En esta pasada semana, las bolsas europeas han cerrado mixtas y Wall Street cotizó casi plano, con la inteligencia artificial aún como gran apoyo del mercado. La última sesión de la semana tuvo dos protagonistas claros. La inversión en inteligencia artificial sigue sin freno, con Meta y el fabricante surcoreano SK Hynix como nombres destacados de la semana. El frente de Irán vuelve a tensarse, aunque esta vez el mercado apenas se inmuta. Donald Trump declara que el alto el fuego con Irán «ha terminado», aunque acepta continuar las conversaciones que pide Teherán. Sobre el terreno persisten las señales de tensión: aviones cisterna refuerzan la escolta de buques por el estrecho de Ormuz y el comercio se desploma en el puerto iraní de Bandar Abbas. Aun así, los inversores prefieren no tomar grandes posiciones antes del fin de semana por la incertidumbre geopolítica. En el plano europeo, el IBEX 35 se anota un 0,32 %, hasta 19.384,70 puntos, mientras que el Euro Stoxx 50 cede un 0,25 % y el DAX alemán se deja un 0,20 %. Al cierre europeo, Wall Street cotiza sin dirección clara: el Dow Jones sube un 0,23 %, el S&P 500 avanza un 0,13 % y el Nasdaq se queda prácticamente plano. El petróleo cede, con el Brent en 75,79 dólares y el WTI en 71,30 dólares. El oro cotiza en 4.112,30 dólares y el euro se cambia a 1,1435 dólares. El tema de fondo de la semana ha sido la inteligencia artificial, y Goldman Sachs le puso nuevas cifras. La inversión de las cinco grandes tecnológicas en infraestructura de IA, los llamados hiperescaladores, alcanzará los 740.000 millones de dólares este año y los 996.000 millones en 2027, frente a los 406.000 millones del año pasado y los 227.000 millones de hace dos años.
Pasando al plano doméstico, la pensión media se revaloriza un 57% en una década, casi el doble que los salarios.
Mientras los salarios han avanzado paso a paso, las pensiones han recorrido el camino a zancadas en España. En poco más de una década, la prestación media ha crecido prácticamente el doble que el sueldo promedio, según recogen los cálculos más recientes de la consultora KPMG. Entre 2011 y 2024, la pensión media de jubilación aumentó un 57,07%, mientras que el salario medio se incrementó un 29,53%. Esta divergencia implica que los ingresos vinculados al sueldo, principal fuente de financiación del sistema, han crecido significativamente menos que las obligaciones derivadas de las prestaciones. En concreto, la prestación media mensual pasó de 923,1 euros hace 15 años a 1.449,9 euros hace dos ejercicios, según recoge el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el mismo periodo, el salario medio mensual se elevó de 1.841,8 euros a 2.385,6 euros, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El fuerte incremento de las pensiones observado desde 2022 coincide con la entrada en vigor de la primera fase de la reforma impulsada por José Luis Escrivá, que volvió a vincular la revalorización anual de las prestaciones al IPC. La elevada inflación registrada tras la pandemia y la crisis energética provocó que las prestaciones medias experimentaran las mayores subidas de las últimas décadas. En 2023 registraron un repunte interanual del 9,41% (al pasar de 1.259,8 euros mensuales a 1.378,4 euros), el mayor de la serie, seguido de un aumento del 5,19% en 2024, hasta los 1.449,9 euros actuales. También ha afectado la mejora de las carreras de cotización de las nuevas cohortes. En la otra cara de la moneda, en 2017 se registró el menor crecimiento interanual de la pensión, concretamente un 1,92%, pasando de 1.050,8 euros un año antes a 1.071 euros. También en 2014 solo aumentó un 2,05%, hasta los 1.007,7 euros. Cabe señalar que la pensión media de jubilación en esta fecha se sitúa en torno a 1.560 euros mensuales. Por su parte, los salarios han avanzado de forma más moderada. Incluso se produjo un descenso del 0,82% de 2015 a 2016. Asimismo, en los años más recientes se ha observado una recuperación salarial más intensa. En 2023, el sueldo medio mensual se incrementó un 7,28% respecto al año anterior, pasando de 2.118,8 euros a 2.273 euros. Además, en 2024 aumentó un 4,95%, hasta los 2.385,6 euros. Este aumento podría explicarse con la elevada inflación de 2022 y 2023, que llevó a empresas y sindicatos a pactar subidas salariales más altas para compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo acumulada, los niveles récord de ocupación y una reducción de la temporalidad tras la reforma laboral de los años 2021-2022. También por las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Sin embargo, no compensa la brecha acumulada entre ambas variables.
