En esta semana, a nivel de política monetaria, el BCE no se ha salido del guión y ha cumplido con las expectativas al recortar en otros 25 puntos básicos el tipo de interés, lo cual deja en el 2,5% el tipo principal de financiación.
En el tema criptomonedas, sigue coleando el asunto del robo masivo, y preguntándonos quién está detrás de Lazarus Group que son los ciberdelincuentes responsables del hackeo de Bybit. Estos atacantes, respaldados por Corea del Norte, se hicieron con más de 5.000 millones de dólares en criptomonedas en varios ataques desde 2021 hasta hoy. Las criptomonedas se han convertido en un negocio lucrativo no solo para las empresas vinculadas a ellas o para los inversores que apuestan por estos activos: son una mina de oro especialmente para los hackers. En 2024, robaron 2.200 millones de dólares, un 17% más respecto a 2023. Las firmas de análisis destacan la sofisticación de los ataques y la magnitud de los importes robados, cada vez más elevados. Y alertan sobre un actor en específico, que se ha convertido en una pesadilla para el mercado cripto: Lazarus Group, un grupo de cibercriminales de Corea del Norte respaldados por Pyongyang. “Lazarus Group es Corea del Norte, y Corea del Norte es Lazarus Group”, señala TRM Labs en un informe. El FBI en un comunicado que la República Popular Democrática de Corea fue responsable de ese ataque. Los atacantes son viejos conocidos de la industria y de las autoridades. La misma FBI alertó sobre la amenaza persistente representada por este grupo patrocinado por Corea del Norte al menos desde 2020. Aunque su actividad empezó mucho antes: “Desde 2014, Lazarus Group ha pasado de ser un equipo de hackers renegados a un ejército sofisticado de ciberdelincuentes con afiliados extranjeros, capaz de comprometer importantes redes financieras nacionales y robar cientos de millones de dólares en activos virtuales”, explica Jason Bartlett, asistente de investigación en el Center for a New American Security. A lo largo de estos años, Pyongyang ha demostrado un creciente interés en utilizar tecnologías incipientes, como las criptomonedas y la blockchain, para compensar las pérdidas fiscales sufridas por las sanciones económicas. Con las ganancias de sus ataques, además, financian el programa de armas nucleares y misiles balísticos de Corea del Norte. Tan solo en los ataques perpetrados desde 2021 hasta hoy, los hackers han sumado 5.000 millones de dólares, según estimaciones de TRM Labs. En un solo día, con el ataque de Bybit, casi duplicaron la cantidad sustraída en 2024 cuando fueron responsables de aproximadamente el 35% de todos los fondos robados, por unos 800 millones de dólares en criptomonedas. Un reciente estudio de Chainanalysis eleva esta cifra a 1.340 millones de dólares.
Pyongyang ha intentado suplir el aislamiento económico derivado de las sanciones a través de actividades criminales de varios tipo: falsificación de dólares estadounidenses, tráfico de narcóticos, contrabando de cigarrillos, venta de armas. Los ciberataques llegaron después. Chainalysis fecha su aparición en 2009 aunque empezó a hablarse de Lazarus Group de forma más frecuente en 2014 con el hackeo de Sony Pictures, tras el estreno de The Interview, una película satírica sobre Kim Jong-un: paralizaron los sistemas de la empresa y robaron datos personales de famosos de Hollywood (como Angelina Jolie o Sylvester Stallone), información de empleados, se liberaron películas que no habían sido estrenadas y guiones inéditos. Los incidentes siguieron con más constancia pero los sistemas de seguridad también iban evolucionando. Cuando los ataques tradicionales se volvieron más difíciles, viraron hacia nuevos objetivos más vulnerables: el naciente ecosistema de los intercambios de criptomonedas y las plataformas de finanzas descentralizadas. En abril de 2018, atacaron una plataforma de intercambio cripto anónimo —que TRM Labs afirma ser Gate.io— a través de una campaña de phishing enviada por correo electrónico a un empleado. Lazarus Group se hizo con casi 230 millones de dólares en activos digitales que intercambió rápidamente por moneda fiduciaria. La respuesta internacional fue mínima, porque la plataforma nunca denunció públicamente el incidente.El exchange singapurense KuCoin también fue víctima de Grupo Lazarus. En septiembre de 2020 le sustrajeron más de 275 millones en activos digitales desde los hot wallets del intercambio, después de obtener acceso a claves privadas. Esta cantidad representó más de la mitad de todas las criptomonedas que se esfumaron ese año. Después del robo enviaron los fondos a mezcladores (una herramienta que mezcla los activos de varios usuarios) para ocultar su procedencia y utilizaron plataformas DeFi para blanquear una parte de ellos. El año pasado atacaron el exchange WazirX, en su momento el intercambio de criptomonedas más grande de la India, llevándose 235 millones de dólares, obligando la plataforma a solicitar un plan de reestructuración.
A nivel doméstico y yendo a lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, más de un tercio de las autonomías tiene menos de dos afiliados por pensionista. El envejecimiento de la población es uno de los grandes retos que afronta nuestro país en los próximos años. La llegada a la jubilación de la generación del ‘baby boom’ ya empieza a ejercer presión sobre el sistema de pensiones. Y es que cada vez habrá una mayor proporción de jubilados que la masa de trabajadores en activo tendrá que sostener. En el mes de febrero, a pesar del buen momento que vive el empleo, el porcentaje de pensionistas en comparación con el número de personas ocupadas se estanca en el 44%. Además, este mismo mes, 6 de 17 autonomías presentaron una tasa de ocupados por pensionista menor al 2, el límite que establecen los expertos. Es decir, un 35, 29% del territorio total. En concreto, la Seguridad Social registró en el segundo mes del año un total de 21.196.154 afiliados en el sistema. Este mismo mes, el número de pensionistas se cifró en 9.317.228 personas. Así, la relación entre ambos datos se sitúa en el 44%. Es decir, por cada 100 personas afiliadas a la Seguridad Social, hubo 44 cobrando una pensión. O lo que es lo mismo, que por cada 10 trabajadores hay más de 4 pensionistas. La proporción, sin embargo, no es igual para todas las Comunidades Autónomas. De hecho, hay grandes diferencias. Destacan regiones como Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria, Extremadura y País Vasco como las autonomías con más pensionistas por afiliado de nuestro país. Al darle la vuelta a la cifra, dichas comunidades cuentan con menos de 2 trabajadores por pensionista.
Las cifras son las siguientes. En Asturias la tasa está en 1,41 afiliados por pensionista; en Galicia en 1,54; en Castilla y León en 1,67; en Cantabria en 1,72; en Extremadura en 1,82, y en País Vasco en 1,92. El dato general, para la totalidad de España, se sitúa en 2,27. La última ratio oficial publicada por el Ministerio de Seguridad Social en el mes de diciembre, sin embargo, se situó en 2,44 cotizantes por pensionista. Un a cifra que calcula la Dirección General de la Ordenación de la Seguridad Social y que no publica todos los meses. Se trata de un dato clave para un sistema como el español, que se basa en que los trabajadores en activo pagan las pensiones de los que ya están jubilados. Según explica el director de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, «la tasa de dependencia se mantiene en el 44% porque el retiro de la generación del ‘baby boom’ y la mayor esperanza de vida, lo que compensan el efecto positivo del empleo». A esta reflexión, el presidente del Registro de Economistas Asesores Laborales del CGE, Jesús Fernández-Bravo, añade que, a pesar de que «el empleo activo puede mejorar la situación, no es suficiente». Tal y como detalla Fernández- Bravo «el aumento en la ocupación es positivo, pero la proporción de jubilados seguirá creciendo en las próximas décadas, por lo que depender únicamente del aumento del empleo para financiar las pensiones no es una solución sostenible a largo plazo». En este sentido, ambos expertos coinciden en que este no es el mejor escenario para la Seguridad Social, pero podría mejorar con reformas que incentiven el retraso en la jubilación y aumenten la participación laboral. Desde la reforma del exministro José Luis Escrivá, la Seguridad Social ha introducido una serie de cambios para aliviar la presión sobre el sistema. En concreto, el Departamento ha aumentado la edad de jubilación, ha introducido nuevos elementos de cotización -el MEI- y ha creado incentivos para quienes retrasen su retiro como la jubilación parcial, activa o demorada. Ahora, el Ministerio trabaja en la jubilación flexible, que permitiría a los ya retirados volver a trabajar. ¿Hay algo que pueda evitar que aumente la tasa de dependencia y por ende la presión? Según explica Doménech sí. «Elevar la edad de jubilación, incentivar el empleo de mayores de 65 años y aplicar mecanismos de ajuste automático en las pensiones evitaría el aumento de la tasa de dependencia», detalla. Y apunta también que las mejoras de la productividad «ayudarían a aliviar temporalmente la presión sobre el sistema, que requiere reducir el desequilibrio actuarial existente». Declaraciones a las que Fernández-Bravo agrega que para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones, se requieren ajustes en la edad de jubilación, las cotizaciones, o incluso en el modelo de pensiones (como el refuerzo de fondos privados o mixtos). La última reforma de pensiones, aprobada en 2023 y desarrollada por el Real Decreto-ley 2/2023 de 16 de marzo, incluye una serie de medidas destinadas a incrementar los ingresos con los que financiar el sistema. Sin embargo, cuenta Fernández-Bravo «varias de ellas recaen sobre las empresas con una afectación directa sobre su competitividad». En concreto, el experto se refiere al la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Según el punto de vista de Doménech hay tres posibles escenarios. Si no hay ninguna reforma más, «la tasa de dependencia y el gasto en pensiones subirán, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema». Por otro lado, si se aplican reformas parciales, con ajustes graduales como la jubilación más tardía, «se aliviaría algo la presión, pero no sería suficiente». Y por último, «una reforma estructural con medidas profundas, como vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida, adopción de un sistema de reparto basado en cuentas nocionales que elimine el desequilibrio actuarial y mejorar la productividad, garantizarían la viabilidad del sistema». Según el presidente del Registro de Economistas Asesores Laborales -que pertenece al CGE-, Jesús Fernández-Bravo, la tendencia demográfica afecta a todos los sistemas de pensiones a nivel mundial. «El aumento en la esperanza de vida hace que el número de jubilados siga creciendo». Por otro lado, la generación del baby boom -nacidos entre 1958 y 1975- ya ha comenzado a jubilarse, y lo hace con una pensión más elevada (algo que eleva la cuantía media de la pensión por jubilación). Asimismo, una gran proporción de los afiliados (el 64% en febrero) tiene más de 40 años, lo que implica que de aquí a los próximos 25 años se irán retirando. Según la primera Opinión sobre la Sostenibilidad de las Administraciones Públicas a Largo Plazo de la AIReF, para 2050 la tasa de dependencia llegará al 51%. El gasto en pensiones, según las previsiones del organismo, empezaría a acelerarse especialmente a partir de 2035, con un máximo del 16,3% del PIB en 2049.
También a nivel doméstico señalar que España es el segundo país de la UE que más castiga fiscalmente la propiedad. Los impuestos a la propiedad de España en sus subcategorías (propiedad inmobiliaria, patrimonio y herencias y capital y transacciones) volvieron a ser los que más presión ejercen y, a su vez, de los menos efectivos de la UE por su escasa recaudación. Solamente el sistema tributario de Italia se sitúa por encima del español, como el más asfixiante hacia la propiedad, según el último informe de Indicadores de la política fiscal europea de 2024, elaborado cada año por la organización sin ánimo de lucro, con sede en Washington, Tax Foundation. Los especialistas del think tank estadounidense evalúan, cuantifican y contrastan la base imponible y el conjunto de tributos vigentes en la legislación fiscal española relacionados con la actividad inmobiliaria. Asimismo, llevan a cabo un estudio sobre otros gravámenes que afectan indirectamente a las propiedades, como el Impuesto sobre el Patrimonio. Según rezan las tablas presentes en este informe, España se sitúa en el puesto 30 de 32 en la clasificación que hacen los expertos sobre este elemento tributario que obtiene una puntuación en cuanto a criterios de eficiencia y recaudación de 39 sobre 100, es decir, muy deficiente. Si se extraen los países fuera de la UE de este listado, nuestro país sería el penúltimo en cuanto a eficiencia frente a presión, ya que se aplica sobre el patrimonio neto. Solamente Noruega, España y Suiza aplican un gravamen sobre el patrimonio neto, siendo el fisco español el único de la zona euro. 
En el caso de Francia, Italia, Bélgica y los Países Bajos, se aplican impuestos sobre la propiedad a determinados activos, pero no al patrimonio global de una persona física o jurídica. En España, el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) es progresivo y el tipo va desde el 0,16% que se aplica en Navarra, hasta el 3,5% sobre los activos patrimoniales que superen los 700.000 euros de la legislación estatal. Pero el tipo varía en función de las leyes tributarias de las Comunidades Autónomas. Según un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los impuestos sobre el patrimonio neto (como aplica en España) «suelen ser ineficientes y difíciles de administrar». Los expertos del organismo multilateral reiteran que «produce una baja recaudación y una alta evasión».En la práctica los impuestos al patrimonio neto «han recaudado montos relativamente bajos en los países donde se han implementado», ya que las personas físicas o jurídicas con altos patrimonios «pueden trasladar su riqueza a otras jurisdicciones» o utilizar ingeniería fiscal que les exima del pago de este tributo al fisco. La economista de Tax Foundation, Cristina Enache, asegura que este tipo de tributo es»uno de los más dañinos jamás creados» y asegura que los países «deberían abolirlo» en lugar de reformarlo o aumentarlo. «Muchos responsables de las políticas también han reconocido que los altos impuestos sobre el capital y el patrimonio perjudican el crecimiento económico», explica la experta del think tank. En el año 2020, España ocupaba el puesto 33 en el ranking de impuestos a la propiedad del Índice de Competitividad Fiscal europeo de Tax Foundation, pero cayó al número 32 debido a las reformas tributarias de la última legislatura. El hecho de que el Gobierno central introdujese en 2022 el «impuesto solidario sobre el patrimonio», que tributa entre el 1,7%y el 3,5%, para las personas con activos netos que superan los 3 millones de euros, es lo que hizo que cayese tantos puestos en el ranking de competitividad fiscal. El objetivo de esta tasa era que los grandes patrimonios tributasen en el país tras haberse deducido la cuota de este tributo que está cedido a las autonomías. Asimismo, a finales de 2023 el Ministerio de Hacienda hizo esta cuota de solidaridad indefinida. Son, precisamente, las Comunidades Autónomas, dentro de sus competencias fiscales, las que ayudan a aliviar las cargas tributarias sobre la vivienda y el patrimonio. En concreto, en Donaciones y Sucesiones la mayoría de regiones establecen desgravaciones fiscales. También en vivienda existen descargas en las haciendas regionales. Me temo que Asturias no es la comunidad autónoma que más ayuda en esto.
A nivel local señalar lo tensionado del alquiler en el Principado. Asturias tardará unos 8 meses en declarar las primeras 16 zonas de alquiler tensionado. El Principado va a destinar 232.000 euros al proyecto, un trabajo que desarrollarán siete empleados de la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias (SERPA). Los proyectos para formalizar la declaración de las dieciséis zonas identificadas como tensionadas para el mercado de vivienda en alquiler tardará unos ocho meses, ha avanzado esta pasada semana el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. Según ha apuntado, el Principado va a destinar 232.000 euros a la declaración de las dieciséis zonas tensionadas, un trabajo que desarrollarán siete empleados de la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias (SERPA) en un plazo previsto de ocho meses. Zapico ha explicado en sede parlamentaria los pormenores del proceso de declaración de las dieciséis zonas de mercado residencial tensionado en las que la Consejería está trabajando en los municipios de Gijón, Langreo, Avilés, Llanes, Gozón y Cabrales. El consejero ha resaltado que todos estos procesos cuentan con la «conformidad» y el «consenso» de los seis ayuntamientos a los que afectan, en respuesta a las críticas lanzadas por la diputada del Partido Popular Susana Fernández a este respecto. Zapico ha puesto los ejemplos de Llanes, donde fue el propio concejal del PP el que solicitó que se ampliasen las zonas tensionadas de dos a seis, y Gijón, donde lo solicitó el Pleno del Ayuntamiento con la abstención del grupo municipal popular. Según ha afirmado, la declaración de las zonas tensionadas no es la «única solución», sino «una más» de las medidas correctoras que la Consejería quiere aplicar «con los ayuntamientos» y teniendo en cuenta «las particularidades propias» de cada municipio. «El mercado no se regula solo, detrás del mercado hay intereses de personas que solo buscan lucro y especulación, en el mercado hay que intervenir en él para situarlo y poder asegurar ese acceso de vivienda» ha defendido el consejero. Fernández ha rechazado el uso de esta herramienta ya que «estrangula la oferta» y constituye un «ataque a la propiedad privada» propio de una ideología «trasnochada y fracasada», como es «el comunismo», según ha afirmado. En contraposición ha propuesto medidas para fomentar la oferta que, según ha defendido, se deben impulsar con el «consenso» de los ayuntamientos.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE