En esta pasada semana, la tregua no ha disipado las dudas. Más bien al contrario: ha puesto de relieve la fragilidad del escenario. El alto el fuego entre EE. UU. e Irán sigue bajo presión, con el estrecho de Ormuz aún cerrado y con nuevos focos de tensión, —como los bombardeos de Israel en el Líbano— que no encajan del todo en el preacuerdo y que reflejan interpretaciones divergentes entre las partes. El mercado lo está leyendo con cautela. El petróleo vuelve a repuntar —por encima de los 100 dólares— y las bolsas corrigen parte del fuerte rebote anterior. En Europa, los principales índices retroceden, con el IBEX 35 aguantando por encima de los 18.000 puntos, mientras que en EE. UU. los índices logran estabilizarse tras un inicio de sesión más débil. El movimiento deja una idea clara: el mercado descuenta la tregua, pero no la da por consolidada. En paralelo, los activos refugio vuelven a ganar protagonismo. El oro sube, los bonos retroceden y el crudo vuelve a marcar el pulso de la sesión. En el frente macro, el PCE subyacente —la referencia de inflación de la Reserva Federal— se mantiene en línea con lo esperado, aunque se trata de un dato previo al conflicto. La clave estará en las próximas publicaciones, que sí recogerán el impacto energético. Mientras tanto, el sentimiento inversor sigue dividido. La última encuesta muestra un ligero repunte del optimismo, pero con un nivel de cautela aún elevado y con el sesgo bajista todavía por encima de su media histórica.
Por otro lado, el precio del petróleo se hunde más del 12 %, por debajo los 95 dólares, tras alto el fuego en Irán. El barril de petróleo brent para entrega en junio se hundió esta pasada semana más del 12 %, hasta situarse en los 95 dólares en el mercado de futuros de Londres, después de que Estados Unidos e Irán hayan acordado un alto el fuego de dos semanas. El precio del brent bajó el 12,55 %, hasta los 95,53 dólares el barril. De la misma manera que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó con fuerza el pasado miércoles antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos. El brent ya cerró la víspera con una leve caída del 0,46 %, hasta los 109,27 dólares, mientras el mercado estaba muy pendiente del vencimiento del ultimátum impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Ante dicho vencimiento, el propio Trump anunció en redes sociales un acuerdo con Irán para un alto el fuego de dos semanas, período durante el cual se negociará un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, con base en un plan de diez puntos presentado por Teherán. Trump aseguró que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz «definitivo» con Irán se encuentra en «una etapa muy avanzada», e indicó que la razón de este pacto es haber «cumplido y superado todos los objetivos militares». Asimismo, el ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchí, dijo que será posible «el paso seguro» por el estrecho de Ormuz durante las próximas dos semanas, después del cese del fuego bilateral. El anuncio de cese de las acciones armadas también ha significado el descenso del precio del gas natural.
En otro orden de cosas, Bruselas exige 40 millones a España por el retraso en regular los contratos laborales. La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por llevar más de tres años de retraso en aplicar la Directiva europea de condiciones laborales transparentes y exige a nuestro país una multa de 40 millones de euros. Bruselas pide al tribunal que condene al Estado a una sanción de 29.727,5 euros por cada día de retraso en la aprobación de la normativa y hasta que, finalmente, entre en vigor. La Directiva debía estar adaptada al derecho español el 1 de agosto de 2022. lo que implica que el Ejecutivo ya lleva 1.345 días de retraso y la multa ya alcanzaría los 39,98 millones de euros. No obstante, la Comisión también permite al TJUE que establezca su propia cuantía de la sanción, siempre que el importe mínimo sea de al menos, 7,54 millones de euros. La Directiva de condiciones laborales transparentes obliga a los empresarios a incrementar la información que dan a los trabajadores antes de firmar el contrato. Las compañías tendrán que entregar por escrito a los empleados información sobre la cuantía del salario base, de cada uno de los complementos retributivos que vayan a percibir, periodicidad y método de pago, así como los mecanismos empleados para calcular los bonus o las retribuciones variables y en qué casos se reciben. Además, los contratos tendrán que incluir de forma clara una descripción del puesto de trabajo para que el empleado sepa en qué consiste, así como al grupo que va a pertenecer. Del mismo modo, se informará de antemano los horarios, los turnos, los motivos por los que se pueden modificar, los días de vacaciones y el sistema para fijarlas o elegirlas. Se comunicarán los convenios colectivos que se aplican, los planes de igualdad entre hombres y mujeres, y se informará de las políticas de conciliación laboral y familiar, en el caso de que las haya. La Comisión indica en su denuncia que envió el 21 de septiembre de 2022 a España un escrito de requerimiento para saber por qué no había transpuesto la Directiva. Entonces, el país contestó dos meses después que estaba pendiente de los trámites finales por parte del Gobierno. Sin embargo, Bruselas dio un ultimátum a nuestro país el 1 de junio de 2023 para que pusiera en marcha la norma. El Ejecutivo admitió en una carta del 18 de julio de 2023 que no había transpuesto la Directiva «debido a las elecciones al Parlamento», que se celebraron el 23 de julio de ese año. La UE concluye en su denuncia que «España ha incumplido la obligación» de aprobar la norma «a más tardar el 1 de agosto de 2022». Asimismo, exige al TJUE que, en el caso de que dicte sentencia y el país siga sin aprobar estas medidas, imponga otra sanción al Estado de 266.772 euros desde el día del fallo hasta que ponga en marcha la Directiva. El Ministerio de Trabajo ya ha pisado el acelerador para sacar adelante la norma europea y publicó el pasado 20 de marzo el borrador del Real Decreto relativo a unas condiciones laborales transparentes y previsibles, para que las partes interesadas pudieran presentar alegaciones al texto hasta el 30 de marzo. Al ser un Real Decreto, sin rango de ley, el Ejecutivo podrá aprobarlo de inmediato sin necesidad de que pase por el Congreso para su votación.
Podemos observar también, que la guerra acelera la crisis de la vivienda: se encarece el crédito y aumentan los costes de la construcción. El comprador de vivienda que tenga que pedir financiación se enfrenta en los próximos meses a un panorama financiero complejo azuzado por la inestabilidad geopolítica, la previsible subida de tipos y el endurecimiento de las condiciones para endeudarse por parte de la banca. Las primeras señales de esta tendencia ya se han dejado notar en el euríbor, el indicador al que están referenciadas las hipotecas variables, que se ha disparado con fuerza en las últimas semanas hasta situarse a finales de marzo en una tasa media provisional de 2,56%, lo que supone una subida de 31,1 puntos básicos respecto a febrero. A estas circunstancias hay que sumar la falta de oferta en el sector inmobiliario y los precios disparados de los inmuebles, que siguen escalando a pesar del frenazo de las compraventas que empiezan a reflejar las estadísticas. También se espera un aumento de los costes de la construcción derivados del encarecimiento de la energía y las materias primas por el conflicto en Oriente Medio. Las entidades financieras mantienen el grifo de crédito abierto, pero en condiciones menos favorables que hace apenas unos meses. Esto repercute tanto en aquellos que quieran firmar ahora un préstamo como para los que tengan que actualizarlo. Entidades bancarias como Banco Santander, BBVA o ING han encarecido ligeramente los precios de sus hipotecas a tipo fijo, desde que comenzaron los primeros bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero.
Así mismo, la guerra de Irán avanza subidas en la compra diaria: de los envases a la ropa. Las consecuencias de la guerra en Irán empiezan a palparse ya en el día a día de los consumidores. El conflicto se cuela en la cesta de la compra y lo hace a través del precio de los alimentos, los envases que los contienen o la ropa que adquirimos. El motivo no es otro que el fuerte encarecimiento de materias primas como el petróleo, el gas natural, el aluminio y el azufre. Todas son fundamentales para elaborar los fertilizantes que ayudan a mantener las cosechas en el campo, así como a fabricar los envases que los contienen (los plásticos son derivados del petróleo) o a generar fibras textiles tan conocidas como el poliester. El dato adelantado del Índice de Precios al Consumo (IPC), correspondiente a marzo, ha caído como un jarro de agua fría: los precios se habrían disparado un 3,3%, esto es un punto porcentual más que en febrero, por el alza de las gasolinas. Esto ha llevado a organizaciones de consumidores como la OCU a lanzar las primeras señales de alerta: la cesta de la compra ya se habría encarecido un 1,58% en los últimos treinta días, según sus propios cálculos. Desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) reiteran su preocupación por el impacto en los precios energéticos, así como por las «dificultades operativas» por los problemas en el tráfico marítimo (suspensión de rutas, desvío de envíos hacia otras alternativas) que han provocado un «aumento de la incertidumbre logística y comercial». Lo que también inquieta a la principal organización empresarial que agrupa a la industria alimentaria es que las hostilidades se prolonguen. El conflicto está impactando directamente en la fabricación de los envases que contienen muchos de los alimentos que consumimos, gran parte de ellos procedentes de derivados del petróleo, lo que aumenta la presión sobre los precios. Fabricar ya les cuesta más. Los derivados del petróleo también tienen una aplicación en la industria textil, en el que España cuenta con gigantes como Inditex, Mango y Tendam. Materiales como el poliester, el nailon y el acrílico forman parte de muchas de las prendas en la conocida como ‘moda rápida’. Un informe del banco de inversión estadounidense Goldman Sachs advierte sobre el encarecimiento abrupto de estas materias primas. El problema es que para los fabricantes de este sector es muy difícil asumir una subida fuerte de los costes, lo que ya está provocando recortes de producción e incluso paradas operativas en Asia, así como un aumento de los plazos de entrega, que puede empezar a notarse en las tiendas. Y a lo anterior hay que añadir el impacto sobre el consumo.
A nivel doméstico, destacar también que las rentabilidades de las letras del Tesoro alcanzan máximos de 2024 por las expectativas de inflación y tipos más altos.
España coloca 6.440 millones en deuda a seis y 12 meses. La demanda de los particulares resurge con fuerza y alcanza los 2.454 millones No todos los activos pierden valor. En un contexto en el que los inversores parecen haberse quedado sin refugios seguros, las letras del Tesoro vuelven a ganar atractivo. El aumento de la inflación y la posibilidad de que los bancos centrales mantengan o endurezcan su política monetaria están teniendo como efecto un repunte de las rentabilidades, especialmente en la deuda a corto plazo, la más seguida por el pequeño ahorrador. El Tesoro ha arrancado el mes de abril con una emisión de 6.439,26 millones de euros en letras a seis y 12 meses. Los rendimientos han registrado un avance significativo: el interés de las letras a un año alcanza niveles máximos desde septiembre de 2024, mientras que el de seis meses se sitúa en cotas similares a las de enero de 2025. Pese a este incremento, la rentabilidad de estas emisiones continúa por debajo de la inflación. En marzo, el primer mes de guerra, el índice de precios de consumo se situó en el 3,3%, por encima del 2,39% ofrecido por las letras a seis meses y del 2,64% correspondiente a las de 12 meses, lo que mantiene el rendimiento real en terreno negativo. Este hecho, sin embargo, no parece estar disuadiendo a los inversores. La demanda conjunta ha alcanzado los 8.655 millones de euros y, de ese total, el 28,35% (2.454 millones) correspondió a los ahorradores, lo que confirma el renovado interés del inversor minorista por la deuda pública a corto plazo. El grueso de la emisión, unos 4.388,69 millones de euros, ha correspondido a las letras a 12 meses. El interés marginal dio un salto relevante, al pasar del 2,137% al 2,64%, nivel que no se registraba desde septiembre de 2024, cuando los tipos de interés oficiales rondaban el 3,5%, muy por encima del 2% actual. Este mayor atractivo se ha reflejado también en la demanda. Las peticiones no competitivas —que corresponden mayoritariamente a inversores minoristas— superaron los 1.434 millones de euros, prácticamente sin cambios respecto a los 1.439 millones de la subasta de marzo y en niveles récord. Superan incluso los niveles registrados en los primeros meses de 2024, antes de que el BCE iniciara el ciclo de rebaja de tipos. Los 2.050,56 millones de euros restantes han correspondido a las letras a seis meses. Aunque sus rendimientos también han repuntado, lo han hecho de manera más contenida, al pasar del 2,07% al 2,39%, niveles similares a los de enero de 2025. La demanda de los particulares ha vuelto a superar los 1.000 millones de euros —hasta los 1.020 millones— por primera vez desde el pasado diciembre. Desde el inicio de la guerra en Oriente Próximo, la volatilidad y la falta de certezas se han convertido en la seña de identidad de los mercados financieros.
Yendo a lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, los ciudadanos pagarán más de 1.000 euros de diferencia en el IRPF según su comunidad autónoma. Arranca la campaña de la Renta y las diferencias de tributación de los ciudadanos serán significativas en función de la Comunidad Autónoma en la que residan. Los contribuyentes con rentas bajas y medias, entre 20.000 euros y 45.000 euros anuales, pagarán más de 1.000 euros de diferencia en el IRPF según dónde vivan, con Cataluña como la autonomía más cara y el País Vasco como la más barata para estos umbrales de renta. El Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CGE) presentó esta pasada semana el informe sobre el panorama de la fiscalidad autonómica y foral de 2026 y reflejó un ejemplo de la disparidad tributaria en el IRPF por CCAA. La muestra está hecha sobre un contribuyente que obtiene sus rentas solamente del trabajo, soltero, sin hijos y menor de 65 años. Según estos datos, un contribuyente que gana 20.000 euros al año, aunque no está obligado a presentar la Renta, paga de IRPF una media de 1.772 euros (a través de las retenciones que le hace la empresa en la nómina) en todas las CCAA, menos en Navarra, donde tributa 1.200 euros, y en el País Vasco, donde no abona nada. En el caso de tener un salario de 30.000 euros anuales, la tributación puede alcanzar los 4.958 euros en Cataluña, región más cara, frente a los 4.495 euros del País Vasco. Es decir, la diferencia es de 463 euros. Para las rentas de 45.000 euros, la brecha es mayor y alcanza los 1.063 euros. Los contribuyentes que vivan en Cataluña pagarán hasta 9.689 euros de IRPF, mientras que los que lo hagan en el País Vasco, tributarán 8.626 euros.
Los ciudadanos que ganen 70.000 euros abonarán más impuestos en Extremadura, con 19.365 euros; y menos en el País Vasco, 17.446 euros. Una brecha de casi 2.000 euros. Finalmente, para los sueldos más elevados, de 110.000 euros a 600.000 euros al año, Madrid se posiciona como la región más barata a nivel fiscal y la Comunidad Valenciana como la más cara. Como ejemplo, aquellos contribuyentes con unos ingresos de 600.000 euros pagarán 251.049 euros de IRPF en la región madrileña, frente a los 297.152 euros que asumen en la valenciana, lo que implica hasta 46.100 euros de diferencia. El motivo de estas diferencias impositivas parte de que las CC.AA tienen cedido el 50% del IRPF, el otro 50% lo gestiona el Estado- y pueden aprobar cambios en los tipos máximos y mínimos del impuesto, así como en la cuantía exenta de los salarios por los mínimos personales y familiares, es decir, la parte del sueldo que no tributa porque se considera básica para cubrir las necesidades fundamentales. El tipo mínimo estatal, aquel por el que tributan las rentas más bajas, está en el 9,5%. Cinco comunidades autónomas mantienen este umbral (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia), pero otras lo sitúan por debajo. Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León y la Comunidad Valenciana lo tienen al 9%; Cantabria y Madrid, al 8,5%; y La Rioja y Extremadura al 8%. Por tanto, los contribuyentes de estas dos autonomías que tengan rentas bajas son los que menos IRPF pagarán en total, ya que con un tipo regional al 8% y el estatal al 9,5% tributarán al 17,5%. No obstante, ganan los navarros con un tipo mínimo agregado del 13%. En el otro extremo de la tabla están los vascos, cuyo tipo mínimo es del 23%, el más alto del país para las rentas más bajas, seguidos por Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia con un tipo mínimo conjunto del 19%. Respecto al tipo máximo, aquel que afecta a las rentas más altas a partir de los 300.000 euros, a nivel estatal se sitúa en el 24,5%. Unido al de las CCAA, alcanza hasta el 54% en la Comunidad Valenciana, región donde estos asalariados pagan más; mientras que se sitúa en el 45% en Madrid, autonomía más barata. Cabe destacar como novedad que Asturias y Cataluña, CCAA que tenían el tipo mínimo por encima del estatal, lo han rebajado al 9% y 9,5% respectivamente. Asimismo, los Gobiernos regionales también han regulado los mínimos personales y familiares. A nivel estatal la cuantía del salario exento si el contribuyente vive solo es de 5.550 euros. Si además tiene hijos, puede deducirse entre 2.400 euros y 4.500 euros, según el número, o si tiene mayores a su cargo; 1.150 euros si superan los 65 años o 1.400 euros si exceden los 75 años. Sin embargo, varias CCAA han elevado estas exenciones mínimas: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Galicia, Madrid, La Rioja, Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra.
A nivel local, destacar las cifras del coche eléctrico en Asturias: 3.197 vehículos y 1.338 puntos de recarga. El Principado alcanza 22,8 puntos en el indicador nacional de electromovilidad y se sitúa por delante de comunidades como País Vasco, Galicia o Comunidad Valenciana. Asturias consolida el avance del vehículo electrificado. El Principado cerró 2025 con 3.197 matriculaciones entre eléctricos puros e híbridos enchufables y una red de 1.338 puntos de recarga pública, según el último informe de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN). En conjunto, la comunidad alcanza 22,8 puntos en el indicador nacional de electromovilidad, prácticamente en línea con la media española. En el caso de los vehículos 100% eléctricos, Asturias registró 1.622 matriculaciones, lo que la sitúa en el puesto 14 del ranking nacional. La diferencia con los grandes mercados sigue siendo notable: Madrid, Cataluña o la Comunidad Valenciana concentran la mayor parte de las ventas. Sin embargo, la posición mejora al analizar los datos en relación con la población. En ese caso, el Principado asciende hasta la décima posición, con una ratio de 1,59 vehículos por cada 1.000 habitantes. Ese dato sitúa a Asturias en una posición más competitiva frente a comunidades de tamaño similar. Dentro del grupo de regiones con entre uno y 1,5 millones de habitantes, solo Baleares presenta una ratio superior. El Principado supera además a territorios como Andalucía, Aragón o Castilla y León en este indicador. La evolución es muy parecida en los híbridos enchufables. Asturias alcanzó 1.575 matriculaciones en 2025, lo que la coloca en el puesto 13 a nivel nacional. De nuevo, Madrid lidera con claridad en volumen absoluto. Pero, al igual que ocurre con los eléctricos, el comportamiento mejora en términos relativos: la comunidad se sitúa en la décima posición por habitante, con 1,54 vehículos por cada 1.000 personas. En este caso, dentro de su grupo poblacional, solo Aragón presenta mejores cifras. Los turismos concentran la mayor parte del mercado electrificado en Asturias. Durante 2025 se matricularon 1.443 coches eléctricos y 1.497 híbridos enchufables. En volumen, el Principado se mantiene en los puestos 14 y 13, respectivamente. De nuevo, la comparación por habitante ofrece una imagen más favorable. Asturias alcanza una ratio de 1,41 turismos eléctricos por cada 1.000 habitantes, lo que la sitúa en décima posición. En híbridos enchufables, con 1,47, ocupa el puesto undécimo. Dentro de las comunidades de tamaño medio, solo Aragón mejora estos registros. La infraestructura de recarga es otro de los factores que analiza el informe. Asturias cuenta con 1.338 puntos de acceso público, lo que la sitúa en la décima posición nacional. La red está dominada por la carga lenta, con 820 puntos, frente a 244 de carga rápida y 274 de carga ultrarrápida. Aunque la distancia con las comunidades líderes sigue siendo amplia —Cataluña y Madrid cuentan con varios miles de puntos—, Asturias se mantiene por delante de regiones como Canarias, Aragón o Murcia. Esto la sitúa en una posición intermedia dentro del mapa nacional. El informe también recoge la evolución del indicador global de electromovilidad, elaborado por ANFAC. Asturias alcanza 22,8 puntos, prácticamente la media del país. En el último año, la comunidad ha sumado 8,4 puntos, uno de los mayores incrementos registrados. Solo Madrid y Navarra presentan un crecimiento superior. Con esta evolución, el Principado se sitúa en la octava posición del ranking nacional, por delante de comunidades como la Comunidad Valenciana, el País Vasco o Galicia.
En otro orden de cosas, y tratándose de empresas de importancia creciente en el Principado de Asturias, cabe destacar que Indra y Escribano retoman las negociaciones de la posible operación de integración. EM&E renunció a la mencionada operación ante las presiones del Gobierno, que alegaba, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) , un «conflicto de interés» por la relación del entonces presidente de Indra, Ángel Escribano- Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) han retomado las negociaciones de la posible operación de integración de la firma familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano en la empresa de defensa y tecnología española. EM&E «está dispuesta a hablar» sobre la continuidad del proceso, al tiempo que Indra mantenía abierta esta opción. EM&E renunció a la mencionada operación ante las presiones del Gobierno, que alegaba, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) —el mayor accionista de Indra con un 28%—, un «conflicto de interés» por la relación del entonces presidente de Indra, Ángel Escribano, con EM&E, su empresa familiar. Ahora, con la salida del ejecutivo de Indra, la operación parecería estar de nuevo sobre la mesa. Respecto al aterrizaje del nuevo presidente no ejecutivo de la compañía, Ángel Simón, señalar que ya se ha reunido con el equipo directivo en lo que está siendo su «primera toma de contacto» con el personal de Indra. Así, en un futuro próximo se definirán sus siguientes movimientos o si presidirá las comisiones delegada ejecutiva y de estrategia. Más adelante se presume que mantendrá contacto con los empleados de la multinacional.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
Página web: https://www.unioviedo.es/saotero/
Blog personal: https://catedraticasusanaalvarezotero.blogspot.com/