De divorcios, segundos referéndum y segundas oportunidades perdidas

Las bolsas europeas cerraban la semana con caídas generalizadas en el entorno del -2% presionadas por el repunte de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Los inversores se refugiaban en la deuda soberana, viéndose caídas generalizadas de las TIRs, en sectores defensivos (salud, telcos y utilities mejor comportamiento relativo) y el oro. En lo relativo a la guerra comercial, se disparaban las tensiones comerciales entre las dos potencias mundiales después de que Estados Unidos anunciara que Huawei (y otras empresas tecnológicas chinas) estaban dentro de su lista negra, lo que llevaba a las principales compañías tecnológicas estadounidenses como Google o Intel a suspender la transferencia del software y otros componentes críticos para el despliegue de red y venta de terminales. Este hecho generaba la incertidumbre entre empresas tecnológicas, pesando en sus cotizaciones durante la semana, y endurecía el tono de ambos bandos. Posteriormente, el gobierno americano reducía temporalmente las restricciones impuestas sobre la compañía china, en un movimiento para intentar minimizar el efecto negativo sobre los clientes de Huawei en todo el mundo. Tras el giro dado en las negociaciones comerciales y el reinicio de la batalla de tarifas, las casas globales empiezan a retrasar las expectativas de la fecha de un acuerdo. El conflicto entre ambos países ya se empieza a ver no solo como una lucha sobre la política comercial, sino también sobre el liderazgo tecnológico en pleno desarrollo del 5G.

DIVORCIO TECNOLÓGICO

En efecto, fue conocido que el veto a Huawei amenaza con dividir el mundo de la tecnología con un telón de acero 2.0. Las medidas anunciadas por Google aceleran la separación entre China y el resto del mundo de internet. La decisión de Google de restringir el acceso de Huawei a las actualizaciones de su sistema operativo Android y sus servicios móviles tiene una enorme relevancia y consecuencias difícilmente previsibles.  La medida tiene la capacidad de dividir el mundo de la tecnología en dos mitades a través de un telón de acero 2.0. Se trata de una decisión  tremendamente negativa, pues acelera la división entre China y el resto del mundo en términos de internet, y provoca un escenario que nos aboca, desgraciadamente, a un mundo cada vez más dividido, algo que solo puede tener consecuencias negativas. En los últimos años, los usuarios habían adoptado un estándar casi universal a través de Android (con el permiso de iOS) lo que permitía a fabricantes de terminales, aplicaciones, proveedores de infraestructuras y redes e integradores de sistemas trabajar bajo los mismos parámetros. Ahora, con esta decisión se fuerza a Huawei a desarrollar su propia tecnología. Pero esto no queda ahí, pues sin duda muchos otros fabricantes chinos la abrazarán, arrastrando a los operadores de ese país y a las gigantescas plataformas de servicios de alcance local como WeChat, y por tanto, a los desarrolladores de aplicaciones. Así las cosas, en vez de fomentar autopistas tecnológicas globales, el futuro se dividirá entre los que conducen por la derecha y por la izquierda, como en la época del VHS y el Betamax.

En general, los analistas coinciden en que Huawei se ha convertido en una pieza clave en la guerra comercial que libran Whashington y Pekín, donde lo que realmente está en juego es quien dominará la futura y estratégica tecnología 5G. La inclusión de la empresa china (primer fabricante del mundo de equipos de telecomunicaciones) en una lista negra del Departamento de Comercio de EE UU que dificulta que las compañías estadounidenses puedan hacer negocios con la empresa china podría resultar una dura batalla, pero para nada el fin de la guerra. Eso no quita para que el negocio de móviles de Huawei se tambalee. La decisión de Google de suspender con Huawei aquellos negocios que requieran transferencia de hardware y software, excepto aquellos cubiertos por licencias de código abierto, pone contra las cuerdas al segundo mayor fabricante de móviles del mundo, que ve peligrar su objetivo de dar el sorpasso a Samsung en 2020 como líder global en smartphones. Huawei vendió en 2018 3 millones de smartphones en España y 208 millones en todo el mundo. En Europa tiene ya el 18% de cuota. La decisión de Google supone que Huawei perderá el acceso a las actualizaciones de Android, y las próximas versiones de sus smartphones también perderán el acceso a diversas aplicaciones y servicios de Google, como la Play Store y el Gmail. Para Huawei, la situación es compleja, porque implica una pérdida muy importante en la propuesta de valor de unos smartphones que estaban considerados entre los más competitivos y prestigiosos del mercado. Muchos analistas creen que el P30 de Huawei está incluso por encima del iPhone en muchos aspectos, pero que un móvil no pueda acceder a la Play Store o no pueda instalarse aplicaciones de Google es un desincentivo a su adquisición, y puede perjudicar seriamente a la marca en todos los mercados salvo en China, donde el impacto será mínimo porque las aplicaciones de Google ya estaban excluidas.

