Cuestión de justicia

Los mercados de renta variable europeos cerraban la semana con descensos generalizados. En materia comercial continuaba el buen tono, mientras que, en el Brexit, la UE y Reino Unido acordaban una extensión para la fecha de salida de 6 meses. En Bancos Centrales, en la reunión del BCE del jueves, Draghi posponía los detalles de las operaciones de refinanciación a largo plazo (TLTRO III) y confirmaba los riesgos del crecimiento de la eurozona. A nivel macro, destacaban los flojos datos de balanza comercial de febrero de Alemania y se conocían buenos datos de la evolución del crédito en China. El petróleo, por su parte, continuaba con su tendencia al alza superando los 71 $/barril. Por sectores, teníamos un comportamiento mixto produciéndose una rotación de carterashacía sectores de carácter más cíclico, en el cual, el sector de bancario y autos se convertían en los ganadores de la semana.

Me temo, amable lector, que una semana más, toca hablar del Brexit, para señalar que Theresa May finalmente conseguía una segunda extensión de 6 meses hasta el 31 de octubre para pactar su salida de la UE, en una decisión que evidenciaba el primer choque entre Alemania y Francia, la primera más proclive a conceder una extensión más larga y Francia, una más corta y con más “restricciones” para que un socio de salida no bloquee el futuro del bloque. Así, con la extensión acordada, Reino Unido saldría del bloque antes de la renovación de la Comisión y se mantendría la organización de 27+1 para continuar con la vida política, con el principal hito ahora en la cumbre de junio para revisar el proceso de Brexit.

Theresa May afirma además que la fecha del Brexit sigue en manos del Parlamento británico. La primera ministra quiere que la Cámara “reflexione” en Semana Santa y apruebe la salida de la UE en mayo, sin agotar la prórroga hasta octubre. La primera ministra Theresa May ha comparecido en la Cámara de los Comunes para explicar los resultados de la cumbre europea celebrada en Bruselas, en la que se aprobó un retraso de la fecha del Brexit del 12 de abril al 31 de octubre. En su intervención, May dijo que el momento de salida de la Unión Europea (UE) “sigue en manos del Parlamento británico”, ya que la prórroga será cortada en cuanto los Comunes aprueben el tratado de salida negociado por Londres y Bruselas el año pasado, y que hasta ahora ha sido rechazado tres veces en Westminster. El objetivo de Downing Street es negociar un pacto con la oposición laborista en las próximas semanas para pasar el tratado en mayo, con el objetivo de dejar la UE al final de ese mes y evitar la participación de Reino Unido en las elecciones europeas del 23 de marzo. “Espero que la Cámara aproveche el receso de Semana Santa para reflexionar sobre las decisiones que tendrá que tomar inmediatamente después. Esperemos encontrar entonces una solución al actual bloqueo para dejar la UE con un acuerdo tan pronto como sea posible, evitando la celebración de elecciones al Parlamento europeo”, pidió May en su declaración. El euroescéptico Bill Cash calificó de “rendición” la prórroga concedida por la UE y pidió la dimisión de la primera ministra. A todos nos toca reflexionar en Semana Santa. Es tiempo para ello, pero para los miembros del Parlamento británico, la reflexión tiene un alcance mayor. Sin duda.

Pasando al tema de política monetaria y Bancos Centrales, en Europa, Draghi posponía los detalles de las operaciones de refinanciación a largo plazo (TLTRO III) que darán comienzo en el mes de septiembre y comentaba que dependerán de la evolución de la economía. Además, confirmaba que los riesgos del crecimiento de la eurozona continúan orientados a la baja y que el BCE considerará si los tipos de interés negativos necesitan de alguna medida específica para mitigar los efectos secundarios de las mismas.

