Ha habido un comportamiento mixto de los mercados de renta variable europeos en los que el IBEX 35 (-1,7%) sufría los mayores descensos respecto a los demás índices europeos. La semana comenzaba en verde, con las bolsas dejando a un lado las tensiones por la guerra comercial. Sin embargo, el anuncio inesperado de Trump a mitad de semana de nuevos aranceles por 200.000 M .$, traía de vuelta la incertidumbre y por consiguiente, correcciones en las bolsas. Adicionalmente, se celebraba la cumbre de la OTAN, en la que Trump solicitaba el aumento del gasto en defensa a los aliados y amenazaba con irse por su propia cuenta en caso de que estos no lleguen a los niveles de gasto considerados. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, de que «probablemente» no obtendrá un acuerdo comercial con su país si su plan del «Brexit» sigue adelante. En una entrevista Trump afirmó que los planes de May por un Brexit suave acabarían con un posible acuerdo y eso significaría que Estados Unidos mantendría relaciones comerciales con la Unión Europea en lugar de con este país. May abogó por un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos en una cena celebrada en el palacio de Blenheim, con la que recibió a Trump y a su esposa, Melania.
A nivel de política monetaria, desde el BCE, se mostraban confiados en torno a la salida del plan de estímulos, a pesar de la guerra comercial. Las actas de la reunión de junio del BCE muestran como los miembros del comité evidencian una mayor confianza en la evolución de la inflación. Además, el guidance ofrecido para las subidas de los tipos oficiales trataba de buscar un equilibrio entre tener informado al mercado, pero guardarse cierta flexibilidad. Por su parte, Benoit Coeure señalaba que la guerra comercial iniciada por Estados Unidos no interferirá en el camino de salida de los estímulos monetarios del BCE. A ese respecto, el presidente de la Fed Powell reconocía que el impacto de la guerra comercial en la economía es difícil de predecir, a la vez que admitía «dormir tranquilo» con la situación económica en este momento.
No puedo omitir el tema del Brexit, para comentar que después de que May alcanzase la semana pasada in extremis los apoyos suficientes para llevar a cabo un Brexit suave, David Davis y horas después Boris Johnson, presentaban su dimisión, mostrando su desacuerdo al proyecto. Posteriormente, la primera ministra presentaba su propuesta de política comercial con la Unión Europea, en la que establecía un área de libre comercio entre ambas regiones, pero dejando a un lado los planes de estrechar vínculos en el sector financiero. Una vez que Trump conocía estos planes, el presidente norteamericano declaraba que, en caso de que se lleven a cabo, será imposible desarrollar un tratado de libre comercio con Reino Unido.
La dimisión de Davis, que accedió al cargo tras el triunfo del Brexit en el referéndum del 23 de junio de 2016, se produce tras un fin de semana de conjeturas sobre la unidad del Gobierno después de que los diputados llegaran el viernes «in extremis» a un consenso sobre la futura relación bilateral. La propuesta acordada en la residencia oficial campestre de Chequers (sur inglés), que aún debía ser estudiada por la UE, no satisfizo, aunque la aceptaron, a la poderosa minoría de ministros pro-Brexit duro, debido a que conlleva una armonización normativa y aduanera con el bloque comunitario. La nueva relación bilateral se aplicaría al término del periodo de transición de 21 meses posterior a la salida del Reino Unido de la UE, prevista para el 29 de marzo de 2019. En el grupo de unos siete ministros partidarios de un Brexit duro o ruptura total con la UE figuran, además de Davis, el titular de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, y el de Medioambiente, Michael Gove, cuyos cargos quedan ahora en entredicho. La marcha de Davis es un duro golpe para Theresa May, que pierde a su negociador del Brexit con Bruselas y a una figura clave para mantener el equilibrio dentro de su Ejecutivo.
A nivel doméstico, es muy importante destacar que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó este martes el procedimiento y los criterios para la salida gradual a los mercados financieros de las comunidades adheridas al Fondo de Financiación a las autonomías, a través del compartimento Facilidad Financiera. Según informó la pasada semana el Ministerio de Hacienda en un comunicado, el objetivo de esta medida es facilitar que aquellas comunidades que se encuentran en una situación financiera más saneada puedan volver a financiarse en los mercados. Las autonomías que quieran acogerse a este procedimiento deberán presentar un plan plurianual de endeudamiento que cubra el periodo comprendido entre el tercer trimestre de 2018 y diciembre de 2021, y que deberá elevarse a los Ministerios de Hacienda y de Economía y Empresa. De este modo, las comunidades adheridas al compartimento Facilidad Financiera que deseen salir a los mercados a partir del inicio del año 2019 y siguientes presentarán antes del 30 de noviembre del año anterior al Ministerio de Hacienda el plan plurianual de endeudamiento que cubra un periodo de tres años naturales sucesivos.
Ese plan tendrá que ser coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto aprobados y adecuarse a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y al Real Decreto de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades y de las entidades locales y otras de carácter económico. Además, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó el reparto de 762 millones de euros entre las comunidades para financiar las desviaciones respecto al objetivo de déficit en que éstas hayan incurrido en el año anterior y que se encuentren pendientes de financiación. Con este acuerdo, se pretende que las posibles desviaciones de la meta de déficit autonómico no perjudiquen al plazo de pago a proveedores. De esos 762 millones de euros, 170,25 millones de euros corresponden al compartimento Facilidad Financiera (todo el dinero irá en esta ocasión a Castilla y León) y 591,75 millones al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Un desembolso que Hacienda considera fundamental para contribuir a la reducción del periodo medio de pago a proveedores y al cumplimiento del límite que establece la actual normativa en materia de morosidad. El mayor importe corresponde al FLA, con 591,75 millones, y Murcia será la autonomía que más reciba, con 221,25 millones, seguida de la Comunidad Valenciana, con 199,50.
Por su parte, la CNMV hará ‘mistery shopping’ digital a la banca. El supervisor va a retomar el programa de compras ficticias que va a ampliar también a los canales digitales de venta. Tanto el Banco de España como la CNMV están preocupados por los posibles problemas de comercialización de productos financieros de forma no ortodoxa y parecen haberse puesto de acuerdo para iniciar una ofensiva contra posibles malas prácticas y para explicar los riesgos que los usuarios de servicios y productos financieros pueden correr si aceptan que terceros puedan conocer y usar sus datos personales.
La CNMV inició hace algo más de dos ejercicios un programa de compras ficticias (mystery shopping, como se conoce en inglés) con el objetivo de detectar posibles problemas de comercialización de productos financieros entre los usuarios de entidades dedicadas a llevar a cabo esas funciones. En los dos últimos ejercicios, con Sebastián Albella al frente de la comisión, no se han vuelto a llevar a cabo este tipo de investigaciones, pero existe la decisión de volverlas a poner en marcha con una particularidad.
Considero muy importante que las entidades comercializadoras sientan que la CNMV está detrás de ellas, vigilante. Esta presión es la que se quiere mantener con el nuevo programa de compras ficticias que va a desarrollar la comisión.
Que podían cambiar a la baja las previsiones para España, era algo que yo anticipaba en el nuevo escenario y, de hecho, la Comisión Europea recorta por primera vez el crecimiento de España para 2018 que revisa a la baja las previsiones de crecimiento de nuestra economía, desde el 2,9% que anticipó en mayo hasta el 2,8%. Se trata de la primera vez que Bruselas recorta la previsión de crecimiento española de 2018, después de cuatro revisiones consecutivas al alza. La moderación refleja la cristalización de riesgos como el aumento del proteccionismo debido a la escalada arancelaria iniciada por EEUU o la subida del precio del petróleo. Según estas fuentes, el movimiento no se debe a un problema específico de España sino que «va en línea con el resto» de países. Desde que en otoño de 2016 la Comisión empezó a pronosticar cuánto iba a crecer la economía española en 2018, todas las revisiones que han hecho en Bruselas han sido al alza. Si en noviembre de 2016 vaticinaba un incremento del PIB del 2,1% para este año, en mayo de 2017 lo subió al 2,4%, para elevarlo al 2,5% en noviembre, revisarlo de nuevo hasta el 2,6% en febrero pasado y dejarlo en el 2,9% en mayo de este año. El 2,8% actual sigue estando por encima del 2,7% del cuadro económico que maneja el Gobierno. La duda que habrá que despejar en los próximos meses es si la rebaja anunciada hoy por Bruselas es un movimiento puntual o bien el comienzo de una serie de revisiones a la baja que se acaben confirmando por una brusca ralentización del crecimiento global.
La ministra Calviño hace así un aviso.
La publicación de la decisión de la Comisión Europea coincide con la celebración en Bruselas de la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, el Eurogrupo, donde se discutirá, entre otras cosas, el informe de supervisión posprograma de la economía española que la Comisión presentó la pasada semana. La ministra española, Nadia Calviño, ya dio previamente en el Congreso algunas señales que apuntaban en esta dirección de moderación del crecimiento. «Las tendencias que comenzamos a apreciar en el crecimiento y el comercio internacional nos obligan a ser cautelosos sobre el futuro», dijo entonces Calviño. «En cuanto a España, todas las previsiones de organismos internacionales y nacionales apuntan a que nuestro crecimiento seguirá siendo notable, si bien se advierte de una cierta moderación en el corto plazo, en línea con lo que sucede en el resto del mundo», advirtió a los diputados. La ministra recordó que el Banco Central Europeo (BCE) ya rebajó el 14 de junio las previsiones de crecimiento de la zona euro para 2018, del 2,4% al 2,1%, citando expresamente el riesgo del proteccionismo. También mencionó que el aviso del Fondo Monetario Internacional de que revisará moderadamente a la baja sus pronósticos para la eurozona. Calviño mencionó varios riesgos que acechan al panorama económico: la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la incertidumbre sobre la relación posterior que mantendrá con el resto de la UE, el auge del populismo en Europa, el previsible endurecimiento de la política monetaria del BCE (subidas de tipos y retirada de estímulos en forma de compras netas de activos) y el impacto de una escalada en el rifirrafe arancelario entre la UE y Estados Unidos.
No puedo calificar sino de singular el hecho de que el Gobierno vaya a poner en marcha una agencia que alertará de la proximidad de crisis económicas. Su creación será analizada por el Comité de Estabilidad Financiera que se reunirá en los próximos días. La ministra de Economía afirma que la previsión del Gobierno es que España registre un crecimiento del 2,7% este año y del 2,4% en 2019. El Ministerio de Economía y Empresa reactiva esta semana la creación de una Autoridad Macroprudencial que alerte de futuras crisis económicas, como ya existe en algunos países europeos, y será analizada por el Comité de Estabilidad Financiera que se reunirá en los próximos días. Durante su primera comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso para explicar las prioridades de su departamento, Nadia Calviño ha anunciado que se convocará este Comité formado por el Ministerio de Economía, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El objetivo es reactivar definitivamente el proyecto de creación de una figura macroprudencial, ya que España es de los últimos países de la Unión Europea que no tiene una institución de estas características. Ha argumentado que una de las causas de la crisis económica fue la «falta de alerta temprana» y ha dicho que esta autoridad «se antoja fundamental para prevenir situaciones similares en el futuro». En paralelo, Calviño, ha afirmado que la previsión del Gobierno es que España registre un crecimiento del 2,7% este año y del 2,4% en 2019, mientras que para el déficit augura que terminará en unos niveles que permitirán salir del procedimiento de déficit excesivo, al tiempo que ha defendido que España no puede «acostumbrarse» a tasas de paro del 15%.
Calviño ha abogado por una política económica que conjure política presupuestaria con sostenibilidad medioambiental, territorial y social, y ha indicado que el Gobierno aprovechará la oportunidad del contexto económico actual para asentar un modelo de crecimiento que alcance a todos, priorizando la calidad en el empleo. Calviño también ha avanzado que el Ministerio de Economía está agilizando hasta siete directivas comunitarias que debían trasponerse al ordenamiento español desde hace años bajo la amenaza de cuantiosas multas. Entre estas directivas ha destacado la relativa al Crédito Inmobiliario y de información no financiera que ya están en tramitación en el Congreso y que el Gobierno ha pedido que pasen de forma urgente al Senado, así como los proyectos de Ley vinculados al Mercado de Valores, a la Prevención del Blanqueo de Capitales o a las Cuentas de Pago Básicas.
Otro de los trabajos que ha emprendido el Ministerio de Economía es el de reforzar la imagen de España en los foros internacionales, y ha insistido en que España será activa en sus propuestas para construir una Europa más solidaria y unida. Calviño ha destacado el ánimo constructivo con el que asume su cargo y su disposición a dialogar con el Parlamento para pensar en una política económica que vaya más allá de una legislatura y deje un buen legado a las generaciones futuras.
Siguiendo con decisiones ministeriales de ministras, lo más fuerte de la semana ha sido la decisión de la ministra Ribera asegurando que el diésel «tiene los días contados». La titular de Transición Ecológica, que no culpabiliza a los dueños de los coches, no descarta tomar medidas para «ir cambiando el patrón» La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho hoy que «el diésel tiene los días contados, durará más, durará menos, pero sabemos que su impacto en partículas y el aire que respiramos es suficientemente importante para ir pensando en un proceso de salida». Ribera, antes de comparecer en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, al ser preguntada sobre si el Gobierno se plantea medidas para facilitar ese cambio en los combustibles que se utilizan, ha manifestado que el cambio que asistimos necesita muchas cosas a la vez. Ha explicado que, junto a señales de tipo regulatorio y limitador, el proceso se tiene que acompañar «con facilidades que permitan ir cambiando el patrón que aplicamos e ir cambiando también el patrón de nuestros vehículos privados». Ribera ha manifestado que, aunque las personas que acaban de comprar un coche conocen «en gran medida» las consecuencias que su vehículo tiene en la calidad del aire, es verdad que el coste de comprar un coche de una categoría o de otra no refleja el coste real el impacto que tiene.
Ribera ha añadido que, por tanto, no se puede culpabilizar al que compra ese coche y para facilitar comportamientos de consumidor responsable tiene que haber señales fiscales, de mercado, que permitan discriminar lo que significa cada opción de forma intuitiva y natural sin hacer un «análisis profundísimo».
Comento lo siguiente: Ante todo esto y las quejas del sector por su demonización del diésel, que seguro que tiene razones sobradas para ello, a mí si la señora ministra, que sin duda está muy preparada en lo suyo, me manda cambiar de coche, yo lo hago. Sin problema. Mi Mercedes es diésel, señora ministra. Ahora bien, ¿tengo ya todas las alternativas para el uso de un coche completamente ecológico? Yo lo quiero. Lo cambio mañana mismo si hace falta. Pero ya he preguntado en el concesionario y no hay coches ni de alta gama completamente ecológicos. Y además, el país tiene que eliminarlo, estoy de acuerdo. Pero para hacerlo de armas tomar de la noche a la mañana y vivir en un mundo feliz plenamente ecológico, todavía no estamos preparados. En mi humilde opinión, deberíamos ser obligados a cambiar cuando tengamos perfectamente operativa la alternativa ecológica y cuidadosa con el medio ambiente, que es lo que toda persona de bien tiene que desear.
Pasando a las decisiones de una ministra bastante menos preparada, a la que el cargo, sinceramente, creo que le queda grande y es ajeno a su formación, la ministra de Hacienda parece que publicará el nombre de directivos y administradores de empresas morosas. Montoro calculó que esta medida puede recaudar 150 millones al incentivar el pago. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer que llevará al Congreso un proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal que modificará la Ley General Tributaria para que en la lista de morosos se publique el nombre de los responsables solidarios, es decir, de los directivos de las empresas deudoras. La Agencia Tributaria (AEAT) publica desde diciembre 2015 la lista de morosos, personas físicas y jurídicas con deudas con Hacienda de más de un millón de euros que no estén aplazadas ni suspendidas. La publicación de los nombres de los responsables solidarios y subsidiarios, esto es, directivos y administradores de empresas morosas, es una medida que anunció Cristóbal Montoro en diciembre de 2016 y planteó a Bruselas que podría recaudar unos 150 millones de euros por su efecto disuasorio e incentivo a que se paguen las deudas, aunque finalmente no se tramitó. Hacienda también anunció que modificaría el marco legal de la lista para que quienes salden su deuda entre la fecha de corte para estar en el listado y su publicación no salgan finalmente, lo que incentivaría el pago, medida que tampoco se desarrolló. El pasado 28 de junio, la AEAT publicó la cuarta lista de morosos, con 4.318 deudores, que adeudan 15.300 millones de euros a 31 de diciembre de 2017. Respecto a los nombres, no hay grandes variaciones: la mayoría son empresas del sector inmobiliario en concurso o en liquidación, lo que dificulta cualquier recuperación. Reyal Urbis es por cuarta vez la empresa más morosa, con una deuda de 361 millones de euros. El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y el cantante Miguel Bosé aparecen por primera vez en la lista de morosos. También respecto a la lucha contra el fraude, la ministra anunció que el proyecto de ley que prepara «incluirá medidas que atajen las planificaciones fiscales abusivas de las grandes empresas y multinacionales para garantizar que tributan allí donde generan valor». Montero avanzó que de forma inminente va a emprender una reforma del Impuesto sobre Sociedades para intentar acercar el tipo teórico y el real de las grandes empresas, en alusión a su intención de imponer un tipo mínimo del 15% que anunció la semana pasada y que la pasada semana no detalló. Según Montero, esta medida no afectará ni a pymes ni a medianas empresas. «No vamos a tocar los impuestos de ciudadanos, ni clases trabajadoras, ni clases medias», afirmó Montero, y subrayó que los ciudadanos han vivido ya diferentes subidas impositivas, por lo que se revisará el sistema da a entender que «no representa con claridad la capacidad tributaria de las nuevas áreas del conocimiento». A su vez, Montero trasladó que actualizará la lista de paraísos fiscales. Ya preveía hacerlo su predecesor porque debe revisarse periódicamente y, además, así puede adaptarse al nuevo acuerdo que alcanzó la Comisión Europea en diciembre, que luego corrigió en enero.
Desde 2003 han salido de la lista española Andorra, las Antillas Holandesas, Aruba, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Hong-Kong, Bahamas, Barbados, Jamaica, Malta, Trinidad y Tobago, Luxemburgo, Panamá, San Marino, Singapur y Omán. Con la publicación de los papeles de Panamá, se planteó la posibilidad de volver a incluir a este país en la lista, de la que le sacó el Gobierno de Zapatero. Sin embargo, la propia Comisión Europea incluyó a Panamá en su listado en diciembre y le sacó en enero.
Y siguiendo con decisiones ministeriales de ministras del Gobierno, la de Industria anuncia un plan para apoyar la digitalización de la empresa española. Reyes Maroto promete una partida «generosa» en el Presupuesto de 2019 y dice que la transformación es un imperativo para no quedar fuera del mercado. «Debemos apoyar a la empresa en todo el proceso de digitalización, ya que no es una opción para las empresas, sino que se ha convertido en un imperativo para no verse desplazadas en el mercado», afirmó esta semana la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la primera cumbre de la patronal tecnológica Digitales, durante la que anunció que los Presupuestos Generales del Estado, para el año próximo, que se presentarán antes del 30 de septiembre, incluirán una partida «generosa» para este fin, cuyo importe preciso se está negociando con el Ministerio de Hacienda. Actualmente ya existen a disposición de las pequeñas y medianas empresas (pymes) «100 millones de euros en ayudas a la digitalización», aseguró Reyes Maroto. Según la Ministra, el Gobierno está comprometido con el impulso de la transformación digital de la economía y la sociedad españolas para que puedan «disfrutar de sus beneficios y minimizar los riesgos» que supondría quedar al margen de la «imparable» transformación digital. Para este fin su departamento está poniendo en marcha, indicó, múltiples actuaciones, entre las que se encuentra la elaboración de una hoja de ruta para fomentar la digitalización de la industria y los servicios, que contará con la participación de otros ministerios por el «carácter transversal» de la digitalización, así como con la de los agentes sociales y los principales actores de la transformación digital de la economía española. Maroto sostuvo que España ocupa el puesto 14.º de la UE en competencias digitales de la población y que «nos falta un modelo de formación que prepare a los trabajadores para los cambios que se van a producir». Destacó así la necesidad de «una oferta formativa en todas las etapas de la vida en competencias digitales avanzadas, así como un modelo de aprendizaje continuo que dé respuesta a necesidades presentes y sobre todo futuras.» La ministra reclamó una mayor «actualización de las competencias de trabajadores» a través de más políticas activas de empleo, a las cuales actualmente «solo se dedica el 0,6% del PIB» y señaló su determinación para aumentar este porcentaje.
Y como no podía ser de otra manera y anuncié en mi contribución a este blog la pasada semana, la banca alerta contra el impuesto al sector. Las patronales de la banca (AEB y CECA) dijeron que crear un impuesto al sector para financiar las pensiones tendría efectos recaudatorios inferiores a los pretendidos y afectaría de forma muy negativa a la solvencia de las entidades y generaría efectos perjudiciales para la economía. No puedo decir otra cosa que estoy completamente de acuerdo con dichas patronales.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.