Destaco esta semana dos noticias que, revisadas conjuntamente, dan idea del problema que tenemos.
Por un lado, las pensiones se encarecen más de un 20% desde 2022 por la vinculación al IPC. La revalorización de las pensiones respecto al IPC, blindada por ley en la reforma de 2021, suma al gasto en pensiones cerca de 38.700 millones de euros en los últimos cuatro años. Estas prestaciones ya acumulan un incremento total del 21,8% desde el año 2022, según los cálculos que ha realizado el think-tank Funcas. El aumento del gasto en pensiones viene explicado por tres motivos: el número de pensionistas que entran en el sistema, el incremento de sus nóminas vinculado al IPC medio de cada año y el efecto sustitución (la diferencia entre las nóminas de las nuevas altas del sistema frente a las bajas). Desde que se aprobó la reforma impulsada por el exministro de Seguridad Social (actual gobernador del Banco de España), las nóminas mensuales que reciben los pensionistas han crecido un 2,5% en 2022; un 8,5% en 2023 (debido al aumento en la inflación registrado un año antes tras el estallido de la invasión de Ucrania); un 3,8% en 2024; un 2,8% en 2025 y crecerán un 2,7% en 2026. El impacto económico estimado de estas subidas es de 4.300 millones; 15.000 millones; 7.500 millones; 5.900 millones y cerca de 6.000 millones respectivamente. Unas cuantías que, sumadas, se situarían aproximadamente en los 38.700 millones de euros como consecuencia de la medida. Un dato que, no obstante, mide el coste de la revalorización solo para el año en el que esta se aplica.
A largo plazo, el blindaje por ley de la subida anual de las pensiones y la eliminación del factor de sostenibilidad suponen un incremento del gasto de 2,7 y 1 punto de PIB en 2050 respectivamente, según detalla la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
Por otro lado, y conjugado con la anterior, la dificultad de sostenimiento del sistema de pensiones se agrava porque la llegada de trabajadores migrantes no basta para compensar las jubilaciones en cuatro autonomías. El ‘gran relevo’ que exigirá la jubilación masiva de los baby-boomers no será posible sin la llegada de migrantes, según un estudio de Fedea. Ya hay más mayores de 55 años con educación superior que menores de 29 años. El proceso de jubilación masiva que vive España y que se acentuará en los próximos años supone un reto a muchos niveles. Uno de los más acuciantes es saber quién reemplazará a los millones de trabajadores que se van a jubilar y que necesitarán de un relevo. Un estudio elaborado por Fedea y BBVA Research subraya que ese ‘gran relevo’ no será posible sin inmigrantes. De hecho, incluso en algunas comunidades, el ritmo al que están llegando trabajadores desde fuera no es suficiente para compensar el ritmo al que se están jubilando los actuales. En concreto, hay cuatro autonomías en España donde la llegada de fuerza laboral extranjera durante la última oleada migratoria (2017-2024), sumada a la población nativa joven, no ha logrado a cubrir el hueco que han dejado las jubilaciones en ese periodo. Se trata de Asturias, Cantabria, Castilla y León —que están entre las más envejecidas del país— y Extremadura. En esos cuatro territorios, la ratio entre los jóvenes de 16 a 29 años que trabajan y los empleados migrantes que han llegado en los últimos siete años y la de jubilados es inferior a uno. Lo que implica que se retiran más trabajadores de los que los jóvenes que se incorporan al mercado y los migrantes que llegan para trabajar pueden compensar. España, sin duda, está cada vez más envejecida. En otros territorios como Galicia, País Vasco, La Rioja, Andalucía o Aragón, el efecto combinado de la juventud y la migración supera por poco las salidas del mercado laboral. Mientras que en autonomías como Madrid o Cataluña —las más pujantes económicamente— el relevo de los jubilados es mucho más holgado. Por cada persona que se jubiló entre 2017 y 2024 hubo dos jóvenes nativos trabajando o empleados migrantes llegados en ese periodo. El efecto de la migración es imprescindible para cubrir el hueco que van a dejar las personas que se van a jubilar en los próximos diez o doce años. De hecho, en ninguna comunidad autónoma hay más jóvenes que personas próximas al retiro. Por cada persona entre 55 y 67 años apenas hay 0,76 de entre 16 y 29 años. Hablamos de una población de 7,3 millones de población activa ‘sénior’, frente a 5,6 millones de jóvenes. Una situación que es radicalmente opuesta a la que había a comienzos de siglo, cuando había 1,4 jóvenes por cada persona próxima a la jubilación.
A nivel local, Asturias registra el segundo mayor aumento de trabajadores inmigrantes del país. En los años más recientes, Asturias ha experimentado importantes cambios demográficos, siendo una de las poblaciones más envejecidas no sólo del país sino de Europa, se daba por hecho que perdería el millón de habitantes. Sin embargo, no fue así y lo ha mantenido, incluso a pesar de enorme saldo negativo entre muertes y nacimientos, gracias sobre todo a la llegada de población exterior, desde otras comunidades, y también inmigrante. Y ha sido un fenómeno intenso. A pesar de que el Principado es uno de los territorios con menor porcentaje de población extranjera, se encuentra a la cabeza de quienes han visto crecer su población activa inmigrante. Así lo revelan los datos recogidos en el Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo publicado esta semana por Fedea y que señala que, durante el período de 2017 a 2024, Asturias registró un incremento de la población activa inmigrante del 9,7%; se trata de la segunda tasa más elevada del país, sólo por detrás del porcentaje de Navarra (que alcanza un 10,4%) y está igualada con Cataluña, que registra el mismo incremento del 9,7%; no se trata de que haya tantos inmigrantes en Asturias como en Cataluña sino de que el incremento de la población trabajadora de origen extranjero se ha dado en la misma medida. Evidentemente esto es una buena noticia para el sostenimiento de un territorio tan envejecido como el nuestro: el Principado de Asturias
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD ACREDITADA PARA CÁTEDRA DE UNIVERSIDAD E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.