En esta pasada semana, Trump ha ordenado poner en marcha aranceles a la Unión Europea como represalia por el IVA. El presidente abre el proceso para fijar aranceles recíprocos a todo el mundo, pero los aplicará frente a cualquier barrera fiscal, regulatoria y comercial. El líder republicano anuncia la medida sin calendario para emplearla como herramienta de negociación. Con esto, Donald Trump da un nuevo paso en su escalada proteccionista con una especie de declaración de guerra comercial a todo el mundo. El presidente de Estados Unidos ha decidido imponer aranceles recíprocos en su comercio exterior. Eso, en principio, implica gravar las compras a sus socios comerciales con tasas equivalentes a las que estos imponen a las exportaciones estadounidenses. Sin embargo, Trump equipara a aranceles todos los obstáculos estructurales, regulatorios e incluso fiscales. En particular, quiere imponer a la Unión Europea aranceles como respuesta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que Washington interpreta sin fundamento como una barrera comercial. Además, Trump ha anunciado que aprobará pronto aranceles para los coches, los chips y los productos farmacéuticos. Los aranceles aún no están fijados ni entrarán en vigor inmediatamente, sino que Trump usará la amenaza como herramienta de negociación para reducir el disparado déficit comercial de la primera economía del mundo. Trump ha firmado esta pasada semana en el Despacho Oval de la Casa Blanca un memorando que pone en marcha un proceso administrativo para que la oficina del alto representante comercial (USTR) y el Departamento de Comercio comiencen a calcular los nuevos gravámenes. Ese proceso se superpone al abierto el pasado 20 de enero, su primer día en el cargo, cuando puso en marcha una investigación sobre las prácticas comerciales y monetarias desleales, con el foco puesto en los países con los que Estados Unidos tiene déficit comercial. Habrá que esperar a que se desvele la cuantía de los aranceles por países y la fecha de aplicación. La reciprocidad no será estrictamente simétrica, sino que tomará en cuenta todo lo que Estados Unidos considere prácticas injustas, sean regulatorias, monetarias, fiscales o de otro tipo. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, propondrá la tarifa concreta con todos los ingredientes en la coctelera y se ha comprometido a tener los cálculos listos el 1 de abril para que Trump pueda actuar. Para los países frente a los que Estados Unidos tiene mayor déficit comercial, será cuestión de semanas, ha dicho el presidente.
Según Trump, en la Unión Europea el arancel es un IVA, que está por las nubes, es algo similar a un arancel. El IVA es un impuesto al consumo que grava los productos interiores y los foráneos y, en ese sentido, no es una medida proteccionista, aunque los productos que se exportan desde la Unión Europea están exentos de IVA y sujetos a los impuestos indirectos de los mercados de destino, que en Estados Unidos son mucho menores que en Europa. Conceptualmente, el IVA no es en absoluto equivalente a un arancel, pero el asesor comercial del presidente, Peter Navarro, los presenta sin fundamento como el “ejemplo paradigmático” de las prácticas comerciales injustas.
Por otro lado, se teme que los sectores farmacéutico y automovilístico sean los más perjudicados en Europa por la guerra arancelaria de Trump. El IVA es considerado por Trump como una barrera que debe ser contrarrestada con algún impuesto equivalente para entrar en el mercado estadounidense. Trump amenaza a los BRICS con aranceles del 100 % si «juegan» con el dólar.
A nivel domestico, cabe destacar el hecho de que más de la mitad de los nuevos contratados es despedido o dimite antes de cumplir un año. La reforma laboral cumple cuatro años en vigor y logra reducir tanto la temporalidad como la rotación entre empleos, si bien todavía un contrato indefinido no es garantía de toda la vida.
Si 100 personas firman hoy un contrato indefinido y entran a trabajar en una empresa, solo 48 de ellas seguirán en la misma el año que viene. La reforma laboral cumple este 2025 cuatro años de vigencia, un tiempo en el que ha logrado imprimir estabilidad a las relaciones de trabajo en España y reducir los niveles de eventualidad a estándares europeos. Sin embargo, todavía le queda camino por recorrer para hacer más duraderas las trayectorias profesionales. Estas son las principales conclusiones de un estudio elaborado por los economistas Nuria Bustamente y Sergio Díaz, de CaixaBank Research. Su nada críptico título ya avanza las conclusiones del estudio: «La estabilidad del empleo mejora en España». Según su veredicto, la norma diseñada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y acordada con patronal y sindicatos ha cumplido su principal objetivo, si bien ha sido más efectiva en estabilizar la fórmula de los contratos y algo menos en el fondo de los mismos. A nivel de fórmula contractual, el impacto de la reforma es contundente. La supresión del contrato de obra y servicio, un mecanismo utilizado hasta entonces por muchas empresas para perpetuar a empleados bajo ese régimen que les permitía cesarlos en cualquier momento a bajo coste, ha provocado que el número de contratos indefinidos se haya multiplicado. Según los datos analizados por CaixaBank Research, antes de la reforma era habitual que en España, a lo largo de un año, se firmaran unos dos millones de contratos indefinidos. En 2024 se firmaron algo más de seis millones, tres veces más. Parte de los mismos son fijos discontinuos (que se clasifican como indefinidos), pero son una minoría. Se firman más contratos indefinidos, menos temporales y, en general, menos contratos. Lo que se traduce también en una menor rotación entre las plantillas. «La tasa de rotación se ha reducido en los últimos años, desde el 1,30% en el promedio de 2014-2019 (es decir, de cada 100 trabajadores, 1,30 se daban de alta o de baja mensualmente) hasta el 1,10% en 2024», analizan los autores del estudio. Los efectos de una planificación a más largo plazo, en general positivos, ya han sido analizados por distintos estudios. El Banco de España, por ejemplo, constató que el hecho de que hubiera más gente con contratos indefinidos provocaba un aumento del consumo e inyectaba más dinero en la economía. Y es que en tanto que los trabajadores indefinidos tienen una mayor sensación de seguridad, ahorran de manera preventiva menos y emplean ese dinero para adquirir bienes y servicios, lo que impulsa la actividad económica. Los autores de CaixaBank Research han detectado que la reforma laboral, en el actual contexto de crecimiento económico, ha incicido en dos aspectos sobre la planificación de las empresas. El punto positivo es que hay una mayor proporción que mira a largo plazo. Como muestra, el aumento del número de empleados que llevan más de dos años en la misma compañía. «El 16% de los contratos firmados en marzo de 2022 seguían en vigor un año después, frente al 11% en el caso de los contratos firmados en el mismo mes de 2017 y 2018», apuntan los autores. El punto negativo es que, mientras que la durabilidad contractual a medio plazo ha aumentado, la del corto plazo ha disminuido. «La supervivencia en el caso de los contratos indefinidos, excluidos los fijos discontinuos, se reduce del 52,5% al 48%, lo que vendría a confirmar que una parte de la inestabilidad inherente a los contratos temporales se ha trasladado a los contratos indefinidos», añaden. Es decir, hoy en día hay empresas que antes tiraban de contratos temporales y hoy tiran de contratos indefinidos, pero ya con la previsión de que despedirán a sus empleados al cabo de unos meses. Lo que, a efectos prácticos, les encarece un poco el coste laboral, pero no estabiliza al trabajador. Con permiso de la ley para reducir la jornada a 37,5 horas semanales, la otra gran reforma que tiene pendiente abordar el Gobierno en materia laboral es la reforma de la indemnización por despido. En aras de cumplir con el veredicto de las instituciones europeas, que han censurado a España por no proteger debidamente a los empleados cesados de manera improcedente, el Ministerio de Trabajo tiene pendiente abordar con patronal y sindicatos cómo reforma el sistema indemnizatorio. Lo que presumiblemente impactará directamente en los costes laborales de las empresas y que puede repercutir directamente en la durabilidad de los contratos en España. Y es que con los actuales baremos, de 33 días por año trabajado en el caso de improcedencia, las cuantías que perciben los trabajadores con poca antigüedad son exiguas. Alguien que sea cesado antes de cumplir el año puede acabar llevándose menos de un mes de sueldo. Lo que no desincentiva a las empresas a recurrir al despido y alimenta esa cifra constatada en el informe de CaixaBank Research de que más de la mitad de las relaciones laborales teóricamente indefinidas no superan el año.
En el controvertido tema de MUFACE, las aseguradoras tendrán hasta el 4 de marzo para decidir si se presentan a Muface. Función Pública confía en que las aseguradoras acudan a una licitación con 4.808,5 millones de presupuesto. Ya hay fecha. El sector asegurador tendrá hasta el próximo 4 de marzo para decidir si finalmente acuden o no al concierto de Muface, tras las mejoras en las condiciones anunciadas recientemente por el Gobierno y que implican un presupuesto para el nuevo convenio de tres años de 4.808,5 millones de euros, 1.276,5 millones de euros más que el concierto que terminaba en 2024 y que sigue vigente a la fuerza. La apertura de las ofertas económicas se realizará el 5 de marzo a las 10.15 horas y se ponderarán las ofertas recibidas tanto por sus capacidades técnicas como por la solvencia de las aseguradoras. Así consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que anunció las modificaciones en el pliego para la cobertura sanitaria de 1,5 millones de funcionarios y sus familiares. De las tres compañías que hasta ahora prestan el servicio, Adeslas y Asisa ya se mostraron proclives a presentarse, tras duras semanas de intensas negociaciones, en las que el Gobierno ha tenido que ceder en ciertos puntos, sobre todo en las primas, para mantener vivo el servicio. Por su parte, DKV parece más reacia a seguir en el concierto, sobre todo porque el planteamiento de tres años perjudica a la compañía en términos contables. La firma tampoco estaba a favor de introducir un nuevo sistema de aumento de las primas por tramos de edad, que se mantiene en los nuevos pliegos. Aun así, la firma sigue estudiando los documentos y extenderá su decisión hasta el último minuto, animada también por la cláusula que Función Pública ha introducido para el «restablecimiento del equilibrio económico-financiero». Una compensación por las posibles pérdidas que tendrían que reclamar las aseguradoras ante un «riesgo imprevisible» y la inexistencia de soluciones alternativas para paliarlo.
A nivel local, señalar que el negocio en Asturias del Sabadell Herrero sube un 6%.
Sabadell Herrero, marca del Banco Sabadell en Asturias, alcanzó en 2024 un volumen de negocio de 1.250 millones de euros, un aumento del 6% respecto a 2023. La entidad formalizó transacciones por más de 700 millones de euros en operaciones a medio y largo plazo, tanto en la inversión privada como en el sector público e institucional. «Destaca también la formalización en inversión sostenible, que alcanza los 426 millones de euros», señaló Sabadell Herrero en un comunicado. Asimismo, la entidad remarcó que ya trabaja con siete de cada diez empresas asturianas, y también que en 2024 destinó más de 100 millones en créditos para la compra de vivienda, lo que ha supuesto un crecimiento anual del 9%. Los terminales de punto de venta (TPV) del banco en Asturias registraron una facturación de 1.250 millones de euros. Por su parte, el negocio de banca privada creció más del 17% interanual en su segundo año de aplicación.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE