En esta pasada semana hemos conocido que el BEI ha aumentado un 8% su financiación a proyectos españoles en 2024, hasta los 12.300 millones. Nadia Calviño señala que 3 de los 14 proyectos en el sector de defensa del Banco Europeo de Inversiones son de España. El Grupo Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI), formado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), firmó nueva financiación por valor de 12.300 millones de euros en España en 2024. Esta cantidad supone un aumento cercano al 8% respecto a la que correspondió en 2023 (11.400 millones) y representa cerca de un 14% de la financiación total que el Grupo otorgó el año pasado (unos 89.000 millones).
Según ha explicado esta pasada semana en Madrid la presidenta del BEI, se estima que la financiación del grupo sirvió en 2024 para movilizar más de 45.000 millones de euros en España, equivalentes al 3% del PIB nacional, en inversiones públicas y privadas. Así, España se mantuvo entre los primeros receptores de financiación del grupo BEI en 2024. «En España el grupo BEI ha batido récord en sus inversiones verdes, siendo el país europeo que más financiación ha recibido para el sector de la energía, impulsando áreas prioritarias para los ciudadanos españoles como la vivienda, la salud, la educación o la gestión del agua», ha afirmado Calviño.
En otro orden de cosas, el precio del oro se dispara un 10% en lo que va de año y roza los 3.000 dólares por onza. La incertidumbre generada por Donald Trump con la imposición de aranceles y las compras de los bancos centrales empujan el rally de este metal precioso. Sin techo: así se está comportando el precio del oro en los primeros compases de 2025. Los mercados están inmersos en una fiebre del oro que no parece tener fin. Los futuros del metal precioso se han revalorizado un 10% desde principios de año y amagan con romper la barrera de los 3.000 dólares por onza ante la incertidumbre generada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la imposición de aranceles y las compras de los bancos centrales. Si se echa la mirada más atrás, este activo se ha disparado un 57% desde octubre de 2023 y su rentabilidad supera al S&P 500, al EuroStoxx 600 o al rendimiento del bono estadounidense a diez años. La onza de oro cotizaba esta pasada semana alrededor de los 2.910 dólares. Además de la incertidumbre generada en el mercado por la política comercial de la nueva administración de Estados Unidos, el metal también se ha visto impulsado por las compras de bancos centrales como el Banco Popular de China, que en enero volvió a aumentar sus reservas de oro por tercer mes consecutivo. Las tensiones geopolíticas, el incremento de las reservas por parte de los bancos centrales, la volatilidad en los mercados ante los volantazos de Trump y los recortes de los tipos de interés de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo son factores que, individualmente o combinados, han generado el escenario perfecto para que el precio del oro prosiga con su tendencia alcista en el arranque de 2025, según muchos analistas.
Y una noticia sobre la tan traída y llevada inteligencia artificial: OpenAI, propietaria de ChatGPT, rechaza oficialmente la oferta de compra de Elon Musk por 97.400 millones. En la actualidad, la empresa de inteligencia artificial sigue siendo una organización sin ánimo de lucro pero inmersa en un proceso de transición hacia un modelo de negocio lucrativo. La empresa de inteligencia artificial propietaria de ChatGPT, OpenAI, ha rechazado formalmente la oferta de compra de 97.400 millones de dólares (unos 92.800 millones de euros) presentada por un grupo de inversores encabezado por el multimillonario Elon Musk.
«OpenAI no está a la venta y la junta ha rechazado por unanimidad el último intento del señor Musk de perturbar su competencia. Cualquier posible reorganización de OpenAI fortalecerá nuestra organización sin fines de lucro y su misión de garantizar que la inteligencia artificial beneficie a toda la humanidad», ha comunicado el presidente de OpenAI, Bret Taylor. Musk, quien fue cofundador de OpenAI hace diez años, antes de lanzar una startup de inteligencia artificial competidora, reunió a un grupo de aliados adinerados para realizar una oferta de compra de los activos de la organización. Su abogado, Marc Toberoff, presentó la oferta a la junta directiva de Open AI. La oferta fue rechazada por el director ejecutivo, Sam Altman, quien en una breve frase en la red social X escribió: «No, gracias, pero compraremos Twitter por 9.740 millones de dólares si quieres». Precisamente, Musk presentó el año pasado una demanda contra OpenAI y Altman alegando que los fundadores de la compañía se habían desviado de la misión original de desarrollar inteligencia artificial para beneficio de la humanidad.
Ya en el plano doméstico, una buena noticia para los funcionarios: Adeslas vuelve a Muface y pone así punto final al culebrón de la mutualidad. La aseguradora dará asistencia a funcionarios hasta 2027. La aseguradora ha comunicado esta pasada semana su decisión de acudir al nuevo concierto de Muface, que estará vigente entre 2025 y 2027. La compañía, que lleva en el convenio de esta mutualidad administrativa desde sus orígenes, es la que más empleados públicos escogen para recibir atención médica. Su negativa a participar en la primera licitación —junto con las de Asisa y DKV, que todavía tienen que aclarar si también acudirán o no— había generado una gran incertidumbre entre el millón de funcionarios que está cubiertos por Muface.
