La última jornada de la semana mantuvo la tónica de sesiones anteriores, con cierres mixtos en Europa y un sesgo positivo influenciado por el cierre previo de Wall Street, que finalmente impulsó a sus índices a nuevos máximos históricos, a pesar de las dudas existentes en el momento del cierre europeo. El cierre de la Administración también implica la paralización de la recogida de datos oficiales, lo que provocará retrasos si se prolonga. Aun así, se siguen publicando las encuestas privadas (soft data), elaboradas por institutos y empresas. En Europa se conocieron los PMI definitivos de septiembre para servicios y el compuesto, después de que se publicaran los de manufacturas. También se publicaron las cifras definitivas en EE. UU.

A nivel doméstico cabe destacar que la pensión media de jubilación alcanza los 1.508,7 euros mensuales, un 4,3% más que hace un año. La Seguridad Social destinó en el pasado mes de septiembre la cifra récord de 13.638 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, casi un 6,1% más que en igual mes de 2024, según ha informado esta semana el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La nómina de septiembre incorpora la revalorización de las pensiones aprobada para este año, del 2,8% con carácter general, y de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas. Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de septiembre correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 9.969 millones de euros, un 6% más que en septiembre de 2024. Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes casi 2.197 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.256,5 millones (+10,3%); a la de orfandad se destinaron 178,6 millones de euros (+4%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 36,5 millones (+6,3%). En total, la Seguridad Social abonó en septiembre 10.379.303 pensiones, casi un 1,6% más que en igual mes de 2024, a más de 9,38 millones de personas, un 1,5% más que en septiembre del año pasado. La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.313,97 euros mensuales en septiembre, un 4,4% más que en el mismo mes del año anterior. Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se situó en septiembre en 1.508,7 euros mensuales, un 4,3% más que en igual mes de 2024. El 59,2% de las personas que perciben la pensión de jubilación como prestación principal son hombres.

Cabe preguntarse, antes esta situación de contraste entre Boomers y millennials: ¿Vivirán las nuevas generaciones peor que sus padres? Durante décadas pareció un dogma incuestionable: cada generación viviría mejor que la anterior. El progreso económico, la consolidación del Estado del bienestar y la integración en Europa hicieron pensar que los hijos tendrían más oportunidades que sus padres. Sin embargo, las dudas han irrumpido con fuerza en la última década. ¿Podrán los jóvenes actuales los nacidos entre mediados de los ochenta y los 2000 aspirar a una calidad de vida comparable a la de los ‘baby boomers’, la generación nacida entre 1945 y 1965? Los economistas coincidimos en que el panorama ha cambiado radicalmente.  El contraste más evidente está en el empleo. Entre los años setenta y noventa, España vivió un proceso de industrialización, expansión del sector público y creación masiva de puestos estables. Los contratos indefinidos eran la norma y la progresión salarial estaba prácticamente garantizada con la antigüedad. Hoy, la fotografía es muy distinta. Según el INE, la temporalidad en el empleo juvenil sigue superando el 40 % en varios tramos de edad, pese a las últimas reformas laborales. A esto se suma el estancamiento salarial: los jóvenes de entre 18 y 29 años han visto caer sus ingresos reales un 3 % desde 2008, mientras que los mayores de 65 los han incrementado en un 18 %, según el Instituto Juan de Mariana. El mercado globalizado y la financiarización de la economía han añadido volatilidad. Las cadenas productivas se han dispersado por el planeta y la competencia internacional ha reducido el margen de actuación de las economías nacionales. El resultado es un mercado laboral más inestable, con menos certezas y horizontes más cortos. A las dificultades para acceder a un empleo estable se suman los problemas en el acceso a la vivienda. Lo que para los boomers fue casi un paso natural hoy se ha convertido en una meta cada vez más lejana para los jóvenes. Los boomers tenían que dedicar tres salarios anuales a la compra de una vivienda; hoy, los jóvenes necesitan en torno a siete. Por otro lado, la oferta de vivienda no ha crecido al mismo ritmo que la creación de hogares. Tras la crisis seguimos creando hogares, en parte por la migración, pero la construcción no acompaña. La demanda crece y la oferta no, así que los precios suben. Los datos son elocuentes: solo un 20 % de los menores de 35 años tiene hipoteca, frente al 81 % de los nacidos entre 1945 y 1965 a la misma edad, según el Instituto Juan de Mariana. En términos de riqueza, los nacidos en los años 80 tienen hoy un 46 % menos patrimonio que los nacidos en los 60 cuando tenían su edad. El Banco de España refuerza esta idea: los nacidos entre 1986 y 1995 tenían a los 35 años una riqueza neta media de 45.000 euros, frente a los 120.000 acumulados por quienes nacieron veinte años antes. El sistema de pensiones también refleja una presión creciente entre generaciones. El sistema es deficitario. Antes por cada jubilado entraban cuatro o cinco cotizantes; ahora entran tres. Además, las pensiones actuales superan en muchos casos los salarios de los trabajadores jóvenes. La reforma es inevitable.

En el ámbito bancario, el consejo del Sabadell rechaza acudir a la opa pero su inversor David Martínez acepta la oferta-Sorpresa en la reunión del consejo de administración del Banc Sabadell que debía analizar la última oferta del BBVA. Aunque el consejo del Banc Sabadell ha aprobado por mayoría recomendar no aceptar la oferta del BBVA sobre el Sabadell, el principal inversor individual (David Martínez) con un 3,86% de las acciones del banco catalán ha comunicado que sí acudirá a la opa, rompiendo la unidad del órgano de gobierno. Martínez ha emitido un voto particular en el citado informe del consejo y se ha desmarcado de su contenido: ”Se ha prestado una enorme atención al precio de la oferta; en mis consideraciones, este factor es secundario a los beneficios estratégicos de la integración de las entidades en el largo plazo. Igualmente estimo que la interferencia política ejercida ha afectado negativamente a la contraprestación de esta oferta”. El comentario de Martínez en el informe  es muy diferente al del anterior informe donde afirmaba que la opa era una cuestión de precio. Con el si de Martínez, el BBVA solo necesita algo mas del 26% de las acciones para alcanzar el 30% mínimo del capital. El consejo recomienda no aceptar la oferta por tres razones fundamentales. La primera es porque “el precio ofrecido es insuficiente”. La segunda es porque “la remuneración prevista a los accionistas de Banc Sabadell es claramente superior a la que percibirían aceptando la actual oferta”. En este sentido recuerdan que el “dividendo a cuenta récord” anunciado ayer por el BBVA es por un importe equivalente a 6,6 céntimos por acción de Banc Sabadell, es decir, menos de la mitad de los 14 céntimos por acción de dividendos a cuenta del ejercicio 2025 anunciados por la entidad catalana. La tercera razón para rechazar la opa es que esta “acarrea importantes riesgos” como el fiscal al no poder saber el coste de la venta en el IRPF hasta que finalice la operación. En paralelo, el consejo del banco catalán ha respondido hoy al dividendo anunciado ayer por el BBVA con otro extra de 150 millones. La oferta presentada por el BBVA a inicios de la semana pasada supone mejorar en un 10% el valor de la oferta, así como un cambio en su esctructura. En concreto, ofrece una acción del BBVA por cada 4,8376 acciones del Sabadell que se posean. Antes se cambiaba una acción del BBVA y 0,7 euros en efectivo por cada 5,5483 títulos del Sabadell. El banco opante destaca que el cambio permite una mejora en la fiscalidad de la operación para quien venda, si bien se tiene que superar el umbral del 50% de aceptación para ello.

Yendo a lo que destaco en el titular del blog, los Inspectores de Hacienda denuncian la creación de una estructura tributaria ilegal en Cataluña. Critican el desamparo de los funcionarios de la AEAT en Cataluña ante la falta de explicaciones y garantías por parte de Hacienda. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) está en pie de guerra contra los recientes avances en el desarrollo de la Agencia Tributaria Catalana (ATC). Les preocupa la convalidación las pasada semana, en el Parlamento de Cataluña del Decreto-Ley 15/2015. El texto modifica el régimen jurídico de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para adaptarla al despliegue de la hacienda catalana y al nuevo modelo de financiación singular pactado por el PSC y ERC para posibilitar la investidura de Salvador Illa. Con el decreto, se ampliarán las funciones del organismo, lo que le permitirá asumir progresivamente competencias de gestión del IRPF. El texto salió finalmente adelante con los votos de PSC, ERC, Comuns y CUP, la abstención de Junts y el voto en contra de PP, Vox y AC , por lo que no se tramitará como proyecto de ley. Los inspectores advierten de que no existe respaldo legislativo alguno que justifique ni la urgencia del decreto-ley ni la creación de una estructura tributaria paralela, y que este paso adelante pone en riesgo principios constitucionales fundamentales como la igualdad y la solidaridad interterritorial. «La llamada financiación singular  invocada como fundamento, no deja de ser una aspiración sin plasmación normativa, puesto que no se ha efectuado ninguna modificación del sistema de financiación vigente», argumentan, y critican que se esté desarrollando un régimen jurídico basado en una entelequia que no tiene en la actualidad ningún amparo legal. Los inspectores consideran que, hasta la fecha, no se han presentado razones jurídicas o económicas que justifiquen duplicar las funciones que ya asume con «excelentes resultados» la Agencia Tributaria estatal. Esta iniciativa de desarrollo del régimen jurídico de la Hacienda catalana, que «carece de respaldo legal, supone un despilfarro de recursos sin justificación económica, instaurando mayores costes y cargas administrativas para la prestación de los servicios públicos», señalan. Las quejas del IHE se extienden al «desamparo» de los funcionarios de la AEAT en Cataluña ante la falta de «explicaciones y garantías» por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que sigue sin aclarar si se producirán o no traslados de funcionarios a la Agencia Tributaria catalana, como aseguraron desde ERC a mediados de septiembre.

Cambiando de tercio, la deuda pública se mantiene en el 103,4% del PIB en el segundo trimestre. Baja en 1,8 puntos frente al 105,2% del segundo trimestre de 2024, aunque se sitúa por encima del dato anotado a finales del año pasado La deuda del conjunto de las administraciones públicas, según el Protocolo de Déficit Excesivo, se situó en máximos de 1,691 billones de euros en el segundo trimestre del año, manteniéndose en el 103,4% del PIB, según los datos adelantados del Banco de España.

A nivel local, dos noticias a destacar. La primera es que Asturias acumula un déficit de 6.000 viviendas entre 2021 y 2024. Así lo refleja el último Informe Sectorial Inmobiliario de CaixaBank Research, que también muestra un mercado a dos velocidades: mientras el parque de nueva construcción se encarece con fuerza, la vivienda usada mantiene precios más contenidos Asturias se enfrenta a un importante desajuste en su mercado inmobiliario. Según el último Informe Sectorial Inmobiliario de CaixaBank Research, la comunidad acumula un déficit de alrededor de 6.000 viviendas en el periodo comprendido entre 2021 y 2024. Esta cifra refleja la diferencia entre la creación de nuevos hogares y el número de viviendas construidas o disponibles, y sitúa a la región en una posición delicada. Aunque el déficit asturiano sea menor que el de provincias como Madrid, Barcelona o Málaga, donde la presión demográfica y turística ha disparado la brecha, su magnitud es significativa y ayuda a entender las tensiones actuales del mercado en el contexto regional.

A nivel empresarial, General Dynamics estudia acciones ante la UE si queda fuera de los nuevos proyectos de Defensa. En el auge de la industria militar en Asturias, un sector que ha encontrado en la comunidad un polo de desarrollo en un contexto de rearme europeo, no fueron pocas las tensiones que acompañaron al proceso de despliegue de las principales iniciativas de las empresas que producirán blindados. Uno de esos proyectos estrella es el de Indra en Gijón, que ya concretó sus planes para una factoría en las instalaciones de El Tallerón de Duro Felguera. Pero la primera opción de Indra no fue esa sino hacerse con la propiedad de Santa Bárbara, en Trubia, que es de la multinacional norteamericana General Dynamics. No hubo acuerdo y cada empresa siguió su camino (aunque se encuentran también en el consorcio de Tess Defence, pero no sin tiranteces, más de una declaración pública subida de tono, y también un recelo creciente entre la compañía de Santa Bárbara, en la localidad ovetense, ante el temor de que los planes de Europa excluyan de sus proyectos a compañías de capital norteamericano. Tan es así que, según recogió la publicación especializada Infodefensa, la compañía con factoría en Asturias ha llegado a valorar recurrir ante la Unión Europea si el Ministerio de Defensa español los excluyera de sus proyectos. La web indica que el Ministerio tiene preparados 31 programas de adquisiciones, un goloso conjunto de contratos que pueden sumar miles de millones de euros (sólo los ya cerrados, una docena, con Navantia y Airbus ya superan los 7.000 millones) y que se centrarán tanto en artillería como ciberdefensa o comunicaciones tácticas. La cuestión es que el Ejecutivo español prefería que esta inversión se quedara en la industria española, también por una cuestión de autonomía (y ese es de hecho el origen del recelo europeo a la industria norteamericana bajo el mandato de Trump). Con todo, General Dynamics cuenta con ventajas, una es la experiencia, porque la factoría ya está en marcha y además de la asturiana cuenta con una planta en Andalucía y además mantiene contactos y colaboración con otro gigante de la industria, la alemana Rheinmettal (que tiene por cierto también una fábrica en Trubia).

SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD ACREDITADA PARA CÁTEDRA DE UNIVERSIDAD E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.