Comienzo sin más demora con lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy y es que De Guindos anticipa que el BCE bajará tipos ante la pérdida de impulso de la economía. El organismo monetario se enfrenta a una brecha cada vez mayor con la Fed de EE UU, que tendrá que frenar el ciclo de bajadas tras el repunte de la inflación. La debilidad del crecimiento económico se ha convertido en la principal preocupación del Banco Central Europeo, incluso por delante del repunte de la inflación registrado en la recta final del pasado año, con tres meses de subidas consecutivas hasta el 2,4% en diciembre. El vicepresidente del organismo, Luis de Guindos, insistió esta semana en que el BCE seguirá bajando tipos si se va cumpliendo su escenario base, asegurando que el proceso de desinflación «está bien encaminado» Guindos destacó los «avances sustanciales» para devolver la inflación al objetivo del 2%, a pesar de que la inflación de servicios sigue siendo alta como consecuencia del impacto de los salarios, el crecimiento de estos también se ha moderado. Sin embargo, el vicepresidente del BCE ha advertido de que las perspectivas para la economía de la zona euro «siguen siendo débiles» y sujetas a una incertidumbre significativa. De hecho, la información más reciente sugiere que la economía «está perdiendo impulso», aunque el mercado laboral sigue siendo resistente.
Una noticia empresarial destacada a nivel internacional es que Meta despedirá al 5% de su plantilla con menor rendimiento. El emporio de Zuckerbeg, que incluye a Facebook, WhatsApp o Instagram, pretendería sustituirlos por personal más eficiente y no hacer sin más un nuevo ajuste laboral. Meta ha anunciado esta pasada semana que despedirá al 5% de su plantilla, lo que supondría la salida de la corporación de unas 3.600 personas. Los movimientos de ajuste laboral dentro de las grandes compañías tecnológicas no son nuevos en los últimos años, aunque lo más llamativo en este caso es que los responsables de la matriz de firmas como Facebook, WhatsApp e Instagram sugieren que sería más una renovación que un recorte importante de plantilla. Y es que la dirección de Meta pretende echar a aquellos trabajadores que no desempeñen «con rendimiento su tarea», aunque no ha concretado qué posibles baremos utilizaría para determinar ese grado de eficiencia profesional. Lo que sí ha hecho es apuntar que la empresa «proporcionará una generosa indemnización» por esos despedidos y añadir es que su intención es reemplazar a los despedidos por nuevas personas que mejoren la labor en esos mismos puestos. Meta, que tiene una capitalización bursátil de 1,5 billones de dólares, cuenta en la actualidad con una plantilla de unas 72.400 trabajadores, por lo que, con esta reducción, se verían afectados algo más de 3.600 puestos de trabajo. Ya entre 2022 y 2023 la corporación tecnológica cribó a 21.000 empleados, casi una cuarta parte de su fuerza laboral.
Pasando al plano doméstico, el Gobierno aprobará un alza adicional del 0,5% en el sueldo de los funcionarios. Sumada a la subida del 2% que experimentaron los salarios en 2024, el incremento retributivo total para dicho ejercicio alcanzará el 2,5%. El Gobierno aprobará próximamente una subida adicional del 0,5% en el sueldo de los más de tres millones de funcionarios, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, en virtud del acuerdo marco para la Administración del Siglo XXI firmado con los sindicatos CCOO y UGT para el periodo 2022-2024. Sumando ese 0,5% a la subida del 2% que experimentaron los salarios de los empleados públicos en 2024, el incremento retributivo total para dicho ejercicio alcanzará el 2,5%. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo en su momento que esa subida adicional del 0,5%, que estaba condicionada a la evolución de la inflación aprobaría este mes de enero, pero referido al ejercicio 2024, aunque aún no se ha establecido una fecha.
El Gobierno contrata una empresa privada para rastrear cada mes todos los pisos turísticos de las webs de Airbnb y Booking. El Ministerio de Industria ultima la adjudicación para intensificar la monitorización de la oferta de los grandes portales de alquiler que hasta ahora hace cada seis meses el INE y antes de poner en marcha el registro único del Ministerio de Vivienda. El Gobierno estrecha el cerco sobre los pisos turísticos, con nuevas medidas de control en ciernes (un registro único de viviendas) para vetar la oferta ilegal, reforzando el poder de veto de las comunidades de vecinos, elevando la fiscalidad del alquiler turístico con una investigación a los portales online con prácticas engañosas y ahora también intensificando la vigilancia sobre la expansión real del fenómeno en el mercado español. El objetivo es tener datos casi de manera permanente del despliegue de las viviendas turísticas para que todas las Administraciones -también comunidades autónomas y ayuntamientos- dispongan de información actualizada para modular sus regulaciones. El Ejecutivo ultima la adjudicación de un concurso público para contratar a una empresa privada especializada para rastrear las webs de los grandes portales de alquiler turístico como Airbnb, Booking, Vrbo o Niumba (Tripadvisor) con el objetivo de conocer la oferta de viviendas de uso turístico barrio a barrio y mes a mes. La Secretaría de Estado de Turismo, a través de la sociedad pública Segittur, está en la última fase previa a la formalización definitiva del contrato, y la mesa de contratación ya ha propuesto la adjudicación del servicio a la compañía Mabrian Technologies. Los planes del Gobierno es dar acceso totalmente público a la evolución mes a mes de la oferta agregada de viviendas turísticas por comunidades autónomas y por provincias a través del sistema Dataestur, y desagregar aún más los datos de manera restringida para las administraciones públicas hasta conocer el parque de pisos turísticos por municipios e incluso por barrio (por secciones censales) a través del Sistema de Inteligencia Turística.
Pasando al ámbito bancario, la SEC multa con cuatro millones al Santander por el uso indebido de Whatsapp por sus banqueros. El organismo impone sanciones de 63 millones de dólares a 12 entidades por no mantener el registro de sus comunicaciones. Santander US Capital Markets, la filial de banca de inversión del Banco Santander en Estados Unidos, está en el grupo de las últimas entidades multadas por la Comisión de Valores y Bolsa (la SEC) por el uso indebido de aplicaciones de mensajería como Whatsapp entre sus banqueros para tratar negocios. El supervisor le ha impuesto una multa de cuatro millones de dólares (3,9 millones de euros), la segunda más baja de las que ha anunciado este lunes. En la graduación de la sanción, pactada con la entidad, ha ayudado la colaboración del banco con las autoridades. El Santander se compromete además a emprender una auditoría interna y tomar medidas preventivas para que las comunicaciones queden debidamente registradas. La ley estadounidense obliga desde hace casi un siglo a los empleados de las entidades que negocian con valores a dejar constancia de sus comunicaciones, lo cual previene el uso de información privilegiada y de manipulación de cotizaciones y también facilita las investigaciones posteriores. Los bancos tienen establecidos mecanismos estrictos de grabación de llamadas, registro de correos electrónicos y otras medidas similares en cumplimiento de una regla que la SEC califica de “sacrosanta”, pero que los empleados de muchas entidades financieras empezaron a saltarse con el uso de sus dispositivos personales y aplicaciones de mensajería como Whatsapp y otras. Los supervisores llevan años persiguiendo esas prácticas. El Santander reveló hace unos meses que estaba siendo investigado por el mismo motivo, pero en su caso la sanción ha sido muy pequeña. Forma parte de un grupo de ocho multas por un total de 63,1 millones de dólares anunciadas este lunes por la SEC. De ellas, las mayores son para Blackstone (12 millones de dólares); Kohlberg Kravis Roberts (11 millones de dólares), y Charles Schwab (10 millones de dólares). Les siguen Apollo Capital Management, Carlyle y TPG Capital Advisors, con multas de 8,5 millones de dólares cada uno. La menos es para PJT Partners (600.000 dólares), que denunció por sí misma la violación de las normas. El grupo que preside Ana Botín ya había dicho que Santander US Capital Markets (SanCap) estaba siendo investigado por esa práctica en su filial abecera en Estados Unidos. SanCap es fruto de la fusión en 2023 de la banca de inversión que se canalizaba a través de Santander Investment Securities y de Amherst Pierpont, el bróker de renta fija que compró en 2022.
En plano doméstico y laboral, decir que el salario mediano ha crecido cuatro veces menos que el SMI, que ya es el sueldo más común. 
El salario mínimo interprofesional (SMI) se ha convertido en el más frecuente en España tras subir un 54 % desde 2018, periodo en el que el salario mediano ha crecido cuatro veces menos, situándose en 1.599 euros brutos al mes. El salario mediano, que en 2022 se situó en 22.383 euros brutos anuales, ofrece el dato más aproximado del nivel retributivo del país, al dividir al número de trabajadores en dos partes iguales: los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior. El salario medio desvirtúa al alza la cifra en un conjunto en el que hay muchos más trabajadores con sueldos bajos que aquellos con retribuciones muy altas. El alza del salario mínimo, que en 2025 previsiblemente superará los 16.000 euros brutos anuales, no ha tirado al alza del conjunto de las retribuciones. Frente a un incremento del 54% del SMI entre 2018 y 2024, de 735,90 a 1.134 euros, el salario mediano ha subido un 11,5% entre 2018 y 2022 (último año disponible en el Instituto Nacional de Estadística), de 20.078 a 22.383 euros. Como consecuencia de esta situación el salario mínimo se ha convertido en el más frecuente para un mayor número de trabajadores. La encuesta de estructura salarial del INE muestra que en 2022 uno de cada cinco trabajadores asalariados (20,5% del total) tuvo una ganancia bruta anual de entre 14.000 y 19.000 euros. La subida ese año del SMI a 14.000 euros (1.000 euros al mes en 14 pagas) desplazó a trabajadores de salarios bajos a la franja de 14.000 a 15.000 euros, haciendo de este intervalo el más frecuente. De esta forma, en 2022 el salario más repetido fue de 14.586 euros, aunque también tuvieron una frecuencia similar los salarios de 16.496 euros y de 18.494 euros. En 2018, año en que el salario mínimo estaba en 10.303 euros anuales (735,90 al mes), el sueldo más frecuente era de 18.469 euros. Únicamente 70.081 personas asalariadas, de un total de 20,1 millones, obtuvieron una ganancia bruta de más de diez veces el salario mínimo en 2023, con una media de 280.847 euros en el año, según los datos de la Agencia Tributaria. También son pocos, 80.463 contribuyentes, los que ganaron entre 7,5 y 10 veces el SMI, con un salario medio bruto anual de 128.465 euros. Por el contrario, fueron más de 4,6 millones de asalariados los que percibieron en 2023 retribuciones de 18.718 brutos anuales de media. Para algo más de la mitad de los empleados (11 millones de personas) el rango salarial se situó entre 11.549 y 26.101 euros. Los territorios con los salarios medios más altos, con los datos de Hacienda, fueron la Comunidad de Madrid (30.769 euros), Cataluña (26.806 euros), Ceuta (24.812 euros) y Asturias (24.581 euros). En el otro extremo se situaron las medias de Extremadura (18.344 euros), Andalucía (19.618 euros), Murcia (20.552 euros) y Canarias (20.709 euros). Por sectores, los sueldos medios fluctuaron de los 7.703 euros brutos anuales de la agricultura en Andalucía a los 63.895 euros del sector financiero en Madrid
Finalmente, señalar que la CEOE replica a Díaz: haría falta una jornada efectiva de 41,2 horas para alcanzar la productividad de la UE. La patronal defiende acuerdos por sectores dentro de la negociación colectiva. La patronal CEOE niega que la reducción de la jornada laboral semanal hasta las 37,5 horas vaya a incrementar la productividad, como defiende el Ministerio de Trabajo, y apunta que, para que España tuviera una productividad similar a la media europea, su jornada efectiva debería situarse en el entorno de las 41,2 horas semanales. En los documentos que CEOE ha remitido a Trabajo con sus consideraciones al borrador del anteproyecto de ley de rebaja de jornada, la patronal subraya que la premisa del Ministerio de que la reducción de jornada incrementa la productividad “no se sostiene empíricamente”. El Ministerio de Trabajo encabezado por Yolanda Díaz llegó a un acuerdo con los sindicatos para la reducción de jornada a 37,5 horas, pero no así con la patronal. Esta medida está pactada en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, aunque en los últimos días ha habido choques de Díaz con el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo, al que acusa de no querer llevar adelante esta propuesta que la ministra quiere que esté en vigor ya este año. “Los estudios indican que es el incremento de la productividad lo que permite la reducción de las jornadas laborales y el aumento de los salarios. En sectores donde la productividad está directamente relacionada con el tiempo de trabajo, una reducción impuesta generará desajustes organizativos y un mayor incremento de los costes laborales, resultando en una disminución de la productividad”, avisa la patronal. La organización empresarial presidida por Antonio Garamendi alega que, desde 2019, la productividad por ocupado ha disminuido de forma significativa en España frente a su crecimiento en el conjunto de la UE, a lo que hay que sumar que España presenta niveles de productividad bajos en comparación con sus socios europeos. Según la CEOE, en términos comparativos, aquellos países europeos que tienen una jornada efectiva de trabajo en un rango similar a la española muestran una productividad notablemente superior. “Para tener un nivel de productividad en consonancia con la media de los países analizados, la jornada efectiva en España debería estar en torno a 41,2 horas semanales. Por tanto, llevar a cabo reducciones de dichas jornadas laborales sin incrementos muy significativos de la productividad nos alejaría aún más de las referencias europeas”, advierte. En los documentos remitidos por la patronal a Trabajo, la CEOE también hace constar que el borrador contiene afirmaciones “gratuitas y sin rigor” y que confunde la jornada máxima con la jornada pactada de trabajo. Así, la patronal señala que el legislador puede limitar la duración máxima de la jornada legal, como un “límite infranqueable” a tener en cuenta en la negociación colectiva o en los contratos individuales, “pero nunca como un elemento de fijación de la jornada convencionalmente pactada de trabajo”.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.