Sin estudios y sin inglés: Out of here! Unwelcome!

A lo largo de la semana pasada se han producido caídas generalizadas entre los principales índices de renta variable europeos en una semana en la que el foco de atención volvía a centrarse sobre el coronavirus. Los sectores con menor exposición al ciclo presentaban el mejor desempeño en la semana, y en los mercados de deuda se registraban descensos generalizados de las TIR.

En el inevitable tema del coronavirus, continuaba la preocupación por la extensión internacional del virus, con Corea del Sur y Japón como nuevos epicentros, mientras China sigue “confundiendo” a la comunidad internacional con las estadísticas, con la provincia de Hubei revisando las cifras de nuevos afectados, al contabilizar 220 nuevos casos en una cárcel. Así, el total de nuevos casos en el conjunto de China se elevaba a 889, subiendo en 394 respecto al día anterior. Por su parte, la OMs llamaba a incrementar los esfuerzos en investigación contra el coronavirus, ahora que está en una fase “controlable”. En este contexto, el FMI alertaba de que el coronavirus puede poner en peligro la frágil recuperación que se esperaba para 2020. En cualquier caso, consideraba que es demasiado prematuro medir los impactos, y reiteraba su previsión del +3,3% de crecimiento para este año.

Para paliar los efectos, China ha decidido bajar los tipos de interés a medio plazo.

 

Las autoridades chinas vuelven a tomar medidas para reducir el impacto económico derivado de la crisis del coronavirus. El Banco Popular de China (BPC) ha anunciado la adjudicación de 200.000 millones de yuanes (unos 26.435 millones de euros al cambio), recortando en 10 puntos básicos el tipo de interés en los préstamos con vencimiento a un año, que pasará así a situarse en el 3,15% desde el anterior 3,25%, lo que implica el menor coste de financiación a medio plazo desde hace casi tres años. Esta medida, tal y como informó la autoridad monetaria del gigante asiático, trata de “garantizar una liquidez abundante y razonable en el sistema financiero”. Además, el organismo chino ha celebrado una operación de recompra inversa por importe de 100.000 millones de yuanes (13.217 millones de euros) con vencimiento a siete días y un interés del 2,40%. Este tipo de medidas, en opinión de los expertos de Nomura, llegan con algo de retraso. El banco de inversión japonés bajó el pasado lunes sus perspectivas de crecimiento para China hasta el 3% en el primer trimestre del año, lo que supone una caída de tres puntos porcentuales respecto a las cifras de los últimos tres meses de 2019. De hecho, según las previsiones de la entidad nipona, la epidemia supondrá para China la mayor caída trimestral del PIB desde la masacre de Tiananmen, ocurrida en 1989. Los efectos, según Nomura, también serán mayores que los provocados por el SARS en 2003, debido sobre todo a la gran dependencia que China tiene ya del sector terciario, uno de los que más está sufriendo las consecuencias del virus. En plena crisis del Covid-19 el pesimismo ha llegado a Japón. Según los datos publicados  por el Gobierno nipón, la economía del país se contrajo un 1,6% a lo largo de los últimos tres meses de 2019. De mantenerse la caída, la tasa anualizada llegaría al 6,3%, el peor dato desde 2014. El principal motivo no se encuentra en la expansión del virus, sino en el desplome del gasto de los hogares –del 11,3% interanual y del 2,9% intertrimestral–, atribuido al nuevo incremento del impuesto sobre el consumo (IVA).
Aunque la epidemia no parece tener un efecto directo, el Gobierno ha confirmado que se “mantendrá vigilante por el impacto del coronavirus” en el consumo doméstico, que representa cerca del 60% de la economía.

A nivel de política monetaria,  lo más reseñable era la publicación de las actas de la Fed de enero que no dejaban grandes sorpresas. En estas, se podía ver como la política monetaria sigue siendo vista como la adecuada por el momento y con un escenario más favorable en cuanto a los riesgos económicos. En lo relativo a la macro, los miembros del comité siguen viendo el crecimiento económico por encima del potencial en 2020 y 2021 y aunque el consumo se ha visto moderado en el 4T19, siguen viendo este con fortaleza para los próximos periodos. Además, el comité presentaba sus planes para acabar con las operaciones de repos como pronto para el mes de abril, pero manteniendo unos altos grados de reservas. Por último, se empezaba a mencionar la posibilidad de revisar la estrategia de política monetaria en la que destacaría la posibilidad de usar rangos para medir los objetivos de inflación.

