Esta semana ha tenido evolución negativa en los índices ante la renovada preocupación por la inflación y por la expansión de la variable Delta. La excepción clara ha sido Japón, gracias a una visión más pro-mercado del hasta ahora único candidato a primarias del partido Liberal. La reunión del BCE se saldaba sin sorpresas, con Lagarde enfatizando que la reducción del ritmo de compras no puede considerarse tapering, mientras que al otro lado del Atlántico el debate se centra en las posibles nominaciones para la renovación de Powell.
A nivel de política monetaria europea se cumple con las expectativas, anunciando una reducción moderada en el ritmo de compra de activos del PEPP hasta final de año al son del mejor cuadro macro y mantenimiento de las condiciones de financiación favorables. No obstante, Lagarde insistía en que no sea considerado como tapering sino un reajuste, dejando abierta la decisión de la extensión del PEPP o reajuste de los programas de estímulo convencionales hasta la reunión de diciembre en función de cómo evolucionen los riesgos del escenario, en la actualidad más estabilizados, durante lo que queda de año. Para calmar al lado «hawkish» será importante que las negociaciones salariales del 4T no generen dudas sobre la transitoriedad de las presiones en precios, y por el lado dovish, que la pandemia no descarrile la recuperación en curso.
Yendo al tema señalado en el titular del blog del día de hoy, se pone de manifiesto que la financiación autonómica arroja diferencias de hasta 700 euros por habitante. Al parecer, el Gobierno prevé revisar el polémico modelo vigente. La irrupción de la pandemia del Covid-19 en España dejó en el aire, entre otras tantas cosas, la intención del Gobierno de coalición de impulsar una reforma integral del caduco sistema de financiación autonómica el pasado otoño. Transcurrido lo peor de la crisis sanitaria, económica y social, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido a reactivar el plan en los próximos meses. Aunque su intención es reformular el modelo vigente desde 2009 a partir de un amplio consenso entre territorios, no le será fácil habida cuenta las discrepancias de criterio entre los distintos gobiernos regionales y que el actual sistema arroja diferencias de hasta 700 euros por habitante entre las autonomías mejor y peor financiadas. Así se desprende del estudio La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común 2002-2019, publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El documento, sellado por su director, Ángel de la Fuente, que también es miembro del Instituto de Análisis Económico (CSIC), revela que los españoles mejor parados en el modelo actual son los cántabros. Concretamente, el informe apunta a que en 2019 Cantabria recibió 3.321 euros de financiación efectiva de la caja común por cada uno de sus habitantes. La cifra supera en 702 euros los 2.618 euros por habitante que obtuvo la Comunidad Valenciana, la región peor financiada. De media, cada región española recibió aquel año 2.833 euros por habitante, cifra por debajo de la cual solo se sitúan cuatro comunidades autónomas. Además de la valenciana, que está a 215 euros de dicha marca, se encuentran Murcia (2.629 euros por habitante); Andalucía (2.718) y Castilla-La Mancha (2.751). En el resto de territorios la financiación es superior a la media nacional. En concreto, tras el liderazgo cántabro se encuentra La Rioja (3.211 euros por persona); Baleares (3.127 euros); Extremadura (3.086) y Canarias (3.081). Las demás se encuentran ya por debajo de los 3.000 euros por vecino. Esta diferencia, medida en precios corrientes, de más de 700 euros de financiación por habitante entre las regiones más distantes del modelo contrasta con los 461 euros que separaban en 2002 a la autonomía mejor tratada, La Rioja (2.214 euros por persona), y la peor financiada, Baleares (1.663 euros). Conviene tener en cuenta, sin embargo, que el modelo de reparto de fondos entre territorios vigente en 2001 arrojaba ya diferencias de 708 euros en 2009, cuando se modificó por otro que rebajó la distancia máxima, entonces entre Cantabria y Canarias, a solo 570 euros. Es más, aunque a precios corrientes la distancia ha subido, Fedea apunta a que realizando una serie de ajustes por población, equiparación del esfuerzo fiscal y el coste público en función de la edad media de la población, la diferencia entre los índices de financiación por habitante entre las regiones mejor y peor financiadas habría bajado de 26,9 a 24,8 puntos gracias al modelo aprobado en 2009. De otra parte, la financiación media por habitante ha ido creciendo paulatinamente en los últimos años hasta superar en 2018 el umbral máximo de 2.673 euros alcanzado en 2007, desde cuando se produjo un importante rebaja debido a la crisis financiera. De hecho, ajustadas las cifras a la inflación y tomando precios constantes de 2015 el volumen pre-crisis aún no se habría recuperado. En todo caso, la petición de revisión del sistema de financiación autonómica vigente desde 2009 es un clamor especialmente entre las regiones peor paradas: Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. De hecho, la ministra de Hacienda se comprometió en julio con el presidente valenciano, Ximo Puig, a retomar el rediseño del modelo en los próximos meses. Todo hace indicar, sin embargo, que el Gobierno no dará grandes pasos al menos hasta el próximo mes de febrero, cuando recibirá el informe encargado al comité de expertos para la reforma tributaria, dado que su pretensión es que la reforma de la financiación autonómica incluya una armonización tributaria entre regiones. La propuesta ha suscitado una enorme polémica. Mientras los representantes políticos de Cataluña y Valencia exigen que el Estado obligue a Madrid a cobrar efectivamente algunos impuestos que bonifica total o casi totalmente (como Patrimonio o Sucesiones), acusándola de aprovechar la capitalidad para hacerles competencia desleal, la región que preside Isabel Díaz Ayuso ha hecho bandera de su política de bajos tributos y contraataca ya con iniciativas como la eliminación de los impuestos propios. Semejante pulso tributario promete complicar el ya de por sí complejo reto de reducir la brecha de financiación entre regiones, lo que implica restar recursos de unas en favor de otras.
En otro orden de cosas, las pymes suponen el 95% de los solicitantes de ayudas en el plan estatal de 1.144 millones. El Gobierno y las Cámaras de Comercio quieren culminar en octubre el pago de un programa con 26.482 peticiones. El plan estatal de ayudas a las empresas, financiado por el Ministerio de Economía y dotado con 1.144 millones de euros, está llamado a ser el salvavidas para aquellas actividades que sufrieron con particular dureza el frenazo derivado de la pandemia y tienen en el endeudamiento al principal lastre con el que recuperar la normalidad en un nuevo contexto económico aún incierto, pero parece que más optimista. Pero es algo más. Es una foto bastante fidedigna del propio tejido productivo, pues el 95% de las peticiones corresponde a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de hasta diez empleados, que acaparan el 95% de las 26.482 solicitudes registradas por el Ejecutivo hasta la fecha de cierre del plazo, el pasado 28 de julio.
Es evidente que vamos camino de que se acabe el efectivo dado que afronta su última década de supremacía y parece claro que tiene los días contados. El tintineo de las monedas en los bolsillos y el crujir de los billetes en las carteras tienen los días contados. El incremento del comercio electrónico y el aumento de los pagos digitales impulsados por la pandemia, así como la disminución del número de cajeros automáticos y oficinas bancarias, han propiciado una reducción del uso del dinero en efectivo. De hecho, el 75% de las compañías españolas cree que el cash será residual a finales de esta década
A nivel regional, un par de noticias a destacar, en mi opinión.
La primera es que la contratación indefinida crece un 24% en Asturias este año. El porcentaje de contratos indefinidos ha crecido en lo que va de año, respecto al mismo periodo de 2019, previo a la pandemia, en todas las comunidades, sobre todo en Extremadura, un 39,8% más, Andalucía, un 32,3% y Asturias, un 24,15%, que de todas formas es una de las dos regiones en las que esta modalidad de contratación es menos frecuente. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social revelan que este tipo de contratación sigue siendo minoritario y representa únicamente el 10,46 % del total de contratos firmados entre enero y agosto en España.
Por otro lado, los fondos Next Generation EU, impulsados por la Unión Europea, nacen con la intención de promover definitivamente las energías renovables y la instalación de placas solares, con una subvención de hasta el 55%. Este instrumento temporal de recuperación dotado con más de 800 000 millones de euros contribuirá a reparar los daños causados por la pandemia de coronavirus. El objetivo de estas ayudas es mitigar el impacto económico y social de la pandemia y hacer que las economías europeas sean más sostenibles y estén mejor preparadas para los retos y las oportunidades de la transición ecológica y digital. Todo para que la Europa posterior a la COVID-19 sea más ecológica, respetuosa con el medioambiente y esté mejor adaptada a los retos del futuro. Hay previstos un máximo de 900 millones de euros para la instalación de placas solares gracias a estos fondos, que serán administrados por cada comunidad autónoma. Por eso, ¿Qué mejor momento para pasarse a la energía solar? La instalación de paneles solares es ya una realidad al alcance de todos. Las trabas legales han desaparecido, la tecnología es óptima y el coste de una instalación ya no es una barrera. Por si fuera poco, el contexto social y político es más favorable que nunca para hacer despegar de una vez por todas el autoconsumo solar en España.
En mi opinión, un buen momento, sin duda, para apostar por un mundo más sostenible con la ayuda de estos fondos.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.