Estamos además, ante una ola de jubilación. La evolución demográfica añade presión adicional. España afronta la jubilación masiva de la generación del baby boom en las próximas décadas y, al mismo tiempo, registra una población cada vez más envejecida. Actualmente, las personas mayores de 65 años representan alrededor del 20% de la población, porcentaje que podría superar el 30% hacia mediados de siglo. Las previsiones recogidas en el estudio apuntan a que la tasa de dependencia (la relación entre mayores de 65 años y población en edad de trabajar) pasará de 38,6 en la actualidad a 78,4 en 2050. En la práctica, significará que habrá casi un jubilado por cada persona en edad laboral. Por otra parte, las proyecciones manejadas por organismos nacionales e internacionales sitúan a España entre los países que más recursos dedicarán a las pensiones públicas en el futuro. El gasto ya representa alrededor del 13,7% del PIB y podría alcanzar entre el 16,8% y el 17,3% en 2050, según el informe. Los pensionistas (incluyendo todos aquellos que tienen algún tipo de nómina) se han incrementado un 17,9%, pasando de 7,8 millones en 2011 a 9,1 millones en 2024. En cuanto a los afiliados a la Seguridad Social, en 2024 se superaron los 21,3 millones de trabajadores. Esta cifra supone un 28,3% más que hace una década, cuando se alcanzaron los 16,6 millones, según datos del Ministerio dirigido por Elma Saiz. Además, en 2025 se llegó a los 21,8 millones tras incorporarse 506.451 trabajadores más. La tendencia continuó en el primer semestre de 2026, cuando España sumó 621.925 nuevos afiliados y rebasó por primera vez los 22,4 millones de cotizantes. España mantiene una de las tasas de sustitución (indicador que compara los ingresos que una persona recibe al jubilarse con los que tenía antes de retirarse) más elevadas de los países desarrollados como Italia, Países Bajos o Francia, entre otras regiones, según el documento Pensions at a Glance 2025. La OCDE calcula que la pensión pública española equivale al 80,4% de los ingresos previos a la jubilación, por encima de la media del organismo, situada en torno al 50,7%. Este promedio se compone de un 42,3% correspondiente a prestaciones públicas y de un 8,4% procedente de las complementarias. Sin embargo, en el caso del país, la tasa depende íntegramente de las pensiones de la Seguridad Social, debido al escaso peso de los sistemas privados complementarios, según la consultora.
En realidad, se ha producido una caída de los salarios reales en España por la demora en la firma de convenios colectivos. El estancamiento de la productividad obstaculiza las subidas salariales por encima del IPC. El sueldo medio en España roza los 30.000 euros al año tras crece casi el doble que el IPC. El fuerte repunte de la inflación y el decalaje con el que se producen los aumentos retributivos pactados en los convenios colectivos merman el poder adquisitivo de los trabajadores. El fuerte repunte de la inflación de los últimos años, con episodios especialmente señalados como los experimentados tras la pandemia, con una subida del IPC del 8,4% en 2023, y tasas que se han situado cercanas al 3% en los años posteriores, sumado a un plomizo avance de los salarios en los mismos años, han provocado una caída de los salarios reales en España cercana al 2% entre el primer trimestre de 2021 y de 2026. Esto sitúa a la economía española como una de las principales de la OCDE donde más se han resentido las rentas de los trabajadores tras descontar el avance de los precios. Es una de las principales conclusiones que arroja el informe de Perspectivas de Empleo 2026 publicado esta pasada semana por la OCDE, en el que se da cuenta de cómo esta pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ha sido transversal a todos los principales países de la organización. De entre las economías más potentes, España se podría situar en el top 3 solo superada por el ajuste experimentado por Italia (-6,1%) y Australia (-5,1%). Si bien otras regiones del globo de menor peso asumen también severos recortes de salarios reales, como Suecia (-4,8%) o la República Checa (-5,8%) y Nueva Zelanda (-6,4%). En línea con el balance de España se encontrarían países como Francia y Alemania, también en el entorno del 2% de caída, y algo menor sería la experimentada por Estados Unidos (-1,4%) y Reino Unido (-1%). En todo caso, la situación en España no solo está ligada al aumento de los precios de la cesta de la compra. En primer lugar, los autores del informe subrayan que esta circunstancia se produce a pesar de los importantes aumentos del salario mínimo decididos por el Gobierno, que han protegido a los trabajadores con menores ingresos, pero que no han sido acompañados en la misma medida por la generalidad de las escalas retributivas. Además, resulta clave que, en España, los convenios colectivos se negocian cada varios años y de forma escalonada. Esto provoca que cuando la inflación se ha disparado de forma repentina como en 2021 y 2022, la inmensa mayoría de los convenios operaban con subidas salariales pactadas previamente sustancialmente inferiores. Es decir, la OCDE recalca que existe un desfase temporal significativo entre el momento en que se dispara el coste de la vida y el momento en que se firman las revisiones salariales en las mesas de negociación de cada empresa. En este punto también afecta la ausencia de mecanismos de indexación automática que ha provocado que los salarios nominales no reaccionaran de manera inmediata al choque de precios de 2022, trasladando todo el impacto del encarecimiento de la energía y los alimentos al bolsillo de los trabajadores. Por último aparece como clave otro de los factores que hace que las empresas retengan las subidas salariales: el estancamiento de la productividad. Como en buena parte de los países de la eurozona, España ha experimentado una desaceleración en las ganancias de productividad. Esto, señalan los expertos de la OCDE, limita estructuralmente la capacidad de las empresas para ofrecer incrementos salariales reales (por encima de la inflación) sin comprometer gravemente sus márgenes de beneficio o su viabilidad económica. Precisamente, este es uno de los aspectos que han criticado desde las organizaciones empresariales tras las sucesivas subidas del salario mínimo, reclamando al Gobierno que tenga en cuenta otros elementos más allá del IPC, como la productividad o el PIB.
Yendo a la grave noticia que destaco en el titular del blog en el día de hoy y que es, por descontado, una pésima noticia para el sistema bancario español, es que el BBVA se sentará en el banquillo acusado de 52 delitos en el mayor juicio penal de la historia de la banca española. El juez imputa a BBVA delito continuado de cohecho y 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, manteniendo la responsabilidad penal de la persona jurídica.
La apertura de juicio oral acordada esta pasada semana por la Audiencia Nacional sitúa al BBVA ante una de las mayores crisis de su historia. El banco tendrá que responder como persona jurídica en el caso Villarejo acusado de un presunto delito continuado de cohecho y de 52 presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, un volumen de acusaciones sin precedentes para una entidad financiera española. La resolución supone un punto de inflexión después de casi una década de investigación. A partir de ahora, ya no se trata de una instrucción judicial, sino de un procedimiento que llegará a juicio con el BBVA sentado en el banquillo junto a antiguos máximos responsables de la entidad, entre ellos el expresidente Francisco González y el exjefe de Seguridad Julio Corrochano. Delitos entre los que se incluye el seguimiento espionaje de diversas personas. El auto considera que existen elementos suficientes para que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional enjuicie la posible responsabilidad penal del banco. En concreto, mantiene la acusación contra la entidad por un delito continuado de cohecho (al amparo de los artículos 31 bis y 427 bis del Código Penal), y por 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, derivados de los trabajos presuntamente realizados por el entramado empresarial del ex comisario José Manuel Villarejo.
Un caso que tiene buena parte de su base en la pieza separada número 9, redactada por Luis Pineda desde la cárcel, donde estuvo tres años acusado de una serie de delitos contra BBVA de los que fue finalmente absuelto, en lo que el propio Pineda ha calificado como «una organización criminal que orquestó» su arresto.
Multiplica la gravedad del caso
La cifra de 52 delitos refleja la dimensión que la Fiscalía atribuye a las actuaciones investigadas. No se trata de un único episodio, sino de una sucesión de actuaciones que, según el escrito de acusación incorporado al auto, habrían afectado a decenas de personas y operaciones distintas durante varios años. Esa acumulación convierte al BBVA en uno de los pocos grandes bancos españoles llamados a responder penalmente por un número tan elevado de presuntos delitos en un mismo procedimiento. Además del banco, la causa mantiene la acusación contra buena parte de la antigua cúpula que dirigía la entidad durante los contratos con Cenyt. El Ministerio Fiscal solicita para el BBVA una multa de cinco años por el delito continuado de cohecho y otra sanción económica por cada uno de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos que atribuye a la persona jurídica.
La responsabilidad penal de BBVA
El aspecto más relevante del auto es que la Audiencia Nacional mantiene viva la responsabilidad penal del propio banco. Es decir, el juicio no se limitará a depurar la actuación de antiguos directivos, sino que analizará si la entidad, como persona jurídica, incurrió en responsabilidad penal por los hechos investigados y si sus sistemas de control fueron suficientes para impedirlos.
La resolución identifica expresamente al BBVA entre los acusados y acuerda la apertura de juicio oral por un presunto delito de cohecho y 52 presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, consolidando así el mayor frente judicial al que se enfrenta la entidad desde su fundación.
BBVA irá a juicio como persona jurídica por cohecho y por 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Anticorrupción reclama para la entidad una multa de 181,1 millones de euros: cinco años de multa a razón de 5.000 euros diarios por el delito continuado de cohecho activo y otros dos años, también a 5.000 euros diarios, por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La fotografía procesal del banco es especialmente delicada. Podemos y Adicae reclaman además la inhabilitación del BBVA para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante quince años. Lo hacen, según recoge el auto, «atendiendo a la especial gravedad de las conductas cometidas».
Villarejo también se sentará en el banquillo. El auto le atribuye cohecho pasivo propio, cohecho activo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos cometidos por funcionario, integración o pertenencia en organización o grupo criminal y falsedad de documento mercantil. Anticorrupción reclama para él seis años por cohecho pasivo propio y cuatro años por cada uno de los 42 delitos de revelación de secretos cometidos como funcionario público. Junto a él será juzgado Rafael Redondo, socio del comisario en Cenyt, por cohecho, revelación de secretos, falsedad y grupo criminal. También irá a juicio Julio Corrochano, excomisario general de la Policía Judicial y exjefe de Seguridad del BBVA, considerado por los investigadores una pieza clave como enlace entre el banco y Villarejo. Para Corrochano, Anticorrupción solicita seis años por cohecho activo, cinco años por cada uno de los 47 delitos de revelación de secretos y otros dos años por corrupción en los negocios.
En definitiva, el BBVA será la primera gran empresa del Ibex que se siente en el banquillo por el caso Villarejo.
