El ‘día de la liberación’, cuando Donald Trump amenazó al mundo entero con aranceles, la Unión Europea se encontró de frente con el peligro de tener que hacer frente a un impuesto del 50% a las exportaciones hacia Estados Unidos. Europa respondió con contramedidas firmes para defender sus intereses: «Los aranceles son impuestos: malos para las empresas y peores para los consumidores. No quedarán sin respuesta», explicó Ursula Von Der Leyen. El Banco Central Europeo también ha advertido en varias ocasiones del impacto negativo de estos aranceles: «Nuestros análisis sugieren que los aranceles van a pesar negativamente en el crecimiento potencial», señaló Christine Lagarde en septiembre. Ahora, el propio BCE acaba de publicar un informe sobre el potencial del Mercado Único de la Unión Europea, en el que calcula cómo el coste de las barreras internas al comercio, como la burocracia, entre miembros de la propia UE, es todavía mayor que la peor amenaza de Trump: según el BCE, el coste medio equivale a un arancel del 67%. Las críticas al exceso de regulación, burocracias y barreras internas dentro de la Unión Europea no son una novedad. La frase «Estados Unidos innova, China copia y Europa regula», es un mantra que se ha repetido en muchas ocasiones. Por ejemplo, la pronunció Giorgia Meloni durante la asamblea anual de Confindustria, en Roma, en septiembre de 2024. Ahora el informe que acaba de publicar el BCE, firmado por Roberto Bernasconi, Naïm Cordemans, Vanessa Gunella, Giacomo Pongetti y Lucia Quaglietti es la mejor prueba del impacto económico que suponen las barreras al comercio que siguen existiendo en el seno de la Unión. Los economistas del banco central destacan en su informe los beneficios que ha generado el mercado único en la Unión Europea, y cómo, con el pasado de los años, han ido reduciéndose los costes asociados a comerciar con países del bloque. Sin embargo, señalan cómo «la evidencia empírica sugiere que los costes del comercio interno en la Unión Europea siguen siendo altos. Los resultados de regresión indican que, en 2022, las fricciones del comercio de bienes dentro de la UE -los costes de comerciar con otros países de la Unión, en relación a los costes de vender de forma doméstica- siguen siendo significativos, con las estimaciones apuntando a un equivalente en aranceles del 67% agregado para todos los bienes, y del 54% cuando sólo se incluye el sector de manufacturas», explican los economistas del BCE. Se trata de un porcentaje tan elevado que supera la mayor amenaza que hizo Trump a la Unión Europea en el «día de la liberación» un arancel que, de hecho, no se llegó a imponer, y se quedó en una advertencia, ya que hasta la fecha la administración estadounidense ha aplicado un arancel del 25% a la importación de acero y aluminio procedentes de la Unión Europea, y otro del mismo porcentaje para la importación de automóviles europeos.
Las barreras europeas, ¿hasta qué punto son inevitables?
Las barreras, como explican los expertos en el informe, «se originan por una multitud de fuentes, incluyendo las diferencias entre regulación y reglas nacionales, procedimientos administrativos engorrosos, aplicaciones inconsistentes de las reglas de la Unión y baños en oro [una metáfora que implica el añadido innecesario de trabajo], así como prácticas nacionales anticompetitivas que ponen a las compañías no domésticas en una situación de desventaja», señalan en el informe. En el primer punto, el informe hace hincapié en que «en la UE persisten disparidades significativas en los estándares de los productos, y en los requerimientos técnicos», además de un «régimen de impuestos sobre el valor añadido fragmentado». Sobre la cuestión de la burocracia, señalan «los procedimientos complejos de autorización, requerimientos excesivos de documentación, retrasos a la hora de conseguir permisos y una falta de coordinación entre las autoridades nacionales». Si bien una parte de estas barreras a las que se refiere el informe se pueden moderar, hay algunas cuestiones que son inevitables, según los economistas del BCE y, en cualquier caso, existe un coste implícito a la hora de comerciar entre países que parece que nunca podrá desaparecer, y que implica que habrá que asumir que las barreras ‘naturales’, por decirlo de alguna manera, a la hora de comerciar entre países de la misma Unión, siempre supondrán un coste mayor al arancel del 50% con el que Trump amenazó a Europa el pasado mes de abril. Y es que, según el informe del BCE, a día de hoy existe un potencial de recortar las barreras al comercio en la Unión Europea de sólo 8 puntos porcentuales, si se consiguiese aplicar el modelo que utilizan como referencia: el de los Países Bajos. «De puertas para adentro, Holanda es el miembro de la UE con los menores costes estimados para el comercio de bienes con el resto de países de la Unión», explican, y continúan: «Para cuantificar el potencial de reducir las barreras, se compara el nivel de los costes de los Países Bajos con el resto, y el análisis de regresión sugiere que si el resto de países consigue alcanzar niveles de integración similares, las fricciones al comercio de bienes en la UE se podrían reducir en 8 puntos porcentuales, de media», señalan. Los economistas del BCE admiten que «no sería posible -e incluso no sería deseable- eliminar todas las barreras que hemos identificado, especialmente si tienen que ver con preferencias, del sesgo a favor de lo nacional, o de la limitada posibilidad de comerciar con ciertos bienes», señalan, pero insisten en los beneficios que tendrá que Europa continúe dando pasos adelante en la eliminación de las barreras, y el gigantesco impacto que habría en caso de conseguir igualar al resto de naciones con el estándar de Países Bajos. De hecho, los economistas señalan cómo sólo una reducción del 2% en las barreras al comercio de bienes y servicios podría compensar todo el impacto que tendrían los aranceles previstos por parte de Estados Unidos en el largo plazo, en el PIB de la Eurozona, para el que los expertos del banco central esperan que sea de 0,7 puntos porcentuales. Esto es así debido al gigantesco comercio que existe dentro de la Unión Europea, en comparación con el que hay con Estados Unidos, aunque el país norteamericano siga siendo el principal socio comercial de la Unión Europea (en 2024 el comercio interior en la UE fue de 4,025 billones de euros, mientras que el que hubo con Estados Unidos fue de 865.000 millones de euros, según los datos de Eurostat). «Estas estimaciones resaltan el potencial que existe para aprovechar el enorme tamaño del mercado interno de la Unión Europea. El comercio interno supone más de la mitad de todas las exportaciones internas y externas en la Unión. Incluso un pequeño aumento en el comercio interno puede significar equilibrar las disrupciones comerciales externas, algo que demuestra el potencial económico que tiene el Mercado Único», destaca el informe.
Los sectores más castigados por las barreras
El BCE identifica los bienes que más se ven perjudicados por las barreras internas que existen en el comercio dentro de la UE y, sin duda, los más castigados son «los productos alimenticios». En su caso, el equivalente en un arancel es del 150%, muy por encima de los segundos bienes más perjudicados, el petróleo y el carbón, con un coste implícito, en términos de aranceles, del 110%.
Por detrás quedan los productos básicos y fabricados de metal, también en el entorno del 110%, y la lista continúa con todos los bienes que se mantienen por debajo de la media: los productos de plástico y no metálicos, que mantienen un daño del 62% en equivalente de aranceles por las barreras internas, los equipos electrónicos y ordenadores y otros equipos, del entorno del 50%. Tanto el textil, como los bines de madera y papel, se mantienen ligeramente por debajo del 50%, y las dos categorías que menos sufren las barreras internas son los equipos de transporte, en torno al 30%, y los productos químicos y farmacéuticos del 20%
El plan de Trump se cumple: EEUU duplica la venta de gas a España y se come la cuota de Rusias
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está logrando su objetivo de incrementar las ventas de gas en Europa. Prueba de ello es que EEUU se ha convertido ya en el segundo mayor proveedor de gas de España quedándose prácticamente con la mitad de la cuota que tenía Rusia y pugna ahora por el liderazgo frente a Argelia, nuestro mayor suministrador histórico. El sistema gasista atraviesa una fase de reconfiguración marcada por la guerra en Ucrania y las decisiones adoptadas por la Unión Europea para reducir su dependencia energética de Rusia. Los datos oficiales de Enagás, el gestor técnico del sistema, muestran con claridad esta tendencia. En 2025, el gas procedente de Estados Unidos alcanzó los 111.660 GWh, el 30% del total del suministro nacional, prácticamente el doble que un año antes. En 2024, las compras a EEUU se situaban en 56.435 GWh, con una cuota del 16,6%. El salto no solo es cuantitativo, sino también estratégico: España ha pasado a apoyarse de forma creciente en el GNL norteamericano como alternativa flexible y políticamente alineada con Bruselas y Washington, y resta peso al gas ruso. Por su parte, Argelia mantiene su posición como primer origen del gas gracias, sobre todo, a los suministros por gasoducto. En el conjunto de 2025, el gas argelino aportó 107.179 GWh, el 34,5% del total, ligeramente por debajo del 2024, cuando alcanzó el 38,5%. Argelia continúa siendo el proveedor más fiable gracias a los contratos de largo plazo y el gasoducto Medgaz, que ofrece estabilidad en un entorno volátil. No obstante, Naturgy principal suministrador desde el país, mantiene en estos momentos los precios en revisión. El gran perdedor de esta reordenación es Rusia. En 2024, el GNL ruso representaba una quinta parte del suministro español, con 72.360 GWh y una cuota del 21,3%. En 2025, esa cifra se redujo hasta 42.629 GWh, el 11,4% del total. La caída es significativa y anticipa un escenario aún más restrictivo a corto plazo, ya que la Unión Europea ha prohibido a partir del próximo año las importaciones de gas ruso. Aunque España no ha sido uno de los países más expuestos, el cierre definitivo de esta vía obliga a acelerar la sustitución de volúmenes vía GNL procedente de otros orígenes. Este giro geopolítico coincide con una evolución desigual de la demanda. En 2025, el consumo nacional de gas aumentó un 6,3%, hasta 331.464 GWh, impulsado por el sector eléctrico. La generación con gas creció más de un 33% en el conjunto del año, reflejando su papel como tecnología de respaldo en un sistema eléctrico dominado por renovables. Por el contrario, la demanda convencional –industria, hogares y servicios– cayó un 2,2%. En cuanto a la seguridad de suministro, España mantiene una posición relativamente cómoda en el contexto europeo, aunque con menos colchón que hace un año. A cierre de diciembre de 2025, los almacenamientos subterráneos se encontraban al 68% de su capacidad útil, frente al 83% de finales de 2024. Las plantas de regasificación registraban existencias medias equivalentes al 67% de la capacidad contratada, lo que permite absorber picos de demanda y actuar como plataforma de entrada de GNL. Por otro lado, la exportación de gas a Marruecos desde España se ha incrementado notablemente. Según los datos de Enagás, se ha pasado de 655 GWh/mes en diciembre del año pasado a los 916 GWh/mes este año, lo que supone un 40% más. Si se observan los datos correspondientes al año completo, el crecimiento de las exportaciones asciende al 6,9% a través del gasoducto de Tarifa. La capacidad de recepción de gas desde fuentes variadas ha facilitado que los precios registrados en España sean más competitivos que en el centro de Europa. El volumen de negociación de MIBGAS, el mercado del gas español, en 2025 alcanzó los 182,2 TWh, un 15,2% de incremento en relación con el año anterior, cuando se negociaron 158,2 TWh. El número de agentes también ha aumentado durante el pasado ejercicio, desde los 238 con los que se finalizó 2024 hasta los 273 registrados, lo que implica un incremento del 14,7%. En relación con los productos, la mayor subida se registró en el segmento del GNL cuya negociación en el tanque virtual de balance (TVB) se incrementó un 58,2%, alcanzando los 6,9 TWh. Los productos futuros de gas natural (desde M+2 a Y+2) también reflejaron un aumento del 23,9% con un total de 28 TWh; por su parte, los productos intradiarios, diarios, fin de semana, resto de mes y mensual se incrementaron un 13,7% hasta los 154,2 TWh.
A nivel doméstico señalar que la nueva financiación autonómica quitaría recursos al Estado con los que pagar pensiones, deuda y gasto en defensa.
La reforma propuesta por Montero prevé que el Gobierno ceda 21.000 millones más a las comunidades en 2027. Sin embargo, las partidas de gasto que más van a crecer en los próximos años recaen sobre los hombros de la administración central. El Ejecutivo contaría con menos margen para acometer los ajustes comprometidos con Bruselas para reducir la elevada deuda pública. El nuevo sistema de financiación autonómica que ha propuesto el Ministerio de Hacienda pondría sobre la mesa 21.000 millones de euros más, repartir entre las comunidades autónomas. Unos fondos que proceden de las arcas maltrechas del Estado central, que los cedería pese a que algunas de las partidas de gasto que más van a aumentar en los próximos años —pensiones, intereses de la deuda y defensa— recaen sobre sus hombros. Todo ello en un momento en el que España se ha comprometido con Bruselas a ajustar sus desequilibradas cuentas públicas, un esfuerzo que asumirá también fundamentalmente la administración central. Los cambios propuestos en el sistema de financiación ponen de relieve el delicado equilibrio entre dotar más recursos a las comunidades autónomas —algunas de ellas con problemas de infrafinanciación evidentes— a costa de reducir la capacidad de actuación del Estado. La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, ya se pronunció en octubre sobre esta cuestión y señaló que ve «difícil» que el Estado pueda poner «más dinero en la mesa» para las comunidades autónomas teniendo en cuenta los retos que le esperan al Estado. De entre todas estas partidas de gasto que pondrán en jaque las cuentas públicas del país en los próximos años, la más notoria es la de las pensiones. La jubilación de la generación del baby boom (nacidos entre finales de los cincuenta y finales de los setenta) va a presionar las cuentas de la Seguridad Social durante las próximas décadas. Los ingresos por cotizaciones sociales ya no son suficientes para soportar todo el gasto, por lo que el Estado tiene que financiar ese déficit mediante dinero procedente de los impuestos, asumiendo una parte del desembolso.
Respecto a lo que destaco en el blog en el día de hoy, la mala gestión de las bajas pone a España a la cabeza del absentismo por incapacidad temporal en Europa. El debate sobre el ‘absentismo’ vinculado a los procesos de incapacidad temporal no es simple, ni a la hora de definirlo ni a la hora de entender sus causas. Los datos nos dicen que, desde la pandemia, las bajas por enfermedad se han disparado en España con una intensidad inédita en la Unión Europea. Sin embargo, la idea de que se debe a la ‘picaresca’ de los trabajadores, como apuntan incluso algunos dirigentes patronales que hablan de «bajaciones» (procesos que se inician sospechosamente abarcando viernes o lunes o encadenando puentes), tampoco responde a la realidad de esos mismos datos. El comportamiento de la incapacidad temporal de nuestro país no solo desafía a toda la lógica, sino que sitúa a nuestro país a la cabeza del problema en toda la Unión Europea. Y apuntan a un claro culpable: un sistema de gestión de los procesos saturado e ineficiente. Según los últimos datos de Eurostat, España es el décimo país de la Unión Europea en tasa de ‘absentismo total’, es decir, ausencias de trabajadores por diversos motivos y contando las vacaciones, con un 12,3%. Algo que contradice muchos titulares que aseguran que nos sitúa a la cabeza, si bien la clave es que somos los segundos, tras Eslovenia (y el tercero de toda Europa si contamos a Noruega), con la mayor incidencia de faltas al trabajo provocada por procesos de incapacidad temporal, según un reciente estudio elaborado por el Observatorio de la Pyme de la patronal catalana Pimec, que apunta a la gran paradoja del fenómeno: ¿cómo es posible que el país con el mayor número de parados registre la segunda mayor incidencia de bajas por enfermedad? La doctrina económica habitual señala que cuanto más bajo es el desempleo, más alta es la incidencia de lo que Pimec denomina «absentismo por incapacidad temporal». Es una tendencia clara en la mayoría de los países europeos, con extremos como Noruega y Eslovenia, frente a Grecia. Incluso en países como Italia, Francia o Portugal, con un sólido sistema de protección social y garantías laborales que pueden hacer que los trabajadores no tengan ‘miedo’ a cogerse una baja por enfermedad, la tasa de absentismo es menor en relación con la de paro que la española, que se sitúa en la peor posición de la comparativa. El informe de Pimec resalta que España es «una excepción en Europa», ya que a pesar de tener las tasas de paro más altas, «las bajas por IT tienen un peso mucho más elevado de lo que se esperaría de regiones con altos niveles de paro, lo que podría indicar una peor gestión de las bajas laborales». En este sentido, recalca que durante los «periodos normales de ciclos económicos positivos» las bajas por incapacidad temporal muestran una tendencia a aumentar, mientras que durante las recesiones disminuyen. Esta tendencia se interrumpió durante la pandemia de la Covid-19, cuando subieron las bajas y el desempleo, pero se ha restablecido la tendencia. Pero esta ‘normalización’ se produce en un país con una de las tasas de paro más altas de Europa. Incluso Finlandia, que acaba de superarnos en ese indicador de desempleo, queda muy por detrás en términos de bajas. Además, se produce un recorte en la duración de los procesos. «En 2024, más del 75% de los casos no superan los 15 días de baja». Es decir, si los procesos suben es que hay más personas de baja. Este hecho se explica, en parte, por una subida de la afiliación media, que ha aumentado en un 30,8% entre 2013 y 2024, pero el estudio señala que el número total de bajas ha crecido a un ritmo muy superior, «un 170,8% en los últimos once años». Otro factor que puede estar contribuyendo al incremento de las bajas por incapacidad temporal es el envejecimiento de la población, si bien la incidencia entre los trabajadores jóvenes también aumenta: «aunque la población más envejecida está más días de baja, la población más joven es la que inicia un mayor número de procesos de baja por IT». Sin embargo, la clave está en la «capacidad del sistema de salud para prestar atención a las personas que se encuentran afectadas por patologías que echan a perder su capacidad de trabajar». Esto incluye la «demora en la realización de pruebas diagnósticas y médicas», determinadas comprobaciones ambulatorias, o incluso algunos tratamientos impactan en la prolongación de la duración de las bajas, así como en la recuperación de las personas, «y se acaba convirtiendo en un problema tanto social como económico». De hecho, el informe destaca que a pesar de tener una de las más altas incidencias del absentismo por IT, el gasto en sanidad de España es del 6,7% sobre PIB, una cifra que se sitúa en la media europea «pero lejos de países como Alemania, Francia o Suecia, que superan el 9,5%».
Acotar el absentismo
Y es que el absentismo, para las empresas, no es un problema de vacaciones, libranzas o permisos por maternidad y paternidad o cuidado de dependientes, por citar otras causas de ausencias. Tampoco de ausencias verdaderamente injustificadas, cuyo peso es irrelevante en las estadísticas y en la factura de las empresas. En rigor, estos serían los únicos casos en los que cabe hablar de absentismo en castellano: abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación. Pero la OIT define absentismo (absenteeism) como el hecho de que un trabajador no acuda al trabajo cuando está previsto, excluyendo las ausencias autorizadas, como vacaciones o huelgas, lo cual deja en un cierto ‘limbo’ analítico las bajas por enfermedad, que siempre están justifiadas por un facultativo, aunque son inesperadas para la empresa. Esto da pie a Pimec a hablar de absentismo por incapacidad temporal. Las propuestas de Pimec para afrontar el problema pasan por diversos frentes. El primero es aprovechar los recursos médicos y asistenciales de las mutuas para gestionar también las contingencias comunes, no solo las profesionales, implementando «protocolos de derivación» entre el sistema sanitario público y las mutuas. Esto incluye permitir que las mutuas gestionen altas y bajas, «con capacidad de denegar prestaciones en ciertos casos, garantizando mecanismos de revisión».
Sistemas de altas voluntarias
Asimismo, plantea «mejorar la gobernanza de las mutuas» y preservar su carácter público-privado aumentando la «participación de agentes sociales» en las Juntas Directivas y mantener las Comisiones de Control y Seguimiento, preservar la Reserva de Estabilización y garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión. Por otro lado, para optimizar la gestión de la incapacidad temporal, la patronal catalana aboga por incrementar la inversión en atención primaria y «desburocratizar los procesos administrativos». Asimismo, plantea «implementar sistemas de alta voluntaria, alta parcial y reincorporación progresiva al trabajo», como en otros países europeos. Para mejorar el control de las bajas propone incrementar los recursos para inspección médica y actualizar los tiempos óptimos de duración de las bajas, así como un esfuerzo en digitalización que permita reforzar la interoperabilidad entre sistemas sanitarios y mutuas. Por último, también aboga por recomendaciones para las propias empresas: promover hábitos saludables, mejorar el clima laboral y gestionar riesgos psicosociales, implementar protocolos de reincorporación para trabajadores con problemas de salud mental, «sensibilizar a las empresas sobre los costes directos e indirectos del absentismo» y fomentar la negociación colectiva para alinear incentivos laborales con la productividad.
Joyería, chocolate, café, huevos y la tasa de basuras lideraron las subidas de precio en 2025
Los precios del consumo han subido con especial fuerza en ciertos productos. La inflación va volviendo lentamente al redil. Tras un 2022 y un 2023 en los que los precios del consumo subieron a una velocidad que no se veía en cuarto décadas dejando un roto en el bolsillo de las familias, los indicadores de inflación hace ya tiempo que cayeron por debajo del 3%. Los datos del año pasado, publicados el jueves por el INE, reflejan que la inflación se moderó hasta el 2,7% en 2025,apenas una décima menos que en 2024. Sin embargo, detrás de esa foto panorámica, hay muchos productos de consumo cotidiano que todavía muestran precios disparados. En concreto, el Índice de precios de consumo (IPC) contabiliza hasta 12 productos cuyos precios subieron más del 10% de media el año pasado y una de cada siete de las categorías que monitoriza el INE se incrementó de precio por encima del 5% interanual. En este heterogéneo grupo se encuentran productos tan dispares como la joyería, el chocolate, el café, los huevos, los servicios de recogida de basuras, la factura de la luz o el transporte de pasajeros. Pero también destacan las primas de los seguros, la carne, los vuelos nacionales o los alojamientos turísticos. Los factores que hay detrás de las subidas son muy diferentes.
A nivel local, destacar los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos. La compañía anuncia cómo optar a estos puestos de trabajo y ya han salido las primeras 20 ofertas
Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos . La multinacional tecnológica Indra lanzó a través de su web (www.indragroup.com) las primeras 20 ofertas de empleo de su plan de crecimiento y atracción de talento en Asturias, centrado principalmente en dotar de recursos humanos a El Tallerón de Gijón, sede de la nueva división de vehículos militares Indra Land Vehicles. La compañía prevé llegar, como primer escalón, a 850 trabajadores en El Tallerón en 2027 (allí concentrará al personal que tiene en el parque tecnológico de Gijón dedicado a Tráfico Aéreo, Movilidad , Tecnologías Digitales e Inteligencia Artificial que se suma a los 156 trabajadores de calderería que asumió de Duro Felguera) y prevé constituir un equipo de ingeniería de producto de vehículos blindados con 80 profesionales cualificados. A corto plazo, Indra busca a ingenieros (especialmente de mecánica, electrónica, mecatrónica, industria y telecomunicaciones) con experiencia para su división de vehículos militares. Pero no solo busca ingenieros. También está interesada en titulados en formación profesional de ramas vinculadas con la mecánica, la electrónica, el automóvil o los procesos industriales e incluso en estudiantes de estas ramas que puedan ir completando su formación al tiempo que realizan prácticas en la empresa. «Es interesante la incorporación de becarios y estudiantes de FP dual porque los programas de vehículos militares en los que participa Indra estarán a pleno desarrollo en un par de años y para ese momento ya estarán formados», señaló María Fernanda Silles, directora de Captación de Talento y Movilidad Interna de Indra Group.
Sin duda, una excelente noticia para nuestra comunidad autónoma.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
Página web: https://www.unioviedo.es/saotero/
Blog personal: https://catedraticasusanaalvarezotero.blogspot.com/