Con todo esto, es evidente que el negocio de móviles de Huawei está en vilo tras el veto de Google. La compañía china asegura que mantendrá actualizados los terminales en el mercado. Los analistas creen que esta medida podría paralizar su negocio de ‘smartphones’. Sin duda, en los próximos días y semanas, seguiremos avanzando capítulos de este divorcio tecnológico que puede tener muy graves consecuencias para los usuarios. No para los de i-phone, desde luego.

En lo relativo al Brexit, la semana, amable lector, ha estado más que revuelta en el Reino Unido donde May hacía oficial que dejará su cargo el próximo 7 de junio tras su fracaso en la gestión del proceso de divorcio de la Unión Europea. Desde el partido conservador se ven movimientos para que Boris Johnson no se haga cargo del partido y se evite una salida de la UE sin acuerdo. Con el objetivo de encontrar un sucesor más decisivo en la determinación de un plan de salida de la UE, podría iniciarse un nuevo proceso de reelección dentro del partido a partir del 10 de junio, días después de la visita de Trump, y durará 6 semanas. Se espera para finales de julio. May seguirá como primera ministra en funciones hasta que concluya el proceso.

SEGUNDO REFERENDUM

Además, Theresa May abre la puerta a un segundo referéndum del Brexit. May, durante un discurso en Westminster, lanzó su oferta final para conseguir que la oposición laborista apoye la Ley del Brexit, que será llevada a la Cámara de los Comunes a comienzos de junio. Esta propuesta legislativa incluirá dos novedades claramente destinadas a ganarse el respaldo de los defensores de un Brexit blando y de los que quieren dar marcha atrás al proceso. Por un lado, dará al Parlamento la capacidad de decidir si Reino Unido puede seguir en la unión aduanera tras el Brexit, algo que viene pidiendo el líder laborista Jeremy Corbyn para evitar controles aduaneros en los intercambios comerciales con el resto de la UE. En segundo lugar, también establece que los Comunes tendrán la posibilidad de determinar si es necesario un referéndum en que los británicos voten si quieren dejar la UE según lo acordado. “He escuchado cuidadosamente a quienes vienen defendiendo un segundo referéndum”, indicó May en su intervención. “He dejado mi opinión clara muchas veces. No creo que sea una ruta que debamos tomar, porque creo que deberíamos implementar el resultado del primer referéndum, no pedir a la gente que vote por segunda vez. Pero reconozco la fortaleza del genuino y sincero sentimiento en la Cámara en este asunto importante. Por tanto, el Gobierno incluirá en la Ley de salida de la UE un requerimiento para votar sobre la necesidad de convocar un segundo referéndum. Esta decisión debe tener lugar antes de que el acuerdo de salida pueda ser ratificado. Si la Cámara de los Comunes fuera a votar en favor de un referéndum, estaría requiriendo al Gobierno la preparación de esta consulta”. Dirigiéndose a los diputados que quieren otro plebiscito, May concluyó: “necesitáis que la Ley de salida sea aprobada para poder conseguirlo”. Se trata de un procedimiento enrevesado, ya que para llegar al referéndum habría que pasar dos votaciones. Una para aprobar la Ley del Brexit, y la segunda para determinar si hace falta la consulta antes de implementar el divorcio. De momento, ninguna de las dos propuestas tiene visos de salir adelante en el Parlamento. No está claro que estas medidas vayan a atraer muchos votos entre laboristas y otros partidos de la oposición como los liberales o los nacionalistas escoceses. Los liberales han calificado de “trampa” la propuesta de May. Y además, puede hacer que el ala euroescéptica de los conservadores y el Partido Unionista Irlandés vuelvan a votar en contra. Para estos diputados, la única concesión de la primera ministra consiste en introducir en la Ley una obligación para que el Gobierno acabe con la salvaguarda sobre Irlanda del Norte antes de diciembre de 2020, y para que impida cualquier diferenciación regulatoria entre Irlanda del Norte y el resto de Reino Unido.

Considero una noticia corporativa destacada que British Steel se haya declarado en quiebra y deje en el aire unos 25.000 empleos. El Gobierno nombra un gestor para dirigir la siderúrgica mientras busca un comprador y afirma que los salarios están asegurados La siderúrgica británica British Steel, propiedad del grupo de inversiones Greybull Capital, se declaró esta pasada semana insolvente tras fracasar la negociación que tenía abierta con el Gobierno para acceder a financiación y solventar sus problemas de caja. La quiebra afectará a unos 5.000 trabajadores, la mayoría de ellos empleados en la planta de Scunthorpe, en el norte de Inglaterra. Aunque en el filo de la navaja están otros 20.000 empleados indirectos. Ahora, el Gobierno nombrará a un gestor para que se ponga a los mandos de la compañía, mientras que la consultora EY trata de encontrar un comprador. Fuentes del Ejecutivo explicaron que la empresa “seguirá operando con normalidad” y los empleados seguirán cobrando, mientras se van evaluando las opciones de cara al futuro de la compañía. El ministro de empresas, Creg Clark, aseguró, a su vez, que el Gobierno “ha trabajado duro con la dirección de British Steel, sus propietarios y varios bancos para explorar todas las opciones a fin de encontrar una solución”, incluso le había prestado 136 millones de euros para cubrir los costes de emisiones medioambientales. No fue posible. British Steel, que tiene también plantas en Francia y Holanda, estuvo en la puja por hacerse con alguno de los centros productivos que Arcelor-Mittal puso a la venta dentro del plan de desinversiones al que le obligó la Unión Europea (UE) para poder comprar la gigantesca planta de Ilva, en el sur de Italia. El fondo de inversión Liberty House acabó adquiriendo las cuatro factorías sobre las que los Mittal habían colgado el cartel de “se vende”. Las razones de la quiebra se deben a una caída de los pedidos del mercado europeo y a las enormes incertidumbres por el “Brexit”, la salida de Reino Unido de la Unión Europea. A todo esto, se suma también la debilidad de la libra y la escalada de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.  Uno de los principales clientes de British Steel, Network Rail, una de las principales compañías ferroviarias británicas y que compra el 95% de sus vías de tren a la planta de Scunthorpe, aseguró también en la prensa local que durante estos últimos meses había tratado de ayudar a la siderúrgica para intentar salvarla de la quiebra. En concreto, aseguró que había aumentado sus pedidos e incluso que había adelantado algunos pagos para que la empresa mejorara sus ingresos. Las actuales plantas de British Steel fueron adquiridas por el grupo Greybull Capital a la india Tata Steel por el precio simbólico de una libra en 2016. El subsecretario general del sindicato Unite, Steve Turner, instó al Gobierno a “nacionalizar” la compañía hasta que se encuentre un comprador para “evitar una catástrofe industrial y económica”. El Partido Laborista, dirigido por Jeremy Corbyn ha reclamado también una nacionalización que el Gobierno rechaza.

En lo relativo a política monetaria y bancos centrales, cabe comentar que el miércoles se publicaban las actas de la Fed, en las que se reafirmaba la paciencia actual sobre la política monetaria podría mantenerse durante un tiempo prolongado, lo que suponía una nueva señal de que la Reserva Federal no ve necesario un cambio de los tipos de interés en ninguna de las direcciones. A pesar de ello, el consenso sobre la probabilidad de un recorte de tipos antes de final de año se elevaba hasta alcanzar máximos y situarse en el 79%.

