Los mercados europeos terminaban la semana mayoritariamente en positivo, expectantes ante el inicio de la guerra comercial entre EE.UU. y China. Así, el viernes, la primera establecía aranceles a 34.000 M. $ de productos procedentes de China, con esta última, respondiendo de la misma manera. Estos aranceles de EEUU a China, evidentemente, encienden la guerra comercial. Como digo, el Gobierno de Donald Trump impuso en la madrugada del pasado jueves al viernes un aumento de los aranceles a la importación de productos chinos por valor de 34.000 millones de dólares, una decisión a la que las autoridades de China ya han anunciado que responderán con «contraataques necesarios». La entrada en vigor de estos gravámenes supuso el inicio de la temida guerra comercial entre las dos potencias económicas, cuya relación comercial se ha tensado desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. La primera oleada de aranceles de Washington destinados a 818 categorías de bienes importados de China incluye mayoritariamente componentes de la cadena de suministro del sector industrial y tecnológico, pero también apunta a varios bienes de consumo, como bombillas de luz LED y cigarrillos electrónicos, entre otros. La entrada en vigor de estas sanciones del 25 % a importaciones chinas por valor de 34.000 millones este pasado viernes forma parte de la primera fase de un castigo total de 50.000 millones, según anunció la Casa Blanca a mediados de junio. Los otros 16.000 millones entrarán en vigor en las próximas dos semanas, según anunció el pasado jueves el propio Trump, que también avisó de que EE.UU. responderá con otros 200.000 millones si China decide contraatacar y después con otros 300.000. Los analistas de Bloomberg han calculado que, con estas medidas, el producto interior bruto de China para 2019, que está previsto que crezca un 6,5 % este año, podría sufrir una desaceleración de dos décimas. Pekín, por su parte, ha reiterado en varias ocasiones que no está a favor de iniciar una guerra comercial contra Estados Unidos, pero esta semana anunció que emprenderá los contraataques necesarios como respuesta al hecho por Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng, había dicho que Pekín no iba a disparar la primera bala y que no aplicaría medidas arancelarias antes de que lo hiciera EE.UU. Las medidas de EE.UU. están esencialmente atacando las cadenas de suministro y de valor globales. Están abriendo fuego contra todo el mundo, incluido contra ellos mismos», sentenció Feng. La respuesta anunciada por China ante el castigo estadounidense engloba sanciones a 545 productos estadounidenses, entre los que destacan la carne de cerdo, el trigo, productos lácteos, el arroz y la soja, dos alimentos clave en esta cultura asiática. Según proyecciones del centro de estudios Peterson Insitute for International Economics, con sede en Washington, el impacto a nivel macroeconómico será «mínimo», pero sí afectará a nivel micro en determinados sectores y empresas. En concreto, las medidas arancelarias de China sobre productos estadounidenses se traducirán en pérdida de empleos, ralentización de las inversiones y subida de los precios en EE.UU., entre otros.
En Alemania la política migratoria ponía en riesgo al Gobierno, mientras en Reino Unido, el Brexit centraba la atención. La canciller alemana, Angela Merkel, por su parte, rebajaba la tensión al abrir la posibilidad de reducir los aranceles a las importaciones de coches estadounidenses, en una semana en la que la política de inmigración alemana hacía peligrar la estabilidad de su gobierno. Por su parte, Theresa May, se reunía con su gabinete de cara a fijar la postura a adoptar en las próximas negociaciones por el Brexit, así como para aprobar su plan aduanero. A nivel de política monetaria y bancos centrales, las actas de la FED mostraban confianza en las previsiones de la economía estadounidense, mientras miembros del BCE no se sienten confortables con el momento estimado para la primera subida de tipos. La semana nos ha dejado la publicación de las actas de la última reunión de la Fed donde podíamos confirmar la confianza de los miembros del FOMC en el Outlook económico en Estados Unidos, sin quitar atención a los posibles efectos de la guerra comercial. En cuanto al BCE, según publica Bloomberg, algunos miembros del comité no estarían del todo confortables con el hecho de que el mercado no estime el primer movimiento en los tipos oficiales hasta finales del 2019. Según la misma fuente, una subida en septiembre estaría sobre la mesa. En este sentido, Peter Praet cree que la discusión sobre los tipos oficiales volverá a estar sobre la mesa durante las próximas reuniones de política monetaria. En cuanto a los mercados de deuda, semana de estabilidad en la deuda core tanto en Europa como en Estados Unidos, donde la pendiente de la curva sigue estrechando. Por su parte, la prima de riesgo española se mantiene en niveles del entorno de 100 pbs.
A nivel doméstico, considero que lo más llamativo de la semana es la fuerte preocupación entre los inversores por el impuesto de Sánchez a la banca. De hecho, una ronda de reuniones mantenida por los expertos de banca de UBS con grandes inversores en Londres y Nueva York revela que la situación política en España e Italia, junto al temor a que el Banco Central Europeo (BCE) no suba los tipos de interés en un horizonte cercano, son los factores que explican la debilidad en Bolsa de las entidades financieras del continente. Los bancos europeos acumulan un descenso de valor del 12% en lo que va de año, con los nombres de la zona euro cayendo un 15% y confirmando el rol que la política española e italiana y las preocupaciones sobre la política de tipos del BCE tienen en la menor valoración del sector». En los encuentros con inversores, «los clientes han apuntado a los riesgos alrededor de la política fiscal en Italia y España». En el caso español, UBS estima que el posible impuesto del presidente Pedro Sánchez a la banca, si se sitúa entre 800 millones y 1.000 millones de euros anuales, podría costar entre un 6%-7% de los beneficios consolidados del sector. El impacto en el resultado por acción para los bancos más enfocados al mercado doméstico, como es el caso de Bankia, Sabadell o CaixaBank, sería del 10%. Y en grupos más internacionales, como Santander y BBVA el impacto se movería en torno al 2%-3% de su beneficio. Se trata de cálculos similares a los realizados recientemente por JPMorgan.»El Banco de España y varias entidades españolas han advertido de que, si ese impuesto se materializa, los costes adicionales podrían ser traspasados a los clientes en el precio de los préstamos. Pero la experiencia en Reino Unido -donde hace dos años se impuso una tasa a la banca- sugiere que la disciplina a la hora de elevar tipos de interés no es algo en lo que se pueda confiar, particularmente cuando el volumen de préstamos domésticos en España se está contrayendo», apunta el informe. La incertidumbre sobre esta nueva carga fiscal «supone un riesgo para el verano», añade UBS. Esto pesará sobre valores como Santander, BBVA y Sabadell», concluye el banco suizo.
Y estamos en la situación en la que el Gobierno prepara impuestos a la banca y a las tecnológicas. Las nuevas medidas también contemplan incluir un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado el pasado jueves que el nuevo marco fiscal que diseña el Gobierno incluirá un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades y la implantación de un nuevo impuesto a la banca cuya recaudación se destinará a la Seguridad Social. La ministra ha dicho que Hacienda trabaja «intensamente» en este marco fiscal y en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 que partirán de un techo de gasto más alto que los de este año, aunque no ha querido concretar el porcentaje de incremento. Como todas las medidas fiscales que están estudiando no se podrán incluir en los Presupuestos -dado que algunas figuras son de nueva creación-, la ministra ha dicho que se irán enviando los proyectos de ley al Congreso para que puedan ser tramitados y entren en vigor el año que viene. Montero ha asegurado que la nueva fiscalidad tiene que dar respuesta a los retos que plantea la tecnología, la globalización y la economía colaborativa «que no han encontrado encaje en la fiscalidad tradicional» y que en algunos casos están generando una competencia desleal al contribuir al fisco en menor medida que otras actividades.
Por ello, ha explicado que el Gobierno socialista hace suya la propuesta de su predecesor en el cargo, Cristóbal Montoro para poner en marcha la llamada tasa Google el impuesto sobre los servicios digitales. Sobre el tipo mínimo de sociedades, ha dicho que es necesario establecer un tope a partir del cual las empresas no puedan aplicarse mayores deducciones, porque en la actualidad el tipo nominal (25 %) está lejos del tipo medio efectivamente pagado (en torno al 12 %). Respecto a la nueva imposición a la banca ha reconocido que no espera que el sector lo reciba «con agradecimiento» y ha explicado que se trata de una manera de colaborar a la recaudación de la Seguridad Social, cuyos ingresos deberían también mejorar a través de la subida de salarios. En el ámbito medioambiental, la ministra ha dicho que se están estudiando las propuestas formuladas por el Ministerio para la Transición Ecológica para recoger «las que sean razonables». Ha explicado que no tendrán afán recaudatorio, porque los recursos que aportarían no serían significativos, sino que se trata de diseñar medidas para proteger el medio ambiente con mayores gravámenes a productos contaminantes por ejemplo, aunque no ha aclarado si eso incluiría la equiparación de la imposición del diésel a la de la gasolina.
En mi opinión, amable lector, que un gobierno de izquierdas eleve los impuestos y el gasto, poniendo en peligro el mantenimiento del déficit, era algo que cabía esperar, desafortunadamente.
Tampoco las huelgas de aviones son algo extraño en periodo vacacional. Así, la huelga en Ryanair amenaza con provocar un nuevo caos aéreo en Europa. Los tripulantes de cabina de España, Portugal, Italia y Bélgica pararán el 25 y 26 de julio, siguiendo la estela de los pilotos en Irlanda y poniendo en jaque los vuelos de la aerolínea irlandesa. Ryanair se la juega este verano. El conflicto laboral que se ha ido enquistando en los últimos meses ha cristalizado en una convocatoria de huelga histórica que amenaza con paralizar los vuelos de la aerolínea low cost irlandesa en cuatro de sus principales mercados -España, Portugal, Italia y Bélgica- en plena temporada estival. Los tripulantes de cabina (TCP) de esos países cumplieron ayer su amenaza: pararán el 25 de julio en España, Portugal, Bélgica e Italia y al día siguiente en los tres primeros mercados. La medida auspiciada por los sindicatos Sitcpla y USO (España), SNPVAC (Portugal), Uiltrasporti (Italia) y CNE-LBC (Bélgica) sigue la estela del colectivo de pilotos en Irlanda, que parará el martes 12 de julio y al que podrían seguir comandantes de otros países -ya hubo paros parciales a finales del año pasado-. En España, están llamados a la huelga más de 1.800 TCP -4.000 sumando los cuatro países-. Italia es el segundo mercado para Ryanair, que cuenta con 86 bases repartidas por el Viejo Continente, mientras que España, donde la irlandesa es líder por volumen de pasajeros, es el tercero. En el caso de Irlanda, se estima que la huelga de pilotos afectará al 7% de los vuelos de la compañía. La cuestión de fondo es la reclamación por parte de la plantilla, para que la compañía dirigida por Michael O’Leary, mejore sus condiciones laborales, se ajuste a la normativa vigente en cada país en materia de contratación y reconozca a los representantes elegidos por cada sindicato para negociar un convenio colectivo. Según USO, el 75% de la plantilla de Ryanair está contratatada a través de empresas de trabajo temporal, sujeta a la legislación irlandesa, sin salario base y cobrando sólo por las horas de vuelo, con la consiguiente inestabilidad laboral. La compañía, por su parte, se defendió asegurando que «las demandas de los TCP no tienen sentido, ya que ganan hasta 40.000 euros, más del doble del salario fijo; trabajan con un calendario de cinco días de trabajo y tres seguidos de descanso; reciben formación gratuita y una bonificación por uniformes de 400 euros al año; e incentivos del 10% por vender productos a bordo del avión», entre otras. Ryanair sostiene que las negociaciones están abiertas y ha citado a los sindicatos a una reunión el miércoles para desconvocar los paros. En pararelo, Sitcpla y USO acudirán a una conciliación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (Sima). Por su parte, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) recordó ayer que los pasajeros que vayan a viajar en avión esta temporada estival tienen derecho a información, asistencia y reembolso o transporte alternativo si su vuelo se retrasa o cancela.
Termino con una buena noticia, estimado lector: las ‘fintech’ crearán 4.500 empleos en España en el próximo año. España se sitúa como el sexto país del mundo con más tejido de ‘start up’ especializadas en servicios financieros. Entre todas facturan cien millones de euros anuales. El emergente ecosistema de las empresas tecnológicas de servicios financieros está dinamizando la contratación en el sector financiero por primera vez en casi diez años, mientras sigue abierto el duro proceso de destrucción de empleo de la banca tradicional. Las 300 fintech y las 90 insurtech (especializadas en seguros) que ofrecen sus servicios en España planean contratar en total 4.500 empleados en doce meses. Las diez start up de mayor facturación concentrarán un millar de estos empleos. En su mayoría son fintech extranjeras que empiezan a dar servicios en España. Un ejemplo reciente es N26, un banco pensado para el móvil, que va a contratar 100 ingenieros en la oficina que va a abrir próximamente en Barcelona. Se trata de la primera que inaugura en Europa fuera de sede, que se encuentra en Berlín. Entre todas las empresas fintech suman una facturación de 100 millones de euros anuales y una plantilla de 5.000 empleados. España, a diferencia de California, Reino Unido o Israel, no cuenta con un entorno regulatorio especialmente favorable para que germine el mundo fintech. Aun así, nuestro país se ha convertido en el sexto país del mundo con más empresas instaladas. En todo el planeta se calcula que existen unas 15.000 start up.
En cualquier caso, cualquier noticia que implique crecimiento del empleo en nuestro país, sea por la vía que sea, siempre es una gran noticia, dado nuestro problema estructural en ese aspecto.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.