Esta semana que termina con el cierre veraniego, ha llevado a las bolsas europeas a apenas reaccionar, con un recorte de 25 puntos básicos anunciado por la Fed, evitando un clásico “vender con la noticia”. Esto permitió que se cerrara con avances discretos mientras que los índices estadounidenses, al cierre europeo, marcaban nuevos máximos históricos. En la perspectiva de política monetaria, aunque el mercado sigue descontando la posibilidad de dos recortes adicionales en octubre y diciembre, la Fed no mostró excesivo entusiasmo por acelerar el ritmo de bajadas. En su comunicado, Powell reconoció:
- Mayor riesgo para el empleo
- Inflación algo más alta
- Crecimiento moderado
No obstante, destacó un menor consenso entre los miembros para aplicar recortes más agresivos.
Pasando a nivel doméstico y en lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy es algo que me parece muy problemático en nuestro país, cual es el desorbitado absentismo laboral, precisamente en un país con problemas de desempleo. Seguridad Social pide asesoramiento a la OCDE para frenar el auge del absentismo. Desde que acabaron los peores años de la pandemia del Covid, las horas no trabajadas por Incapacidad Temporal (IT) han crecido de forma casi constante. Las estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad Social muestran que, desde el primer trimestre de 2019, las ausencias al lugar de trabajo por esta causa han crecido un 78%. Esta circunstancia derivó en que, en el mes de enero, la ministra encargada de esta cartera, Elma Saiz, abriese una mesa de negociación con patronal y sindicatos para proponer medidas y abordar el incremento, unas propuestas que, hasta ahora, no han convencido a los agentes sociales. Tras unos meses de conversaciones, el Ministerio ha elevado la consulta a la OCDE y ha solicitado un documento que estudie el problema. La petición del Ejecutivo al organismo llega en una semana en la que sucederán una serie de actos bilaterales de Seguridad Social con agentes sociales, mutuas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En concreto, la OCDE analizará la evolución de las prestaciones de incapacidad temporal y evaluará el impacto de una reincorporación progresiva al trabajo tras una enfermedad de larga duración (una de las medidas propuestas por el Ejecutivo en los últimos meses). Además, el organismo también estudiará el efecto que tienen los complementos salariales voluntarios (acordados por convenio) en estas mismas cifras. Por último, una vez analizada la evolución y estimado este impacto, la OCDE propondrá una serie de soluciones al aumento en las ausencias por bajas médicas comunes (es decir, que no han sido provocadas en el lugar de trabajo ni de camino a este). Una información que ha sido confirmada por el Ministerio. Desde el mes de enero, cuando el Ministerio abrió la mesa de negociación para abordar la reforma de la prestación por IT, el Ejecutivo ha planteado una serie de soluciones a los agentes sociales. Entre ellas destaca la propuesta de reincorporación progresiva de 30 días con el 50% del salario para algunas patologías de larga duración; devolver a las mutuas el poder de dar el alta en las bajas laborales que duren más de un año; y que las bajas médicas de las personas que se encuentran en situación de pluriempleo concreten qué tareas no pueden ejercerse. La única medida que ha visto la luz hasta ahora, no obstante, es la cesión parcial de tratamientos de patologías de origen traumatológico a las mutuas. Un convenio firmado por los agentes sociales hace más de un año, pero que solo se ha trasladado a algunas comunidades (Cataluña, Baleares y Asturias). Por su parte, ante el crecimiento de los costes derivado de un mayor número de procesos, la patronal también ha trasladado que plantea desincentivar las bajas a través de los complementos. Así lo trasladó la representante de CEOE en la última Comisión del Pacto de Toledo, Rosa Santos, donde aseguró que, aunque hasta ahora las empresas han mantenido estos extras a través de los convenios: «Es hora de transformar esos complementos, que en un contexto de crecimiento de la IT, están contribuyendo a que las cifras no se puedan aminorar», apuntó entonces Santos. Cabe destacar que, para cambiar estos extras, los representantes de los empleadores deben negociar la modificación en los convenios con los sindicatos. Es decir, es una cuestión que patronal y sindicatos tendrían que discutir en negociación colectiva, al margen de las reformas. El informe encargado por el Ejecutivo a la OCDE no sería el primer estudio que se realiza sobre este fenómeno. De hecho, en los últimos años, el aumento en las horas no trabajadas por contingencias comunes ha derivado en la publicación de una serie de informes. Entre ellos destacan los análisis trimestrales de las empresas de empleo temporal (Adecco y Randstad), los documentos publicados por la Asociación de Mutuas en colaboración con patronales y el último estudio de la Universidad de Valencia. Documentos que ya analizan este fenómeno y a los que se añade el último Informe Anual del Banco de España, que advertía sobre el tensionamiento del mercado laboral por el aumento en bajas médicas. Ahora, además del informe encargado a la OCDE, la Airef también estudia el auge de la IT de cara a la segunda fase del Spending Review 2022-2026.
Cambiando de tema pero también en el plano doméstico, una radiografía del ahorro pone de manifiesto que solo el 20% de la población española logra guardar el nivel recomendado. El 80% de la ciudadanía ahorra una parte de sus ingresos y un 19,4% afirma no hacerlo nunca o casi nunca, según un estudio de Triodos Bank
Inflación, pagos fijos, inestabilidad laboral y económica… Ahorrar se ha convertido en una misión casi imposible para gran parte de la población española. Un 80% consigue guardar parte de sus ingresos, pero solo un 20% alcanza los niveles financieros recomendados para destinar a un fondo de emergencia, la compra de vivienda o inversiones para obtener rentabilidades. Según las conclusiones de la segunda edición del estudio sobre Conductas sostenibles de la población española realizado por Triodos Bank, los principales motivos para no ahorrar son los gastos fijos (41,2%), la falta de ingresos (33,8%), las deudas (10,7%) y, en menor medida, la preferencia por gastar (6,4%). La conocida regla del 50/30/20, que sugiere destinar el 20% de las ganancias al ahorro, el 50% a necesidades básicas y el 30% a gastos personales o ‘caprichos’ se ha convertido en una complicada tarea. Con el IPC en el 2,7% y un gasto medio por hogar que creció un 4,4% en 2024, según los últimos datos de Estadística, la capacidad de ahorro de los españoles se ve en muchos casos comprometida. A esto hay que sumar épocas complicadas para el bolsillo como la cuesta de septiembre, con el repunte de gastos propios del inicio del curso (el coste promedio anual de escolarización alcanza hasta los 2.390 euros por hijo, según la encuesta anual de gastos escolares de la OCU), que añaden un esfuerzo extra y exprimen las economías domésticas. De acuerdo con el informe, que recoge información sobre las preferencias de la ciudadanía en finanzas, movilidad, consumo, ahorro energético o bienestar personal, el 19,4% de la ciudadanía española afirma no ahorrar nunca o casi nunca, un 36,9% declara hacerlo algunos meses y un 43,7% de forma habitual, aunque sea una cantidad pequeña. Entre quienes ahorran, el 39,5% solo puede hacerlo con el 10% de su salario y solo un 20,3% alcanza el nivel recomendado del 20% de ahorro de los ingresos mensuales.
Respecto al tema de la OPA, la semana pasada, la CNMV dio el visto bueno al folleto de la misma y el presidente del BBVA, Carlos Torres, afirmó que si se quedasen por debajo del 50% de aceptación se declararía fallida y la darían por finalizada. No obstante, la opción de seguir adelante por el 30% del capital de la entidad catalana está recogida en el folleto de la operación, lo que da al banco la opción legal si finalmente cambiase de opinión. Torres también aseguró que en la entidad no tienen ninguna intención de modificar el precio de la oferta porque considera que no hay ninguna razón para ello. El plazo de aceptación arrancó el pasado 8 de septiembre y terminará el 7 de octubre. Transcurrido ese periodo, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores publicarán el resultado de la oferta en un máximo de seis días hábiles para los mercados.
Por su parte, Banco Sabadell desvela que ningún cliente con acciones ha acudido aún a la opa de BBVA. La entidad reta al presidente del banco vasco, Carlos Torres, a comprometerse jurídicamente y poner por escrito que no va a mejorar la oferta. Creo que con esto está todo dicho, de cómo va y cómo va a terminar esta OPA hostil.
Dudas en los plazos
Sabadell critica además que la próxima fecha clave en el calendario tampoco es cien por cien definitiva. Se refieren así al periodo 23-24 de septiembre, en el que BBVA estaría en plazo de presentar una oferta mejor. Según indican desde Sabadell, la entidad vasca también tendría la posibilidad de extender el periodo de aceptación hasta el máximo de 70 días, con lo que podría subir el precio de la opa mucho más adelante. «Esta ha sido una de las opas más largas de la Unión Europea y ha sido un proceso rico en debates. Pero espero que los accionistas decidan adecuadamente, que decidan seguir manteniendo sus acciones en Banco de Sabadell; los dos bancos por separado generan mucho más valor que en un proceso de fusión complejo», sentenció Oliu durante su intervención.
Sabadell se apoya en Banco BPM para rebatir a BBVA que su acción resistirá si fracasa la opa. El Sabadell rechaza categóricamente el argumento de BBVA de que si la opa fracasa, la cotización del vallesano se desplomará. Su cúpula directiva defiende que el comportamiento de la acción está respaldado tanto por el buen desempeño de la entidad como por su potencial financiero en los próximos años y que su luna de miel en bolsa seguiría incluso de cara al futuro en solitario del banco. En un encuentro con los accionistas, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, se aferró al ejemplo del italiano Banco BPM para reforzar su argumentación. «UniCredit desistió de seguir adelante con la opa lanzada sobre Banca Popolare di Milano (BPM) y su cotización sube un 20% respecto a cuando se presentó la oferta», dijo esta pasada semana. La entidad pilotada por Andrea Orcel lanzó el pasado 25 de noviembre una opa hostil de 10.100 millones de euros sobre su rival italiano. Sin embargo, ante las duras condiciones impuestas por el Gobierno de Giorgia Meloni, que incluían compromisos específicos en la gestión de créditos y depósitos del banco opado, UniCredit optó por tirar la toalla a finales de julio. Desde aquel momento, la cotización de BPM se elevó en un 24%.
Por otro lado, Josep Oliu (Banco Sabadell) ha declarado que «la CNMV no permitiría a BBVA un precio muy superior en una segunda opa». Josep Oliu (Sabadell, 1949) encara uno de los episodios más retadores en sus más de 25 años al frente de Banco Sabadell. El banquero confiesa enfrentar la opa de BBVA con «tranquilidad» e «intensidad» por todo el esfuerzo que requiere hacer frente a una oferta insuficiente y garantiza que no venderá sus ocho millones de acciones. Se aferra a las palabras de Carlos Torres, el presidente del grupo opante, para augurar que no saldrá adelante. «Si va a cambiar -el precio- no habrá dado información transparente al mercado, por lo tanto, yo me lo creo a pies juntillas», recalca. Con idéntico argumento descarta una segunda opa dado que implicaría modificar la actual y advierte de que difícilmente convencería a los inversores que no acudan a primera oferta porque la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) «no permitiría un precio sustancialmente superior».
En el plano empresarial, no bancario, una mala noticia: Un 30% de los concesionarios españoles pierde dinero: la rentabilidad del sector se sostiene en los recambios y talleres. Faconauto, patronal que representa a la red de venta, indica que el porcentaje de empresas en pérdidas ha disminuido y que la rentabilidad media ha pasado del 0,88% al 1,44% Buena parte de la red de venta de coches en España pierde dinero. Así se desprende de un informe realizado por Snap-on Business Solutions para la patronal de los concesionario que señala que un 29,9% de los concesionarios del país se encontraba en números rojos en el segundo trimestre del año. Si bien el dato refleja el difícil día a día de un sector que trabaja con márgenes muy ajustados, supone una mejora respecto a hace un año, cuando el 33,4% estaba en pérdidas. Esto ha sido posible gracias a la mejora de los márgenes sobre la facturación entre abril y junio, con una rentabilidad antes de impuestos que ha pasado del 0,88% al 1,44% respecto al mismo periodo de 2024, según el citado estudio. Precisamente estos bajos márgenes es lo que ha empujado al sector a una mayor concentración en los últimos años. “Al unirse, estos grupos consiguen más volumen, diversifican riesgos y logran economías de escala. La experiencia en otros países europeos demuestra que cuanto mayor es el volumen, mayor es también la rentabilidad, y eso ya empieza a verse con claridad en España. Son, además, los que están en mejor posición para afrontar inversiones en digitalización, electrificación o en nuevas líneas de negocio”, explica el director general de Faconauto, José Ignacio Moya. Este directivo advierte, a su vez, que todavía hay una buena parte del sector que no ha podido crecer lo suficiente, lo que deja a estos concesionarios en una posición de vulnerabilidad de cara a cualquier variación de los costes o cambios en los mercados. Para Moya “es determinante” lo que ocurra con programas de ayudas a la compra como el Plan Moves para coches eléctricos.
A nivel local, un par de noticias que destacar. La primera es que más de un millar son los puestos de trabajo que quedan sin cubrir en Asturias. Con los datos del segundo trimestre de este año, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer las cifras de las vacantes de empleo en cada una de las comunidades autónomas y en el caso de Asturias revelan que hay un número notable de puestos sin cubrir, 1.787. En todo caso la evolución de las vacantes en el último lustro indica que se trata de un número relativamente constante y que sólo experimentó un auge singular en el año 2021, todavía bajo el impacto inmediato de la pandemia. Según explica el propio INE, el análisis de las vacantes laborales se ha convertido en un indicador clave para entender la salud del mercado de trabajo. Estas plazas sin cubrir reflejan la demanda de empleo insatisfecha y muestran hasta qué punto existe un equilibrio —o un desajuste— entre la oferta y la demanda de trabajadores. Si el número de vacantes es elevado o se tarda mucho en cubrirlas, se pone de manifiesto que las empresas no encuentran perfiles con la cualificación necesaria o que los trabajadores disponibles no aceptan las condiciones ofrecidas. Además, las vacantes sirven como termómetro de la economía. Un aumento de puestos sin cubrir suele anticipar una fase de crecimiento de la actividad, mientras que un descenso apunta a una ralentización. También tienen un efecto directo en los salarios: cuando la demanda de empleo supera a la oferta, los sueldos tienden a subir como mecanismo para atraer a los profesionales que el mercado necesita. En la estadística del segundo semestre del año se indica que son 1.787 vacantes en el Principado y que ese monto representa el 1,2% de las vacantes de todo el país. Sadei ha recogido la evolución de estas cifras desde 2019 y la gráfica revela dos picos puntuales en 2021 y 2022 en los tramos finales de cada año. Por otra parte, el INE, en el balance más reciente recoge también las causas más citadas por las que no hay vacantes en empresas asturianas. En la inmensa mayoría de los casos, en el 91% se dice que es «no se necesita ningún trabajador más» y sólo en una minoría muy residual, un 5% se indica como causa «elevados costes de contratación».
Y por otro lado, Santa Bárbara cambia de director general en plena guerra con Indra por la producción de vehículos militares en España. General Dynamics mueve ficha en plena batalla contra Indra. La compañía estadounidense de defensa ha informado esta pasada semana del nombramiento de Alejandro Page como nuevo vicepresidente de la división europea de la compañía, General Dynamics European Land Systems (GDELS), y director general de Santa Bárbara, su filial en España. El nombramiento llega en plena guerra con Indra por ver quién se queda con la mayor parte de los futuros contratos de producción de vehículos militares terrestres que el Gobierno asignará en el contexto del rearme europeo. Hasta ahora, Santa Bárbara era el único fabricante de este tipo de vehículos, algo que ha cambiado con la creación por parte de Indra de su división de vehículos militares terrestres. Este negocio es una prioridad para su presidente, Ángel Escribano, quien primero intentó comprar Santa Bárbara y luego, ante el NO rotundo de la norteamericana, apuntó sus cañones hacia la planta de El Tallerón de Duro Felguera, la cual será el centro de su producción de vehículos. Allí se ensamblarán los VCR 8×8 Dragón de Tess Defence, una unión temporal de empresas —formada por la propia tecnológica, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), Sapa y GDELS, que hasta junio era la que más peso tenía en Tess— en la que Indra ha tomado el control tras pagar 107 millones a sus socios, pasando así del 26,67% al 51,01% del capital. Además, Indra ambiciona comprar EM&E, aunque es un proceso complicado por el evidente conflicto de intereses que supone adquirir la compañía de su propio presidente y que dirige actualmente su hermano, Javier Escribano, quien también tiene un asiento en el consejo de administración de Indra. La compañía ha creado una comisión independiente para decidir sobre la compra. Uno de los contratos que se disputarán Indra y Santa Bárbara será el de la modernización de los tanques Leopard del ejército de tierra español, por un valor estimado entre 2.000 y 3.000 millones de euros. Este proyecto no se incluye dentro del plan de 10.471 millones que aprobó el Consejo de Ministros en abril, aunque es una prioridad del Estado Mayor de la Defensa y la previsión es que se lance el año que viene.
Y esa es la situación de esta industria en el territorio del Principado de Asturias que se beneficiará, sin duda, de la riqueza y el empleo que traerá a nuestra tierra.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD ACREDITADA PARA CÁTEDRA DE UNIVERSIDAD E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.