Otro desafortunado dato corporativo es que Ford despedirá a 7.000 empleados, un 10% de su plantilla mundial. La compañía alega que toma esta medida con el fin de ahorrar 600 millones de dólares anuales. El Grupo Ford anunció esta pasada semana la eliminación en los próximos meses de 7.000 puestos de trabajo, un 10 % de su plantilla mundial, mediante despidos voluntarios y forzosos, de los que 2.300 serán en Estados Unidos, para ahorrar 600 millones de dólares anuales. El anuncio fue efectuado por el consejero delegado de Ford, Jim Hackett, en una carta enviada a los empleados en la que justificó los recortes. “Para tener éxito en nuestro sector -indicó Hackett-, debemos reducir la burocracia, empoderar a los gerentes, acelerar la toma de decisiones, concentrarnos en el trabajo más valioso y recortar los costes”. Los trabajadores norteamericanos afectados por las reducciones laborales empezarán a recibir mañana las notificaciones de sus despidos, que continuarán hasta el 24 de mayo. La reestructuración seguirá en “Europa, China, Suramérica y el Grupo de Mercados Internacionales. Esperamos completar el proceso en esos mercados para finales de agosto”, añadió Hackett. El ejecutivo afirmó que con la eliminación de empleos la multinacional habrá “reducido la estructura de gestión en alrededor de un 20 %”, lo que supondrá un ahorro de 600 millones de dólares al año. Hackett explicó que los trabajadores despedidos tendrán algunos días para despedirse de sus compañeros en vez de tener que dejar inmediatamente sus puestos. “Hemos cambiado las prácticas de algunas regiones donde los trabajadores que eran despedidos tenían que abandonar inmediatamente sus puestos con sus pertenencias y estamos dando a la gente la opción de estar unos cuantos días para limpiar y decir adiós”, apuntó. Hackett asumió la dirección de Ford en mayo de 2017 en sustitución de Mark Fields principalmente para mejorar la cotización de las acciones de la compañía en los mercados de valores. Tras solo tres años en la dirección de Ford, Fields fue destituido tras recibir críticas por parte de accionistas como de miembros del Consejo de Administración por el declive del valor de las acciones de Ford. El presidente del Consejo de Administración y bisnieto del fundador de la compañía, Bill Ford, justificó entonces el despido de Fields por la necesidad de la empresa de “tener un visión más clara del futuro” para tomar “decisiones con gran rapidez”. A pesar de los intentos de Hackett, el valor de Ford ha continuado a la baja y este lunes, tras el anuncio de los despidos, la compañía perdía un 0,15 % y cotizaba a 10,28 dólares. Hace cinco años, la cotización de Ford era 16,02 dólares.

A nivel doméstico, hay varios asuntos que destacar. El primero de ellos que la banca propone eliminar la antigüedad y ampliar la movilidad. Las entidades plantean un registro de la jornada que no convence a los sindicatos.

 

 

Cajamar, por su lado, y por otro el resto de las cooperativas de crédito han celebrado ya sus elecciones sindicales. Era el último sector financiero pendiente por llevar a cabo este proceso, ya realizado en las antiguas cajas de ahorros y en los bancos tradicionales dependientes de la AEB. En Cajamar ha vuelto a repetir CC OO, como en el resto del sector, como el sindicato más votado, con 160 representantes de los 233 a elegir. El segundo sindicato con mayor peso es UGT, con el 28,75% de los votos (sube respecto a las anteriores elecciones, en las que obtuvo el 27, 34%). En el resto de las cooperativas, con Unacc de patronal, CC OO logra el 51,41% de los votos, UGT el 28, 59%, USO el 7,03%, y CSIF el 4,53% entre las principales fuerzas representativas de la plantilla. De esta forma, Comisiones Obreras acapara el 39,90% de los delegados del conjunto del sistema financiero (bancos, sector de ahorro y cooperativas de crédito), y UGT el 20,29%, mientras que FINE suma el 12,97%. Con el proceso de las rurales se cierran las elecciones sindicales iniciadas en septiembre. Coincidiendo con este cierre electoral, los sindicatos y la patronal de la banca, AEB, han celebrado su reunión para intentar llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo que se aplicará en los próximos cuatro años. En este acto la AEB ha presentado por primera vez sus propuestas, que como es lógico, no ha tenido aceptación por parte de los sindicatos. Además de pedir moderación salarial, la banca ha reclamado la eliminación de los trienios por antigüedad, “flexibilizar la organización laboral para eliminar “rigideces”, adecuando a las necesidades de las empresas para ampliar la movilidad geográfica. En este punto, y pese a que no se ha puntualizado en cuanto quieren extender este concepto, todo indica, según fuentes sindicales, que la idea es pasar de los 25 kilómetros fijados en la actualidad a los 75 kilómetros aprobados recientemente en CaixaBank. Pero lo que más preocupa a los sindicatos es cómo plantean llevar a cabo el registro de la jornada, “con propuestas restrictivas para la plantilla”, aseguran desde CC OO, sindicato que reclama que el banco ponga a disposición del empleado un resumen mensual y anual de la jornada efectiva realizada.

También a nivel doméstico, merece comentario que los autónomos piden estar exentos de registrar el horario de sus asalariados. ATA intenta que Trabajo les exima. “El autónomo ya tiene obligaciones de prevención de riesgos laborales, de protección de datos, fiscales y con la Seguridad Social”, recuerda. Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Autónomos ATA, quien reclamó que los autónomos queden exentos de registrar la jornada laboral de sus asalariados. Así lo pidió en la presentación de un informe realizado por ATA sobre la jornada de los autónomos. Amor trasladó que les están llamando sus asociados “preocupados porque no pueden registrar la jornada por estar en zona sin cobertura o sin acceso a sus empleados, y estos se olvidan de hacerlo”. Así, explicó que ATA está elaborando un documento que van a entregar a Trabajo para que exima a los 1,6 millones de autónomos con asalariados de registrar la jornada de estos. El Ministerio aclaró en la Guía que ha publicado para despejar dudas que el autónomo está exento. Pero no sus asalariados. El presidente de ATA insistió en sus críticas al registro horario, una “obligación del siglo XIX” que cree que supone “volver a la mina y a los tiempos de la sirena, que en el siglo XXI no toca”. “Hoy hay muchas actividades que no se desarrollan en un centro de trabajo y profesiones como la abogacía o empresas como las pymes que piden quedar exentos”, insistió. Según Amor, “por supuesto que hay que controlar al 5% o menos de empresarios que abusan del horario laboral y no pagan horas extra, pero no se puede penalizar a todo el colectivo por este pequeño porcentaje”. A su juicio, “es desproporcionado exigir el registro a todas las actividades”, y recordó la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 14 de mayo que recomendó tener en cuenta el tamaño de las empresas obligadas. El registro quiere aflorar horas extra no declaradas y no retribuidas y otros incumplimientos. El Estatuto de los Trabajadores establece que no se puede trabajar más de 40 horas a la semana y nueve al día, un total de 1.827 horas y 27 minutos al año, y que se debe descansar 12 horas entre jornadas. El informe sobre la jornada de los autónomos concluye que trabajan de media dos jornadas más a la semana que los asalariados, ya que el 57% trabaja más de 10 horas al día, y el 78%, más de nueve. Amor recordó que se rigen por el Estatuto del Autónomo y que éste no pone límites a su jornada, pero recomienda que se tomen medidas en favor de la conciliación. En este escenario, pidió apoyo a la Administración para ampliar de 12 a 24 meses la tarifa plana para madres que se reincorporen tras la maternidad, incentivos para la contratación de autónomos que tienen a su cuidado un dependiente y ayudas de guardería. En el estudio se ha preguntado a 1.330 autónomos la última semana de abril y la primera de mayo, poco antes de que entrara en vigor el registro diario de la jornada el 12 de mayo. Según el estudio, un 28% de los autónomos trabaja 11 horas al día o más y uno de cada cinco dedica tiempo a su negocio todos los días. Es decir, el 19% no descansa ningún día. Respecto a las vacaciones, el 73% disfruta de menos de 20 días al año.

SEGUNDA OPORTUNIDAD PERDIDA

No parece lógico que si se otorga una segunda oportunidad que valga la pena, esta se pierda pero puede suceder.

