En esta pasada semana, la UE ha buscado un pacto comercial con EE.UU. lo antes posible, pero se prepara «para todos los escenarios». Pese a la ampliación de la tregua arancelaria, cuya fecha de finalización Estados Unidos había fijado inicialmente para el 9 de julio, pero que luego fue ampliada hasta el 1 de agosto, la Unión Europea insiste en que no va a agotar el plazo para firmar un acuerdo comercial con Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump adelantó esta semana que podría enviar una carta «en unos días» fijando los aranceles que impondría a los Veintisiete de no llegar a un acuerdo antes de agosto, pero Bruselas resiste y espera resultados «incluso en los próximos días».
En un debate celebrado esta pasada semana en el Parlamento Europeo la presidenta de la Comisión Europea, resaltó que se está «trabajando estrechamente con la Administración estadounidense para alcanzar un acuerdo (…), manteniendo nuestros principios y defendiendo nuestros intereses», y advirtió que la UE está preparándose «para todos los escenarios». De hecho, en breve vence la pausa de las contramedidas que los Veintisiete aprobaron en respuesta a los aranceles del 25 % impuestos por Estados Unidos sobre las importaciones de acero y aluminio. De llegar a un acuerdo preliminar, Bruselas aplazaría su represalia comercial, aunque también se prepara para que entre en vigor si es necesario. En este contexto, la incertidumbre a la que están sometidas las economías europeas desde abril no puede dilatarse más en el tiempo, y varios Estados miembros reclaman un pacto comercial lo antes posible, aunque no sea del todo justo ni equilibrado. El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, aseguró hoy que el principio de acuerdo que negocian ambas potencias busca sobre todo «establecer la previsibilidad, ofrecer a las empresas, trabajadores y consumidores la certidumbre que necesitan».
En otro orden de cosas, Bitcoin no tiene freno y marca nuevos máximos históricos en los 112.000 dólares. En el año sube casi un 19%. La demanda institucional y los vientos a favor de los activos de riesgo benefician a la criptomonedas. La criptomoneda original estrena el segundo semestre del año en nuevos máximos históricos, tras tocar brevemente en la noche del pasado miércoles los 112.000 dólares. Si fuera una empresa sería la sexta más valiosa, por delante de Alphabet y a espaldas de gigantes como Amazon, Apple, Microsoft y Nvidia. En el año sube casi un 19%. Los vaivenes de los últimos meses ante las tensiones geopolíticas y los anuncios cambiantes del presidente de Estados Unidos Donald Trump, parecen agua pasada. El mercado vive un momento de optimismo, ante el creciente interés de inversores institucionales y de las empresas que quieren acumular este activo en sus reservas y ante la regulación que sigue avanzando, no solo en Europa y en el país norteamericano, sino también en Asia, donde aflora el apetito por estos activos. De hecho, lo que diferencia este ciclo de bitcoin de los anteriores es que la demanda por este activo es estructural y persistente. Los vientos a favor de los activos de riesgo también han beneficiado a la criptomoneda, que ha seguido la estela de las acciones tecnológicas.
En lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy y a nivel doméstico, el Gobierno ultima un retiro reversible para facilitar la vuelta al trabajo de los jubilados. Cree que las condiciones de la regulación actual son muy rígidas y que el rediseño de los incentivos permitiría que más pensionistas regresen al mercado laboral. Con la factura de las pensiones creciendo mes a mes, por la jubilación de la generación del baby boom y la subida de las prestaciones conforme a la inflación, el Gobierno lleva desde hace años buscando la vía para amortiguar el gasto facilitando la prolongación de las vidas laborales y el retraso de la edad efectiva de retiro, incentivando la demora en la jubilación y, en algunos casos, la compatibilidad entre salario y pensión. En ese contexto, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, avanzó esta pasada semana durante una comparecencia en el Congreso que el Ejecutivo está ultimando el texto legal que regulará una nueva modalidad de jubilación, bautizada como reversible, que busca facilitar que los pensionistas ya retirados que lo deseen puedan volver al mercado laboral. Una opción que ya existe en la actualidad, con la denominada jubilación flexible, aunque el Ejecutivo considera que su regulación, aparte de obsoleta (el decreto original es del 2002), «es muy restrictiva y poco atractiva», al no contar con incentivos suficientes para favorecer el tránsito de vuelta desde la inactividad al trabajo. Suárez recordó que el compromiso de articular esa nueva jubilación reversible es un mandato recogido en el decreto ley del pasado mes de diciembre, que modificó las condiciones para la compatibilidad entre la pensión y la actividad laboral, que en su disposición adicional segunda daba al Gobierno un plazo de seis meses para impulsar nuevas «medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible para incentivar esta modalidad de jubilación». Un plazo que, reconoció, se ha superado, por lo que el texto, debatido ya con los agentes sociales, se presentará en las próximas semanas. Según el último borrador discutido, el Gobierno prevé elevar del 25 % actual al 40 % el porcentaje mínimo de jornada necesario para la jubilación reversible. De esta forma, si con la norma en vigor el jubilado flexible puede hacer entre un 25 y un 75 % de la jornada ordinaria de cualquier trabajador de su empresa, en el futuro el tiempo de trabajo oscilará entre el 40 y el 80 %. Además, la nueva norma establece que deberán haber transcurrido al menos seis meses desde el retiro para que el pensionista pueda volver al mercado laboral percibiendo a la vez una parte de su prestación, que se incrementará. Así, la cuantía de la pensión a percibir (por la parte de la jornada que no se trabaje) será un 20 % superior en el caso de que la jornada parcial sea entre el 60 y el 80 % de la completa (y para todos los autónomos), y un 10 % superior si la jornada es de entre el 40 y el 60 %. El secretario de Estado aprovechó también para pasar revista al resto de cambios legales introducidos en el sistema de pensiones, que han elevado la edad efectiva de jubilación desde los 64,4 años en el 2019 a los 65,2 años actuales. Un incremento que se debe, principalmente, al auge de los retiros demorados, que han pasado de suponer un 4,8 % de las altas hace seis años al 11,4 % actual. En los últimos doce meses el incremento en esta modalidad alcanza el 25 %.
En el sector bancario y relativo a la OPA hostil que nos ocupa esta larga temporada, el precedente de BBVA en Turquía deja la puerta abierta a una subida de precio de último minuto para comprar el Sabadell. La entidad mejoró ‘in extremis’ la oferta para hacerse con la mitad que no controlaba de su filial turca Garanti en un 23%, incremento que le aseguró cerrar la operación con éxito en 2022. La opa hostil de BBVA sobre Banco Sabadell ha cumplido esta pasada semana 14 meses y, desde entonces, la cuestión del precio ha sido uno de los puntos discordantes entre ambas partes. La bancada catalana se ha enrocado a lo largo de todo este tiempo en que la oferta infravalora su potencial de crecimiento, argumento en torno al cual ha girado su defensa numantina, tal y como han puesto de manifiesto los primeros espadas del banco. Tanto el presidente no ejecutivo de la entidad, Josep Oliu, como el consejero delegado, César González-Bueno, han tachado de «insuficiente» la contraprestación planteada de 1 título de BBVA por cada 5,3456 del grupo vallesano, más 0,7 euros en efectivo, ante lo que instan al equipo liderado por Carlos Torres a mejorar las condiciones si quiere asegurarse que la operación tenga éxito. La evolución de la cotización de BBVA y Banco Sabadell ha empujado a la prima al terreno negativo, con una brecha que esta pasada semana se ha situado a cierre de mercado por encima del 12,6%. Esto implica que un accionista de la firma catalana perdería dinero si aceptase la oferta en el momento actual con los términos planteados, que valoran el banco en unos 2.000 millones por debajo de su capitalización después de que el grupo cerrase con una valoración de 15.900 millones. Con estos datos sobre la mesa, el mercado ha empezado a elevar la presión sobre BBVA para que dé un paso al frente y tire de chequera. Desde La Vela -que en la práctica hace de sede corporativa de BBVA- se han escudado en el «enorme atractivo» de la operación para rechazar cualquier aumento de precio, así como en el hecho de que un cambio en las condiciones abocaría a un descenso de su cotización. El precedente con Garanti, su filial turca, no cierra la puerta a este escenario. Hace tres años, BBVA optó por subir su apuesta un 23% para hacerse por el 50,15% que no controlaba de este negocio, movimiento que le valió para amarrar apoyos suficientes con los que sacar adelante su plan. La normativa española permite a cualquier ‘opador’ modificar la oferta hasta cinco días antes de que finalice el periodo de aceptación de la opa, esto es, el tiempo que los inversores de la empresa ‘opada’ tiene para decidir si aceptan la adquisición.
Tras obtener 28 autorizaciones, la opa está a la espera de que la CNMV emita el folleto de la misma. Se trata de un documento que recoge toda la documentación necesaria para que los accionistas decidan con la máxima información disponible. El organismo encabezado por Carlos San Basilio ha expresado recientemente su intención de que esté listo a finales de julio, justo después de la presentación por parte del Sabadell de su plan estratégico. En Sant Cugat del Vallès ultiman una hoja de ruta con las guías para los próximos años con la que pretenden convencer de su proyecto en solitario. Este programa ya recogerá las expectativas del banco con el foco principalmente en el ámbito nacional tras el acuerdo de la venta de TSB, su negocio en Reino Unido, que en los últimos resultados ha aportado alrededor del 20% del beneficio. Precisamente, está previsto que el Sabadell celebre el próximo 6 de agosto dos juntas extraordinarias: una para aprobar la desinversión por 3.400 millones de euros (unos 2.875 millones de libras), cifra que tiene en cuenta el beneficio esperado hasta el cierre de la operación, previsto para marzo de 2026; y otra para la distribución de 2.500 millones vía dividendos, un montante adicional a los pagos ya estipulados. Estos tiempos apuntan a que el citado periodo de aceptación finalizará en septiembre, dando lugar al desenlace de la opa hostil, que se dilatará en el tiempo por más de quince meses. La legislación nacional establece una duración de entre 15 y 70 días, sin embargo, dado que BBVA está sujeto a normativa estadounidense, se extenderá por un mínimo de un mes.
Sabadell supera los 3 euros en Bolsa por primera vez desde 2009 y amplía la brecha con la oferta de BBVA. Vender acciones de la catalana en el mercado es ahora un 13% más rentable que acudir a la opa-. Carlos San Basilio, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se ha pronunciado sobre el avance del proceso de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, en un momento clave en el que la Comisión espera recibir esta misma semana la versión del folleto de la operación. Según ha explicado San Basilio, la CNMV tiene la intención de aprobar el folleto antes de finales de julio, es decir, antes de la junta general extraordinaria del Sabadell, que deberá decidir sobre la posible venta de TSB y el dividendo extraordinario asociado. “Idealmente nos gustaría aprobarlo antes del final de julio, porque pensamos que la información es conocida y los escenarios están bastante controlados”, ha afirmado. No obstante, ha matizado que aún deben analizar con BBVA cómo queda finalmente redactado el documento y que “no depende solo de nosotros”.
A nivel local TSK explora salir a bolsa con el ‘atajo’ del BME como nueva opción frente a la venta. Con esto la empresa abre una nueva puerta de entrada a su próximo socio. La ingeniería asturiana está explorando la opción de saltar al parqué a través de la nueva fórmula de Bolsas y Mercados Españoles (BME), conocida como BME Easy Access en paralelo y como alternativa a la venta parcial de la compañía a través de una clásica operación de M&A. La operación, conocida en la jerga financiera como dual track, está en una etapa muy embrionaria, dejando la vuelta del verano como fecha tentativa para conocer los primeros avances. De decantarse por esta vía, la empresa de la familia Vallina, que hace meses se decidió a abrir su capital tras dar mandato a la unidad de banca de inversión de Banco Santander y a la entidad internacional Stifel para que peinaran el mercado, sería la primera empresa española en estrenar esta nueva modalidad de salida a bolsa, caracterizada por las mayores facilidades en el proceso previo de colocación de acciones o suscripción de nuevos títulos en el mercado. La compañía que preside Sabino García Vallina y dirige Joaquín García Rico como consejero delegado ya ha dado los primeros pasos para explorar el BME Easy Access. Se ha comprometido a cumplir un cronograma de hitos, empezando por el envío del borrador del primer folleto que deberá ser revisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Entre la documentación a incluir por parte de la empresa están sus cifras financieras más vitales. Las de 2024, último ejercicio cerrado, fueron remitidas hace unas semanas al Mercado Alternativa de Renta Fija (MARF). Los números: TSK obtuvo ingresos de 1.020 millones de euros y el resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 72,84 millones de euros. El resultado final arrojó beneficios. La mejor noticia es que la empresa tiene su cartera de contratación en cifras récord para emprender un plan de crecimiento en los próximos años. Otras fuentes del mercado matizan que la opción de salida a bolsa es «una posibilidad» pero que la compañía está enfocada principalmente en la operación corporativa clásica, que lleva más tiempo diseñada y, por tanto, ha cogido mayor tracción. En concreto, esta modalidad arrancó a principios de año y por ella ya han mostrado interés fondos árabes, de Estados Unidos y Europa, así como grupos con nombre propio como Energy China.
Lo cierto es que la posibilidad de salir a bolsa ha ocupado la agenda de TSK en varias ocasiones. En 2019 se apuntó a que la empresa pensaba en dar el salto al parqué únicamente a través de sus renovables, cuya valoración entonces era de 350 millones de euros. A diferencia de ahora, en la que la sequía a bolsa es dominante, la compañía trataba de aprovechar una tendencia a la que se subieron otras empresas con sus propias divisiones de energía. La última vez que trascendió el interés por los mercados públicos fue hace más de un año. En ese momento, la compañía buscaba financiación para seguir creciendo y negociaba con la banca a la vez que activaba un plan de rotación de activos por valor de 260 millones de euros. En este sentido, la compañía puso en el escaparate su planta termosolar Negev Energy en Israel y el complejo Solar Las Ánimas y Versalles, integrado por seis plantas fotovoltaicas situadas en México. La opción de TSK alternativa al M&A es estar listado en el BME Easy Access, un mercado que todavía no ha explorado ninguna compañía. El supervisor bursátil aprobó el pasado mes de junio esta modalidad en la que las empresas con una capitalización mínima de 500 millones de euros -se podría estudiar la intención de alguna empresa de menor tamaño -pueden estar listadas sin haber realizado la colocación habitual de acciones. Este nuevo atajo se ha puesto en marcha para tratar de reanimar los debuts bursátiles y emana de una batería de medidas contempladas en la Listing Act aprobada por la Unión Europea para revitalizar los mercados públicos. El funcionamiento de este mercado es algo particular. Las compañías tiene un plazo de hasta 18 meses prorrogables, en los que se realiza colocaciones con escasa antelación, lo que contrasta con los varios meses previos que ahora se necesitan para avisar. Las empresas ganan margen así para no fijar una fecha concreta para salir a cotizar y sortean los riesgos macroeconómicos que pueden desvirtuar el momento de fijación de precios en los días previos, como así ha sucedido durante el último año en operaciones abortadas como Europastry o el grupo de moda Tendam. El primero de ellos ha probado sin suerte una venta privada a Criteria y el segundo ha encontrado comprador en MultiGroup. Otra novedad se da entre los inversores que pueden participar en el primer proceso de negociación en el mercado. Solo pueden comprar y vender las acciones de este tipo de compañías los accionistas de la sociedad emisora existentes en la fecha de la admisión e inversores clasificados como profesionales por su intermediario financiero. Lo podrán hacer solo en la modalidad de bloques, con un efectivo mínimo de 100.000 euros.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD ACREDITADA PARA CÁTEDRA DE UNIVERSIDAD E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.