El Congreso nun ye un chigre, Adriana

A lo largo de la semana pasada se han producido subidas generalizadas de las bolsas europeas que encontraban apoyo en las primeras reaperturas de las economías tras los confinamientos y en los compromisos de estímulos fiscales y monetarios de las principales economías mundiales. Los sectores más castigados por la crisis (viajes y ocio, industria básica, autos) tenían un mejor comportamiento relativo en una semana de subidas generalizadas. Inevitable referirse al tema de la pandemia que nos afecta, para comentar que los avances en la investigación médica del virus centraban la atención del mercado a comienzos de semana. Sin embargo, días más tarde ponían en duda la efectividad de los avances logrados. Por su parte, EE.UU. seguía presionando a la OMS y amenazaba con abandonar de forma permanente el organismo, mientras que Brasil pasaba a ser un nuevo foco de la pandemia, acumulando la semana pasada el 13% de los contagios mundiales.

Estados Unidos alcanzó esta pasada semana las cifras de 1.527.355 casos confirmados de COVID-19 y de 91.845 fallecidos con esta enfermedad, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance supone 20.515 contagios más que el lunes y 1.536 nuevas muertes. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con 352.845 casos confirmados y 28.558 fallecidos, una cifra parecida a la de Francia y solo por debajo del Reino Unido e Italia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 20.887 personas. Al estado de Nueva York le sigue el vecino Nueva Jersey, con 149.356 casos confirmados y 10.587 fallecidos; el estado de Illinois, con 98.030 contagios y 4.379 decesos, y el de Massachusetts, que ha reportado 87.925 positivos por coronavirus y 5.938 muertos. Otros estados con un gran número de fallecidos son Michigan con 5.017, Pensilvania con 4.628, Connecticut con 3.472 y California con 3.374. Unas cifras que, desde luego, no son para enorgullecerse de la gestión de esta pandemia, por parte del presidente estadounidense.

A nivel europeo, Alemania y Francia alcanzaban un importante acuerdo para financiar el Fondo de Recuperación Económica de un volumen de 500.000 M € a través de la emisión de bonos desde los presupuestos europeos y transferir los fondos a través de subsidios no reembolsables a los países miembros y sectores económicos más afectados por la crisis del COVID-19. Los fondos serán adjudicados particularmente a la transición de la UE a una economía más verde y digital y a la inversión en Investigación e Innovación.

A nivel doméstico, la novedad del uso obligatorio de mascarillas, no será gratis para las familias dado que costará más de 100 euros al mes por familia.  Desde esta semana serán exigidas en lugares cerrados y en calles si no hay distancia de dos metros de seguridad. La obligación, publicada en el BOE,  que extiende desde el pasado jueves el uso de mascarillas a los espacios cerrados y a la calle, cuando no se pueda mantener la distancia de dos metros de seguridad, además de en el transporte público, supondrá un sobrecoste para una familia de tres miembros de, al menos, unos 100 euros al mes. La mascarilla quirúrgica recomendada por Sanidad tiene una vida útil de cuatro horas y no es reutilizable. Una familia con un adulto que trabaje presencialmente (lo que le exigirá dos al día, como mínimo), otro que teletrabaje y un hijo (que gastarían una más cada uno solo con que salgan a pasear o vayan al supermercado), necesitará cuatro mascarillas diarias, más otras tres por cada día del fin de semana en que salgan, lo que arroja unas 112 mascarillas al mes y unos 108 euros. Y eso tomando el precio máximo fijado por el Gobierno de 0,96 euros la unidad.  Si algún miembro de la familia sufre problemas de salud y necesita mascarillas FFP2, el gasto golpearía aún más su presupuesto, ya que su precio —que no está regulado por Sanidad— es de 5,80 euros de media.

A nivel de deuda pública, también malas noticias porque sube a 1,22 billones, el 109,3% del PIB estimado para 2020. El monto bate récords históricos y alcanza máximos de más de un siglo en proporción al tamaño de la economía debido al coste de afrontar la pandemia de coronavirus. Evidentemente, esta pandemia y la ingente factura de las medidas impulsadas para paliar sus efectos socioeconómicos, ya están dejando notar sus efectos en las cuentas públicas de España. La deuda del conjunto de las administraciones del país se incrementó en marzo un 1,9% respecto al mes anterior, añadiendo 22.473 millones de euros al monto total, que alcanza un nuevo récord histórico en 1.224.243 millones de euros, según los datos publicados esta semana por el Banco de España. La cifra equivale al 98,3% del PIB de 2019 si bien, dada la merma del tamaño de la economía proyectada por el Gobierno, su peso sobre el PIB previsto para este año se situaría ya en el 109,3%.

En esta tesitura, lo último que se puede hacer es demonizar a los empresarios, que son los que aportan riqueza y empleo, y gracias a los cuales comemos los funcionarios y los pensionistas. Además, los directivos del Ibex han invertido 53 millones en sus empresas durante la crisis. Los altos cargos de más de la mitad de las firmas del índice adquirieron títulos; los ejecutivos apuestan por la recuperación de la Bolsa. Los analistas siempre advierten de que la marcha de los índices bursátiles anticipa los impactos en la economía real. A finales de febrero, antes de que la epidemia se convirtiera en pandemia, las Bolsas de todo el planeta empezaron a descontar los daños económicos. Pero marzo fue el mes en el que se notaron con más fuerza los efectos del Gran Confinamiento. El Ibex 35 sufrió el mayor desplome de su historia, al caer un 22,21%. Justo antes de que arrancara la cuarentena en España, los directivos y consejeros de compañías del índice han realizado operaciones de compraventa de acciones valoradas en 59 millones. Según las notificaciones de los registros de las cotizadas en la CNMV entre el 9 de marzo –cuando el Ibex se hundió un 8% tras conocerse los contagios en Italia– y el 14 de mayo, la amplísima mayoría de las operaciones de los directivos han sido de compra, con más de 56 millones de euros. Aunque también se desprendieron de acciones por tres millones. En términos netos, la inversión total es de unos 53 millones.

Por su parte, Pablo Iglesias insiste en asegurar que la reforma laboral se derogará al completo y advierte al PSOE: “lo firmado obliga”. El vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, ha dejado claro que la reforma laboral será derogada al completo y  no parcialmente porque así consta en el acuerdo de Gobierno suscrito con el PSOE y en el documento que los socialistas firmaro junto a EH Bildu.”Voy a ser cristalino: pacta sunt servanda (lo firmado obliga)”, ha asegurado Iglesias en una entrevista en Catalunya Radio en la que se ha mostrado muy duro con la rectificación realizada por los socialistas a última hora , tan solo unas horas después de hacer público el acuerdo a tres con EH Bildu y Unidas Podemos.

En respuesta al rechazo de organizaciones empresariales de CEOE y CEPYME al acuerdo del PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu, Iglesias ha comentado que “a nadie le puede sorprender que la patronal desee que gobierne el PP con Vox, pero tienen que entender que hay algo que se llama soberanía popular” y “el poder legislativo, en las democracias, está en el Parlamento”. Para no ser menos y por aquello de la igualdad con su pareja y que todo quede en casa o en chalé de Galapagar, Irene Montero añade: “Lo firmado está firmado” . La ministra de Igualdad, Irene Montero, también se ha referido al acuerdo de PSOE y Unidas Podemos con Bildu para la derogación de la reforma laboral que “lo firmado está firmado”, con independencia de que puedan existir matices.  “Yo creo que lo que se firma se cumple. (…) Independientemente de los matices que pueda haber, lo firmado está firmado y además de eso hay un acuerdo de gobierno que es al que yo me debo en el que explicamos de forma clara que la reforma laboral del PP es lesiva para los derechos de los trabajadores”, ha aseverado Montero en una entrevista en TVE. La titular de Igualdad ha insistido en que la derogación de la reforma laboral ya está reflejada “con total claridad” en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.

Afortunadamente, la vicepresidenta económica ha puesto un poco de cordura en esta locura señalando que esto no va a a ser así.  Se queja de damnificada Adriana Lastra y de pérdida de prestigio. ¿Qué prestigio? ¿Cuándo lo ha tenido?

Las maneras que ha desplegado la señora Lastra, percibiendo amenazas donde las había y respondido con ademanes y gestos tabernarios, reflejan la caída en el nivel del discurso político que es perfectamente comprensible cuando quien se sienta en el Congreso de los Diputados es una persona que carece de la más elemental formación para ello. No me extraña que sucedan este tipo de cosas. Lo que me extraña es que hayan aguantado tanto antes de salir a la luz. Cada persona es lo que es. Obvio.

A mí no me preocupa el desprestigio de Adriana Lastra. A mí me preocupa que más de 240.000 pymes están abocadas al cierre por la crisis; 135.000 de ellas, en ERTE. La media de trabajadores incluidos en los ERTE es de 6,4.  Un estudio de los gestores administrativos, que tramitan el 15% de los ERTE, muestra que cerca de 1 millón de trabajadores en un ERTE no ha cobrado nada desde marzo y augura que 1,5 millones se verán en el paro. El impacto de la crisis del coronavirus sigue avanzando en las empresas y el empleo a pesar del inicio del desconfinamiento y de la batería de medidas de apoyo a los ERTE. Según los datos facilitados en la encuesta, a 15 de mayo no habían cobrado la subvención del Estado cerca de un millón de trabajadores afectados por un ERTE en toda España, una situación que vienen denunciando los afectados y que se suma al atasco en la tramitación de los ERTE que se produce desde marzo.

A nivel local, me temo que tampoco hay buenas noticias porque Asturias está entre las regiones europeas donde más trabajadores se emplean a través de empresas temporales. Las regiones del Este, Noroeste y Noreste de España colocan a través de estas agencias privadas al 5% de los desempleados.

Ante los últimos acontecimientos, lo cierto es que se nos muestra un panorama bastante desalentador y, según los momentos, es difícil mantener el optimismo y el enfoque positivo y esperanzador en el futuro. Y sin embargo, es preciso tenerlo. No hay alternativa o, al menos yo, no la veo.

 SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE