En esta pasada semana, el Tribunal de Comercio de EEUU ha bloqueado la mayoría de los aranceles de Trump por ilegales. Un tribunal federal estadounidense ha bloqueado la mayoría de los aranceles globales que el presidente de EEUU, Donald Trump, había anunciado en el Día de la Liberación al considerarlos ilegales, lo que ha dado un impulso a los activos de mayor riesgo del mercado (tanto en EEUU como fuera de sus fronteras) y ha elevado el ánimo de los inversores. Tres jueces del Tribunal de Comercio -creado por el Congreso de EEUU para gestionar disputas especializadas en materia comercial, incluyendo los aranceles- emitieron un fallo unánime esta pasada semana poniéndose del lado de los Estados liderados por los Demócratas y de un grupo de pequeñas empresas, que argumentaron que el magnate yankee habría invocado erróneamente una ley de emergencia para justificar algunos de sus gravámenes. En concreto, la suspensión afecta a su arancel global fijo, las tasas elevadas para China y otros países, y los aranceles relacionados con el fentanilo para China, Canadá y México. Otros aranceles impuestos bajo diferentes poderes, como los llamados gravámenes de la Sección 232 y la Sección 301, no se ven afectados, e incluyen gravámenes sobre el acero, el aluminio y los automóviles. Los jueces rechazan el argumento de unilateralidad para imponer aranceles que la Administración Trump esgrimió en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que otorga al Presidente autoridad sobre diversas transacciones financieras (generalmente sanciones) durante ciertas emergencias.
A nivel doméstico y bancario, el Banco de España recomienda a la banca extremar la vigilancia sobre la liquidez y el crédito en plena guerra comercial. La subgobernadora del organismo, Soledad Núñez, insiste en la necesidad de garantizar el acceso a los servicios financieros para la población sin una sucursal cercana. La banca necesita reforzar los mecanismos de control y estar preparada ante un eventual deterioro de las condiciones económicas nacionales e internacionales. Así lo ha señalado durante su intervención en el foro CREO 2025. La economista ha advertido de que el nuevo entorno económico marcado por una reorganización del comercio internacional tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la reactivación de las políticas arancelarias a gran escala abre un periodo de incertidumbre que obliga a la banca a extremar la vigilancia. Aunque los modelos del Banco de España no proyectan un impacto directo muy severo sobre la economía española, la subgobernadora ha sido clara al advertir de los riesgos indirectos que pueden derivarse de la inestabilidad geopolítica, en especial por la vía del canal financiero. La tensión en los flujos de comercio e inversión, y las reacciones en cadena de otras economías europeas, pueden afectar a sectores enteros del tejido empresarial nacional.
Por otro lado, el incansable mercado de la vivienda se acerca a los números de la burbuja. Las compraventas de casas y los precios se acercan a los máximos alcanzados antes de la crisis financiera, aunque ahora el sistema presenta un menor endeudamiento- El número de casas que se venden y los precios que estas cuestan están cerca (o ya han superado) los números registrados antes de 2007, año en el que comenzó el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera que devastó un sector. Más de una década después, el mercado está totalmente recuperado: 2024 fue el tercer año con mayor número de compraventas de la serie histórica y los números de los primeros meses de 2025 están siendo incluso mejores, mientras comprar es ahora más caro que nunca en términos nominales (sin descontar la inflación). Pero, la gran incógnita es: ¿se superarán las cifras? Y es que una parte muy relevante del buen dinamismo de mercado se sustenta en la buena marcha de la economía, como así resaltó esta misma semana el Banco de España en su último informe anual. «La demanda de vivienda se apoya en un crecimiento del empleo del 2,2% y de la renta bruta disponible real per cápita del 3,5%. Además, se observa una mejora de la situación patrimonial de los hogares, una relajación de las condiciones de acceso a la financiación hipotecaria y una progresiva reducción de los tipos de interés, factores todos ellos que contribuirán a impulsar la vivienda en propiedad», apunta el regulador. Otro de los factores que está impulsando la demanda, que se está traduciendo en más compraventas, especialmente desde el pasado verano, está siendo la bajada de los tipos de interés y su repercusión en el Euríbor, índice de referencia de los préstamos. Algunas entidades de primer nivel están ofreciendo ya créditos por debajo del 2% o, incluso, del 1,5% a tipo fijo. Esto se ha traducido en una mayor actividad hipotecaria, que ya ha superado sus máximos recientes registrados en 2022.
En todo caso, el Banco de España estima que la vivienda sufre una sobrevaloración de hasta el 8,5%. La fuerte escalada del precio de la vivienda alcanza ya cotas de cierta sobrevaloración. El Banco de España estima que la vivienda podría sufrir una sobrevaloración de entre el 1,1 y 8,5% a escala nacional por la elevada demanda frente a una oferta más rígida y una presión al alza añadida por el aumento de las rentas de los hogares. El estudio no desglosa por zonas, pero en su cálculo tiene gran peso los inmuebles de Madrid y Cataluña por la mayor concentración. El cálculo de sobrevaloración toma de base el precio medio de la vivienda en España a finales de 2024 en relación a su nivel de equilibrio de largo plazo, sin desagregar por zonas ni regiones. Su aumento ha sido claro en los últimos meses, ya que en apenas medio año ha pasado de una horquilla de sobrevaloración del 0,8-4,8% al 1,1% y el 8,5% que estima actualmente. El estudio justifica la presión de la «vigorosa» demanda en la creación neta de hogares (180.000) y por unos préstamos más baratos. La nueva concesión de hipotecas ha ampliado además su progresión desde un aumento interanual del 34,6% en el último trimestre de 2024 al 39,9% en el primero del actual ejercicio. Según sus cálculos, el nivel de los precios de la vivienda en términos reales ascendió a finales del pasado año un 11,5% por encima del valor previo a la pandemia. Son valoraciones similares a las de 2004 y todavía un 22% por debajo del máximo marcado en pleno boom hipotecario en el año 2007. Durante el cuarto trimestre de 2024 aumentaron también los precios de los inmuebles comerciales, mientras que las transacciones en este segmento disminuyeron ligeramente. El índice general de precios de inmuebles comerciales aumentó un 3,3% interanual en el cuarto trimestre de 2024, cuando doce meses atrás presentaba una contracción del 0,4%, por el empuje de los precios en las naves industriales, locales y el segmento prime.
En lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, estas son las cinco mejores empresas para trabajar en España: Inditex, Mercadona, Telefónica, Iberdrola y Repsol se sitúan a la cabeza de las compañías mejor consideradas, según una encuesta de Sigma Dos, Mercadona y Telefónica/Movistar, Iberdrola y Repsol encabezan la lista de las cinco mejores empresas para trabajar en España, según desvela una encuesta realizada por Sigma Dos. Las principales razones por las que se elige una empresa como la mejor para trabajar son las condiciones laborales (trato, derechos, bienestar), remuneración, flexibilidad, conciliación u oportunidades de desarrollo profesional, según dicha consultora. En el caso de Iberdrola, además de las condiciones y del salario, los encuestados valoran especialmente, la promoción y desarrollo de carrera, así como las buenas referencias y la reputación. Iberdrola lidera las energéticas y se convierte en la empresa energética favorita para trabajar, especialmente entre los jóvenes de 24 a 34 años. De esta forma supera a Repsol, Endesa, Naturgy y Cepsa en preferencia general. Los factores más valorados al elegir dónde trabajar son la retribución salarial (82,1%); la estabilidad y seguridad en el empleo (74,3%); la flexibilidad y conciliación (73.2%); las oportunidades de promoción y desarrollo (59,7%), y los beneficios sociales (61.9%). Iberdrola se asocia principalmente con oportunidades de promoción y desarrollo (53.3%), pero también destaca en retribución salarial (46.4%); estabilidad laboral (45.1%); compromiso social y medioambiental (43.7%) e Innovación (53.3%).
En otro orden de cosas, la regularización de cuotas les sale a pagar a casi 800.000 autónomos. La ministra Elma Saiz avanza que en las próximas semanas convocará a los representantes del colectivo para empezar a negociar las nuevas cuotas que regirán a partir de 2026. La Seguridad Social ha finalizado su primera regularización de cuotas a los trabajadores autónomos -una especie de campaña de la renta de las cotizaciones- y a 796.000 de ellos -entorno al 31,1% del colectivo regularizado- les ha salido a pagar. A otros 460.000 les ha salido a devolver (18%) y unos 1,3 millones (50,9%) han empatado, mientras que a unos 800.000 no les aplicaba el sistema. Este es el balance, correspondiente al ejercicio fiscal de 2023, que ha realizado este martes tras el Consejo de Ministros la titular de la Seguridad Social, Elma Saiz. Históricamente, los autónomos en España pagaban la cuota que ellos decidían, ya ingresaran luego 100.000 euros mensuales o 1.000 euros. Este sistema cambió a partir del 1 de enero de 2023, cuando los trabajadores por cuenta propia empezaron a pagar una cuota en función de sus rendimientos. Sobre el papel, a mayores ingresos, mayor cuota a pagar. No obstante, el autónomo seguía decidiendo qué cuota pagaba mes a mes, aunque luego sabía que la Seguridad Social vendría a reclamarle el diferencia si no se ajustaban los ingresos con sus cotizaciones. La primera regularización de cuotas empezó el octubre pasado, finalizó este 31 de abril y casi cuatro semanas después la Seguridad Social ha hecho un balance preliminar de sus resultados. La Seguridad Social regulariza ahora las cuotas pagadas en 2023, es decir, con dos años de diferencia, debido a que previamente precisa de los datos de ingresos que le facilita la Agencia Tributaria. Para lo que necesita los datos completos de la campaña de la renta de 2023, que no los ha podido tener hasta hace unos meses. En la línea de lo ya esperado por las organizaciones de autónomos y de las estimaciones realizadas por el Ejecutivo, una mayoría dentro del colectivo de ocupados por cuenta propia se han ajustado con sus cálculos y han pagado lo que les toca.
En el contexto bancario, señalar que el Ministerio de Economía ha activado la cuenta atrás para que el Gobierno se pronuncie sobre la opa hostil del BBVA al Sabadell. Hasta ahora, ha recibido el visto bueno del Banco de España, del Banco Central Europeo y, con condiciones, el de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Pero estos informes se refieren a la idoneidad como operación financiera. El Gobierno la evaluará ahora desde el punto de vista del “interés general” y, aunque no puede vetar la opa, sí puede añadir condiciones que la hagan más difícil o imposible. Tiene 30 días para pronunciarse. Economía justifica la decisión de solicitar que el Consejo de Ministros se pronuncie en el “potencial impacto en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social”. La UE sigue con mucha atención el proceso. El ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz ha elaborado su propuesta de condiciones sobre la opa del BBVA al Sabadell que se basa fundamentalmente en el “el mantenimiento íntegro del empleo, la conservación de todas las oficinas, la garantía de acceso al crédito para pymes y autónomos en condiciones equivalentes a las actuales, la protección de los clientes frente a un deterioro de los servicios financieros y la no elevación de los niveles de concentración bancaria”. Las condiciones propuestas por el ministerio serán las que se plantearán en el consejo de ministros durante la discusión que se llevará a cabo a lo largo del próximo mes sobre opa. Trabajo defenderá que en caso de que los requisitos propuestos por su departamento no se cumplieran, el ministerio considera que “no debería permitirse” la ejecución de la operación. El departamento que dirige Yolanda Díaz es uno de los cinco ministerios que reclamaron al ministro Carlos Cuerpo que elevara la decisión sobre la opa del BBVA al consejo de ministros. Los cálculos que maneja Trabajo es que el proceso de fusión supondría la pérdida de hasta 4.000 empleo, lo que significa una reducción del 9,4% en la plantilla. Sobre el cierre de sucursales, el ministerio opina que “perjudicaría especialmente a zonas rurales y regiones con fuerte presencia del Sabadell como en Catalunya, en la Comunitat Valenciana, en Murcia, en Asturias y en Galicia”. En cuanto a la protección al crédito a empresas y autónomos, las condiciones propuestas por Trabajo se fundamentan en que “el Sabadell es una entidad clave para la financiación de pequeñas y medianas empresas”. El riesgo que detecta el ministerio es que “la fusión reduciría aún más la competencia en el sector bancario, con efectos muy negativos sobre clientes particulares y empresas”. Los efectos de una hipotética fusión serían “un empeoramiento de las condiciones del crédito y depósito, aumento de comisiones o peores servicios”. Trabajo basa sus recomendaciones en que “España ya presenta uno de los mayores niveles de concentración bancaria de Europa” puesto que “las cinco principales entidades ya representan el 69,48%” del total.
A nivel regional algunas cuestiones que destacar.
Hay numerosos concejos asturianos donde el BBVA no se compromete a mantener oficinas abiertas si se fusiona con el Sabadell. El Principado ha trasladado una carta a Economía alertando de que la unión de entidades acarrearía «un riesgo evidente de pérdida de puestos de trabajo y de exclusión financiera» Se avecinan días clave para conocer el destino final de la oferta de compra lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell. Una operación que, más allá de las cifras y el balance de las propias entidades, puede tener un efecto directo en los ciudadanos de a pie. En este sentido, y analizando las condiciones impuestas por el supervisor del sistema, el BBVA no se comprometería a dejar abierto el 100% de las 102 oficinas que suman la entidad y el Banco Sabadell-Herrero en 28 concejos asturianos en caso de que fructifique la fusión con la entidad financiera catalana. «En los términos en los que está planteada la operación, si fuera por el Principado no debería salir adelante», subrayaba Peláez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
37 concejos «en juego»
Asturias sería, tras Cataluña y la Comunidad Valenciana, la tercera comunidad en la que más se dejaría notar esta operación, ya que entre las dos entidades suman el 25% de las oficinas bancarias de la comunidad y el 30% del empleo. El Sabadell cuenta con 400 empleados y el BBVA con una plantilla de 290 trabajadores en el Principado. En 37 concejos asturianos hay presencia de oficinas de la entidad vasca, catalana o de ambas, si bien en 28 de ellos no hay compromiso de mantener abiertas todas las sucursales. Entre estos concejos en los que no hay garantía de no cerrar ninguna oficina, el BBVA cuenta con una en Navia, una en Cangas del Narcea, una en Grado, dos en Castrillón, tres en Avilés, una en Gozón, una en Carreño, 11 en Gijón, 12 en Oviedo, tres en Siero, una en Mieres, dos en Langreo, una en Laviana, una en San Martín del Rey Aurelio, una en Villaviciosa y una en Llanes. 43 oficinas en total. Por su parte, el Sabadell cuenta en estos municipios con dos oficinas en Navia, una en Cangas del Narcea, una en Valdés, una en Tineo, una en Pravia, una en Grado, una en Castrillón, tres en Avilés, una en Gozón, una en Carreño, una en Corvera, 12 en Gijón, una en Llanera, 12 en Oviedo, una en Lena, dos en Mieres, tres en Langreo, una en Noreña, tres en Siero, una en San Martín del Rey Aurelio, dos en Laviana, una en Aller, una en Nava, una en Villaviciosa, una en Parres, una en cangas de Onís, una en Ribadesella y una en Llanes, lo que suma 59 sucursales en el Principado.
También destacar que el Principado de Asturias explora nuevas actividades económicas para impulsar su desarrollo. La comunidad crece en torno a un 2,5% con previsiones de desaceleración. El sector servicios y el turismo sostienen las cifras positivas. El Principado de Asturias, que vuelve a contar con un presupuesto récord en 2025 con 6.664 millones de euros, aún no logra alcanzar el dinamismo económico del conjunto del país. La comunidad registra buenos datos en el sector servicios y el turístico, que actualmente sostienen el crecimiento moderado de su economía, pero afronta diversos retos e incertidumbres que le hacen poner la vista en nuevos sectores estratégicos. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogen que el PIB asturiano creció un 2,8% interanual en 2023, una décima más que la media nacional y el sexto mayor incremento entre las comunidades autónomas. Sin embargo, se prevé que el crecimiento en 2024 sea de un 2,5%, una cifra regazada frente al 3,2% nacional. De la misma manera, este organismo estima que el PIB asturiano se desacelerará, con una subida de un 2% en 2025 y un 1,7% en 2026.Por otro lado, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) arroja cifras más alentadoras, que indican que Asturias creció un 2,9% interanual en el primer trimestre de 2025, ligeramente por encima del conjunto de España, que alcanzó el 2,8%. En comparación trimestral, la comunidad registró un aumento del 0,3%, por debajo del 0,6% nacional.
En el ámbito empresarial, Indra ha presentado a Duro Felguera una oferta vinculante para adquirir el centro de producción que tiene en Gijón (Asturias), con el objetivo de transformarlo en una de las más modernas fábricas de vehículos militares y carros de combate de Europa. Con esta oferta, cuyo importe no ha trascendido y que incluye además la incorporación de sus más de 150 profesionales, la tecnológica española quiere posicionarse como una «compañía estratégica para la defensa de España y Europa». Será «la primera vez» que Indra tenga una fábrica de vehículos militares. Se trata de una planta industrial, que cuenta con 75.000 metros cuadrados y un espacio en el que Indra pondrá en marcha cadenas de fabricación y montaje de todo tipo de vehículos militares, de cadenas y de ruedas. La tecnológica prevé acometer «una significativa inversión» en maquinaria y equipos, con el objetivo de consolidar las «capacidades industriales imprescindibles» para reforzar la soberanía tecnológica y autonomía estratégica. Los planes de la tecnológica pasan por el «crecimiento sostenido» de la planta para convertirla en punta de lanza de la participación de España en los programas multinacionales que surjan en los próximos años. Indra busca además aprovechar la «sólida experiencia» de la plantilla, especializada en el diseño y fabricación de piezas industriales de gran tonelaje, y tiene planes para dotar a la fábrica de nuevas capacidades. Con esta operación, Indra convertirá a Asturias en el «centro neurálgico de su producción, montaje e integración de plataformas terrestres», una industria con un fuerte componente tecnológico, enorme potencial de crecimiento y fuerte demanda en toda Europa.
Una gran noticia para el Principado de Asturias. Sin duda
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD ACREDITADA PARA CÁTEDRA DE UNIVERSIDAD E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.