hacía presagiar una sesión negativa para Europa, algo que finalmente se confirmó, aunque con un comportamiento desigual entre plazas. El Ibex lidera los recortes por la presión de la banca. El Ibex 35 volvió a encabezar las caídas al dejarse un 1,25% y cerrar en los 17.672,4 puntos, en otra jornada marcada por ventas generalizadas en el sector bancario, que firma así una de sus peores semanas recientes. El €STOXX50 también terminó en negativo, aunque bastante alejado de los mínimos intradía, mientras que el DAX alemán logró cerrar con saldo positivo. Entre los índices estadounidenses, el más favorecido fue nuevamente el Russell 2000 de pequeñas compañías, que repuntó con más fuerza que el resto al recuperar el escenario más favorable de posibles bajadas de tipos de interés.
A nivel doméstico, cabe destacar que el Gobierno desincentiva la vuelta al trabajo de los mayores de 52 años: cotizarán como si cobrasen 1.780 euros.
En efecto, el Gobierno tiene previsto aprobar un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.221 euros. La mejora del sueldo más bajo no solo afecta a los trabajadores con esta nómina, sino también a los parados con más de 52 años que cobran el subsidio por desempleo. Cuando se apruebe la subida, este grupo experimentará una notable mejora en las aportaciones que realiza a la Seguridad Social para la jubilación, pagadas por el Estado, lo que agrava el desincentivo ya existente a la búsqueda de empleo. Esta ayuda está dirigida a las personas que han agotado la prestación contributiva o que no han cotizado los días suficientes para cobrarla y que están relativamente próximos a la edad de jubilación. El subsidio busca dar una seguridad en los últimos años de carrera laboral que ha sido señalada como un desincentivo a la búsqueda de empleo por los centros de estudios económicos nacionales e internacionales y por el propio Ministerio de Economía. El motivo no es la cuantía, que se limita a 480 euros al mes que están lejos de alcanzar la cuantía del SMI, si no el premio que lleva asociada esta ayuda para la jubilación. Los perceptores del subsidio para más de 52 años cotiza por el 125% de la base mínima de cotización, que a su vez se encuentra vinculado al salario mínimo. Es decir, las personas que se encuentran en paro y tienen este subsidio aportan a Seguridad Social un 25% más que si tuviesen un empleo en el que cobrasen el SMI. Esta compensación adicional se hace más grande cada año, con los incrementos del salario mínimo. Si ahora los parados de más de 52 años cotizan como si tuvieran un salario de 1.726 euros, con el incremento que tiene previsto efectuar el Gobierno en las próximas semanas, la aportación a la Seguridad Social se elevaría hasta igualar la aportación mínima que haría un trabajador con un sueldo de 1.780 euros. Lo que no solo supone agrandar el desincentivo, sino añadir presión a las cuentas del SEPE. El Ministerio de Trabajo estima en la memoria económica que acompaña al borrador del decreto con el que elevarán el SMI un 3,1% que los gastos de este órgano por el subsidio por desempleo (teniendo en cuenta todos los perceptores, no solo los que superan los 52 años) se incrementará en cerca de 26 millones de euros al actualizar el salario mínimo. De acuerdo con este avance, 22 de estos millones responderán al aumento de las cotizaciones sociales. El impulso del SMI también eleva el nivel de ingresos máximo para acceder a la ayuda, lo que aumenta el número de potenciales beneficiaros, según explica el departamento de Yolanda Díaz. Este límite se vincula al 75% del SMI -ya que se puede cobrar la ayuda y trabajar a tiempo parcial- de forma que está fijado en 880 euros y subirá hasta los 896 euros. No obstante, el Gobierno anticipa que el aumento de ocho euros apenas abrirá la ayuda a unas pocas personas, según los datos de denegaciones. La reforma de este incentivo estuvo sobre la mesa la pasada legislatura, cuando el Gobierno modificó el subsidio por desempleo en el marco de los hitos vinculados a los fondos europeos. La cartera que entonces estaba encabezada por Nadia Calviño presionó para eliminarlo y Trabajo acabó aceptando esta modificación, debido a que esta figura no estaba pensada para un SMI tan elevado. No obstante, la norma decayó en el Congreso de los Diputados por el voto en contra de Podemos y en la negociación iniciada después -y canalizada por los sindicatos- se recuperó esta cotización del 125% de la base mínima, que fue implementada inicialmente en el año 2011. En su último análisis sobre la economía española, la OCDE puso el foco en esta ayuda española, por dejar a los parados de más de 52 años sin incentivos fiscales para buscar un empleo. Con este enfoque fiscal, la organización iba un paso más allá y afirmaba que entre lo que dejarían de ganar de la ayuda al coger un empleo y el dinero que empezaría a pagar en impuestos, no les sale rentable aceptar un empleo donde paguen el SMI. Puesto que este paso llevaría asociado perder la cotización adicional para la jubilación. La OCDE recurrió al concepto del tipo impositivo de participación (participation tax rate, en inglés) para medir el coste que tendría para un parado en esta situación el volver a trabajar. «La carga fiscal implícita que soporta una persona desempleada al incorporarse al mercado laboral es elevada para los trabajadores mayores en España, lo que agrava los desincentivos existentes para acceder al empleo» señalaban en este informe. La explicación es que estas personas podrían enfrentar tipos superiores al 100% al volver al mercado de trabajo, lo que implica que en términos netos, la cantidad que dejaba de ganar superaba a la que empezaría a ingresar con un puesto de trabajo remunerado con el SMI. Por cada euro adicional de renta bruta que ingresaría si acepta el trabajo, perdería más de un euro en forma de impuestos y cotizaciones, lo que opera como desincentivo.
En lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, la señora Díaz quiere pagar con fondos públicos a los sindicatos por su labor negociadora. El Ministerio de Trabajo está a favor de establecer una retribución pública a los sindicatos por la labor que desarrollan al participar en las mesas sobre reformas laborales y en la negociación de los convenios, que afectan al conjunto de los trabajadores y no solo a sus afiliados (diferente a las subvenciones). Así lo ha expresado en diferentes ocasiones y el informe sobre democracia en el trabajo abre una nueva vía para hacerlo: en la ley con la que el Gobierno quiere ampliar la participación de los trabajadores en el capital y en las decisiones de las empresas. El documento presentado por un grupo de expertos internacionales, responde al encargo realizado por Yolanda Díaz hace un año. El texto contiene un borrador de la norma con la que se propiciaría el ingreso de los trabajadores en los consejos de administración y el acceso a la titularidad de parte de la empresa. Si bien, también recoge una serie de recomendaciones de políticas públicas para el Gobierno, entre las que figura dar una «financiación suficiente para cubrir su función representativa general en la negociación colectiva y el diálogo social». La tesis defendida por el grupo, que coincide con las posiciones que defiende este departamento, es que la labor ejercida por los sindicatos beneficia al conjunto de los trabajadores a pesar de que solo una parte de ellos se encuentran afiliados y abonan una cuota mensual. Lo que les lleva a demandar «una ley sobre la participación institucional de los sindicatos representativos que imponga la financiación pública para compensar a los sindicatos por su labor esencial». Este planteamiento excluye por completo a las organizaciones empresariales, que cumplen con las mismas funciones de interlocución social y colectiva que los sindicatos. Actualmente, el Ministerio de Trabajo ya concede a las principales centrales sindicales una subvención en función de la representatividad que hayan obtenido en las elecciones de los centros de trabajo. La última publicada, correspondiente al año 2025, ascendía a 32 millones de euros, el doble que lo que se había asignado en los años anteriores. Desde el departamento explican que las organizaciones empresariales reciben «apoyo económico» del Ministerio de Trabajo por su participación institucional en órganos como el SEPE o la Seguridad Social, como también lo hacen los sindicatos. Las últimas cuentas publicadas por CEOE arrojan que en 2024 recibieron casi dos millones de euros por participar en estos órganos y otros 232.400 euros por participar en el Consejo Económico y Social (CES). Además, ambos tipos de organizaciones pueden acceder a las subvenciones anunciadas por el Gobierno para programas específicos y a las ayudas autonómicas. La propuesta que contiene el informe entregado a Trabajo y que la vicepresidenta se ha comprometido a estudiar supondría un paso más allá, que responde a las reclamaciones verbalizadas por UGT y CCOO en los últimos años en las que han demandado una norma que recoja las funciones de los interlocutores sociales y que establezca un sistema de compensación por el papel que juegan en la firma de miles de convenios en todo el país, así como en el proceso de elaboración de las normas de naturaleza laboral.
En otro orden de cosas, el coche chino pisa fuerte el acelerador en España. Las matriculaciones de estos vehículos crecieron hasta un 125% a lo largo de 2025 impulsadas por al buen comportamiento de marcas como BYD, Polestar, Ebro y MG. Hace más de un siglo, cuando el ingeniero alemán Karl Benz inventó lo que puede considerarse el primer coche moderno -básicamente un triciclo a motor- nadie podía imaginarse que superado el primer cuarto del siglo XXI que un país sin tradición automovilística como China estuviese abriéndose paso con tanta fuerza en los distintos mercados internaciones. España no es ajena a esta fiebre por el vehículo de origen chino y sus marcas ya han alcanzado una cuota de mercado de casi el 10%, lo que significa que uno de cada diez coches vendidos en nuestro país procede de China. Según los datos suministrados por la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Reparación (Ganvam) y la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), en 2025 se matricularon un total de 106.986 coches de origen chino en España, lo que supone un 125% más que en 2024. En esta estadística se incluyen las principales marcas presentes en nuestro país: Baic, Bestune, BYD, Dfsk, Dongfeng, DR, Ebro, Evo, Leapmotor, Livan, Lotus, Lynk&Co, MG, Moke International, Omoda, Polestar, Skywell, Swm, Voyah, Xpeng, Yudo y Zhidou.
«Las marcas chinas se han posicionado en el mercado español con una oferta que se caracteriza por un producto con un equipamiento y tecnología avanzada a precios muy competitivos»
En cuanto al servicio posventa, aspecto sobre el que se centran las dudas de la mayoría de compradores a la hora de decidirse por un vehículo chino, puede decirse que se ha evolucionado bastante en este apartado. Hay marcas que se asocian con redes de concesionarios ya asentadas en el mercado español, es decir, que tienen socios capaces de garantizar esa fiabilidad en el servicio posventa, o bien están desarrollando sus propias redes e infraestructuras para así responder de forma ágil a la disponibilidad de recambios y a las reparaciones.
Por su parte, la patronal de Inditex y Mango se une a El Corte Inglés y Carrefour y lanza una ofensiva contra Shein y Temu por competencia desleal.
Arte, la patronal de las grandes empresas del sector textil, que agrupa a compañías como Inditex, Mango, Tendam, H&M o Primark, entre otras, entra en la batalla abierta contra la competencia desleal por parte de las plataformas digitales chinas, que están arrasando el mercado con productos a muy bajo precio. La organización que preside Ana López Casero se ha unido a Anged, la patronal de El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo o Eroski, para reclamar tanto al Gobierno como a la Comisión Europea que se tomen medidas para evitar que los productos de estas plataformas sigan entrando sin ningún tipo de control. En Arte, en la misma que Anged y que las organizaciones de consumidores, como OCU, explican que «el auge de las plataformas de comercio electrónico y el crecimiento de importaciones de bajo valor han sobrepasado la capacidad de control de las autoridades europeas y está poniendo en peligro la seguridad y salud de los consumidores, y menoscabando gravemente la competitividad de nuestras empresas». En opinión de la patronal de las grandes empresas textiles y de Anged, «existe una fuerte asimetría regulatoria entre los operadores europeos, sujetos a estrictas normativas fiscales, laborales y de seguridad y salud, y las plataformas extracomunitarias que no siempre cumplen estos estándares». Ana López Casero explica, en este sentido, que la única solución posible para evitar tanto los problemas de seguridad en el consumo como la libre competencia «es garantizar que el terreno de juego tenga las mismas reglas para cualquiera que venda sus productos en la Unión Europea (UE), independientemente de su origen». De acuerdo con las últimas cifras disponibles en 2024 ingresaron en Europa un total de 4.600 millones de paquetes de escaso valor, con un crecimiento anual del 36% en el número de consumidores que recurren a las plataformas asiáticas para adquirirlos. «Comercian con productos de baja calidad, con un volumen masivo y con un cumplimiento a veces inexistente de las normas de la UE», recalcan en Arte. La patronal de las grandes empresas textiles reclama, en este sentido, un variado paquete de medidas. Para empezar, considera fundamental impulsar campañas de información y concienciación de los consumidores, especialmente dirigidas a los jóvenes, sobre los riesgos de productos inseguros en plataformas digitales, planteando para ello acciones conjuntas entre empresas, influencers responsables, asociaciones e instituciones públicas. Además, Arte apunta también que es «necesaria la regulación, pero con proporcionalidad y aplicación uniforme en los 27 Estados miembros de la Unión Europea, acompañando las normativas de estrategias preventivas que garanticen el level playing field (igualdad de condiciones, de acuerdo con su traducción del inglés)». En cualquier caso, antes de crear una nueva normativa, se pide la aplicación efectiva de la regulación ya existente en el mercado. Asimismo, las grandes empresas textiles reclaman también «mejorar la trazabilidad y el control aduanero, incluyendo el uso de tecnología y tasas sobre importaciones de bajo valor». De hecho, la Unión Europea ha acordado imponer desde el próximo 1 de julio una tasa fija de 3 euros por cada paquete pequeño, con un valor inferior a 150 euros, que entre desde fuera del bloque comunitario, lo que afectará directamente a Shein, Temu o Aliexpress. Más allá de las medidas que se puedan tomar en Europa, Arte propone también, no obstante, reforzar el cumplimiento normativo en España, actuando también a nivel nacional con la aplicación de medidas que permitan limitar el acceso al mercado a plataformas que sean reincidentes en infringir la normativa. «Se deben fomentar y aplicar sanciones ejemplarizantes y una armonización real de normas para evitar fragmentación del mercado único», aseguran. Y, por último, la patronal textil pide también la puesta en marcha de iniciativas para aumentar la transparencia en el uso y gestión de datos por parte de plataformas extranjeras y exigir el cumplimiento de estándares europeos. Frente a las acusaciones de Anged, Arte y las organizaciones de consumidores, tanto Shein como Temu se han defendido en los últimos meses insistiendo en que cumplen de forma escrupulosa la regulación. Han afirmado: «Compartimos el compromiso de proteger a los consumidores españoles y siempre estamos abiertos a un diálogo constructivo con los reguladores y las asociaciones del sector, como ya hacemos con los reguladores de la UE», aseguran desde Shein, recalcando que han desarrollado e implementado un protocolo de seguridad de productos multifacético para garantizar el cumplimiento de las normativas. Y de igual forma, Temu insiste en que «nos tomamos la seguridad de los productos extremadamente en serio y estamos firmemente comprometidos con ofrecer artículos seguros y conformes a todos nuestros clientes en España y en toda la Unión Europea».
A nivel local, señalar que Indra ofrece seis opciones para crear un gigante de la Defensa: de quedarse solo una parte de Escribano a que la Sepi lo compre.
El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha puesto sobre la mesa hasta seis alternativas distintas para poder llevar a cabo la creación de un gigante español de la defensa mediante la integración con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Para poder cristalizar la operación el Ejecutivo ha ofrecido incluso que sea la Sepi la que acabe comprando directamente Escribano, en lugar de que lo haga Indra, o que la tecnológica adquiera únicamente una parte de los negocios de la compañía familiar. Para el primer caso, el Gobierno se está planteando distintas alternativas de pago. Y en el segundo, aunque todavía no hay nada definido, las divisiones de EM&E que mejor encajarían en Indra serían las de vehículos, munición y estaciones de armas, con lo que Escribano se quedaría con las de electrónica y robótica. En las negociaciones en marcha hay, no obstante, otras cuatro opciones que también se están estudiando. La primera que se planteó, de hecho, es llevar a cabo una fusión por absorción, que continúa siendo la vía preferida por los hermanos Ángel y Javier Escribano, propietarios de la empresa familiar y presidente y consejero dominical respectivamente a su vez de la tecnológica, en la que controlan un 14,3% del capital. El fondo Amber Capital, del empresario y presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, también está alineado con esta postura. Si se llevara a cabo una fusión habría dos posibilidades distintas. La primera consistiría en llevar a cabo una primera ampliación de capital, con otra posterior con derecho de suscripción preferente para que la Sepi pudiera mantenerse como accionista mayoritario. La segunda alternativa, también en forma de fusión, se llevaría a cabo a través no solo de la ampliación, sino también del pago en metálico. En ambos casos, el holding público mantendría así la mayoría que es una de las condiciones imprescindibles que ha planteado para llevar a cabo la integración. Como quinta opción estaría la alternativa preferida de la Sepi, que pasa por que Indra adquiera un 51% del capital de EM&E para convertirla posteriormente en una filial. El problema es que eso supondría que la familia Escribano se quedaría en minoría tanto en una como en otra compañía, y no parece que vayan a aceptarlo. Como última alternativa, estaría también la posibilidad de crear un holding, es decir una nueva sociedad, que sería la que compraría Escribano y aglutinaría las participaciones tanto en Indra como en la empresa familiar. Más allá de lo que pueda pasar finalmente, tanto la SEPI como la familia Escribano han acercado posturas para analizar todas las opciones y llegar a la mejor solución posible, compartiendo como principal objetivo la creación de una gran empresa española de defensa capaz de competir por los contratos a nivel internacional. Aunque en un principio la única opción que se había planteado era la de la fusión por absorción, a finales del año pasado surgieron las primeras dudas en Moncloa ante la existencia de un posible conflicto de interés, teniendo en cuenta que el presidente de Indra, Ángel Escribano, es a su vez propietario del 50% de la empresa familiar. El departamento de Asuntos Económicos de Presidencia del Gobierno, que dirige Manuel de la Rocha, quiere evitar a toda costa una demanda por parte de los accionistas minoritarios, que puedan tratar de paralizar la operación en los tribunales en un momento de gran inestabilidad en el Gobierno y ante el temor de tener que adelantar las elecciones generales, previstas para el año que viene. A pesar de los rumores la semana pasada sobre la intención de la Sepi de exigir la dimisión de Ángel Escribano, el holding público insiste en que eso es algo que no está sobre la mesa. Al menos, no por el momento, porque si la operación acabara frustrándose podrían abrirse otras opciones para la presidencia de Indra. La Sepi y los Escribano encaran las negociaciones desde una posición de máximos, aunque deslizan que podría llegarse a un acuerdo para alcanzar una solución híbrida, mencionando en concreto la opción de trocear EM&E, que permitiría que la empresa familiar siguiera operando, y la fusión mediante ampliación de capital y pago en metálico. De los Mozos ya se ha reunido con Javier Escribano, y actualizará el estado de las negociaciones en el próximo consejo de Indra del día 25 de febrero.
En todo caso, lo importante es que se logre una solución positiva y estable, que redundará, por supuesto, en beneficio del Principado de Asturias.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
Página web: https://www.unioviedo.es/saotero/
Blog personal: https://catedraticasusanaalvarezotero.blogspot.com/