La licitación pública ha fijado como plazo máximo hasta el 4 de marzo para que las aseguradoras interesadas se presentasen al nuevo convenio. Las otras dos compañías que han estado presentes en el concierto previo —prorrogado forzosamente para seguir atendiendo a los funcionarios— aún no se han pronunciado definitivamente. Asisa (propiedad de una cooperativa de médicos) sí que se ha mostrado muy dispuesta a mantenerse en Muface. DKV (controlada por el gigante alemán Munich Re) “sigue analizando los pliegos”, según explican desde la entidad, pero parece más reticente a aceptar la nueva propuesta. SegurCaixa Adeslas, una compañía que es propiedad en un 50,1% del grupo Mutua Madrileña y en un 49,9% de CaixaBank, explica que se presentará al concierto 2025-2027 de Muface después de constatar que, con los cambios realizados por la Administración —que supusieron mejorar la prima media del convenion anterior en un 41,2% se puede configurar un modelo viable que le permite dar continuidad al servicio sanitario de los funcionarios de Muface durante los próximos tres años. La aseguradora ha confirmado que continuará ofreciendo sus servicios sanitarios a más de dos millones de beneficiarios (que incluye a funcionarios y a sus familiares directos), tanto de Muface como de las otras dos mutualidades para funcionarios: Isfas para guardias civiles y militares; y Mugeju, para el personal de la Administración de Justicia. “Esto confirma que siempre hemos estado a favor de este modelo por los beneficios que ofrece a los funcionarios públicos y sus familiares y las ventajas que supone para el conjunto del sistema sanitario”, apuntan en la entidad. El modelo MUFACE consiste en que esta mutualidad para empleados públicos (profesores, en un 66%) permite a sus mutualistas escoger cada año si quieren recibir atención sanitaria pública o a través de las aseguradoras concertadas. El Estado —por medio del Ministerio de Función Pública— paga cada año una aportación para contratar a las compañías de seguros. Para los próximos tres ejercicios, el presupuesto es de 4.800 millones de euros. El sistema lleva 50 años funcionando pero, en los últimos años, operando bajo una permanente denuncia de infrafinanciación. En esta ocasión, el modelo ha estado a punto de descarrilar porque ninguna aseguradora quería presentarse, al considerar que la propuesta inicial (con una subida del 17%) era totalmente insuficiente para cubrir los costes que le genera el servicio a los beneficiarios de Muface. Además, el Ministerio de Sanidad —controlado por Sumar y con vocación de marcar perfil propio dentro de la coalición de gobierno con el PSOE— publicó un informe en el que se defendía que era VIABLE Y RAZONABLE que los mutualistas de Muface pasaran a ser atendidos exclusivamente por el Sistema Nacional de Salud. Función Pública llegó a hacer una propuesta intermedia, con un incremento del 33%, pero tampoco logró seducir a las compañías de seguros. Además de la mejora económica, también ha sido clave para decantar la decisión de Adeslas, el reconocimiento expreso por parte de Muface de que las aseguradoras que participen en el nuevo concierto podrán solicitar una compensación de pérdidas en caso de que sufran una desviación presupuestaria significativa.
Pasando al ámbito bancario y a la lentitud judicial, el caso Popular llega a la Sala para su juicio, más de siete años después de que se iniciara la investigación. El juzgado que ha llevado la instrucción ha elevado el sumario para que se designe el tribunal que juzgará las irregularidades en la ampliación de capital de 2016 y la fecha de la vista oral.
Siete años y cuatro meses después de que la Audiencia Nacional comenzara a investigar las consecuencias que provocaron la caída del Banco Popular, la Sala de lo Penal ha recibido el procedimiento para poder celebrar el juicio. El juzgado de instrucción que dirige el magistrado José Luis Calama ha elevado a la Sala de lo Penal el sumario del conocido como caso Popular para que designe fecha y tribunal que juzgará al expresidente de la entidad Ángel Ron, a 12 directivos y a la firma PwC y a dos auditores por las presuntas irregularidades en la ampliación de capital que tuvo lugar en mayo de 2016, un año antes de que la entidad fuera disuelta. La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años y medio de cárcel y multa de cerca de 250.000 euros para el expresidente del Banco Popular Ángel Ron, el ex-vicepresidente de la entidad Roberto Higuera y el ex miembro del consejo de administración Jorge Oroviogoicoechea por los delitos de falseamiento de cuentas y de información económico-financiera de los ejercicios 2015 y 2016. En cuanto al resto de directivos y los dos auditores, el ministerio público pide cuatro años de prisión para cada uno de ellos.
