La crisis que nos viene

Ha sido la pasada, una semana de fuertes alzas en las bolsas en Europa gracias a la contundente acción del BCE para garantizar la demanda de las emisiones de deuda soberana. Esta tendencia se apuntalaba tras el “desconcertante” informe de empleo en EE.UU., que sorprende con una fuerte creación de empleo y una bajada de la tasa de paro. A nivel europeo, se está produciendo la desescalada con más confianza sobre el control de la pandemia, por lo que empezamos a ver movimientos de reaperturas a la movilidad, con Austria abriendo todas sus fronteras salvo la de Italia, y Alemania anunciando estos pasos para el próximo día 15 de junio. España podría iniciar la apertura con Portugal y Francia a partir del 22 de junio. Asimismo, prosiguen los esfuerzos para relanzar el turismo y relajar los obstáculos para viajar dentro de Europa, con Alemania liderando este proceso.

A nivel de política económica, la Reserva Federal no propone grandes novedades al encontrarse en su habitual periodo de blackout en el que no suelen realizar comparecencias públicas. Con respecto a su reunión de la semana que viene, no se espera ningún anuncio significativo con respecto a tipos u otro tipo de estímulo monetario al menos hasta la reunión de septiembre. La única novedad era el anuncio de la relajación de las condiciones de acceso al programa de financiación de gobiernos locales (MLF) rebajando requisitos del tamaño de población. En relación a los movimientos del balance de la Fed, esta semana apenas variaba, al verse incrementado únicamente en 60.000M.$, y seguía con su relajación en el ritmo de compras observado en las últimas semanas.

A nivel doméstico,  Sánchez anuncia que el Ejecutivo “aprobará tan pronto como sea posible” un plan para reactivar el sector de la automoción que “ayudará a acelerar la transición” de la industria hacia la fabricación y venta de vehículos más limpios y sostenibles”, tres días después de que Nissan hiciera oficial que cierra sus plantas de Barcelona, dejando a más de 3.000 personas en la calle. Sánchez avanzó que con dicho plan se pretende renovar el parque de vehículos hacia otro más moderno y eficiente, estimular las inversiones para ganar aún más competitividad para producir vehículos en el país y fomentar el I+D+i. También se abordará un cambio de la fiscalidad del sector y se pondrán en marchas medidas para asegurar la liquidez y la financiación de las empresas del ramo, así como medidas laborales. Antes de que se conociera el cierre de las plantas del fabricante japonés en Cataluña, el Ejecutivo ya reconoció la urgencia de poner en marcha medidas que impulsen al sector de la automoción, que ya venía palideciendo por la incertidumbre generada alrededor de los vehículos de combustión, sobre todo los diésel. El consumidor está confuso y falto de confianza, lo que ha provocado una caída de las matriculaciones en todo el mundo. Ahora, el Covid-19 ha sumido al sector en un pozo mucho más profundo y ha planteado debates como el de la nacionalización de fábricas o de repatriación productiva, poniendo en jaque miles de empleos. España es el segundo productor de vehículos de Europa y noveno del mundo, y cuenta con más de 60.000 empleos directos vinculados al área de producción de las factorías de coches. En este contexto, la espantada de Nissan de Barcelona plantea un ultimátum al Gobierno: aprobar cuanto antes el plan de impulso a la demanda del que se viene hablando desde hace semanas. El Ejecutivo tiene más presión si cabe cuando países como Francia ya han prometido 8.000 millones de euros para la automoción, y además ha pedido a los fabricantes que apuesten por el valor nacional. El Ejecutivo de Emmanuel Macron reclama “compromisos” por parte de los fabricantes en tres direcciones: el vehículo eléctrico, el respeto de las compañías auxiliares y la localización en Francia de sus actividades tecnológicas más avanzadas. En España, el reclamo del sector es mucho más modesto: 400 millones de euros. Las patronales Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios), Ganvam (distribución) y Sernauto (proveedores) presentaron a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, su estrategia pos-Covid a finales de abril y recibieron su buena voluntad, pero un mes después sigue en standby. Hay que recordar que el Gobierno trabaja con los presupuestos del PP de 2018.

En lo relativo a la pandemia, cabe destacar que el 5,2% de la población se ha contagiado de coronavirus, según los datos de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia del Instituto de Salud Carlos III. Se trata de un aumento mínimo respecto a las cifras de la primera ronda, que se presentaron el 13 de mayo. Con una muestra de casi 70.000 participantes en todo el país, una tasa de participación mayor que en la primera oleada, la prevalencia estimada por anticuerpos ha pasado del 5% al 5,2%. La segunda ronda del estudio se ha realizado entre el 18 de mayo y el 1 de junio. Según Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología, los expertos han observado que “la prevalencia es menor en niños y adultos jóvenes y ahora es un poco mayor”. En cuanto a las personas mayores de 70 años, el 6,7% de la población de más edad se ha contagiado con el virus.

Entramos, la próxima semana, en la mayoría del territorio en la fase 3, que  permitirá la movilidad entre provincias dentro de una autonomía pero no fuera de ella. El Ejecutivo asegura que la última prórroga del estado de alarma plantea la “gobernanza plena” de las regiones. El Gobierno ha aprobado la sexta y última prórroga del estado de alarma por un periodo de por 15 días más, hasta las 00:00 horas del 21 de junio. En cambio, el movimiento entre autonomías se pospone a los territorios que hayan superado ese último estadio y se sitúen ya en la “nueva normalidad”. Así lo ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Aquellas unidades territoriales en fase 3 serán gobernadas de forma plena por los presidentes de cada comunidad autónoma, que serán la máxima autoridad en la toma de decisiones, incluso en la propia duración de la última fase”, ha señalado. Así, las regiones podrán gestionar los tiempos de la desescalada y pedir al Ejecutivo que levante el estado de alarma de su territorio antes del 21 de junio. El problema que se presenta de cara a final de mes es que no todas las comunidades van a terminar las cuatro fases del plan del Gobierno antes de que expire el estado de alarma, puesto que algunas como Madrid, Cataluña o algunas áreas de Castilla y León todavía se encuentran en la fase 1, mientras el 70% de la población está en una fase más adelantada y cuatro islas, en la última. Por ello, cuando el día 21 se levanten las restricciones del decreto, también lo harán las de movilidad, y todos los territorios se equipararán independientemente del estadio sanitario en el que se encuentren.

Es llamativo el hecho de que EEUU investiga a España por la ‘tasa Google’.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha decidido abrir una investigación la Unión Europea y otros nueve países, entre ellos España, con respecto a los impuestos sobre servicios digitales, popularmente conocidos como ‘tasa Google’, que se han aprobado o planteado en sus jurisdicciones, según ha informado el organismo esta pasada semana. Además de a la UE y a España, la Oficina ha iniciado esta investigación examinando a Austria, Brasil, República Checa, India, Indonesia, Italia, Turquía y Reino Unido. La investigación, amparada en la sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, todavía tiene un recorrido de muchos meses antes de concluir. Entre las medidas que podría proponer el Representante Comercial si la investigación es concluyente está la imposición de aranceles comerciales. El análisis iniciado esta pasada semana todavía se encuentra en su fase inicial, por lo que la Oficina del Representante Comercial únicamente ha pedido comentarios y sugerencias de las partes potencialmente involucradas en el caso. Hace meses, la Oficina culminó un proceso similar con respecto a la ‘tasa Google’ de Francia. La Administración estadounidense decidió imponer un arancel del 100% a una serie de importaciones francesas, como el vino o el queso. Sin embargo, Washington congeló su aplicación poco antes de entrar en vigor para dar margen a las conversaciones en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que está trabajando en una solución global para la fiscalidad de las empresas digitales.

Lo que es evidente es que todas las ayudas a personas vulnerables tienen que salir de algún sitio. Y los impuestos son la vía para hacerlo. Unos impuestos justos, claro está.

SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.