Cambiando de tercio a noticias más agradables que la corrupción de esta entidad bancaria, es el hecho de que nuevas profesiones que surgen en la próxima frontera del teletrabajo. Con la ‘teleoperación remota’, las empresas deslocalizan puestos de control, no fábricas, y los operarios remotos convierten labores locales tradicionales en un mercado laboral digital planetario. En la región china de Xinjiang, donde se encuentra el mayor depósito mundial de sulfato de potasio -un fertilizante vital-, acumularlo en almacenes genera nubes de polvo tan intensas que los trabajadores se ven obligados a conducir maquinaria pesada casi a ciegas. BuilderX Robotics, una empresa tecnológica china, utiliza cámaras que funcionan como una especie de visión nocturna para zonas polvorientas. En Japón, las estanterías de más de 300 tiendas de conveniencia están siendo reabastecidas por robots supervisados y controlados por trabajadores desde Filipinas. El aeropuerto de Düsseldorf prueba lanzaderas conducidas por trabajadores remotos, y una start up de Atlanta ofrece robots de seguridad operados por personal remoto. La posibilidad de cubrir a miles de kilómetros de distancia empleos que algunos expertos califican de «obstinadamente locales» está cambiando el concepto del trabajo remoto y genera nuevas oportunidades en sectores en los que hasta ahora no podíamos imaginar que existiera la posibilidad de teletrabajar. Muchos trabajos físicos «locales» -manejar excavadoras, robots de tienda, lanzaderas o maquinaria industrial- pueden separarse del lugar donde se ejecutan. Esto es mucho más que «robots que quitan empleos», y se puede ver más bien como una reorganización global del trabajo: algunas tareas se automatizan, otras se desplazan, las hay que se trocean y muchas quedan ocultas detrás de una interfaz tecnológica. Antes, las empresas trasladaban fábricas enteras al extranjero para reducir costes laborales. Ahora, trabajadores situados al otro lado del mundo pueden manejar excavadoras, carretillas elevadoras e incluso robots humanoides locales con una conexión a internet. Esta capacidad de controlar máquinas físicas a distancia se llama teleoperación, y podría convertirse en una fuerza de cambio significativa en la economía global. La consecuencia económica más importante es que la teleoperación puede crear una nueva categoría de offshoring físico. No se traslada la fábrica, ni se mueve la máquina, ni se automatiza por completo: se traslada el puesto de control. Se puede dar una mejora de la seguridad física, pero también puede empeorar la calidad del empleo. Sacar a trabajadores de minas, almacenes con polvo, obras peligrosas o zonas con maquinaria pesada reduce la exposición a riesgos reales, pero esa mejora no garantiza un «trabajo decente».
A nivel local, cabe destacar que Asturias es la tercera región más envejecida de la Unión Europea. Asturias llegó al primer cuarto del siglo XXI como la tercera región más envejecida de toda la Unión Europea. Así lo reflejan los últimos datos publicados por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) y analizados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) correspondientes al año 2024. Asturias comparte el podio con regiones alemanas también muy castigadas por el invierno demográfico y además, en las proyecciones a medio plazo se espera que el Principado sigue siendo el territorio con la media de edad más elevada del país, pero también el primer destino para la inmigración nacional. Con una edad media de la población de 51,4 años, Asturias únicamente es superada en el ámbito comunitario por la región italiana de Liguria, que lidera la tabla con 52,3 años, y la alemana de Chemnitz, con 51,8 años. El «top 10» del envejecimiento continental se completa con una fuerte presencia de territorios alemanes, italianos y búlgaros, tales como Sachsen-Anhalt (51,2 años), Cerdeña (51,1 años) y Severozapaden (50,5 años). Esta realidad contrasta de forma drástica con la media de la Unión Europea (UE-27), situada en 44,5 años, y con las regiones más jóvenes del espectro europeo, localizadas principalmente en los territorios franceses de ultramar, como Guayana (27,0 años) y Mayotte, que cierra la lista con una edad media de apenas 18,1 años. Los factores que sostienen esta pirámide poblacional invertida en el Principado quedan evidenciados en las variables de balance biológico y tasas de soporte.