Por esto, El BCE mantiene los tipos de depósito en el -0,4 %. Espera que las tasas de interés “se mantengan en los niveles actuales al menos hasta el final de 2019”. El BCE decidió como digo, la pasada semana, mantener los tipos de interés que cobra a los bancos por el exceso de sus reservas a un día en el 0,4 % (facilidad marginal de depósito), donde seguirán hasta finales de 2019. Tras la reunión de su Consejo de Gobierno, el BCE informó de que seguirá prestando a los bancos al 0 % en las operaciones semanales de refinanciación y prestando a un día al 0,25 % (facilidad marginal de crédito). Después de haber pospuesto en marzo la primera subida desde 2011 por el debilitamiento económico, el BCE no ha tomado nuevas decisiones de política monetaria, como esperaban mercados y analistas. El BCE reitera su orientación sobre los movimientos de las tasas de interés y afirmó que espera que “se mantengan en los niveles actuales al menos hasta el final de 2019”, como dijo en marzo. También confirma que va a seguir reinvirtiendo el principal de los bonos adquiridos en el programa de compras de activos que vayan venciendo “durante un período prolongado tras la fecha en la que comience a subir los tipos de interés oficiales”. El BCE insiste en que reinvertirá el principal de los bonos “durante el tiempo que sea necesario para mantener unas condiciones de liquidez favorables y un amplio grado de acomodación monetaria”. El presidente del BCE comentará estas decisiones en una conferencia de prensa que dará comienzo a las 12.30 horas GMT. El BCE decidió en marzo inyectar más liquidez a largo plazo a partir de septiembre para garantizar que las condiciones financieras son favorables. Draghi dijo a finales de marzo en una conferencia que el BCE estudia medidas para paliar los efectos colaterales de los tipos de interés negativos en la rentabilidad de los bancos. El BCE podría eximir a determinadas cantidades de las reservas de los bancos del pago de intereses como se hace en países como Japón y Suiza.

En cuanto a los mercados de deuda, se han producido incrementos en las rentabilidades de la deuda core, en Estados Unidos, con el bono a 10 años subiendo 6 pbs, mientras que en Europa la Alemana se subía 4 pbs. La deuda periférica europea también se movía al alza en el caso italiano, con un aumento de 3 pbs, mientras que el bono español se reducía en 8 pbs.

A nivel domestico, me parece muy reseñable, amable lector el hecho de que el FMI recorta hasta el 2,1% su previsión de crecimiento para España en 2019.

Rebaja una décima su pronóstico de enero, aunque confirma su expectativa de que el PIB crezca un 1,9% en 2020. La economía española crecerá este año un 2,1%, según las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha revisado una décima a la baja su pronóstico del pasado mes de enero, aunque la institución internacional ha confirmado su expectativa de que el PIB español crecerá un 1,9% en 2020, manteniéndose así en ambos ejercicios por encima de la expansión media anticipada para la zona euro. En su análisis, la institución internacional aboga por que España lleve a cabo una “reconstrucción gradual” de su colchón fiscal con el fin de garantizar la estabilidad y evitar reavivar la espiral negativa entre los riesgos soberanos y bancarios, añadiendo que los esfuerzos para reducir la dualidad del mercado laboral impulsarían la creación de empleo e incentivarían la inversión privada. A pesar de este recorte de una décima en su proyección de crecimiento para 2019, España es la gran economía europea que mejor resiste la desaceleración generalizada prevista por el FMI en su informe ‘Perspectivas Económicas Mundiales’. De este modo, la economía española seguirá creciendo en 2019 y 2020 por encima de la media de la eurozona, que ha sido rebajada en tres y dos décimas, respectivamente, hasta el 1,3% este año y el 1,5% el siguiente. De hecho, en comparación con el resto de las grandes economías del euro, la rebaja de una décima en la previsión de crecimiento para España en 2019 resulta benigna respecto del ajuste realizado en el caso de países como Alemania, Francia o Italia. Así, el pronóstico de crecimiento del FMI para la economía germana en 2019, que en enero ya fue recortado en seis décimas, hasta el 1,3%, vuelve a ser ajustado ahora a la baja medio punto porcentual, hasta el 0,8%, mientras que la previsión de cara a 2020 se rebaja otras dos décimas y pasa a situarse en el 1,4%. En el caso de Francia, los nuevos pronósticos apuntan a un crecimiento del 1,3% en 2019 y del 1,4% un año después, dos décimas menos de lo proyectado en enero para cada año, mientras que para Italia la institución ha recortado en medio punto porcentual su previsión de crecimiento para 2019, hasta el 0,1%, aunque mantiene sin cambios su proyección para 2020 en el 0,9%.

Paso a un tema más triste o incluso dramático, a nivel nacional y es que la mitad de los milenial en España se queda fuera de la clase media. La OCDE advierte de que cada vez es más caro para la clase media mantener su estilo de vida. La mitad de los jóvenes veinteañeros nacidos en España entre 1983 y el 2002, conocidos como la generación Milenial, se han quedado o se van a quedar fuera de la clase media, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentado este miércoles. El informe destaca que mientras el 60 por ciento de los españoles nacidos entre 1942 y 1964 pertenecían a la clase media cuando tenían 20 años, este porcentaje se redujo al 58 por ciento con los nacidos entre 1965 y 1982 (la generación X) y al 50 por ciento cuando se trata de los milenial. Unos datos por debajo de la media de los países de la OCDE, en los que el 68 por ciento de los nacidos entre 1942 y 1964 formaban parte de la clase media a sus veinte años de edad, frente al 64 por ciento de la generación X y el 60 por ciento de la generación Milenial. El informe de la OCDE considera dentro de la clase media a las familias cuyos ingresos se sitúan en torno al 75 % y el 200 % del sueldo medio de cada país, es decir entre los 11.450 euros y 30.542 por persona para el caso de España, según la organización. La OCDE advirtió de que entre mediados de los años 80 del siglo pasado y mediados de la primera década de este siglo, el número de hogares de los países de la OCDE que pertenecían a la clase media se redujo del 64 % al 61 %, por lo que instó a los Gobiernos a tomar medidas para frenar este descenso. Según el documento presentado, cada vez es más caro para la clase media mantener su estilo de vida, especialmente por el coste de la vivienda, la buena educación y la atención sanitaria, que han crecido por encima de los salarios, lo que ha llevado a que uno de cada cinco núcleos familiares de clase media gaste más de lo que gana. La OCDE precisa que en España el 55 % de la población cumple con los criterios de lo que se considera clase media, mientras que un 17 % de los españoles tienen bajos ingresos -entre el 50 % y el 75 % del sueldo medio. Además, un 16 % de los españoles son pobres -cobran menos del 50 % del sueldo medio-, frente al 11 % de la media de los países de la OCDE. En el otro extremo, solo un 12 % de los españoles gana más del doble del sueldo medio, frente al 9 % de la media en los países de la OCDE. En cuanto a los gastos en vivienda, estos han absorbido progresivamente cada vez más recursos de la clase media, según el informe, que apunta que en 2015, el 33 por ciento del gasto de los hogares españoles de clase media se dedicaba al hogar, frente a un 29 por ciento en 2005 y un 24 por ciento en 1995. Comparado con el resto de países, si bien en 1995 el gasto de España en vivienda estaba un punto porcentual por debajo de la media, en 2015, las familias españolas superaban la media por un punto. El estudio también pone atención en la ansiedad de la clase media por el temor a que muchos trabajos acaben siendo automatizadosSobre este apartado, el informe apunta que un 24 % de los empleos que ocupan los trabajadores de la clase media española tienen un “alto riesgo” de automatización, frente al 18 % de la media general. Por otra parte, el 29 % de los empleos de la clase con menos recursos y el 15 % de los trabajos de quienes más ingresan, están en esta misma situación de riesgo.

Abundando en noticias, que parecen empeñarse en ser negativas, antes de las vacaciones de Semana Santa, le comento que los trabajadores con regulaciones de empleo aumentan un 26% Más de 200 empresas y 3.380 trabajadores comienzan el año con medidas frente a la ralentización. Los empresarios piden respuestas políticas para fomentar la inversión. La desaceleración económica se hace notar por el número de empresas con problemas para mantener la actividad. Esto, evidentemente es un mal dato. En enero hubo 253 expedientes de regulación de empleo, con 3.380 trabajadores afectados, lo que representa un crecimiento del 25,93% respecto al mismo mes del año pasado. Entonces, los trabajadores envueltos en regulaciones de empleo fueron 2.684, según el informe sobre El mercado laboral y la negociación colectiva y que va a estudiar la junta directiva de la patronal CEOE. Las empresas afectadas en enero fueron 217, lo que supone un incremento del 10,71% respecto a las 196 del mismo mes de 2018. Hay un hecho que demuestra claramente que las empresas están detectando una ralentización económica y la incertidumbre. Los expedientes de suspensión de contrato, que no de extinción, fueron los que afectaron al mayor número de trabajadores: 1.737, lo que significa un incremento del 152,10% respecto a enero de 2018. Estos expedientes pueden terminar con la recuperación del empleo, si mejoran las cosas; o concluir en un despido colectivo, si la empresa advierte más problemas. Los trabajadores perjudicados por la extinción de contratos -un despido colectivo- fueron 1.358, con un incremento del 8,64%. Por el contrario, los ERE de reducción de jornada afectaron 285 empleados, lo que supone una reducción del 61,74%. Más allá de las regulaciones de empleo, otro dato que plasma la ralentización es el hecho de que hasta el 28 de febrero, 203 convenios colectivos fueron suspendidos en su aplicación, frente a los 194 del año pasado, con 3.552 trabajadores afectados. Es decir, 203 empresas que no pudieron hacer frente a las condiciones económicas establecidas con sus trabajadores. Por lo tanto, según los empresarios, la ralentización de la economía es algo más acusada de lo que opina el Gobierno. El Ejecutivo y el Banco de España calculan que la economía crecerá este año un 2,2%, cuatro décimas menos que en 2018. El FMI rebajó ayer su previsión para España en 2019, desde el 2,2% al 2,1%. A estos factores hay que añadir la incertidumbre que crea entre los empresarios la inestabilidad política. Las encuestas vaticinan la continuidad de la acusada división en el Parlamento. Por esta razón, además de apreciar un incremento en el número de regulaciones de empleo, CEOE llama a los partidos políticos a que primen “la estabilidad política, institucional y la seguridad jurídica para consolidar las decisiones de inversión y potenciar la creación de empleo”. En enero, Cataluña fue la comunidad autónoma con el mayor número de trabajadores afectados por un ERE, con 663. En segundo lugar fue la Comunidad Valenciana, con 649 trabajadores, y ya, a cierta distancia, la Comunidad de Madrid, con 491 personas. Por lo tanto, la patronal señala que “resulta crucial impulsar iniciativas que apoyen a las empresas en el proceso de recuperación, evitando mayores cargas y gravámenes que obstaculicen la creación de empleo”.

Sigo con noticias negativas para informarle de que el paro subió en 36.000 personas en el primer trimestre y la tasa de desempleo escaló cuatro décimas, hasta el 14,7%, según las previsiones de Asempleo para la Encuesta de Población Activa (EPA) de los tres primeros meses del año, que se publicará el próximo día 25. De acuerdo con las estimaciones de Asempleo, el empleo se redujo en 196.000 personas entre enero y marzo, con lo que el número de ocupados bajó hasta los 19,36 millones de personas. De cumplirse estas previsiones, el primer trimestre presentaría los peores registros desde el año 2013 tanto en lo que concierne al paro como a la ocupación. La patronal de agencias privadas de empleo recuerda que el primer trimestre es estacionalmente desfavorable para el mercado laboral y subraya que el empeoramiento de los datos entre enero y marzo de este año respecto a ejercicios anteriores se debe en parte a la corrección del impulso que se observó a cierre de 2018. Para el conjunto del año 2019, Asempleo estima un aumento de la ocupación del 2,1%, que se traduciría en unos 400.000 nuevos puestos de trabajo, mientras que la tasa de paro bajará hasta el 13,9% en media anual. La patronal de agencias privadas de empleo prevé que en abril se acelere ligeramente el ritmo de ocupación por el efecto Semana Santa y el inicio de la preparación de la campaña de verano. Posteriormente, el crecimiento de la ocupación se moderará, en línea con lo esperado para la actividad.

Refiriéndome al asunto que menciono en la cabecera del blog, en el día de hoy, será cuestión de justicia, y en este caso, justicia europea la que dirá si más de medio millón de temporales públicos deben hacerse fijos. El TJUE contestará a dos cuestiones prejudiciales sobre este asunto previsiblemente antes de fin de año. El caso de un informático estatutario temporal interino del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) que suma 18 años en ese puesto eventual, y los de cuatro odontólogas, también de la sanidad pública madrileña, que llevan entre 12 y 17 años encadenando distintos contratos temporales han llegado ya al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Todos ellos demandan que la administración autonómica que les emplea sea sancionada por haber abusado de la contratación temporal y que esa sanción sea su conversión en personal fijo. Las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) indican que 843.300 empleados del sector público tienen un contrato interino (de sustitución u ocupando una plaza de funcionario o personal estatutario fijo) o directamente temporal. Esto supone el 26% de los 3,2 millones de empleados públicos. Y, de todos los temporales, entre 450.000 y 700.000 habrían estado encadenando este empleo más de dos años, según distintos cálculos. De hecho, la media de estas situaciones oscila entre los 8 y los 30 años. Este escenario afecta a todas las administraciones y empresas públicas de toda España. Todos estos empleados públicos con largos empleos temporales conocerán probablemente antes de final de año si la justicia europea les reconoce su transformación en fijos, como sanción a las administraciones públicas españolas por abusar de todo tipo de contratación temporal para cubrir puestos estables y estructurales. Este pronunciamiento judicial llegará con una sentencia por dos cuestiones prejudiciales presentadas al TJUE por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo número 14 y 8 de Madrid. Desde el despacho Araúz de Robles abogados, que representa a los empleados públicos que han motivado estas cuestiones prejudiciales, argumentan que estas situaciones de temporalidad reiterada en el tiempo en las plantillas de las administraciones públicas contravienen la Directiva comunitaria 1999/70 sobre trabajo de duración determinada. Esa directiva prohíbe a los empleadores –públicos o privados– el abuso en la temporalidad sucesiva. Es más, indica que las legislaciones estatales deben sancionar a los empleadores que cometan ese abuso. Además precisa que la sanción en la ley no puede ser el despido del trabajador sino que debe ser o bien la transformación en fijo del empleado eventual o el pago de una indemnización “proporcional, eficaz y disuasoria”. Existen otras referencias legales que apuntan a la conversión en fijos de estos trabajadores. Una sentencia del TJUE de 2006 –que ha sido seguida por numerosos pronunciamientos posteriores– indica que en ausencia de sanción al empleador por abuso de temporalidad en la legislación nacional, el castigo deberá ser la fijeza del trabajador. Asimismo, el pasado 31 de mayo el Parlamento europeo aprobó una resolución en la que destaca que “la transformación de un contrato de duración determinada en un contrato indefinido constituye una medida para prevenir y sancionar de manera efectiva el abuso de los contratos de duración determinada, en el sector público y en el privado, y debe ser clara e incluida sistemáticamente por todos los Estados miembros en sus respectivas leyes laborales”. Es más, el Parlamento apunta a que esta transformación en fijo del empleado público “no exime al Estado miembro de incluir, además, la posibilidad de que el trabajador afectado obtenga la reparación de los perjuicios sufridos en el pasado”. Y, en el caso de que un Estado opte por penalizar el abuso de la temporalidad con una indemnización al trabajador, ésta deberá ser “adecuada y eficaz y compensar plenamente todos los daños sufridos”. Si bien esta resolución no es vinculante para los países.

Dicho esto, el abuso de la temporalidad durante años consecutivos en las Administraciones españolas también contraviene la legislación laboral nacional. En concreto, el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público, donde se prevé que en el caso de las plazas cubiertas por interinos que ocupan vacantes para las que no hay funcionarios de carrera, dichas plazas “deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización”. Ante el inminente pronunciamiento del TJUE, decenas de juicios abiertos en España por demandas de fijeza han sido paralizados por los jueces a la espera de conocer la opinión de la justicia europea. Sin embargo, las Administraciones, lejos de paralizar las ofertas de empleo público, las están agilizando. Así, en el caso de que el TJUE apueste por convertir en fijos a muchos de los trabajadores interinos y temporales, algunas administraciones que estan sacando estas plazas a oposición se pueden encontrar en la complicada situación de tener dos trabajadores para el mismo puesto. Todo esto lleva al abogado del Estado en excedencia Javier Araúz de Robles Dávila a mostrar su convicción de que el TJUE fallará a favor de que los jueces españoles determinen la transformación en fijos de los puestos en los que se compruebe el abuso de temporalidad. Si bien, en el caso de que se obtenga este pronunciamiento, serán los trabajadores afectados los que, de forma individual, tendrán que reclamar judicialmente su fijeza.

Cambiando de tercio, un impuesto a la banca provocaría una caída del PIB al trasladarse a las familias y a las empresas. Cuanto más alto sea el tributo, mayor será la repercusión a hogares y empresas. La creación de un nuevo impuesto sobre el sector bancario, ya sea aplicable a los beneficios, a los depósitos o a los préstamos, provocaría un efecto de distorsión que derivaría en una caída del Producto Interior Bruto (PIB) superior a los potenciales mayores ingresos que podría obtener el Gobierno. Así lo exponen los economistas José Emilio Boscá, Rafael Doménech, Javier Ferri y Juan Rubio-Ramírez en un artículo elaborado para BBVA Research en el que se analizan los efectos de la introducción de tres impuestos bancarios alternativos sobre las principales variables macroeconómicas. “Los tres tipos de impuestos bancarios tendrían efectos negativos similares sobre la actividad económica”, remarcan los expertos, que calculan que la elasticidad general del PIB con respecto a los ingresos públicos post aplicación de un nuevo gravamen al sector es cercana al -0,9%. Además, aseguran en el documento que, cuanto más alta sea la tasa del impuesto, más se intensificará la reacción de los bancos en términos de repercutir parte del coste fiscal a los hogares y las empresas. De igual forma, estiman que para obtener un aumento de los ingresos públicos equivalente a 0,1 puntos porcentuales del PIB, los bancos tendrían que elevar el coste de los préstamos en cerca de 15 puntos básicos. En suma, un impuesto bancario aumentaría el tipo de interés aplicado a los préstamos al aumentar el coste de capital de las entidades financieras, lo que impactaría sobre la economía real. De hecho, la idea de aplicar un impuesto al sector bancario ha estado bajo un intenso escrutinio desde la crisis financiera internacional de 2007, por lo que en los últimos años se han presentado diversos estudios para justificar o no la conveniencia de su creación. La Comisión Europea, por ejemplo, respalda esta tributación al considerar que contribuye indirectamente a aumentar la estabilidad financiera al desalentar ciertas actividades de mayor riesgo o porque contribuiría a recuperar las ayudas públicas proporcionadas a los bancos durante la crisis. También se entiende que podría utilizarse para crear un fondo para una futura reestructuración bancaria o para garantizar que el sector realice una aportación “justa y sustancial” a las finanzas públicas.

En España, el debate sobre la aplicación de un impuesto al sector bancario se ha intensificado durante los últimos meses. Precisamente en este momento los partidos políticos están definiendo sus propuestas de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril. Unidas Podemos, actual socio de Gobierno del PSOE, es el impulsor del impuesto a la banca en el país y único partido que aún mantiene la idea de su creación de forma consistente. En su opinión, es necesario la implementación del impuesto sobre las transacciones financieras y un tributo a la banca que aumente 10 puntos el tipo impositivo de las entidades en el impuesto sobre sociedades con el fin de recuperar los 60.000 millones de euros inyectados durante el rescate. En su caso, el PSOE, aunque en un primer momento se mostró partidario de imponer un nuevo tributo a la banca, finalmente declinó apoyarlo en el Pleno del Congreso, aunque mantiene la propuesta de crear un impuesto que grave las transacciones financieras en los mercados de valores. El PP, de su lado, aboga por la no aplicación de un impuesto sobre las transacciones financieras, rechaza la creación un nuevo impuesto a la banca e incluso ha pedido al PSOE que elimine el impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD) que Pedro Sánchez decidió imponer al sector tras el ‘lío hipotecario’ del Tribunal Supremo. Por otro lado, Ciudadanos pretende monitorizar de forma más cercana la actividad de los bancos o la aplicación de un tipo impositivo más elevado para las SICAVs, menores comisiones para pagos con tarjeta o una revisión de la comercialización de los productos bancarios. No obstante, está en contra de crear un impuesto nuevo para los bancos. Por último, Vox no se ha pronunciado de forma concreta al respecto, pero sí que propone la eliminación por doble tributación de las pensiones públicas, lo que restaría atractivo a los planes de ahorro privados del sector bancario.

A nivel local, una noticia a descatar: Marcelino Armenter, ex primer ejecutivo del Herrero, dirige Criteria y entra en el consejo de Caixa. Fue directivo del grupo financiero La Caixa entre 1995 y 2001 y fue consejero delegado del Banco Herrero (entonces filial asturiana del grupo catalán). Ahora ha sido designado máximo ejecutivo de Criteria, la entidad que agrupa las participaciones empresariales de la Fundación Bancaria La Caixa, y, en condición de tal, fue nombrado vocal del consejo de administración de Caixa Bank. Armenter se incorporó a la entonces caja catalana La Caixa en 1985. Tras su paso por el Banco Herrero y el desempeño de diversas responsabilidades en el grupo, fue director general de Criteria (ahora filial al 100% de la fundación y dueña del 40% de Caixa Bank) y presidente del Banco de Valencia hasta su absorción por el banco matriz. En representación de Criteria también es vocal de Naturgy.

En la colección de noticias negativas, una relativa a Asturias:  El 42% de los municipios del Principado cuenta con más jubilados que cotizantes. Asturias solo tiene dos trabajadores por cada uno retirado y 1,3 si se incluyen otro tipo de pensionistas. Los efectos del envejecimiento en Asturias se ven en las escuelas, en los hospitales, en los pueblos, pero sobre todo quedan patentes en las cuentas públicas. El peso de los pensionistas en la economía regional ya supera el 20% del Producto Interior Bruto y, mientras su cifra se dispara, la de cotizantes no remonta, a pesar de la caída del desempleo. De hecho, ya hay 33 municipios que cuentan con más jubilados que afiliados a la Seguridad Social, el 42% del total de 78, y en otros 23 apenas se alcanza la relación ‘uno a uno’. En el conjunto del Principado, ese cotejo se eleva por el peso de algunos concejos y hay dos trabajadores por cada jubilado, pero la relación cae en picado si se tienen en cuenta el resto de pensiones, como son las de viudedad, orfandad, incapacidad y favor de familiares. Entonces, la proporción pasa a ser de 1,3 cotizantes por cada pensionista, una ratio que no sería sostenible si el sistema fuera únicamente autonómico y no participara el resto del país, con el levante, el centro, el este y el sur mucho más dinámicos que el noroeste, unido ahora en su reclamación de más infraestructuras e inversiones de toda índole.

Definitivamente, son datos desoladores que ponen de manifiesto la necesidad de tomar medidas de urgencia en nuestra comunidad autónoma a este respecto.

SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.