En esta pasada semana Bruselas ha cercado a Italia por la operación de UniCredit. El envío de la carta por parte de Bruselas al Gobierno italiano en la que cuestiona la legitimidad de la intervención en la operación bancaria UniCredit-BPM pone al equipo de Meloni contra las cuerdas. La Comisión Europea considera que las medidas impuestas a la transacción del gigante italiano son «contrarias a las normas de la UE sobre libre circulación de capitales y a la competencia exclusiva del BCE como autoridad de supervisión prudencial» y le invita a «presentar sus observaciones al respecto» en un plazo de 20 días. El Ejecutivo declaró que responderá «con espíritu colaborador y constructivo a las aclaraciones solicitadas». La operación bancaria italiana no es la única bajo la lupa del órgano comunitario: la opa BBVA-Sabadell también lleva meses bajo escrutinio.
Destaco en el titular del blog en el día de hoy que BlackRock, es el ‘discreto’ dueño de la bolsa española, ya controla el 4,5% del Ibex. Esta pasada semana, Black Rock copaba las portadas de la prensa financiera al derribar un nuevo hito: convertirse en la primera gestora del mundo en superar la barrera de los 12 billones de dólares en activos bajo gestión, al cierre del primer semestre. Los máximos históricos que gozan sus acciones estadounidenses y un fuerte impulso del 18% en sus entradas netas de clientes, por importe de 68.000 millones de dólares, han llevado a la firma comandada por Larry Fink a un nuevo récord, al que, naturalmente, ha contribuido su incontestable liderazgo en la bolsa española. Con un perfil ‘discreto’ en forma de posiciones estables en el tiempo, que no van acompañadas de asientos en los consejos, el mayor fondo del mundo se ha consolidado en España como el inversor de confianza de una veintena de los 35 valores que componen el principal selectivo español. Según los datos recopilados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su alcance es tal que su cartera actual de acciones está valorada en 39.348 millones de euros, lo que supone un 4,5% de la capitalización del índice (856.194 millones, a cierre de la sesión de este martes). Esto le sitúa como el accionista de referencia en el parqué español, donde ostenta más de un 3% del capital de 23 cotizadas del Ibex, por delante de grandes fortunas españolas como Amancio Ortega. Entre ellas, su apuesta se orienta al sector energético y al bancario, dos de los motores del selectivo que han experimentado una notable revalorización en los meses. Esto no sólo ha enriquecido sus posiciones, cercanas a los 25.000 millones un año atrás, sino que también le ha llevado a ajustar sus participaciones al alza. La última reorganización se produjo, precisamente, a comienzos de mes, en paralelo a la culminación de la compra de la firma de inversión HPS Investment Partners. En consonancia con esta operación, el gigante estadounidense elevó su peso en el sector bancario, con especial énfasis en los bancos envueltos en la opa: en BBVA, su participación subió del 6,8% al 7,158%, el valor más alto desde que hay registro en la CNMV, y en Banco Sabadell, del 6,624% al 6,759%. Así queda tras el ajuste:
- NATURGY (18,831%)
- REPSOL (7,176%)
- BBVA (7,158%)
- BANCO SANTANDER (6,861%)
- BANCO SABADELL (6,759%)
- IBERDROLA (6,254%)
- ENAGÁS (5,979%)
- BANKINTER (5,967%)
- AMADEUS (5,498%)
- REDEIA (5,225%)
- ACS (5,057%)
- CELLNEX (5,013%)
- TELEFÓNICA (4,955%)
- CAIXABANK (4,68%)
- MERLIN (4,632%)
- ACCIONA ENERGÍA (4,562%)
- FLUIDRA (4,304%)
- GRIFOLS (4,274%)
- AENA (4,193%)
- IAG (3,646%)
- FERROVIAL (3,6%)
- COLONIAL (3,465%)
- ACCIONA (3,525%)
Su alcance en la bolsa española, no obstante, no se limita sólo a estos valores, dado que la firma también mantiene posiciones por debajo del 3% y, por ende, no cuelgan la etiqueta de «participación significativa» que otorga el supervisor español. Es el caso, por ejemplo, de otras firmas como Inditex o Puig, en las que el fondo americano tiene presencia, pero sus datos no se comunican oficialmente al regulador. Además, cabe tener en cuenta que la presencia mayoritaria de BlackRock en estos valores responde a inversión pasiva (ETF) lo que implica que muchas de estas participaciones no obedecen a una decisión discrecional, sino a la replicación automática de índices bursátiles. De ahí que los ajustes, como el antes citado, retoquen sus posiciones de forma alineada.
También a nivel doméstico, destacar que la nueva Ley de Eficiencia Procesal dificulta el recobro de las deudas y favorece al moroso. La industria de la recuperación de deuda se está dando de bruces con nuevas regulaciones que dificultan y encarecen su operativa, favoreciendo al moroso y entorpeciendo una actividad que ayuda a la banca a desaguar los activos tóxicos. Un escollo llega con la ley de Eficiencia Procesal, que desde el pasado mes de abril exige a las partes en conflicto negociar antes de acudir a los tribunales o serán sancionados. La intención de estas firmas es, precisamente, acordar planes de pago, pero tropieza con que son deudores muy difíciles de contactar y eso aboca, en muchos casos, a tener que litigar. Y no es el único obstáculo. También están viendo cómo impide su actividad la prohibición de realizar llamadas comerciales desde números móviles, que entró en vigor en junio, y la Tasa Judicial Catalana, aprobada en 2014 pero que realmente no estaba siendo aplicada de manera efectiva hasta fechas recientes. «Todo son trabas. Nos genera una inseguridad jurídica enorme, y se está ensalzando al consumidor incumplidor. Al final hay una debilitación de la cultura de pago e incentiva la morosidad estratégica porque alienta el impago», denuncia Carlos Ruiz Cabrera, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Gestión de Cobro (Angeco). La patronal aglutina a más de 90 compañías de recuperación de deuda que gestionan casi 460.000 millones de euros en impagados y activos de miles de clientes en España, procedentes en origen de la banca en su mayoría y también de otras empresas como las energéticas o de telecomunicaciones. Por poner dimensión al sector, la morosidad de la banca en España roza los 37.900 millones y la cifra que gestionan equivale a un tercio del PIB español (se situó en 1,59 billones en 2024). Entre las empresas que gestionan este recobro figuran compañías como Servihabitat, Intrum, Hipoges, Axactor, DoValue, Finsolutia, GCBE (antigua Gescobro) o Kruk.
La nueva ley exige que se aborde el pacto prejudicial bajo amenaza de sanción de no hacerlo y demostrarlo. Obliga a acudir a medios adecuados de solución de controversias (los bautizados como MASC, por sus siglas) y que pueden ser la negociación directa sin abogados, la mediación, la conciliación, la opinión de un tercero neutral, una oferta vinculante confidencial o el proceso de derecho colaborativo.
En lo relativo a la OPA hostil en curso, Zurich, aliado de Sabadell, eleva en plena opa de BBVA su participación al 4,34. Zurich acelera su inversión en Banco Sabadell en la recta final de la opa de BBVA. La firma suiza es el socio estratégico en seguros del vallesano y escala su participación en un momento clave para frenar la ofensiva del vasco. Desde el pasado octubre, cuando afloró una participación del 3% en el banco, la aseguradora suiza ha ido escalando su cuota hasta convertirse en el segundo accionista con un 4,338%, según los registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Su peso creciente, junto a la relevante posición de los inversores minoritarios -vinculados al Sabadell por lazos emocionales-, podría complicar el éxito de la transacción, supeditado a alcanzar el 49,3% de las acciones y el 50% de los derechos de voto de la entidad opada. La posición de Zurich en la operación puesta en marcha por BBVA no es pública, pero su ascendente inversión en el banco presidido por Josep Oliu se podría interpretar como una jugada para tratar de frenar la transacción y asegurarse la continuidad de su negocio de banca-seguros en España.
Señalar también que la mejora del acceso a la vivienda se estanca: su encarecimiento se come el efecto positivo de la bajada de tipos y la mayor renta de hogares. El Banco de España constata que un hogar de renta media no puede acceder a una casa de precio medio con el actual nivel de tipos de interés. El acceso a la vivienda en propiedad corre el riesgo de enquistarse como uno de los principales problemas socioeconómicos de España. Y ello a pesar de que el Banco Central Europeo (BCE) lleva bajando los tipos de interés de referencia de la zona euro desde junio del año pasado, con el consiguiente abaratamiento del crédito, y de que la buena evolución de la economía española y la moderación de la inflación está elevando la renta disponible de los hogares. Ambos efectos positivos, sin embargo, se vieron prácticamente neutralizados durante el primer trimestre por el fuerte encarecimiento de los pisos en el país, según ha constatado el Banco de España esta pasada semana en un informe. Lo más preocupante, además, es que durante los tres primeros meses del año se produjo un estancamiento de la mejora paulatina de la accesibilidad de la vivienda para las familias que comenzó a finales de 2023, cuando el BCE detuvo la escalada de los tipos de interés que comenzó en julio de 2022 para combatir la espiral inflacionista agudizada por la guerra de Ucrania. Entre el tercer trimestre de 2023 y el último de 2024, el índice de accesibilidad mejoró en 10 puntos porcentuales (dos puntos por trimestre de media), pero en el primero de 2025 solo lo hizo en 0,3 puntos. El organismo gobernado por José Luis Escrivá calcula el grado de accesibilidad de los hogares a la vivienda en propiedad a partir de un índice creado por la Reserva Federal de Atlanta, que tiene en cuenta el coste medio de las hipotecas, otro tipo de gastos asociados (como impuestos y seguros), los ingresos de una familia media y el precio medio de una casa. Sobre una base 100, si el índice se sitúa por encima, implica que un hogar medio puede permitirse comprar una casa media con el actual nivel de tipos de interés. Por debajo de 100 ocurre lo contrario, que es lo que viene sucediendo en España en los últimos años.
A nivel local, comentar que Asturias rechaza el acuerdo de financiación entre el Gobierno y Cataluña: «Lo que es de todos, lo tenemos que negociar entre todos» El Gobierno del Principado no aceptará «un concierto o convenio» que saque a una comunidad del régimen común, porque eso «supondría el fin de la solidaridad estatal» El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, ha expresado esta pasada semana el rechazo al acuerdo bilateral suscrito entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña sobre financiación autonómica y ha reclamado que cualquier reforma del modelo se negocie en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) «Si la propuesta final contiene algún prejuicio para Asturias votaremos en contra», ha manifestado. Peláez ha insistido en que el nuevo modelo de financiación «debe negociarse entre todas las comunidades autónomas en el marco del CPFF». «Lo que es de todos, lo tenemos que negociar entre todos», ha subrayado, rechazando que pueda ser «un contrato de adhesión» entre una comunidad y la Administración General del Estado.
Pues veremos cómo afecta finalmente este proceso al Principado, pero no parece que, en modo alguno, pueda ser bueno para los asturianos, sino todo lo contrario.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD ACREDITADA PARA CÁTEDRA DE UNIVERSIDAD E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.