La semana pasada terminó marcada por la volatilidad del petróleo y las noticias sobre el conflicto en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz. Las bolsas europeas cerraron en negativo, aunque logran acabar la semana lejos de los mínimos que se vieron el pasado lunes tras el primer impacto del repunte del crudo. El IBEX 35 salva por poco los 17.000 puntos al cerrar con una caída del 0,47 %, hasta 17.059,3 puntos. El Euro Stoxx 50 retrocede alrededor del 0,60 % y el DAX alemán cerca del 0,30 %. Al cierre europeo, los índices estadounidenses también giran a la baja después de haber comenzado la sesión en terreno positivo. En conjunto, el mercado sigue mirando sobre todo al petróleo y al riesgo de que el conflicto afecte al suministro energético global. De momento, las apuestas del mercado predictivo Polymarket sugieren que el escenario central sigue siendo un conflicto limitado en el tiempo, que podría no extenderse mucho más allá de mediados de abril.
En relación a lo que considero más destacable en el día de hoy es que Bruselas insta a los países de la UE a bajar al mínimo los impuestos de la electricidad. La medida busca atajar un coste energético estructuralmente alto para las familias y las empresas. Esta iniciativa es previa al estallido de la guerra en Oriente Medio que, sin embargo, refuerza la tensión sobre las facturas. Ante los altos precios de la electricidad, rebajas URGENTES de impuestos. Ese es uno de los ejes del plan de recomendaciones que ha presentado la Comisión Europea en Estrasburgo, una iniciativa que, bajo el nombre de Paquete de Energía para la Ciudadanía, busca reducir los costes de la factura eléctrica tanto de las familias como de las empresas para mejorar su poder adquisitivo y su competitividad.
El Ejecutivo comunitario trata de atajar un problema que se ha convertido en estructural en el continente y que pesa sobre su economía. Lo hace, además, en un momento de especial tensión por la guerra en Oriente Medio, que ha agitado los mercados de la energía a nivel internacional. Según señalan desde la Comisión Europea, los impuestos y gravámenes sobre la electricidad representan, de media, un 25% del precio para los hogares y un 15% para las empresas. De esta forma, consideran que un recorte en la carga fiscal tendría efectos rápidos sobre la factura final. «Se estima que, mediante estas reducciones fiscales, las facturas de los ciudadanos podrían bajar una media del 14%, lo que equivale a unos 200 euros anuales», aseguran fuentes comunitarias, una cifra que coincide en gran medida con las que se manejan en España. En el texto, el Ejecutivo comunitario reconoce que la fijación de los impuestos nacionales sobre la energía es competencia de los Estados miembros y sus autoridades reguladoras, por lo que los países tienen discrecionalidad total para abordar estos recortes, especialmente al calor de la última revisión de la Directiva del IVA, que flexibilizaba los productos sujetos a los diferentes tramos impositivos. El impuesto mínimo para la electricidad recogido en esa última actualización es del 5%. Esta brecha con el 21% con el que se grava en España la factura eléctrica da margen para acolchar los precios a las familias y las empresas en línea con lo que recomienda la Comisión. Además, Bruselas también insta a los países a que incluyan también en la rebaja aquellos impuestos adicionales o que no tienen que ver con el propio consumo energético, pero que se cargan sobre la factura. Pero la recomendación de rebajar los impuestos no es incondicional. Al menos, así lo matizó Valdis Dombrovskis, Comisario de Economía y Productividad, Aplicación y Simplificación de la Comision Europea al que, en su comparecencia posterior a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), le tocó jugar el papel de «poli malo».
Por otro lado, el euríbor diario se dispara al 2,5% ante la tensión en Oriente Medio y registra su mayor subida desde junio de 2008. El índice registra la cuarta mayor subida de su historia en tasa diaria desde el arranque de la serie histórica, que arranca en 1999. Este indicador se ha situado en tasa diaria en el 2,552%, en plena escalada por la tensión en Oriente Medio, en la que supone el cuarto mayor repunte de su historia. La incertidumbre por el conflicto se traslada al mercado interbancario y afecta tanto a la tasa diaria como a la media mensual, que es la que realmente se utiliza para el cálculo de las hipotecas. En concreto, no se registraba una subida similar a la experimentada esta semana desde el 6 de junio de 2008, cuando repuntó en 29,3 puntos porcentuales. Esta pasada semana ha aumentado en 18,5 puntos. Previo a esa fecha, hay que remontarse al 12 de abril de 2001 (19,9 puntos) y al 9 de junio de 2000 (19,4 puntos).
En otro orden de cosas, Bruselas lleva a España ante la justicia europea por no aplicar la directiva europea sobre el impuesto del IVA. La Comisión Europea ha informado esta pasada semana que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y pide que se le imponga una multa por no trasladar a su legislación nacional la directiva europea que permite que las pequeñas y empresas y autónomos que facturen menos de 85.000 euros no tengan que tributar el IVA. Como parte de su procedimiento de infracción del mes de marzo, el Ejecutivo comunitario ha informado de que España no ha trasladado correctamente a su normativa nacional la directiva relacionada con el IVA. Lo que establece es que las pequeñas y medianas empresas apliquen un régimen del IVA simplificado. España, según detalló Bruselas, ha informado al Ejecutivo comunitario que no pretende aplicar la excepción del IVA para pymes ya que su aplicación es opcional para los Estados miembros. «Pese a que esto sea posible, aún se espera que España aplique las provisiones que permiten que las pymes establecidas en España puedan disfrutar de las mismas exenciones que otros Estados miembro», ha apuntado el Ejecutivo comunitario. En este sentido, ha añadido que es necesario que las pymes españolas puedan obtener el mismo tipo de exenciones fiscales que en cualquier otro estado miembro. Y para que esto suceda el primer paso debe venir de las autoridades españolas. El plazo para que el Gobierno aplicara esta normativa terminaba el pasado diciembre de 2024, sin embargo, España no informó de la aplicación de estas medidas, según informó Bruselas. «La Comisión Europea considera que los esfuerzos de las autoridades españolas han sido insuficientes y, por tanto, lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE, con la petición de que imponga sanciones económicas», ha informado el Ejecutivo comunitario. La aplicación de esta normativa no solo busca reducir los costes que cumplir con la tributación del IVA implica para las pequeñas y medianas empresas. Además, pretende minimizar las distorsiones en la competencia a nivel nacional y comunitario y facilitar el cumplimiento de las empresas con la administración tributaria. Y no olvidemos que somos un país en que más del 90% son PYMES.
A nivel bancario, señalar que el Banco de España construye el ‘corazón’ del euro digital junto a cinco bancos centrales.
El Banco de España ejercerá un rol clave en el desarrollo del euro digital, cuyo lanzamiento está previsto para 2029. El organismo trabaja junto a los bancos centrales de Italia, Francia, Alemania, Lituania y Austria en la construcción del corazón de la futura divisa (el desarrollo de la arquitectura que integra la emisión, compensación y liquidación). El Banco Central Europeo (BCE) realizó una convocatoria de ofertas dirigida a los 20 bancos centrales del Eurosistema y resultaron seleccionados. Los organismos efectuaron después las correspondientes licitaciones para acompañarse de proveedores tecnológicos especialistas. «La Banca d’Italia, Banco de España, Banque de France, Deutsche Bundesbank, Lietuvos Bankas y Oesterreichische Nationalbank están construyendo y proveerán la infraestructura central del euro digital», explica Ion Ander Bordonaba, director General de Inetum España, la consultora que ganó la licitación abierta por el Banco de España. A diferencia de otros proyectos desarrollados en el ámbito europeo, los organismos no se han repartido la construcción de diferentes piezas para su posterior ensamblaje, sino que se han distribuido el liderazgo en los diferentes trabajos y en todos ellos hay equipos con responsables mixtos procedentes de los bancos centrales para lograr un desarrollo cohesionado desde el arranque. «Para otros componentes externos, el BCE ha recurrido a otros proveedores especializados», detalla el director general de Inetum España. «Con equipos multidisciplinares internacionales, trabajando con metodologías ágiles, totalmente integrados, se asegura coherencia técnica y se consigue una solución robusta e integrada», agrega. El BCE lanzó una licitación en 2024 para encomendar la construcción de cinco componentes a firmas europeas, adjudicando el año pasado cada uno de esos trabajos a un proveedor o un consorcio de ellos, y asignando un segundo «de reserva» por si fuese necesario recurrir también a él. El mayor contrato lo ganó la alemana G+D (Giesecke+Devrient) por 662 millones para desarrollar la solución offline que permitirá pagar con euros digitales sin conexiones telemáticas, como podría ocurrir con una caída de red como sucedió con el apagón o de manera habitual en zonas que puedan carecer de la adecuada cobertura, surtiendo así una función equivalente al dinero en efectivo. Otro de los trabajos es el desarrollo de «alias» que facilitarán las transacciones de pago por parte del usuario y los intermediarios utilizando esos nombres simples en lugar de tener que introducir largos números de cuentas. La licitación la ganaron las también alemanas Tremed y Sapient, y cuenta con 55 millones de presupuesto. La startup portuguesa Feedzai logró el concurso para proporcionar apoyo adicional a los intermediarios para identificar transacciones fraudulentas -cuenta con 238 millones de presupuesto-; mientras que las italianas Almaviva y Fabrick se ocupan de desarrollar las soluciones para facilitar su integración en las aplicaciones e interfaces de los bancos -153 millones de presupuesto-.
A nivel local, seguimos sin acuerdo en la industria auxiliar asturiana: sigue la huelga. Los sindicatos y la Federación de Empresarios del Meta y Afines del Principado de Asturias (Femetal) han intercambiado esta pasada semana sus propuestas para tratar de llegar a un acuerdo para el convenio colectivo de la industria auxiliar, del que dependen 3.500 trabajadores en toda la comunidad. Ambas partes se reunieron en la sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), en Oviedo, con el objetivo de acercar posturas, coincidiendo con la segunda jornada de huelga convocada por los sindicatos. El principal escollo sigue siendo la exigencia de los sindicatos de garantizar la pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores a causa de la inflación, al margen de las subidas de las tablas salariales que se pacten, y de mejorar la compensación de los excesos de jornada. Aunque con una menor incidencia que ayer, el seguimiento de la segunda jornada de huelga, que afecta a grandes empresas como ArcelorMittal, Asturiana del Zinc (AZSA) o Fertiberia, ha sido mayoritario, según los sindicatos. Ante la falta de avances en la negociación del nuevo convenio colectivo, que comenzaron en mayo del pasado año, los sindicatos han convocado nueves jornadas de huelga para los martes, miércoles y jueves de tres semanas consecutivas. El último convenio de la industria auxiliar fue suscrito por la patronal asturiana del metal y los sindicatos en febrero de 2022. Dicho convenio fijó subidas salariales del 1% para 2021 (de forma retroactiva), del 2,5% para 2022, y del 3% para 2023 y 2024, con una reducción de jornada mensual de ocho horas.
Esperemos que se logre un acuerdo por el bien de nuestra comunidad.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
Página web: https://www.unioviedo.es/saotero/
Blog personal: https://catedraticasusanaalvarezotero.blogspot.com/