Lo demuestra el hecho de que apenas 9.000 personas se han acogido a la ley de Segunda Oportunidad desde su entrada en vigor. Cerca de 9.000 personas se han acogido desde su entrada en vigor en julio de 2015 a la Ley de Segunda Oportunidad, norma pensada para la exoneración de deudas a particulares y pymes, una cifra muy lejos de los más de 100.000 que se han beneficiado de medidas similares en Alemania o Francia. Las cifras de personas físicas o pequeñas empresas que se han acogido en España a este recurso proceden de cálculos del Centro de Estudios sobre la Ley de la Segunda Oportunidad, que ha empleado datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pensada para paliar los efectos de la crisis económica, la Ley de Segunda Oportunidad la han aprovechado en estos años de forma mayoritaria clientes de micropréstamos y créditos al consumo, productos que soportan “intereses altísimos” que pillan desprevenidos a los usuarios. Así lo ha explicado Fernando Renedo, director jurídico de la firma Reclama Por Mí, plataforma de abogados especializados en reclamaciones sobre hipotecas referenciadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), tarjetas que permiten aplazar el pago de las compras (revolving) y microcréditos. Pero en España esta segunda oportunidad es aún minoritaria, ya que algo menos de 9.000 consumidores se han acogido frente a los alrededor de 100.000 que lo han hecho en países como Francia, Alemania o Italia. La norma establece una segunda oportunidad en el ámbito concursal para deudores de buena fe con cargas, que incluye a los particulares, retira las cláusulas suelo a colectivos vulnerables y apoya las bonificaciones a familias y autónomos, entre otras medidas. Los particulares que han sido exonerados sólo tendrán que devolver sus deudas tras cinco años en casos excepcionales y fortuitos, como puede ser por una herencia no prevista o un premio de lotería o de juegos de azar. Además, con el fin de no estigmatizar socialmente al exonerado, se limita el acceso al Registro Público Concursal. La norma incluye reglas de procedimiento especiales y simplificadas para particulares en cuestiones relativas a plazos de designación y convocatoria de acreedores, y reduce significativamente los aranceles notariales y registrales. Asimismo, las cláusulas suelo que impiden que miles de hipotecados en España se beneficien de determinadas bajadas del euríbor desaparecerán temporalmente para todos los que se acojan a la segunda oportunidad, y definitivamente para aquellos potenciales beneficiarios del código de buenas prácticas. No obstante, quedan excluidas en todos los casos las deudas contraídas con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social. Desde Reclama Por Mí recuerdan que la concesión de préstamos para financiar proyectos particulares o necesidades de consumo ha experimentado un notable crecimiento durante los últimos años, y los datos del Banco de España reflejan que en 2018 se prestaron 34.617 millones de euros mediante estos productos, un importe que dobla al registrado en 2014 (16.442 millones). No todo el mundo puede acogerse a la ley, ya que es preciso demostrar que se han liquidado todos los bienes o patrimonio en el concurso y que no puede hacer frente a las exigencias de los deudores. Es decir, el particular o autónomo no puede tener ni dinero, ni activos, ya que de lo contrario se vería obligado a pagar su deuda. También es imprescindible acreditar que se ha actuado de buena fe, un concepto que puede resultar subjetivo pero que se admite si se ha negociado o intentado lograr un acuerdo sobre la deuda antes de iniciar el concurso, y no se ha provocado de forma voluntaria su situación de insolvencia. Todo aquel “que esté tentado de ocultar parte de sus bienes o dinero no puede acudir a este mecanismo porque se entendería que existe mala fe”, señalan los abogados. Asimismo, el reclamante no puede haber cometido delitos económicos de ningún tipo y no puede haber rechazado en los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo “adecuada a su capacidad”.

A nivel local cabe destacar que Asturias es la tercera región con más aumento de los pedidos a la industria. De hecho, Asturias fue en marzo la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento interanual de la entrada de pedidos a la industria, con una progresión del 9.8% respecto al mismo mes de 2018, sólo superada por Castilla- la Mancha (16,1%) y Murcia (10,6%) y más que el triple del promedio nacional (3,1%), según difundió ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las entradas de pedidos aumentaron en ese plazo en catorce de las diecisiete comunidades autónomas. En Cataluña permanecieron planas y retrocedieron en la comunidad de Cantabria (-4,4%) y en Castilla y León (-9,4%). Las entradas de pedidos siguieron creciendo en España en marzo aunque menos que en febrero. Si bien el aumento interanual fue del 3,1% (2,2 puntos porcentuales inferiores al mes precedente), el avance menguó al 2% una vez corregido de efectos estacionales y de calendario, 3,1 puntos por debajo de febrero. La variación mensual del índice general de entrada de pedidos fue negativo en 1,9 puntos una vez depurados los efectos estacionales, con lo que su comportamiento fue 5,1 puntos porcentuales peor que el del mes anterior, cuando había crecido el 3,2%. Entre noviembre y diciembre, la entrada de pedidos sin estacionalidad pasó de un aumento del 23,3% a una caída del 21,4% para recuperar en enero el 0,8%.

Y finalizo con una noticia que me resulta curiosa: el asturiano Pepe Álvarez, que no es mi padre, pero por nombre bien podría serlo, se convierte en vicepresidente de la unión de sindicatos europeos. El secretario general de UGT, el asturiano Pepe Álvarez, fue elegido esta pasada semana vicepresidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que celebró su decimocuarto congreso en Viena. Álvarez fue elegido con el 91,5 % de los votos de los delegados que acudieron al congreso de la CES, mientras que la presidencia la ejercerá el sindicalista francés Laurent Berger. Hay otras tres vicepresidencias que recaen en la danesa Bente Sorgenfrey, el checo Josef Stredula y la belga Miranda Ules. Por su parte, el actual secretario general de la CES, el italiano Luca Visentini, revalidó su cargo por otros cuatro años. La dirección es paritaria entre hombres y mujeres, al igual que los 600 delegados sindicales que participan en el congreso. La Confederación hizo desde Viena un llamamiento a votar en las elecciones europeas para frenar a los partidos ultranacionalistas y defender una Europa más social. No queda sino felicitar a Pepe Álvarez por su nuevo cargo y desearle todo lo mejor

SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.