A nivel empresarial de Asturias, cabe destacar el Tallerón» de Indra en Gijón: 75.000 metros cuadrados y 9 naves para fabricar blindados. La multinacional continúa poniendo a punto su fábrica en Asturias mientras avanza tanto en la negociación por el taller de Barros en Langreo como en su instalación en la localidad gallega de As Pontes. Aún no ha salido de sus naves ningún blindado fabricado por Indra. Sin embargo, quien cruza la puerta de «El Tallerón» encuentra una de las mayores instalaciones industriales del norte de España en pleno proceso de transformación para convertirse en uno de sus principales centros de producción de plataformas terrestres de la compañía. La antigua factoría de Duro Felguera adquirida hace apenas un año por Indra conserva buena parte de las capacidades y sobre esa base Indra está desarrollando un proyecto destinado a fabricar y ensamblar vehículos militares, con el objetivo de convertir las instalaciones en su planta de referencia para los futuros programas de blindados. La fábrica ocupa una parcela de 75.000 metros cuadrados, de los que unos 23.000 corresponden a superficie cubierta repartida en nueve naves, además de cerca de 1.000 metros cuadrados de edificios auxiliares. A ello se suma una amplia superficie exterior destinada a almacenamiento, acopio de materiales, radiografiado de piezas y hasta una pista de pruebas para diferentes maniobras, así como un embarcadero con acceso al mar Cantábrico, uno de los elementos diferenciales del complejo por sus posibilidades logísticas para el movimiento de grandes estructuras. El recorrido por la planta comienza en la nave de oficinas, situada junto al acceso principal. Desde allí se distribuye un complejo concebido originalmente para la construcción naval pesada y adaptado para manejar grandes componentes metálicos. El corazón industrial lo forman tres grandes naves de fabricación —las identificadas como 2, 3 y 6 en el plano—, que suman 13.699 metros cuadrados y disponen de dimensiones suficientes para albergar futuras líneas de producción de vehículos militares. Su longitud, que alcanza los 200 metros de largo en dos de los casos, y la presencia de puentes grúa con capacidades comprendidas entre 20 y 150 toneladas permiten mover estructuras de gran tamaño, una característica imprescindible para el ensamblaje de plataformas blindadas. Junto a estas naves se sitúa un edificio destinado a prefabricación, concebido para el desarrollo de trabajos previos, además de un almacén de materiales fungibles. El recorrido continúa hacia la parte posterior de la parcela, donde se localiza el horno modular grande y una nave móvil destinada a operaciones de pintura y acabado. El complejo se completa con la nave 9, un almacén para piezas menudas. Fuera de los edificios se extiende una amplia superficie descubierta —reconfigurable a futuro— que albergará zonas de acopio, almacenamiento y una zona de radiografiado, entre otros. Todo ello conecta con el embarcadero situado en el extremo de la parcela, una infraestructura heredada de la actividad naval que facilita la entrada y salida de cargas de gran volumen. El recinto dispone además de accesos terrestres, edificios auxiliares y áreas de aparcamiento que completan la instalación. Lo que todavía está en desarrollo es el proyecto industrial de Indra. La compañía trabaja en la adecuación de las instalaciones para adaptarlas a la fabricación de vehículos militares, un proceso que implica reorganizar espacios interiores, implantar nuevas líneas de montaje e incorporar tecnologías asociadas a la industria 4.0. Esa transformación todavía no ha concluido. Aunque la obra en Gijón avanza, la producción de blindados aún no ha comenzado y se prevé que la maquinaria pesada para la fabricación llegue a principios de 2027, según el calendario que maneja la compañía. La plantilla con la Indra adquirió las instalaciones estaba formada por 160 profesionales con experiencia industrial y capacidades en ingeniería, metalurgia, soldadura, producción y armado. Sobre ese equipo, Indra prevé desarrollar progresivamente el nuevo proyecto, mientras en paralelo continúa la tramitación de una segunda planta en Asturias: el taller de Barros, en Langreo. Aunque este proyecto langreano se encuentra actualmente en fase de negociación con Duro Felguera para la compra de las instalaciones y el Principado sigue tramitando su declaración como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) para crear cien puestos de trabajo, el Ejecutivo autonómico insiste en que sigue adelante con total normalidad y que se concibe como una iniciativa complementaria, no sustitutiva, de la factoría gijonesa.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
Página web: https://www.unioviedo.es/saotero/
Blog personal: https://catedraticasusanaalvarezotero.blogspot.com/