Jubilados cincuentones

En mi opinión, continúa el cambio de mentalidad inversora iniciado la semana pasada y que apuesta por la renta variable, en su escalada a nivel global. La relajación de las tensiones comerciales y la continuidad de las políticas expansivas del BCE están ayudando a una rotación de las carteras hacia sectores más cíclicos (banca, materias primas, autos) que son los que mejores comportamientos representan. En lo relativo a política monetaria, el BCE cumplía con las expectativas de mercado, a pesar de los ruidos discordantes de los últimos días y  rebajaba sus previsiones hasta el 1,1% para 2019 (vs 1,2% ant) y hasta el 1,2% para 2020 (vs 1,4% ant). Respecto a la inflación, las estimaciones para 2019 se revisaban hasta el 1,2% (vs 1,3%ant) y para 2020 hasta el 1% (vs 1,4% ant). El BCE apuntaba, además, que estas previsiones no tenían en cuenta ni la posibilidad de un Brexit duro (que ahora es un escenario que ha ganado probabilidad), ni una escalada en la tensión comercial. Mientras tanto, Boris Johnson persiste en su intención de no solicitar una prórroga, y, tras fracasar en sus intentos de adelantar elecciones, mantiene su empeño en las negociaciones con la UE de cara a la cumbre del 17 de octubre. La situación se recrudecía a lo largo de la semana tras la resolución del Tribunal de Escocia en contra del cierre del Parlamento y las acusaciones contra el primer ministro por las supuestas “mentiras” para tener el beneplácito de la Reina Isabel II. La escalada de tensión solo se rebajaba tras conocerse que el Partido norirlandés del DUP daba cierto respiro a las condiciones que impone la UE, pese a que mantiene la exigencia de mantener que Irlanda del Norte debe estar bajo la misma jurisdicción que el resto de Reino Unido.

A nivel doméstico, es muy grave comentar que la Seguridad Social regresa a ‘numeros rojos’ con un déficit de 5.043 millones hasta julio. La cifra supone un incremento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados esta pasada semana por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Este resultado es consecuencia de unos ingresos reconocidos netos por operaciones no financieras de 85.782,65 millones de euros y de unos pagos reconocidos por importe de 90.826,22 millones de euros. Trabajo precisa que en 2019 se ha producido un cambio de criterio de la imputación presupuestaria de determinados gastos de 2018 asociados a la recaudación y, por este motivo, en 2019 se han imputado 1.324,36 millones de gastos devengados en noviembre y diciembre del pasado año que corresponden fundamentalmente al pago delegado de la incapacidad temporal y a la aportación por parte de las mutuas al sostenimiento de los servicios comunes. De esta forma, si se suman al ejercicio de 2019, el saldo negativo sería de 6.367,9 millones de euros. Por el lado de los ingresos, las cotizaciones sociales han ascendido hasta julio a 71.745,41 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,8% y 5.200 millones más que en el mismo periodo del año anterior, debido al alza del 7,6% de las cotizaciones de los ocupados y al aumento del 12,1% de las contribuciones de los parados. En el conjunto del año la Seguridad Social prevé ingresar un total de 114.915,7 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. De esta forma, a finales de julio, ya ha recaudado el 62,4% de lo previsto para todo 2019. Por su parte, las transferencias corrientes totalizaron 12.902,5 millones de euros, lo que supone una caída del 5,7% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos patrimoniales registraron 52,8 millones de euros, un 71,5% menos.

También crece el gasto en pensiones. Por el lado de los gastos, las prestaciones económicas a familias e instituciones totalizaron 86.425,6 millones de euros, con un aumento del 7,2%. La mayor partida, 79.685 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual del 7,7%. Asimismo, las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) alcanzaron hasta julio un importe de 72.866,3 millones de euros, cifra superior en un 6% el año anterior. En cuanto a las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo se elevaron hasta los 1.470,6 millones, un 9,1% más. En incapacidad temporal el gasto realizado hasta julio alcanzó un importe de 5.107 millones de euros, un 40% más que en el mismo periodo de 2018, crecimiento afectado por la imputación en los meses de enero, febrero y marzo de 2019 del pago delegado de la incapacidad temporal de los meses de noviembre y diciembre de 2018 por importe de 978,5 millones de euros, como consecuencia del cambio de criterio en la imputación presupuestaria. A 31 de julio, las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzaron un importe de 6.739,8 millones de euros, un 1,69% más respecto al ejercicio anterior. Por último, los gastos de gestión realizados por la Seguridad Social han experimentado un incremento del 3,2% hasta julio, con un alza del 3% en gastos corrientes de bienes y servicios y una caída del 33% en gastos dedicados a inversiones.

Abundando en el titular del blog en el día de hoy, es muy destacable el hecho de que Telefónica esté abordando un plan de bajas para mayores de 53 años de su filial española que afecta entre 4.000 y 5.000 empleados. En efecto, Telefónica ha comunicado a los sindicatos la intención de abordar un nuevo plan de bajas incentivadas en la filial española, similar a los que se han abordado en años anteriores y destinado a recortar de nuevo la plantilla de la filial española. El plan se presentará en próximas fechas y no se han comentado con los sindicatos las condiciones, pero se estima que las clausulas serán semejantes a las de los demás programas abordados anteriormente, que básicamente contemplaban la salida de la compañía para aquellos empleados con más de 15 años de antigüedad y nacidos en 1966 o antes, es decir que este año cumplan 53 años. El universo de aplicación del plan afectará a una horquilla entre 4.000 y 5.000 empleados, aunque en realidad, afectados nuevos serán unos 2.000, porque el resto son empleados que ya habían estado afectados por los planes anteriores y que decidieron no apuntarse a las bajas. El plan será aprobado y negociado con los representantes sindicales. El último Plan de Suspensión Individual (PSI) abordado por la compañía supuso la salida de unos 6.500 empleados entre 2015 y 2018. Para ello, la compañía provisionó inicialmente 2.900 millones de euros y posteriormente otros 850 millones adicionales.

A nivel local, muy triste para mí confirmar que Vesuvius desoye a la plantilla y al Principado e inicia el proceso para dejar de producir. Vesuvius ratificó esta pasada semana su firme intención de dejar de producir refractarios en las fábricas de Langreo y Miranda de Ebro (Burgos). La multinacional británica desoyó a la plantilla y al Principado, que no comparten las razones organizativas esgrimidas por la compañía, más cuando ha tenido beneficios en los dos últimos años-, y presentó esta pasada semana un expediente de regulación de empleo (ERE) en la Consejería de Industria sin atender a las demandas de una ronda de negociaciones. La compañía sólo está dispuesta a hablar sobre las condiciones de salida de los trabajadores -128 en total- y no del cese de la activididad manufacturera que convertirían a las fábricas en meros almacenes. Los reponsables de recursos humanos y del área jurídica de Vesuvius informaron de las intenciones de la multinacional al comité de empresa. Al término de la reunión, celebrada en un hotel de Meres (Siero), los representantes de los trabajadores aseguraron que la intención de la compañía es “cerrar los dos centros productivos” y “la extinción de todos los empleos”. En la instalación langreana trabajan 111 personas. Sin embargo, desde la compañía se reiteró que el cese se centra en la actividad productiva -a la que está vinculada el 95% de la plantilla de Langreo, según el comité- y que el ERE que se pretende negociar en ningún caso afectaría al 100% de la plantilla, aunque no precisaron su impacto y afirmaron que no se conocerá hasta que finalice el periodo de consulta.Tras el encuentro con los trabajadores, la representación de la compañía presentó el ERE en el registro de la Consejería de Industria. La portavoz del Gobierno asturiano, Melania Álvarez, señaló que la estrategia será similar a la seguida con Alcoa. No obstante, el consejero de Industria, Enrique Fernández, dio a entender horas más tarde que la opción de buscar un inversor alternativo, como se hizo con la planta aluminera de Avilés, es menos viable en el caso de Vesuvius. “Vamos a emplear todas las fórmulas, pero no necesariamente el ejemplo de Alcoa es extrapolable. Queremos mantener la actividad y el empleo por todos los medios. Eso sí, la empresa deberá poner también de su parte y vamos a ver la flexibilidad que tiene”, dijo.

No sé lo que podrá hacer a este respecto el consejero de Industria y mi antiguo compañero de área de Economía Financiera en la Universidad de Oviedo, Enrique Fernández. En todo caso, le deseo mucha suerte. Los empleos de estos trabajadores están claramente en riesgo pero, contra las decisiones empresariales, no hay mucho que se pueda hacer, como bien sabe.

SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.