A nivel de política fiscal, es destacable el hecho de que  la UE incluyó de nuevo a Panamá en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE) y pronto lo hará en la relativa al lavado de dinero, lo que Panamá ha rechazado tras argumentar que el país no ha sido objeto de una evaluación técnica reciente que avale esa decisión.

“Panamá no es un destino mundial para la evasión fiscal” y “tampoco el registro predilecto para las sociedades offshore” o extraterritoriales, afirmó en un escrito la viceministra panameña de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Mouynes. En el escrito, difundido  por la Cancillería, Mouynes destaca “el desfase en el tiempo” de actuación de la UE, pues la inclusión del país es listas discriminatoria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) ocurrió en “junio de 2019”. La funcionaria argumentó que “desde julio de 2019 a la fecha no se ha hecho ninguna evaluación técnica de la UE a Panamá, y estas nuevas inclusiones en lista obedecen a que la metodología de UE establece que si un país está en la lista de OCDE y GAFI automáticamente deben ser incluidos en las de UE en un efecto domino”. Panamá, señaló la viceministra, “no es un destino mundial para la evasión fiscal, a diferencia de otras jurisdicciones que no están listadas”, y en tan solo un par de años, nos hemos comprometido a que todos los bancos” cooperen con el intercambio de información”. “Además, tampoco somos el registro predilecto para las sociedades offshore (extraterritoriales). De hecho, solo ocupamos el 0,27 % de ese mercado a nivel internacional, y se han hecho importantes avances para la supervisión y transparencia del manejo de sociedades que hay que resaltar”, agregó. Los otros dos pilares estratégicos ante la inclusión de Panamá en listados de la UE son visitar y explicar la situación a las calificadoras de riesgo, y seguir trabajando en el rescate de la imagen del país. “Seguimos siendo duramente cuestionados y evaluados en las mesas evaluadoras producto de una pésima imagen internacional errónea que se generó a raíz de los mal llamados Panama Papers, y que es necesario corregir y rectificar. Solo de Bruselas, sede de la UE, el año pasado se generaron 195 noticias negativas sobre Panamá”, afirmó la funcionaria. Como papeles de Panamá se conoció en el mundo el escándalo de la filtración en abril de 2016 de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, que involucró a personalidades de todo el mundo y que levantó sospechas de evasión fiscal, ocultamiento de fortunas y blanqueo de capitales. A Panamá “le conviene de una vez por todas representar un alto estándar de control efectivo de los flujos ilícitos manteniendo su competitividad como centro financiero y de servicios que sirva de catalizador para nuevas inversiones, reactivando así la economía y el desarrollo social”, añadió.

Como hecho que me ha parecido más destacado de la semana, aunque para mí no es ninguna sorpresa sino lo esperado dadas las razones últimas del Brexit, es que el  Reino Unido cierra la entrada a inmigrantes sin estudios o que no hablen inglés, lo que marco como titular del blog en el día de hoy. Señalan además que deberán superar los 70 puntos para optar a solicitar un visado de entrada en el país.  Los inmigrantes que lleguen a Reino Unido a partir de 2021 deberán acreditar un nivel suficiente de inglés y tendrán preferencia para obtener un visado de entrada aquellos que lleguen con una oferta de trabajo o bien académica, según ha desvelado el Gobierno británico. La nueva ley de inmigración, que el Ejecutivo espera aprobar en los próximos meses, no incluye la opción para dar permisos a trabajadores “poco cualificados” ni una “ruta de entrada al país para empleo temporal”.

El Partido Conservador de Boris Johnson ya había introducido este nuevo sistema migratorio por puntos en su programa previo a las elecciones legislativas de diciembre. De hecho, la reducción del flujo migratorio ha sido uno de los argumentos recurrentes entre quienes han defendido la salida de la Unión Europea durante los últimos años. El nuevo plan recoge que para obtener un visado de trabajo en Reino Unido serán necesarios al menos 70 puntos, de los cuales 40 podrán obtenerse presentando una oferta de trabajo que corresponda a la categoría de empleos cualificados. Además, la medida plantea excepciones para trabajadores temporales, como en época de cosecha, y para jóvenes. Así, permitirá la llegada al país a unos 20.000 jóvenes cada año. “Necesitamos cambiar el foco de nuestra economía para que deje de asentarse sobre mano de obra barata de Europa y concentrarnos en invertir en tecnología y automoción. Los empleados deberán adaptarse”, detalló el Gobierno. Según el proyecto, los europeos y los inmigrantes del resto del mundo que quieran vivir en Reino Unido serán tratados con el mismo rasero. La “máxima prioridad” del sistema será dar entrada “a aquellas personas más cualificadas y con mayor talento”, como científicos, ingenieros y académicos”. Las ofertas de trabajo para inmigrantes que quieran obtener el visado deberán garantizar un salario por encima de las 25.600 libras (30.800 euros) anuales, una reducción respecto a las 30.000 libras (36.000 euros) que se ofrecen ahora a los extranjeros no comunitarios. Los cambios entrarán en vigor el uno de enero de 2021, una vez haya concluido el periodo de transición del Brexit, en el que Reino Unido mantiene la libre circulación de personas para ciudadanos de la Unión Europea.

A nivel doméstico hay dos temas que considero destacables. El primero de ellos, es que el gobierno da luz verde a las tasas Google y Tobin pero con menor potencial de recaudación.

El Gobierno remite a las Cortes los proyectos de ley que crean los dos nuevos impuestos, cuya previsión de recaudación anual rebaja de 2.050 millones a 1.818 millones de euros “por la ralentización”.Se trata de una proyección anual que este año se verá además reducida en el mejor de los casos a la mitad, ya que es difícil que sendos impuestos puedan estar en vigor mucho más de seis meses. Con estas tasas, que el Consejo de Ministros validó por segunda vez tras haberlo hecho y enviado al Congreso en enero de 2019, comienza la subida de impuestos del Gobierno de coalición de PSOE y Podemos, que también prevé incrementos en el IRPF y en las rentas del ahorro, en el Impuesto sobre Sociedades, en el diésel, Patrimonio y a las Socimis, además de una batería de medidas de lucha contra el fraude que se aprobarán en breve. A esto se suman más subidas de Sociedades, IRPF e IVA y la creación de nuevas figuras que el Gobierno estudia. La recaudación estimada ahora para la Tasa Google es de 968 millones de los 1.200 que preveía el Gobierno, lo que se achacó a “la ralentización de la economía” y al ejemplo de lo ingresado en otros países. Su liquidación será trimestral, pero este año el pago se efectuará alrededor del 20 de diciembre para dar mayor margen a la tasa a multinacionales que prepara la OCDE y ver el resultado electoral en EEUU. El impuesto no afecta al mercado primario, por lo que no tendrá impacto en las empresas que salieran por primera vez a Bolsa. El contribuyente es el adquirente de valores y, el sujeto pasivo, el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición. Si éste actúa por cuenta propia será también contribuyente. La tasa Tobin sigue afectando a las operaciones intradía. Esto es, se aplicará sobre la compra y posterior venta de acciones que se realice en un mismo día, si bien la base imponible se establecerá a partir del saldo neto de los valores adquiridos. Entre las adquisiciones que estarán exentas de la Tasa Tobin, destacan, además de las operaciones del mercado primario, las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.

La otra noticia doméstica que me parece muy destcada es que el Gobierno estudia imponer una ‘acción de oro’ en BME para autorizar su venta a Six. La firma suiza y el Estado firmarán un acuerdo para aprobar la compra; Economía sopesa condicionar los derechos de voto del comprador.

El primer trámite de la opa de Six, el gestor de la Bolsa suiza, por BME ha pasado el examen con sobresaliente. Competencia no ve ningún problema en la adquisición. Pero queda mucha tela que cortar. El Gobierno tendrá la última palabra y, según fuentes financieras, no será una luz verde sin más. De entrada, todos los compromisos planteados ya por la empresa helvética deberán plasmarse en un acuerdo entre el Estado y el comprador. Será una suerte de acción de oro, con la que el Gobierno se guardará capacidad coercitiva, en caso de que se incumplan las condiciones firmadas, según fuentes conocedoras del proceso. El gestor de los mercados oficiales españoles es considerada una empresa estratégica para el país, de ahí que su cambio de control requiera la autorización administrativa del Gobierno de turno. Es una compañía extremadamente regulada, tanto por el Ministerio de Economía como por la CNMV. El supervisor de los mercados, entre otras cuestiones, debe dar luz verde a sus tarifas y está sometida a numerosas autorizaciones. Incluso las comunidades autónomas tendrán su voz en la decisión del Ejecutivo. No en vano, BME es la gran infraestructura de los mercados españoles. Six ya planteó de forma preventiva una serie de garantías para BME. Mantendrá “al menos por un periodo de cuatro años las marcas actuales de BME y las actuales actividades de negocio, su sede, la localización de oficinas y su estrategia en España”. También indicó que prevé mantener un “grado suficiente de independencia para el negocio de BME”. Fuentes conocedoras de las intenciones de Six señalan que está abierta a mejorar esos compromisos; por ejemplo, ampliar el período más allá de los cuatro años de blindaje. Entre las cuestiones que se barajan para conceder la autorización están las inversiones en España (Six destina unos 128 millones de euros anuales). También la obligación de solicitar consentimiento para tomar determinadas decisiones e incluso avales que blinden áreas operativas de BME. Economía puede plantear incluso la retirada de los derechos de voto de Six en BME si los compromisos adquiridos se rompen. Un portavoz del ministerio que dirige Nadia Calviño declinó hacer comentarios sobre esta información. Una portavoz de Six explica que la empresa que gestiona el mercado helvético no está en conversaciones de ningún tipo con las autoridades españolas, aunque matiza que su compromiso con BME y con España es máximo y que están abiertos a estudiar las propuestas que le exponga el Ejecutivo español. Entre los planes de futuro de Six que ya se conocen está trasladar a Madrid su negocio de clearing (compensación, en la jerga bursátil española), como explicó el director financiero de Six, Daniel Schmucki. La propia Six señala en un documento que su actual tecnología para renta variable, ahora propiedad de Nasdaq, podría ser reemplazada por la de BME. “Durante tres años, en conversaciones con reguladores, Six prevé seleccionar las plataformas más óptimas para ofrecer un servicio orientado al cliente”, añade en el escrito. Otras posibles líneas estratégicas que baraja Six es expandir al mercado español su negocio de servicios bancarios, así como hacer compras en el segmento de clearing. También espera ser el tercer operador europeo y utilizar BME como trampolín para expandirse por Latinoamérica. En realidad, el objetivo de Six es hacer de BME y de España su cuartel general en la UE. Los directivos de la empresa suiza niegan que el factor de que la Comisión Europea retirara a Suiza el pasado julio el estatus de mercado equivalente –lo que obliga a los intermediarios europeos a comprar las acciones de una empresa helvética en una Bolsa de la UE siempre que sea posible– haya pesado en la decisión de lanzar la opa. Sin embargo, otras fuentes indican que esto es clave para entender la oferta sobre BME. Six cuenta con unos asesores de postín en su oferta. Tiene a Credit Suisse, Alantra y Santander, así como a BBVA y CaixaBank.  Sus asuntos legales están en manos de Linklaters. Mientras, BME está escoltada por Morgan Stanley y por Latham & Watkins como asesor legal. El Ministerio de Economía inició el proceso de aprobación de la opa sobre BME, para lo que cuenta con un máximo de 90 días naturales. Se debe pronunciar a más tardar a mediados de mayo. En este tiempo debe recibir un informe de la CNMV, obligatorio en operaciones de esta naturaleza, en el que emita su opinión sobre la opa. También las comunidades autónomas donde BME cuenta con una sede (Madrid, Cataluña, País Vasco y la Comunidad Valenciana) deben dar su visto bueno. El supervisor debe aprobar también el folleto de la opa, como siempre en este tipo de operaciones. La ley indica que el organismo presidido por Sebastián Albella cuenta con 20 días hábiles para ello, aunque puede reiniciar el proceso cada vez que requiera más información. Una vez que la CNMV dé luz verde al folleto, el comprador debe establecer un periodo de aceptación, en el que los accionistas decidan si acudir o no a la opa. La ley establece que debe ser de entre 15 y 70 días. Todo apunta a que será amplio, lo que postergue la opa a junio. Los posibles competidores de Six, como Euronext, que ha fichado a Rothschild, a Société Générale y Allen & Overy, tienen de plazo para presentar una contra opa hasta cinco días antes del fin de este plazo.

En definitiva, nos encontramos ante una operación fundamental para los mercados financieros españoles, y que debemos seguir muy de cerca por su trascendencia dada la entidad a la que afecta.

SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE