Esta semana iniciamos mes de junio y las estadísticas confirman que la bolsa en junio suele ser rentable, aunque por muy poco. La estacionalidad de junio en el periodo 1950-2023 en el S&P 500 nos deja una media de rentabilidad del 0,11 por ciento, que es la más baja de los meses que finalizan en positivo. Presenta un porcentaje de cierres positivos del 55,41 por ciento, correspondientes a 41 lecturas de las 74, un nivel solo por encima de agosto e igualado con febrero, dos de los periodos que hasta la fecha tienen rentabilidades medias negativas, aunque testimoniales en el caso de agosto. El peor junio tuvo lugar en 2008, cuando el S&P 500 se dejó un 8,60 por ciento, ya en pleno inicio del mercado bajista provocado por la crisis de las hipotecas sub-prime. El mejor junio de la historia fue en el año 1955, cuando el S&P500 se anotó un 8,23 por ciento.
Pasando a nivel doméstico y bancario, que sigue teniendo un gran protagonismo, BBVA ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará el 5 de julio, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en la que propondrá la ampliación de capital que necesita para llevar a cabo el canje de acciones con Banco Sabadell en la OPA de carácter hostil. El importe nominal máximo de la ampliación será de 551,9 millones de euros y se realizará con aportaciones no dinerarias, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 1.126 millones de acciones, de 0,49 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y con los mismos derechos y obligaciones que las acciones de BBVA actualmente en circulación. El importe definitivo de la ampliación de capital dependerá del número de aceptaciones que se reciban por parte de los accionistas de Sabadell. No supondrá desembolso alguno por parte de los accionistas de BBVA. El aumento de capital y la emisión de las nuevas acciones irán dirigidas «exclusivamente» a los accionistas de Sabadell que acudan a la OPA «por aceptar voluntariamente durante el periodo de aceptación o en virtud del ejercicio de los derechos de compra y venta forzosa resultantes de la oferta», según se detalla en el orden del día que BBVA ha publicado en la CNMV. Las nuevas acciones se emitirán por su valor nominal de 0,49 euros más, en su caso, una prima de emisión, que se determinará en función de la diferencia entre el valor razonable de las acciones de Sabadell aportadas y el importe nominal de las nuevas acciones emitidas. Cabe recordar que BBVA ha propuesto a los accionistas de Sabadell el intercambio de una nueva acción de BBVA por 4,83 acciones de la entidad catalana. Tras el canje y suponiendo un 100% de aceptación por parte de los accionistas de Banco Sabadell, estos tendrían un 16% de participación en BBVA.
Por otra parte, BBVA ha señalado que el proceso para aprobar la OPA de carácter hostil sobre Sabadell «ya está en marcha» y ha confiado en que el Ministerio de Economía apreciará finalmente las «bondades» de la operación, según ha señalado un portavoz del banco. «El proceso de aprobación de la OPA ya está en marcha y una vez recibidas las aprobaciones, los accionistas tendrán la oportunidad de decidir si aceptan la oferta», ha señalado, recordando así que la pasada semana remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la solicitud de autorización de la OPA. Según los tiempos que marca la ley, la CNMV dispone ahora de un plazo de siete días hábiles, a contar desde la notificación de la entrega del folleto, para admitir a trámite esta solicitud. Se trata de la primera autorización que BBVA ha presentado, dando inicio así al calendario para lanzar la OPA no amistosa. La operación también requiere del visto bueno del Banco Central Europeo (BCE) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Además, de acuerdo con el documento presentado ante el supervisor financiero, BBVA notificará la concentración económica resultante de la oferta a las autoridades de defensa de la competencia en Francia y Marruecos, por las oficinas que Sabadell tiene en París y Casablanca. No obstante, la oferta no ha quedado sujeta a la condición de obtención de sus autorizaciones. Asimismo, la OPA requiere de la autorización del BCE para el control de las filiales en el extranjero de Sabadell: TSB, en Reino Unido; las filiales en México; dos filiales en Bahamas, y una en Cuba. También necesita el visto bueno de la CNMV para adquirir el control indirecto de Sabadell Securities USA, un ‘broker dealer’ filial de Sabadell en Estados Unidos; así como del Banco Central de Marruecos en relación con el control indirecto en la sucursal que Sabadell tiene en Casablanca.
Siguiendo en el ámbito bancario pero en otro orden de cosas, Cuerpo asegura que «no hay prisa» en designar al sucesor de Hernández de Cos.
La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, pilotaría la institución en funciones y sería la encargada de acudir a las reuniones del BCE si el Gobierno no ha designado sustituto para Pablo Hernández de Cos de aquí al 11 de junio, cuando vence su mandato. El anuncio de quién será la persona que sustituya al actual gobernador del Banco de España, una figura crucial, podría retrasarse hasta después del verano a pesar de que el mandato de Pablo Hernández de Cos finaliza el próximo 11 de junio. Los mensajes del Gobierno están orientados en ese sentido desde hace unos días. Esta semana el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha trasladado que hay tiempo para tomar esa decisión porque la fecha del 11 de junio no es un obstáculo insalvable. «Esa fecha no es vinculante», señaló. «La subgobernadora [Margarita Delgado] tiene un mandato ampliado, hasta el mes de septiembre, con lo cual no tenemos ninguna prisa por tenerlo cerrado antes del día 11», ha afirmado antes de participar en un acto de educación financiera. El artículo 19 de la Ley de Autonomía del Banco de España recoge la posibilidad de que el gobernador sea sustituido temporalmente por la subgobernadora en situaciones de vacante, ausencia o enfermedad en sus atribuciones de dirección superior y representación del supervisor. En las reuniones de política monetaria que celebra el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en Fráncfort, también sería Margarita Delgado la responsable de representar al Banco de España en su atribución como gobernadora en funciones hasta que se cubra la vacante. En principio, sólo tendría que asistir a la cumbre de julio pues la cita de junio se celebra el jueves 6, fecha en la que el mandato de De Cos todavía está vigente. En circunstancias normales en las que el puesto de gobernador no está vacante, es Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística, el que representa puntualmente al Banco de España en el BCE si De Cos no pudiera asistir puntualmente. Históricamente, el PP y el PSOE trataban de llegar a acuerdos a la hora de renovar la cúpula del Banco de España. La crisis del Gobierno de Mariano Rajoy tras la moción de censura presentada por el PSOE inclinó en 2018 la balanza hacia un perfil claramente técnico, y no político, como gobernador del Banco de España. En esta ocasión, la posibilidad de que el PSOE elija al gobernador y el PP al subgobernador se antoja baja, a la vista de las tensiones entre ambos partidos y la imposibilidad manifiesta de alcanzar acuerdos en otros organismos. Sin embargo, Carlos Cuerpo, desde la localidad italiana de Stresa, donde participaba en el G7 invitado por la presidencia italiana, se mostró «abierto a hablar» con el PP sobre la renovación de la cúpula del Banco de España. Propiciar un acercamiento político para intentarlo hace necesario el margen temporal del verano para afrontar estas conversaciones. Los nombres que suenan para sustituir a Pablo Hernández de Cos son los mismos que circulan desde hace meses. El ministro de Economía, el encargado de proponer candidatos al Gobierno, ya aseguró que el elegido/a sería una persona con fuerte perfil técnico, independiente y contrastada competencia y conocimientos. En casi todas las quinielas aparece muy bien situada Montserrat Martínez Parera, actual vicepresidenta de la CNMV. Ha sido jefa de gabinete de Jordi Gual cuando presidía CaixaBank y de Fernando Restoy, otro de los candidatos, durante su etapa como subgobernador del Banco de España. Ahora Restoy trabaja en Suiza como presidente del Instituto de Estabilidad Financiera. También suena con fuerza Ángel Ubide, managing director del hedge fund Citadel y exasesor de Pedro Sánchez. Vive en Washington.
En relación a lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, sostiene que, desde su punto de vista, una posible decisión legal para la reducción de la actual jornada laboral de 40 horas debería ser acordada «a través del diálogo social», con un pacto del que participaran las organizaciones sindicales y patronales, ya que solo así las reformas gozan de «certeza, permanencia y eficacia en el tiempo», tal como ha sido con la reforma laboral. Así lo ha trasladado Costas durante la presentación de la ‘Memoria Socioeconómica y Laboral 2023’ esta semana en Madrid, el mismo día en que el Ministerio de Trabajo ha citado a representantes de la patronal y de los sindicatos para retomar las negociaciones de cara al objetivo del Gobierno de coalición de reducir la jornada semanal a 37,5 horas. El último encuentro sobre esta materia tuvo lugar el pasado 19 de febrero, en un contexto de especial tensión con los empresarios. Después, a finales de abril, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz instó a la patronal a pactar la reducción de la jornada «antes de verano» o legislará sin ella. Desde el punto de vista del presidente del CES, sin embargo, «este tipo de medidas deben ser acordadas en el diálogo social, pues eso le da permanencia en el tiempo». La Memoria del CES presentada por Costas y por Ignacio Conde-Ruiz (consejero del CES que ha actuado de ponente del informe) da cuenta de los escasos logros del diálogo social tripartido a lo largo de 2023. En un ejercicio marcado por el ‘impasse’ que supuso la disolución anticipada de Las Cortes y la convocatoria de elecciones, tan solo se logró un acuerdo a tres bandas -entre Gobierno, patronal y sindicatos- , en febrero de 2023, para la nueva Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027. Después del intenso periodo de concertación social tripartita que se desplegó entre 2020 y 2022, Costas ha admitido «cierta sequía» en el periodo más reciente. Con todo, el presidente del CES, ha ensalzado el valor del diálogo social bipartito, entre patronal y sindicatos, como el de «un activo inmaterial importantísimo para el buen funcionamiento de la economía y de la sociedad». Así, ha señalado la importancia del quinto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (VAENC) que patronal y sindicatos firmaron en mayo pasado. «Es un acuerdo que da certeza hacia el futuro a los agentes sociales y a las familias, que ha permitido una recuperación de los salarios y que da confianza a los hogares en cuanto a sus posibilidades de consumo», ha subrayado Costas. Preguntado por la decisión del Gobierno de reformar por decreto el reglamento del CES para dar cabida a organizaciones empresariales autonómicas (como la catalana Pimec), Costas ha explicado que, de acuerdo a la ley reguladora del Consejo Económico y Social (de 1991), este cambio debería haber sido objeto de un informe preceptivo previo por parte del organismo consultivo. Sin embargo el Consejo de Ministros lo aprobó el 21 de mayo sin esa consulta preceptiva. «Nos hubiera gustado que hubiera sido acordado en el diálogo social y consultado con el CES, tal y como está en la norma», ha destacado Costas. Durante la presentación del contenido de la Memoria del CES -un texto consensuado entre todos los agentes sociales representados en el Consejo Económico y Social- tanto Antón Costas como Ignacio Conde-Ruiz han subrayado la «positiva» evolución de la economía española en 2023 y el mejor comportamiento del mercado laboral. De las conclusiones de la Memoria, ambos han destacado que el problema de acceso a la vivienda en España «puede acabar estrangulando el buen funcionamiento de la economía y del mercado laboral», en expresión de Costas. El informe pone el acento en la necesidad de aumentar el parque de vivienda social de alquiler y de vivienda asequible. El aumento de la desigualdad y de las tasas de pobreza, sobre todo, la de que afecta a la población infantil, es el otro lastre económico y social del que alerta el CES en su Memoria sobre 2023 y para el que urge a adoptar medidas. Trabajo reinicia este jueves las negociaciones para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales
Y es que Yolanda Díaz cita a patronal y sindicatos, en un momento de tensión con los empresarios y tres meses después del último encuentro.
El Ministerio de Trabajo se ha reunido esta semana con patronal y sindicatos para reiniciar las negociaciones para la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se vuelve a ver las caras con los agentes sociales para hablar de una de las reformas que está llamada a marcar, laboralmente, la legislatura. Y lo hace tres meses después del último encuentro sobre esta materia, el pasado 19 de febrero, en un contexto de especial tensión con los empresarios. El compromiso electoral del Gobierno de coalición pasa porque este 2024 esté aprobada y en vigor la reducción de la jornada laboral máxima, de las actuales 40 horas semanales a las 38,5 horas. Para, en 2025, seguir rebajando esa cifra hasta las 37,5 horas. Más de la mitad de los asalariados cubiertos por un convenio colectivo se podrán ver afectados por la primera rebaja, mientras que la segunda alcanzaría hasta nueve de cada 10. Un impacto sustancial en las condiciones laborales de la mayoría de trabajadores españoles y que, por primera vez en cuatro décadas, modifica directamente la jornada laboral máxima. El diálogo social ha ido abordando esta cuestión con discreción y es que el contacto anunciado ha llegado precedido por numerosos contactos informales tanto a tres bandas, como de manera bilateral entre los actores implicados. Patronal y sindicatos han ido negociando por su parte durante estos meses cómo podrían materializar en el día a día de las empresas esa reducción. No todos los sectores son iguales y no todas las fórmulas pueden encajar igual, ya que la jornada laboral puede reducirse a través de trabajar unos minutos menos al día. O un día menos a la semana cada ciertas semanas. O saliendo un poco antes todos los viernes, entre otras opciones. Trabajo ya cedió el análisis de las potenciales fórmulas de reducción a los agentes sociales y de sus reuniones bilaterales no han trascendido avances hasta la fecha. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha manifestado públicamente su intención de cerrar esta norma con el apoyo y consenso de la patronal, si bien también ha amenazado a los empresarios de que si no se suman, legislará unilateralmente solo con el ‘sí’ de los sindicatos. El punto de inflexión que se ha marcado es «antes del verano». El problema que puede tener aquí la líder de Sumar reside en el Congreso, donde una norma que llegue con el rechazo de los empresarios puede dificultar el apoyo de partidos como el PNV o Junts, claves para una mayoría que permita ganar la votación. Las relaciones con la CEOE pasan por horas bajas y cercanas a un punto de no retorno durante la legislatura. Los de Antonio Garamendi estallaron hace unos días cuando el Gobierno, aprovechando el real decreto de subsidios por desempleo, aprobó la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales sobre los estatales y le abrió la puerta a patronales autonómicas, como Pimec, al Comité Económico y Social (CES). Órgano consultivo del diálogo social hasta ahora monopolizado patronalmente por la CEOE.
Finalmente destaco una noticia a nivel regional y es que la compañía lenense Asturiana de Laminados (Asla), uno de los mayores productores mundiales de zinc laminado, ha anunciado que acometerá un proceso de reestructuración financiera para aligerar la carga de su deuda y reforzar su estructura. Esta decisión se toma tras registrar la compañía unas pérdidas de 2,7 millones de euros el pasado año por la caída de demanda del sector de la construcción en Europa. En una comunicación remitida a BME Growth, mercado de renta variable en el que cotiza la sociedad, la empresa ubicada en el polígono lenense de Villallana avanzó que reformulará su plan de negocio para adaptarlo a la situación actual de mercado y que acometerá un proceso de reestructuración financiera, con una renegociación de la deuda, para «estabilizar y reforzar la estructura de la sociedad para afrontar los retos de futuro». La compañía destacó su «trayectoria de explotación y EBITDA positivos durante los últimos diez ejercicios» así como «las inversiones realizadas para tener en operación la fábrica más moderna del mundo en el sector del zinc laminado» y señaló que la «reorientación estratégica» estará liderada por el ingeniero Francisco Menéndez Solís, que se ha incorporado como nuevo director general. Según las cuentas auditadas, Asla registró el pasado año unas pérdidas de 2,7 millones de euros, frente a las ganancia de 367.628 euros del ejercicio anterior, tras reducir las ventas un 23,7%, hasta 101,6 millones, mientras que su deuda ascendía a 101,8 millones de los que 27,4 son de vencimiento a corto plazo. La compañía invirtió más de 96,7 millones en sus instalaciones de transformación de lingotes de zinc en Villallana y su recuperabilidad depende de la generación de flujo. Asla, que tras sufrir los efectos económicos de la pandemia tuvo que afrontar la fuerte subida de los precios energéticos, se encontró el pasado año con un retroceso de demanda en Europa por el descenso de la actividad de la construcción en países como Alemania y Francia. La sociedad redujo el pasado año en un 15% las toneladas puestas en el mercado. Con presencia comercial en más de cincuenta países, Asturiana de Laminados es uno de los tres mayores productores mundiales de zinc laminado y participa en LatemAluminium, sociedad que ha dejado en suspenso la puesta en marcha de una factoría de aluminio en Zamora por el retraso en la llegada de ayudas públicas. Asla emplea a 160 personas y tiene activo un ERTE para adaptar la plantilla a la situación del mercado
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.