En esta pasada semana, el ataque de Israel a Irán y las represalias han disparado, nuevamente, el riesgo geopolítico lo cual ha pasado factura a las bolsas. Según señalo en el titular del blog, el petróleo se dispara hasta un 13% por el ataque israelí a las instalaciones nucleares de Irán. Es una consecuencia de este nuevo incremento de la tensión geopolítica a nivel mundial. Se ha producido una importante escalada en el enfrentamiento por el programa atómico de Teherán que corre el riesgo de desencadenar en una nueva guerra en Oriente Medio. El ataque con drones y misiles ha provocado que el Ministro de Defensa de Israel haya tenido que declarar el estado de emergencia especial y se produce en medio de los esfuerzos diplomáticos entre Irán y Estados Unidos que estaban manteniendo encuentros informales con el objetivo de rebajar tensiones y retomar el diálogo sobre el programa nuclear iraní. El barril de petróleo ha reaccionado con subidas que han llegado a superar el 13% en la referencia Brent que se sitúa, hasta ahora, como la más alcista del último lustro. De hecho, desde la crisis atravesada por el oro negro hace ya más de cinco años -con la pandemia de Covid-19- no se veía una subida tan vigorosa. Las tensiones entre Israel y EEUU contra Irán no son nuevas. En los últimos años ha habido constantes problemas entre las tres potencias, con amenazas e incluso ataques, pero en los últimos meses las negociaciones sobre un nuevo acuerdo nuclear habían creado un paréntesis en el conflicto, que volvió a abrirse tras el aviso de la Organización de Naciones Unidas, cuyo representante sobre el terreno ha informado de que el país chií no está cumpliendo con sus obligaciones. El último desafío de Irán, que ha jurado borrar a Israel del mapa, habría convencido al gobierno de Netanyahu de la necesidad de atacar ahora a su histórico rival, algo en lo que llevaba meses insistiendo, pero que no había conseguido el visto bueno de Estados Unidos, que prefería negociar primero antes de que el conflicto a gran escala se desatase.
Pasando a terreno doméstico y algo más calmado, los auditores alertan de los riesgos de eximir a unas 4.000 pymes de auditar sus cuentas.
Dos asociaciones profesionales alegan que el anteproyecto de ley de Economía puede mermar la transparencia corporativa. Los auditores han encendido las alarmas ante la reciente propuesta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de modificar los límites para que una compañía tenga que ser auditada obligatoriamente, lo que supone —según estimaciones del mismo Gobierno— que alrededor de 4.000 firmas queden exentas del examen a sus cuentas anuales. El ministerio de Carlos Cuerpo presentó el Anteproyecto de Ley por el que se alteran los criterios de tamaño de las empresas o grupos de empresas a efectos de información corporativa, que ya ha pasado por dos fases de consulta pública. La principal novedad del texto es que las pautas que toman como referencia el valor de los activos y de la facturación de las empresas se incrementen un 25%. Esta situación ha despertado una gran preocupación entre los censores de cuentas que alertan de una posible merma en la transparencia económica si sale adelante una medida que, además, supondría una pérdida de negocio para estos profesionales. Tanto el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) como el Consejo General de Economistas de España (CGE) acordaron solicitar al Gobierno la retirada de la propuesta para corregirla antes de que el texto sea objeto de debate en el Parlamento, según han descrito en un comunicado conjunto esta pasada semana. Ambos trasladaron a Economía sus observaciones al Anteproyecto la semana pasada, y coincidieron en “la necesidad de mantener los límites de las auditorías obligatorias en los niveles actuales” o, en su caso, en que “el incremento a realizar [de los valores de referencia] debería ser menor”. Con la propuesta, que ya se sometió a una primera consulta pública hace aproximadamente un año, se pretende “racionalizar las obligaciones de presentación de información corporativa”. Sin embargo, el presidente del ICJCE, Víctor Alió, difiere: “Siguen confundiendo la auditoría de cuentas, que es una herramienta de gestión y para la mejora de la eficiencia, con una carga administrativa”, sostiene. Esta es una de las ideas centrales del escrito que la corporación ha presentado como respuesta a los cambios planteados por Economía. Entre otros alegatos, los auditores sostienen que la medida representa un retroceso en la lucha contra la economía sumergida. Detallan que eliminar las auditorías obligatorias en las pymes mermará la calidad de la información a la que tienen acceso los accionistas, las entidades financieras y las Administraciones públicas, aumentará el riesgo de cometer errores contables y provocará un mayor riesgo de evasión de impuestos y de otros delitos de carácter económico. El presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez Taín, argumenta que “los beneficios de la auditoría de cuentas, para el interés general, para el control fiscal y para la buena gobernanza de las compañías, superan con creces sus costes”. De acuerdo con los expertos, lejos de generar ahorro, la propuesta podría implicar mayores costes a medio plazo para las pymes. El presidente del Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas de España (REA-CGE), Emilio Álvarez, detalla que “reducir el alcance obligatorio de la auditoría debilita la cultura de control e incrementa significativamente riesgos asociados a procesos clave como el acceso a la financiación, la participación en procedimientos de contratación pública y la gestión adecuada de subvenciones”. Además, según Álvarez, “si las empresas pequeñas reducen sus controles de cumplimiento, podrían derivar estos costes a la cadena de suministros de empresas más grandes”. El cambio normativo también podría tener efectos negativos en la competencia del sector e impactar la viabilidad de los despachos de auditoría más pequeños, así como destruir puestos de trabajo. La presidenta de la Comisión de pequeños y medianos despachos del ICJCE, Isabel Ezponda, advierte de que que esta situación se enfrenta a uno de los objetivos de la última reforma de la Directiva europea que regula la Auditoría de Cuentas y de la Ley de Auditoría de Cuentas española de 2015, el de “reducir el grado de concentración del sector e incrementar los niveles de competencia”. Los expertos tampoco hallan sentido en el límite propuesto por Economía. Explican que el 25% fijado en el anteproyecto se corresponde con el aumento que la Unión Europea ha aprobado llevar a cabo en los criterios que se usan para definir el tamaño de las empresas y que se estableció con base en el índice de precios en Europa del decenio 2013-2023. No obstante, matizan que en España estas cifras tuvieron un comportamiento distinto y concluyen que “si se usa como referencia el dato de la inflación, lo normal es que se adapte a la evolución de los precios en España y la propuesta se corrija a la baja”.
En otro orden de cosas, el Gobierno demora la jubilación parcial de los funcionarios y sanitarios ‘sine die. Los funcionarios del Estado y el personal sanitario siguen esperando a la jubilación parcial un derecho que perdieron hace 13 años, en 2012, por los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, ex presidente de España, y que todavía no han recuperado. Ahora, la introducción de este tipo de retiro se encuentra parada en la Comisión de Hacienda y Función Pública después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO el pasado mes de diciembre para recuperarlo, una modificación que fue imprescindible para firmar el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI. Una vez finalizado el informe de ponencia, el documento se debatirá en este grupo de trabajo para después trasladarse, en forma de dictamen al Pleno del Congreso para su votación y, una vez aprobado en la Cámara Baja, tendrá que pasar por el Senado. La expectativa es que la votación en el Congreso no llegue hasta después del verano «a no ser que PSOE y Sumar aceleren el debate». Sin embargo, UGT asegura que esperan que la jubilación parcial llegue antes de que acabe el año, aunque señalan que ahora se encuentra parado porque depende íntegramente de lo que ocurra en el Parlamento. En octubre de 2022, Función Pública firmó con sindicatos el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. Entonces, el pacto incluía el compromiso de recuperar la jubilación parcial para los funcionarios y personal sanitario, el retiro que permite compatibilizar un trabajo a tiempo parcial con el cobro de parte de la pensión. El desarrollo de este acuerdo llegó en diciembre del año pasado, cuando el ministro, Oscar López firmó recuperar el derecho a este tipo de retiro. Los cambios no llegaron hasta el mes de febrero, cuando el Partido Socialista presentó 37 enmiendas al Proyecto de Ley de Función Pública, pero que también afecta a otras tres normas: el Estatuto Básico del Empleado Público – añadiendo una disposición específica sobre jubilación parcial-, la Ley General de la Seguridad Social -a través de la que se regulará la edad, cotización y reducción de la jornada- y la Ley de Clases Pasivas del Estado -que también requiere ajustes para incluir esta modalidad de jubilación. El cambio principal que introdujo entonces el PSOE era recuperar el derecho a la jubilación parcial. Para ello, añade un apartado en el artículo 27 de la norma. Además, eleva la edad máxima de jubilación hasta los 72 años para aquellos funcionarios que quieran seguir trabajando, de manera voluntaria, una vez lleguen a la edad ordinaria de retiro. Entre las enmiendas que presenta el Partido Socialista se incluye que el personal empleado público que haya cumplido la edad de jubilación y reúna los requisitos para causar derecho a la pensión de jubilación, siempre que se produzca una reducción de su jornada de trabajo comprendida entre un mínimo del 25% y un máximo del 75%, podrá acceder a la jubilación parcial sin necesidad de sustitución del jubilado parcial. A través de esta modificación, el Gobierno abre la puerta a que la figura del relevista no condicione la jubilación parcial de ningún empleado público. Con respecto a la duda de si podría salir adelante sin los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como ocurre con otras cuestiones relacionadas con los empleados públicos, esta reforma en la Ley de Función Pública se puede llevar a cabo sin la aprobación de las cuentas.
A nivel local, señalar que la inflación se come a los salarios en Asturias: los trabajadores pierden 955 euros desde la pandemia. El poder adquisitivo en la región cae un 4,1% en los últimos seis años a pesar de que el salario medio pasó de 1.709 euros a 1.943 euros mensuales de media. El poder adquisitivo de los trabajadores asturianos ha caído un 4,1% entre 2019 y 2024. Así lo indica el «XI Informe Monitor Adecco de Salarios 2025», elaborado a partir de los datos del INE y Eurostat. Esta pérdida sitúa al Principado como la cuarta comunidad autónoma con mayor retroceso en la capacidad de compra de sus asalariados en ese periodo, que engloba tanto el año previo a la pandemia como el proceso de salida del Covid-19. Según el informe, la media nacional de pérdida de poder adquisitivo entre 2019 y 2024 es del 1%. Asturias supera esa cifra en 3,1 puntos porcentuales y solo tres comunidades registraron una pérdida más elevada: Cantabria (-7,3%), País Vasco (-4,6%) y Canarias (-4,2%). En total, 14 comunidades autónomas registraron pérdidas de poder adquisitivo y solo cuatro lograron incrementos: Murcia (+2,9%), Baleares (+1,6%), Extremadura (+0,7%) y Madrid (+0,3%). La caída acumulada de poder adquisitivo en Asturias entre 2019 y 2024 se traduce en una reducción de 79,66 euros mensuales, lo que equivale a 955,92 euros anuales en capacidad de compra real, según el salario medio de 1.943 euros en 2024 que se refleja en el informe. Esta cantidad sitúa a Asturias por debajo de la media nacional (1.988 euros). Una situación que ocurre por tercer año consecutivo, ya que entre 2017 y 2021 la región estaba por encima de la media nacional. En este sentido, el informe señala que solo cuatro comunidades autónomas tuvieron en 2024 un salario medio superior a la media nacional: Comunidad de Madrid (2.367 euros), País Vasco (2.244 euros), Navarra (2.154 euros) y Cataluña (2.122 euros). El Principado se encuentra en un nivel intermedio dentro del conjunto autonómico, con Extremadura (1.642 euros) y Canarias (1.669 euros) en las posiciones más bajas. Cabe destacar que entre 2019 y 2024, el salario medio en Asturias creció desde los 1.709 euros hasta los 1.943 euros mensuales. La evolución anual fue la siguiente: 1.709 euros en 2019, 1.671 euros en 2020, 1.754 euros en 2021, 1.779 en 2022, 1.864 euros en 2023 y 1.943 euros en 2024. Sin embargo, no ha sido suficiente para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores. Durante ese mismo periodo, el salario medio en España pasó de 1.694 euros a 1.988 euros. Por otro lado, el informe también analiza la relación entre el salario mínimo y el salario medio en cada comunidad. Asturias es una de las seis comunidades donde el salario mínimo equivale a menos del 60% del salario medio. Las otras cinco son Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña y Baleares. En el extremo opuesto, en comunidades como Extremadura (69,1%) y Canarias (67,9%), el salario mínimo representa un porcentaje mucho mayor sobre el salario medio. El informe destaca la dispersión existente entre comunidades. En 2024, la diferencia entre el salario medio más alto (Madrid, con 2.367 euros) y el más bajo (Extremadura, con 1.642 euros) es de 726 euros mensuales, lo que equivale a una brecha de más de 8.700 euros al año. En otras palabras, un asalariado medio en Madrid percibe en poco más de ocho meses lo que uno en Extremadura gana en todo el año. El caso de Asturias, con un salario medio de 1.943 euros, se sitúa entre ambos extremos. El salario medio nacional aumentó un 17,4% entre 2019 y 2024, pasando de 1.694 a 1.988 euros mensuales. En el mismo periodo, el salario en Asturias creció un 13,7%, desde 1.709 a 1.943 euros. Esto significa que el incremento salarial en Asturias fue inferior al nacional en términos porcentuales. Esta diferencia de crecimiento, unida a una inflación acumulada más alta, explica que Asturias haya registrado una pérdida real del 4,1% en el poder de compra de su salario medio, frente al citado 1% de caída a nivel estatal.
Evidentemente, no son buenas noticias para el Principado de Asturias y es una línea más en la que debemos mejorar.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD ACREDITADA PARA CÁTEDRA DE UNIVERSIDAD E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.