En el ámbito de los mercados de valores, la CNMV advierte de un clon de Trade Republic y otros ocho chiringuitos financieros. El supervisor ha detectado firmas que operan sin autorización y se hacen pasar por entidades correctamente registradas.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de 9 chiringuitos financieros que están prestando servicios de inversión sin estar autorizados. Entre ellos, ha detectado un clon que se hace pasar por Trade Republic y otro que suplanta a Norz Patrimonia. En concreto, los chiringuitos operan bajo el nombre de Trader Master, ACMJ, Adrofx, Blumbergtrade, Crypto Es 4 U, FXRK, 2B FX, Stocket y Trade Republic Bank. Este último es el que más llama la atención porque se ha apropiado del mismo nombre que tiene el neobroker Trade Republic Bank GMBH, que sí que está debidamente registrado en España como entidad de crédito que presta servicios de inversión en libre prestación y es seguro para los clientes. Para detectar al clon, la CNMV advierte de que la entidad suplantadora utiliza varias direcciones de correo electrónico como o traderepublic2015@gmail.com, nombre.apellido@re-publictrade.finance y nombre.apellido@tradingrepublica.com. El modo de operar es que en estos correos se presentan como empleados de Trade Republic, pero en realidad no lo son. En el caso de Trader Master, se ha hecho pasar por Norz Patrimonia, que sí es una firma de inversión inscrita en los registros de la CNMV y que ha pasado los controles necesarios para figurar en ese registro. Solo las entidades que han acreditado el cumplimiento de ciertos requisitos (capital suficiente, organización y medios adecuados) pueden aparecer en la CMNV y están sujetas a los controles de los organismos supervisores.
En otro orden de cosas, España acelera las exportaciones de vino a Estados Unidos para esquivar posibles aranceles. Los distribuidores americanos compraron un 29,5% más de litros en diciembre, para así ampliar sus existencias enantes de la hipotética subida de impuestos de Trump. Las bodegas españolas han pisado el acelerador las últimas semanas y han empezado a enviar masivamente sus stocks a Estados Unidos, antes de que el presidente Trump decida subir los aranceles a este producto. Los distribuidores norteamericanos han aumentado sus pedidos de cajas de botellas hasta el punto de que, según los datos de la aduana de EEUU, en diciembre pasado se registró «un fuerte aumento de las exportaciones, con un alza del 23% en valor y del 29,5% en volumen», ha informado la Interprofesional Vino de España (OIVE), la entidad que agrupa a los exportadores vinícolas y que atribuye este comportamiento a «una posible estrategia de acopio por parte de los importadores estadounidenses, ante la incertidumbre generada por la amenaza de aranceles».
Pasando al mercado inmobiliario y en lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy es que estamos a la cola de Europa en vivienda pública. Los países de la Unión Europea han invertido de media entre 2007 y 2022 el triple que España en políticas de viviendas, tanto en promoción como en ayudas directas.
La inversión de España en política de vivienda está muy por debajo de la media de la de los grandes países europeos, algo que explica el pobre parque público existente, de apenas 318.000 inmuebles. Así lo certifica el último Observatorio de Vivienda y Suelo publicado por el Ministerio, que analiza a partir de datos de Eurostat el gasto público en dos materias, en promoción y fomento de la edificación y en protección social. Los 27 estados que conforman la Unión Europea presupuestan el triple de fondos que España para esta materia: un total de 3.566 euros por ciudadano, frente a los 1.260 euros gastados por España entre los años 2007 y 2022, según datos de Eurostat, que engloban hasta tres gobiernos de dos signos políticos: la última legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el mandato completo del popular Mariano Rajoy y la llegada a Moncloa y tres primeros años de gobierno de Pedro Sánchez. Dado que la mayor parte de las competencias en materia de vivienda recaen en comunidades y ayuntamientos, los propietarios de casas públicas son en su mayoría entidades regionales y locales, que son propietarias de 197.000 y 121.000 inmuebles, respectivamente, según datos obtenidos a partir de encuestas a estas administraciones, cuyos resultados elevan el parque de propiedad pública hasta las 318.000 unidades. Sin embargo, otro informe de Eurostat y del Observatorio Housing Europe, que en el caso de España se basa en datos del INE, cifra el parque de vivienda en alquiler social en 596.693 casas, aunque aquí no tiene en cuenta quién es el propietario, sino únicamente el precio de arrendamiento. En cualquier caso, aún utilizando esta última cifra, el número de viviendas sociales de España por cada 100 habitantes apenas es de 1,3, muy lejos de las 3,2 de la media de la Unión Europea o de las 11,5 y 9,8 de Países Bajos y Austria, respectivamente. España está a la cola en inversión en la protección social en materia de vivienda, punto que incluye todas las ayudas públicas (transferencias o subsidios) para cubrir los gastos a propietarios o inquilinos. Entre 2007 y 2021, el país destinó un total de 23.754 millones de euros, que suponen de media 1.583,6 millones de euros al año, equivalente a invertir 34 euros por cada ciudadano. Esta cuantía está muy alejada a la de la de países como Dinamarca, Francia, Finlandia o Alemania, que destinan 318, 246 y 209 euros por cada habitante. La realidad es que la partida nacional está muy alejada de la media de la Unión Europea, que supera los 160 euros anuales. No solo eso, sino que durante el periodo analizado, el presupuesto ha caído alrededor de un 0,3%, que fue especialmente acusada durante los años 2012 y 2013, fruto de la delicada situación que vivió el país después de la crisis financiera, aunque se ha ido recuperando progresivamente a partir del 2014. En relación con el PIB, los 27 países que conforman la Unión Europea destinan casi cinco veces más dinero que España a ayudas públicas para el mercado residencial: nuestro país ha destinado un 0,14%, mientras el Viejo Continente un 0,54%. España tampoco destaca como uno de los países que más invierte en lo que Eurostat clasifica como ‘promoción de la vivienda y fomento de la edificación’ que consiste en actuaciones directas sobre vivienda y suelo protegido. Entre 2007 y 2022, los diferentes países de la Unión invirtieron casi 1.160 euros por habitante en esta materia, frente a los 750 euros que destinó España. Esto se traduce en una media anual de 72,5 y 46,9 euros, respectivamente.
En el ámbito laboral, finalmente señalar que el SMI ya supone más del 70% del sueldo medio de las compañías más pequeñas, según Cepyme. El SMI anual, dividido por el tiempo de trabajo efectivo, supone un coste para el empresario de hasta 2.077 euros al mes, según los cálculos de la organización.
La última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.184 euros en 14 pagas ha puesto en jaque a las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas. Según según el último informe Salarios, repercusión de la subida del SMI, elaborado por el servicio de Estudios de Cepyme, el incremento acumulado del 71% desde 2016 ha generado «una presión sin precedentes sobre el tejido empresarial más frágil del país». El documento recalca que el SMI de 2025 ya supone más del 70% del suelo medio de las compañías más pequeñas. Además, el SMI anual, dividido por el tiempo de trabajo efectivo, supone un coste para el empresario de hasta 2.077 euros al mes. Las microempresas y pequeñas empresas son las más afectadas. En estos negocios, que representan el 99% del tejido productivo español, el SMI supone ya más del 70% del salario medio ordinario de jornada completa. El informe destaca que debido al aumento de los costes laborales, las microempresas han dejado de crear 350.000 empleos que habrían generado en condiciones de crecimiento estable. De este modo, los sectores más intensivos en mano de obra —como el comercio minorista y la hostelería— han sufrido especialmente. “Desde 2018, el SMI crece el doble que las ventas del comercio minorista y más de tres veces que las ventas de los comercios de un solo establecimiento, bares y restaurantes”, muestra el informe. Esta descompensación erosiona la rentabilidad y dificulta la inversión. Dentro de las pymes, hay sectores más afectados. Son aquellos que tienen un menor margen de rentabilidad y alta dependencia de trabajadores con salarios cercanos al mínimo. Entre ellos destacan:
- Comercio minorista: Los pequeños comercios han visto cómo el SMI ha subido un 54,1% desde 2018, mientras que las ventas solo han crecido un 30,7%.
- Hostelería: Con un crecimiento de ventas del 18,1% en el mismo período, el sector enfrenta dificultades para absorber el alza de los costes laborales.
- Actividades de limpieza y servicios auxiliares: Donde el salario mínimo supone un porcentaje elevado del coste total de la empresa.
En términos geográficos, el impacto es también desigual. En provincias con menor nivel salarial, como Ávila, Zamora y Toledo, el SMI ya representa más del 75% del salario medio. Esto reduce la competitividad de las empresas locales y dificulta la contratación, exacerbando problemas como la despoblación y la falta de inversión. Más allá de la cifra del SMI, el coste real para los empresarios es significativamente mayor, ya que a los 1.184 euros hay que sumarle cotizaciones y otros gastos, elevando el coste total por empleado hasta entre 1.904 y 2.077 euros mensuales. Además, al dividir el gasto anual entre 11 meses de trabajo efectivo, el coste mensual real es aún mayor. También advierten que la subida del SMI, que ha crecido un 71% desde 2016, incentiva la mecanización de la producción, ya que el coste de las máquinas solo ha subido un 17%. Esta tendencia podría tener un efecto negativo en la creación de empleo, especialmente en sectores con tareas fácilmente automatizables.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE