Más pobreza y desigualdad en España

Esta semana ha sido positiva en renta variable, con mejor comportamiento en los sectores e índices que peor comportamiento relativo acumulaban en el año. El sentimiento positivo de la cercanía de la potencial aprobación de vacunas y el mayor control de la situación de la pandemia en varios países europeos ha compensado el peor tono de las negociaciones de los paquetes de estímulo fiscal tanto en EE.UU. como en Europa. En concreto, en Europa saltaban las alarmas con el veto de Hungría y Polonia al nuevo marco presupuestario 2021-27 de la Unión. Por ello, en los mercados de renta fija, las TIRes continuaban desinflándose tras la euforia de la mayor cercanía de la aparición de las vacunas.

Por su parte, los países de Asia-Pacífico firman el mayor acuerdo comercial del mundo. Los mandatarios de una quincena de países de Asia-Pacífico firmaron la pasada semana la creación de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el mayor tratado de libre comercio del mundo, con China a la cabeza.

El acuerdo, firmado virtualmente debido a la pandemia de la covid-19, incluye también a Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, así como a los diez países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El tratado, que no incluye a Estados Unidos, supone un tercio de la economía global y un mercado de unos 2.300 millones de personas. El acuerdo fue rubricado virtualmente en el marco de la cumbre de líderes de la ASEAN, formada por Birmania (Myanmar), Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam, celebrada la pasada semana. La RCEP comenzó a negociarse en 2012 como una iniciativa de la ASEAN con aquellos países con los que ya tenía tratados de libre comercio (TLC): Australia, China, Corea del Sur, Japón, India y Nueva Zelanda. Sin embargo, India decidió desmarcarse del acuerdo el año pasado ante el temor de verse inundada de productos más baratos, principalmente de China. El mega-acuerdo rebajará los aranceles hasta el 90% y aborda asuntos como la economía digital, las inversiones y la propiedad intelectual, aunque no contiene regulaciones sobre los derechos laborales y el medio ambiente. El tratado permitirá activar la economía y acelerar la recuperación tras el impacto de la pandemia de la covid-19 en los países de la región. Sin embargo, algunas organizaciones no gubernamentales han criticado la RCEP por dar prioridad a los intereses de las multinacionales y desproteger a los pequeños productores, principalmente en el sector agrícola.

En relación al Brexit, las negociaciones presenciales, que habían cogido ritmo, se veían frenadas por la necesidad de autoconfinarse del negociador europeo Barnier por contacto con un caso positivo, mientras la inquietud en mercado sigue creciendo por la falta de acuerdo a pocas semanas de la fecha límite.

Por su parte, De Guindos alerta de que la retirada prematura de los avales puede desencadenar una crisis de crédito. En efecto, la retirada prematura de los programas de avales desplegados durante la crisis para paliar el impacto de la pandemia y de las restricciones sobre el tejido empresarial de los países puede provocar un endurecimiento de las condiciones para conceder préstamos por parte de las entidades bancarias y desencadenar una crisis crediticia para las empresas, según ha advertido el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos. Esto daría lugar a una contracción del crédito para las sociedades no financieras y se traduciría en un fuerte aumento de los incumplimientos de las empresas.  Aunque ha reconocido que las medidas de apoyo eventualmente deberán retirarse, ha subrayado que su retirada “abrupta y prematura” podría dar lugar a “efectos de acantilado”, enfriando así la ya tibia recuperación económica de la zona euro, puesto que los avales de préstamos, los aplazamientos de impuestos y las transferencias directas han aliviado las limitaciones inmediatas de liquidez de muchas empresas, manteniendo así a raya las insolvencias durante lo peor de la crisis. En este sentido, y a pesar de las medidas implementadas, el banquero central ha advertido de que se prevé que las quiebras corporativas aumenten en 2021 y ha señalado que el riesgo de crédito ha aumentado particularmente en el caso de las pymes, ya que estas empresas dependen más de la financiación bancaria que las grandes. Por otro lado, el vicepresidente del BCE ha reiterado su preocupación por el impacto en la estabilidad financiera relacionado con la posición de entidades no bancarias, señalando la vulnerabilidad de los fondos de inversión ante salidas repentinas de dinero durante periodos de turbulencias. “Los fondos de inversión continúan siendo vulnerables a salidas repentinas durante períodos de tensión del mercado debido a que sus reservas de liquidez son relativamente pequeñas”, ha señalado el exministro español de Economía, para quien resulta necesario revisar los requisitos de liquidez de los fondos del mercado monetario y la composición de su cartera. “Aunque los fondos aumentaron temporalmente sus tenencias de activos líquidos en respuesta a la tensión del mercado, sus posiciones de efectivo ya han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia”, ha apuntado Guindos. “Esto vuelve a dejar al sector vulnerable a grandes reembolsos en caso de nuevas turbulencias en los mercados financieros”, ha añadido.

A nivel doméstico, me temo que son todo malas noticias.  Funcas ha advertido esta pasada semana de que el confinamiento y las restricciones a la movilidad producirán un “mayor deterioro generalizado de los indicadores de desigualdad social y pobreza” en España, al tiempo que ha alertado de que si la crisis se prolonga, existen “serios riesgos” para la cohesión social. La institución reconoce que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y otras medidas adoptadas por el Gobierno para compensar la menor actividad han “mitigado” el aumento de la desigualdad. No obstante, Funcas avisa de que la cobertura de las medidas de prevención y contención de la crisis “está sujeta a condiciones que limitan su universalidad y no se ha podido evitar que aumente la pobreza efectiva en algunos colectivos”. Así lo señala la institución en un estudio que ha realizado para evaluar el impacto social de la pandemia, en el que constata que la crisis ha provocado una importante reducción de los ingresos de familias y trabajadores. Citando datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la entidad recuerda que el número de hogares sin ningún tipo de ingresos aumentó en el segundo trimestre en 105.600 respecto al último trimestre de 2019, con un total de 278.000 familias afectadas. Además, a finales de septiembre los trabajadores que cobraban prestaciones por desempleo, incluyendo trabajadores de ERTE y autónomos en cese de actividad, habían aumentado en 1,25 millones de personas respecto a febrero, percibiendo muchos de ellos un 30% menos de su salario habitual. A ello hay que sumar los 2,2 millones de empleos que Funcas estima que están en riesgo por pertenecer a empresas con cierto riesgo de insolvencia. Su mantenimiento, avisa, “sólo será posible si las empresas en hibernación pueden reactivarse”. La institución constata en este estudio la “asimetría” con la que ha impacto la crisis en la sociedad, pues la pérdida de ingresos se ha concentrado en los estratos de menor renta, asociados a actividades y sectores muy afectados por el confinamiento, como el turístico, que presenta mayores dificultades para reanudar su actividad. Las personas más castigadas principalmente trabajaban en los sectores donde ya se concentraban los salarios medios más bajos del mercado laboral.

Aumenta la necesidad severa

Dado que el deterioro de las rentas de las familias se ha concentrado en los estratos sociales que ya tenían rentas más bajas, el estudio constata un aumento “considerable” de las situaciones de necesidad severa. En consecuencia, “y ante los huecos en la cobertura de las políticas sociales, por diseño o por su implementación”, la demanda de acción social por parte de las ONG ha crecido “enormemente”, según Funcas. En concreto, la entidad estima que la demanda de acción social de las grandes ONG (Cáritas, Cruz Roja, FESBAL, entre otras) ha aumentado entre un 40% y un 60% durante los seis primeros meses de la pandemia. Entre una cuarta parte y un tercio de esa demanda está formada por personas que han recurrido por primera vez a los servicios que ofrecen estas organizaciones (entre 150.000 y 200.000 personas). Los perfiles predominantes de los nuevos solicitantes de ayuda se asemejan a los de los usuarios previos (personas sin ingresos o con ingresos muy bajos e irregulares, inmigrantes y miembros de familias monoparentales), aunque Funcas subraya que hay diversas evidencias que apuntan a la mayor juventud de los nuevos solicitantes. Ante este escenario, la entidad considera que los principales desafíos pasan por reactivar el empleo en hibernación o restringido por las medidas de contención de contagios; mejorar la situación de los colectivos vulnerables no cubiertos o insuficientemente cubiertos por las medidas actuales; coordinar las políticas sociales; garantizar la sostenibilidad financiera de las medidas anticrisis, y buscar consensos políticos y sociales para aprobar de manera ágil políticas eficaces contra las repercusiones sociales más negativas de la pandemia.

En otro orden de cosas, Nadia Calviño preferiría contar con el apoyo del PP a los PGE y critica la enmienda de los desahucios. No es de sorprender.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se sentiría “más cómoda con el apoyo del Partido Popular” a los Presupuestos Generales del Estado y ha criticado la enmienda de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu a las cuentas públicas para prohibir los desahucios. Calviño ha señalado  que le gustaría contar con “el máximo apoyo parlamentario” y, en concreto, con el principal partido de la oposición. “No entiendo cómo no está siendo constructivo, espero que se sume y negocie las enmiendas parciales”, ha señalado, y respecto a si Podemos aceptaría el apoyo del PP, Calviño ha dejado claro que el Gobierno no tiene que preocuparse de “estar aceptando o no” la concurrencia de otros grupos. “Tenemos que buscar el máximo apoyo de unos PGE que son buenos para el país, que es para lo que nos pagan”, ha sostenido. Así, y tras insistir en que “no es el momento de” poner “vetos cruzados”, Calviño ha señalado que el Gobierno debe “encontrar el camino para que todos los grupos puedan encontrarse identificados” en las cuentas públicas. “No es momento de manifestar preferencias, es momento de tender la mano e incorporar al máximo de votos y diputados”, ha incidido. En este contexto, Calviño se ha referido al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que siempre ha apostado por el bloque de la investidura, alejando así a Cs y al propio PP. “Con todo el cariño: no voy a hacer juicio de intenciones, cada uno puede tener su propia opinión”, ha señalado. Con todo, la vicepresidenta ha instado a su compañero de gabinete a “centrarse en lo importante” y ha recordado que, “en materia presupuestaria, la competente es la ministra de Hacienda”, María Jesús Montero.

La deuda pública ronda ya a septiembre el objetivo del Gobierno para fin de año. Supera el 118% del PIB estimado por el Ejecutivo para este ejercicio. La administración debe ya 104.618 millones más que hace un año. La deuda del conjunto de las administraciones públicas rondaba ya a cierre de septiembre los umbrales que el Gobierno temía alcanzar a finales del año. El monto creció un 8,7% interanual, como consecuencia del mayor gasto derivado de la crisis del coronavirus, sumando 104.618 millones de euros más en el último año, según los datos publicados  por el Banco de España. Sólo en el mes de septiembre sumó 9.703 millones de euros más, un 0,7% por encima del dato de agosto, por lo que volvió a marcar un nuevo máximo histórico en 1.308.439 millones de euros. De esta forma, la ratio de deuda pública alcanza igualmente cotas históricas, situándose en el 114,1% del PIB en el noveno mes del año (utilizando el PIB nominal de los últimos cuatro trimestres). Sin embargo, tomando como referencia el PIB de 2020 que el Gobierno ha comunicado a la Unión Europea, el monto salta ya al 118,4%, rozando el 118,8% que espera para final de año. De continuar en esta línea, como es previsible dada la factura que deja la pandemia, es de prever que el dato definitivo de conclusión del año se sitúe más cerca de previsiones como las del Fondo Monetario Internacional, que espera una deuda del 123% del PIB. El incremento de la deuda en septiembre se debe a un nuevo aumento del endeudamiento en el Estado y la Seguridad Social, que han tenido que hacer un esfuerzo extra de gasto debido al impacto de la crisis del coronavirus. Mientras, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, que han recibido transferencias del Estado para hacer frente a la crisis, volvieron a reducir algo su endeudamiento respecto a agosto.

Como sabe, amable lector, hay movimientos en el sector bancario. BBVA y Sabadell cuentan con 6.500 empleados en edad de prejubilación. BBVA y Banco Sabadell tienen previsto llevar a cabo un ajuste de plantilla que afectará a unos 6.000 empleos si finalmente sale adelante la fusión. Como todo indica, estas salidas, que nunca se recuperarán, se llevarán a cabo principalmente por prejubilaciones. Aunque, como en todos estos procesos de fusión, también se realizarán salidas por bajas incentivadas. El objetivo es un ahorro de costes de unos 800 millones de euros en dos años. Para llevar a cabo sus planes, tanto BBVA como Banco Sabadell cuentan con miles de empleados mayores de 55 años de edad. En concreto, 6.500 trabajadores, de los que unos 3.100 corresponden a BBVA, mientras que en Sabadell suman algo más de 2.300 empleados, según datos de los sindicatos.

A nivel local, el número de parados asturianos que no cobra prestaciones ni subsidio asciende al menos a 46.000 que suponen menos de la mitad de los desempleados inscritos en las oficinas públicas. Solo una pequeña parte de este colectivo desprotegido podrá percibir el nuevo subsidio extraordinario aprobado para quienes agotaron su prestación por desempleo durante los tres meses del primer estado de alarma que obligó al confinamiento.

La vacuna o vacunas llegarán pero, de momento, los datos económicos no hacen más que empeorar. Tardará en llegar una normalidad social y sanitaria con el efecto de estas vacunas, pero la recuperación económica será aún más tardía. Ojalá me equivoque pero me temo que así es.

SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.