En esta pasada semana ha habido muchas noticias vinculadas a la OPA hostil que viene a ser el culebrón bancario de la temporada. El Gobierno ha decidido endurecer las condiciones a la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, en un momento de extrema debilidad política por la crisis del ‘caso Koldo’ que ha obligado al Ejecutivo a actuar con mayor contundencia de lo esperado. Tras varias semanas de análisis y una inédita consulta pública de por medio, el Consejo de Ministros ha acordado finalmente aprobar la opa, pero con unas condiciones que obligarán a BBVA a mantener a Sabadell por separado durante tres años, prorrogables otros dos, eliminando la posibilidad de despidos en el proceso y la alteración de la red de oficinas. La medida, amparada en el «interés general», deja en el aire el futuro de la operación, pues podría afectar a las sinergias estimadas en un principio por BBVA (unos 850 millones de euros brutos al año, incluyendo el cierre de 300 sucursales). En concreto, los límites impuestos obligan a que la entidad mantenga «la personalidad jurídica, el patrimonio y la autonomía de gestión» del Sabadell durante ese plazo de tres años. Es en este último punto en concreto donde BBVA podría encontrar la base para continuar con la operación. Sobre todo porque, tal y como detalló el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo que sí podrá hacer la entidad es elegir al consejo de administración de BBVA, con un mínimo de independientes. Cuerpo advirtió que esa nueva cúpula que pueda nombrarse debe respetar las normas de Buen Gobierno Corporativo y «la independencia de la gestión».En el pliego de condiciones, el Gobierno incide de forma especial en la necesidad de «maximizar el valor de cada una de las entidades», justificando así esa urgencia por mantener la plantilla de un total de 43.000 trabajadores en España. Pero la duda es si esa «autonomía» permitiría que los nuevos consejeros puedan decidir ajustes de plantilla o sucursales bajo otros criterios al margen de la opa como, por ejemplo, los avances tecnológicos.
Cuerpo insistió en que el «interés general» en la autonomía de gestión se debe concretar en la toma de decisiones que afecten a factores como las políticas de financiación y crédito, en particular a las pymes, a los recursos humanos, la red de oficinas y servicios bancarios. «Estamos hablando de ser capaces de conservar la riqueza de la especialización de ambas entidades, el vínculo con su clientela, con las pymes… pero en general de la protección de la proximidad en términos territoriales que garantice una cobertura efectiva en el territorio que cubren los dos bancos», apuntó.
Próximos pasos
Tras la decisión de Moncloa, y tras un largo y tortuoso proceso de 13 meses, la CNMV tendrá vía libre ya para aprobar el folleto de la opa. Un documento que está ya muy avanzado y que podría ver la luz «en unas tres semanas», incluyendo las posibles revisiones tras las nuevas condiciones del Gobierno, tras un largo periodo que va ya para casi 14 meses, más del doble de lo estimado inicialmente por la entidad vasca. Con el folleto sobre la mesa, BBVA debe decidir el plazo de periodo de aceptación, con un mínimo de 15 días (30 por la normativa estadounidense) y un máximo de 70 días. Con el calendario en la mano, es previsible que se decida llevar el fin del proceso a septiembre, para evitar que los accionistas tengan que decidir durante el mes de agosto, prácticamente inhábil para los inversores. Los plazos han sido, precisamente, una de las principales herramientas del Sabadell a la hora de defenderse de la opa de BBVA. Cuanto más alargue la operación, mayor desgaste para el banco vasco. Con la vista puesta ya en septiembre, el propio Banco de España lanzó esta pasada semana una advertencia, al asegurar que se debería revisar la normativa en vigor sobre la ley de opas para agilizar los plazos de estas operaciones. El gobernador José Luis Escrivá alerta, de hecho, de que los 13 meses que ya dura la opa «ha llevado a ambas entidades a no estar siempre focalizadas en lo que debe ser su actividad principal». «Nosotros nos pronunciamos hace casi un año, ha transcurrido ya un año, todavía puede que queden, según cómo evolucionen las cosas, unos cuantos meses más, y nosotros como responsables de la solvencias y el comportamiento de los bancos, nos parece que es un periodo demasiado largo», apuntó Escrivá.
Por su parte, el Sabadell advierte a sus accionistas de que tendrán que pagar impuestos si acuden a la opa del BBVA. González-Bueno defiende que la operación «no tiene sentido» e insta al BBVA a «considerar si le compensa seguir adelante y en qué condiciones» Se ha advertido esta pasada semana a los accionistas de su banco de que tendrán que pagar impuestos si acuden a la oferta de compra (opa) del BBVA, en contra de lo que suele ser habitual en el caso de las operaciones que, como esta, se articulan principalmemte mediante un canje de acciones. Tras una consulta al Ministerio de Hacienda, ha precisado, en este caso los propietarios de los títulos sí tendrían que tributar, ya que la pequeña parte en efectivo de la oferta (70 céntimos por título, fruto del abono de dividendos por parte del BBVA desde que lanzó la opa) supera el 10% del valor nominal de las acciones del BBVA (49 céntimos). Según cálculos del Sabadell a partir de los datos de sus accionistas que tienen depositados los títulos en la propia entidad, ello implicaría que el 88% de sus propietarios minoritarios o particulares (que representan algo menos de la mitad del capital) tendrían que pagar más impuestos de lo que recibirían en efectivo si aceptasen la opa. El hecho de que dicho pago en efectivo del BBVA supere el valor nominal de sus acciones implica que la transacción se contemplaría como una venta a efectos fiscales, y no un canje de títulos, y por lo tanto tributaría como un rendimiento del ahorro. Las personas físicas, recuerda el Sabadell, pagan en la declaración de la renta por entre el 19% y el 30% de las plusvalías, mientras que las personas jurídicas abonan el 25% en el impuesto de sociedades. La venta no tiene retención en el momento de aceptar la opa, pero sí debe incluirse al hacer la declaración de ambos tributos. En el caso de los no residentes en España, claves en esta operación por la presencia de fondos de inversión extranjeros en el accionariado, depende del país en el que estén establecidos a efectos fiscales. González-Bueno, asimismo, ha defendido que la opa «en sí misma no tiene sentido» y que la condición de no fusión durante entre tres y cinco años que le ha impuesto el Gobierno le resta posibilidades de éxito. »
Yendo a lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, la gran subida de impuestos que nadie ve, afecta a todo el mundo y revela que hoy somos más ‘pobre’ que hace 17 años- España vive un periodo paradójico en lo económico: mientras los indicadores ‘macro’ apuntan a un crecimiento sostenido e intenso, la percepción de los hogares y su situación real en términos de renta han empeorado respecto a 2008. Uno de los factores clave detrás de esta disonancia es el fuerte aumento de la presión fiscal, especialmente a través del IRPF. Aunque el déficit público ha mejorado y la recaudación ha batido récords, esto ha sido en gran parte a costa de una renta disponible de los hogares que hoy es más baja, en términos reales, que hace más de quince años. Es decir, mientras que la economía crece en términos agregados, buena parte de los ciudadanos vive hoy peor que en 2008 en términos de capacidad de compra con su renta disponible. Desiderio Romero Jordán, Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos ha realizado estos cálculos que revelan una fotografía bien diferente a la que se veía hasta ahora. Aunque el sentimiento de la calle no es positivo en términos generales, los datos oficiales parecían revelar que España se había recuperado por completo de las heridas de 2008. El PIB es hoy mucho mayor que en 2008. Sin embargo, un indicador clave como la renta disponible real demuestra que los españoles son hoy más pobres que hace 17 años. Romero Jordán comienza explicando que la recaudación de los cuatro principales impuestos (IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades e Impuestos Especiales) subió un 8,1% en 2024, alcanzando los 281.174 millones de euros. Este incremento ha situado su peso en el PIB en el 17,7%, frente al 17,4% del año anterior. Solo el IRPF representó el 40% de este aumento, seguido por el IVA (29,1%), el Impuesto de Sociedades (17,7%) y los Impuestos Especiales (6,6%). En paralelo, la presión fiscal combinada con cotizaciones sociales alcanzó el 30,9% del PIB. El caso del IRPF es especialmente significativo. La carga media real del impuesto sobre la renta se situó en 2024 en un índice de 114,4 (tomando como base 100 base el año 2008), mientras que la renta neta media real por hogar apenas llegó al 95,7 (también tomando el año 2008 como base 100). Esto significa que, aunque los hogares pagan más IRPF que en 2008, su capacidad económica real (para adquirir bienes y servicios) ha disminuido. La ausencia de una indexación del IRPF a la inflación (con mínimos, deducciones y tramos congelados) ha provocado un fenómeno de «progresividad en frío» que ha deteriorado la renta neta disponible. Para entender este fenómeno es útil poner un ejemplo numérico para ver cómo afectan los tramos de IRPF y otros componentes que no solemos tener en la cabeza. Este es un ejemplo ficticio: un trabajador que cobre 20.000 euros abona un tipo marginal del 24%. Si su salario sube, por ejemplo, un 6% para compensar una subida de la inflación idéntica, pasaría a cobrar 21.200 euros y, en principio, amortiguaría el impacto de esa inflación. Sin embargo, esto no es así porque a partir de 20.200 euros el tramo de IRPF salta del 24% al 30%, por lo que el contribuyente tendría que tributar un 30% por 1.000 de los 1.200 euros que le ha subido el sueldo. Si, por el contrario, se ajustasen los tramos a la inflación, ese siguiente tramo no empezaría hasta los 21.412 euros, por lo que el trabajador seguirá sufriendo el mismo tipo efectivo y el mismo tipo marginal del 24%, conservando su poder adquisitivo. La historia de ‘injusticia’ fiscal no acaba aquí.
Un ejemplo muy sencillo
Otro ejemplo sencillo y muy infantil. Imagine que en el año 2023 usted gana 100 euros al mes en una economía donde solo hay dos tramos de IRPF. Uno del 10% para los primeros 100 euros y otro del 20% que se paga a partir de los 100 euros en adelante. Si la inflación sube un 100% y a usted le suben el sueldo a 200 euros para compensar, realmente su poder adquisitivo es el mismo, aunque la hayan duplicado el sueldo. Usted no es más rico, en realidad es más ‘pobre’ porque desde los 101 euros hasta los 200 ha tenido que pagar un 20% de IRPF. Su renta disponible real es menor, mientras que la recaudación del Gobierno se ha disparado.
A nivel local, hasta abril, la rehabilitación de viviendas ha experimentado un repunte del 68% con respecto al mismo periodo del año anterior. Profesionales del sector apuntan que los alquileres turísticos y las segundas residencias están detrás de un auge que ya empieza a notarse en zonas lejos de la costa. «Están tirando también por la Cuenca, que está muy revalorizada»
De acuerdo con el último informe sobre vivienda en el Principado de la Confederación Asturiana de la Construcción (Asprocon), hasta abril las reformas de viviendas han experimentado en la región un repunte del 68% respecto al mismo periodo del año anterior. En los cuatro primeros meses del año se visaron 299 viviendas rehabilitadas, frente a las 178 registradas en el primer cuatrimestre de 2024, especialmente en Gijón y Llanes. Gijón y Llanes son los puntos donde más ha aumentado este fenómeno, lo que parece apuntar a una relación directa con el auge del turismo, las segundas residencias y los alquileres vacacionales. El concejo llanisco, por ejemplo, que en 2024 apenas contaba con cinco viviendas rehabilitadas, cifra que actualmente llega a 19. Gijón, por su parte, lidera el listado con 121 rehabilitaciones, prácticamente triplicando las 44 del año anterior. El resto de concejos asturianos también incrementan sus cifras, pasando de 86 a 119 viviendas rehabilitadas. Además, según el informe, la inversión en rehabilitación pasa de 13,9 millones de euros en 2024 a 20 millones en 2025, lo que representa una subida del 43%.
Por otro lado, Duro Felguera anuncia un ERE para casi todas las empresas del grupo. Las plantillas de las sociedades incluidas en el ajuste suman 699 empleados, pero hasta agosto no se conocerá el número de afectados. Duro Felguera ha comunicado esta pasada semana a su plantilla un ERE colectivo, cuyas cifras se conocerán en las próximas semanas. La medida afecta a las siguientes empresas del grupo: DFSA, tanto a los centros de trabajo de Asturias como de Madrid; DFOM, en sus centros de trabajo de Asturias, Cartagena, Huelva, Tarragona, Las Palamas y Madrid; DF Energy Storage, S.A, que engloba a sus centros de trabajo de Asturias, Huelva y Madrid; DF Intelligent Systems, S.A., con centro de trabajo de Asturias; y DF Green Tech, S.A, también con centro de trabajo de Asturias. No se verán afectadas ni Calderería Pesada (conocida popularmente como El Tallerón) ni DF Mompresa. La plantilla total de las empresas englobadas en el ERE es de 699 empleados, pero ahora queda por decidir cúantos trabajadores se ven afectados. Esta cifra se determinará en la negociación, que comenzará en días. Y los primeros números se darán a conocer al inicio del periodo de consultas. La compañía ha anunciado que durante la primera semana de julio se constituirá la mesa negociadora y el inicio del periodo de consultas. El periodo de consultas finalizará en la semana del 7 de agosto. La decisión llega tras días después del balón de oxígeno que recibió la ingeniería ante su complicada situación financiera, cuando el juzgado mercantil número 3 de Gijón autorizó una prórroga del preconcurso de acreedores de la compañía hasta el próximo 31 de julio. En el auto, el magistrado titular, Rafael Abril, estimó «procedente» acceder a un nuevo aplazamiento solicitado por Duro, que antes había logrado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) relaje las condiciones de su préstamo de 100 millones de euros de créditos participativos, otorgando así más margen a la compañía para realizar el plan de reestructuración con el que pretende esquivar la quiebra. El auto recogía que los bancos acreedores Sabadell, Santander y Unicaja, que poseen el 63,69% de los préstamos de Duro, han dado el visto bueno a la petición de la prórroga.
Y cierro esta entrada del día de hoy con una gran noticia local, de la que todos estamos muy contentos.
Duro Felguera venderá a Indra «El Tallerón» por 3,6 millones. Indra había presentado el pasado mes de mayo a Duro Felguera una oferta vinculante para adquirir el centro de producción de Gijón con el objetivo de transformarlo en una de las más modernas fábricas de vehículos militares y carros de combate de Europa. Duro Felguera ha llegado a un acuerdo preliminar con Indra para la venta de la factoría de su filial DF Calderería Pesada, en Gijón, conocida como «El Tallerón», por 3,6 millones de euros. Indra había presentado el pasado mes de mayo a Duro Felguera una oferta vinculante para adquirir el centro de producción de Gijón con el objetivo de transformarlo en una de las más modernas fábricas de vehículos militares y carros de combate de Europa. El acuerdo final se cerrará en los «próximos días» e incluye el mantenimiento del empleo para los 156 trabajadores de la planta asturiana. Dicha oferta para hacerse con una planta que cuenta con 75.000 metros cuadrados incluía además la incorporación de sus más de 150 profesionales. La venta de la factoría se enmarca en el plan de reestructuración en el que está inmerso el grupo de ingeniería y bienes de equipo, que cuenta con unos 1.500 trabajadores.El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón concedió la semana pasada a Duro Felguera una segunda prórroga del preconcurso de acreedores, que se prolongará hasta el próximo 31 de julio. Duro Felguera solicitó el preconcurso el pasado 11 de diciembre con el fin de aprobar un plan de reestructuración para garantizar su «viabilidad futura y la conservación del mayor número de puestos de trabajo posible», y también para buscar una solución a los litigios que le afectaban, especialmente el relacionado con un proyecto en Argelia. Una vez obtenida la segunda prórroga, la empresa comunicó a la representación de la plantilla su intención de aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción para parte de su plantilla. El despido colectivo afectará a cinco sociedades que suman una plantilla de 699 trabajadores, si bien el grado de afectación se determinará en la negociación y las primeras cifras se darán a conocer al inicio del periodo de consultas. La previsión es que la mesa negociadora se constituya en la semana del 7 de julio y que el periodo de consultas se prolongue durante un mes. La medida afectará a las empresas DFSA (centros de trabajo de Asturias y Madrid), DFOM (Asturias, Cartagena, Huelva, Tarragona, Las Palmas y Madrid), DF Energy Storage (Asturias, Huelva y Madrid, DF Intelligent Systems (Asturias) y DF Green Tech (Asturias). El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha indicado que el anuncio del acuerdo de compra de ‘El Tallerón’ de Duro Felguera por parte de Indra demuestra que Asturias es una región muy competitiva a la hora de captar este tipo de proyectos y supone «un paso firme» para el crecimiento de la industria de defensa en la región. Sánchez ha valorado especialmente que se garantice el futuro de más de 150 familias que trabajan en ‘El Tallerón’. El acuerdo de compra supone, además, el cumplimiento del compromiso anunciado por la empresa. «Son más de dos años de trabajo discreto, donde las diferentes cuestiones sobre la mesa se han ido atendiendo y ahora fructifican con la compra del Tallerón, y demuestra que Indra cumple con las promesas que realiza», ha precisado el consejero. Para Sánchez, este proyecto supone «un primer paso, una puerta que se abre a la industria de defensa, un sector que va a crecer no solo en temas de producción, sino de tecnología». Para el consejero de Industria una de las claves es que se trata de «un sector tractor, que arrastra I+D y tecnologías duales. Va a estar en el centro de la transformación industrial».
Esperemos que de los muchos fracasos que acumulamos en Asturias, esta operación resulte exitosa y salga para adelante, por el bien de todos.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD ACREDITADA PARA CÁTEDRA DE UNIVERSIDAD E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.