Esta pasada semana se ha puesto de manifiesto que la UE tiene lista su ‘artillería’ para golpear en menos de un mes a EEUU con 93.000 millones en aranceles ya aprobados. Con eso, la Unión Europea desempolva su último paquete de aranceles contra Estados Unidos en un momento en el que las tensiones comerciales con el Ejecutivo estadounidense vuelven a estar sobre la mesa. El paquete de gravámenes a las importaciones norteamericanas, aprobado en julio y suspendido tras el acuerdo comercial entre Bruselas y Washington, podría entrar en vigor en dos semanas, es decir, el 7 de febrero.
La nueva amenaza arancelaria de Trump sobre los ocho países que han desplegado tropas en Groenlandia para garantizar la seguridad del Ártico obligaba a la UE a reaccionar. Tras una reunión de emergencia el pasado domingo por la tarde a nivel de embajadores, el bloque se planteaba retomar el paquete de aranceles de 93.000 millones, congelado hasta la fecha. Esta será la decisión principal que abordará la Cumbre extraordinaria de líderes comunitarios que tendrá lugar en Bruselas. Los mandatarios europeos se pronuncian si levantar la suspensión de estas tarifas en respuesta a la ofensiva del republicano de aplicar, desde febrero, gravámenes del 10% las importaciones de estos ocho países, para luego elevarse al 25% en julio. Una amenaza con la que pretende presionar a Dinamarca para que venda Groenlandia a EEUU. El paquete de aranceles se remonta a julio. La UE daba luz verde a una ronda de gravámenes que entraría en vigor en caso de que las negociaciones entre el Ejecutivo comunitario y el estadounidense no tuvieran éxito. El acuerdo comercial sellado entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con importantes concesiones por parte de la UE en cuanto a las inversiones en suelo estadounidense, dejaba los gravámenes en suspenso seis meses. Concretamente, en julio, el club de los Veintisiete aprobaba aranceles de 93.000 millones en respuesta a las sucesivas amenazadas que había planteado el Ejecutivo estadounidense. Constaba de dos paquetes, uno al que Bruselas dio luz en marzo con tasas del 25% sobre un listado de productos por valor de 21.000 millones. El segundo de ellos, de 72.000 millones, incluía tasas de hasta el 30%. Todos ellos sobre sectores estratégicos que afectan a aquellos Estados en los que el republicano recauda más votos.
Pasando al sector bancario y nacional, la gran banca española perfila un nuevo récord de beneficios y superará los 32.500 millones. Los seis grandes bancos españoles acaban de cerrar otro año dorado en ganancias. Si se confirman las previsiones de los analistas de Bloomberg, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Unicaja y Bankinter habrán obtenido un beneficio superior a los 32.500 millones en el conjunto del ejercicio, registrando una nueva cota histórica por cuarto año consecutivo, si bien el incremento en términos porcentuales apenas llega al 2,5%, lo que sugiere una moderación en el ritmo de crecimiento, frente al repunte de casi el 22% experimentado en los doce meses anteriores.
La campaña arrancará con Bankinter y se extenderá hasta la primera semana de febrero. El mercado no espera ninguna sorpresa negativa «que pueda poner en peligro» las perspectivas de cara para 2026 y pondrán el foco en la partida de comisiones, cuya mejora de márgenes debería haber ayudado a compensar los menores tipos de interés, que permanecen en el 2% desde el pasado verano. En este contexto, el consenso anticipa un beneficio para Bankinter de 1.056 millones, en comparación con los 953 millones contabilizados al término de 2024, un 11% más. La consejera delegada de la entidad madrileña, Gloria Ortiz, aventuró hace unos meses la posibilidad de superar la barrera de los 1.000 millones, algo inédito en la historia del banco. En la misma línea, Unicaja también podría cosechar nuevos máximos con 628 millones, casi un 10% más. En contraste, para Banco Sabadell proyecta un recorte de alrededor del 8,4%, frenando así desde el pico de 1.827 millones contabilizados en el conjunto de 2024. La entidad catalana ha vivido un ejercicio condicionado por la OPA de BBVA sobre el grupo, operación que finalmente no salió adelante al contar únicamente con un 25% de apoyos. El dato todavía tiene en cuenta TSB su negocio británico, cuya venta a Banco Santander se cerrará previsiblemente a lo largo del trimestre actual. En la misma línea, CaixaBank será otra de las entidades que también podría haber alcanzado techo de beneficios. El panel de Bloomberg arroja un total de 5.584 millones, cifra que se encuentra por debajo de los 5.787 millones obtenidos en el último año del plan estratégico anterior. De forma paralela, se espera que Banco Santander rompa los 13.300 millones, un umbral jamás logrado en la historia del grupo cántabro, 770 millones más con respecto al año anterior. En el caso de BBVA, se espera que gane 10.262 millones, un 2% más.
En una edición anterior de este blog hablábamos del problema imparable de las bajas laborales. Se ha constatado que esta es mayor para quienes trabajan para terceros. Es más, la incidencia de bajas en los autónomos es cuatro veces menor que en asalariados.
Una de las peticiones de los autónomos de cara a este ejercicio es la exención del pago de la cuota de cotización cuando se encuentren en un periodo de baja médica. Y es que, los trabajadores por cuenta propia que se encuentran en periodo de inactividad por incapacidad temporal deben hacer frente al pago de la cuota durante los dos primeros meses, a pesar de que durante ese periodo apenas cobra el 75% de su base reguladora. Esta situación provoca que la incidencia por baja médica en este colectivo de trabajadores se encuentre en descenso desde hace ya tres años, llegando a ser incluso cuatro veces menor que en asalariados, según los datos del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el año 2025, apenas 10,06 autónomos de cada mil se acogieron a una baja por enfermedad, mientras que ese índice en los trabajadores por cuenta ajena fue de 37,92. Además, en los últimos tres años, la incidencia en los autónomos ha ido descendiendo –en 2023 estaba en 10,68, en 2024 bajó hasta el 10,54 y los últimos datos, de diciembre de 2025, lo sitúan en el 10,06–. Esto se debe, en parte, a que durante los primeros tres días de baja los autónomos no cobran nada. Es a partir del cuarto día cuando comienza a percibir el 60% de su base reguladora y, hasta el día 21, no obtienen el 75%. A pesar de ello, durante este tiempo tienen que hacer frente al pago de la cuota de cotización, lo que reduce sus ingresos netos. Se trata de una situación contraria a la que tienen los trabajadores asalariados, ya que desde el año 2020 la incidencia de ausencias por incapacidad temporal en estos empleados se encuentra al alza, pasando de 19,22 bajas por cada mil trabajadores hace seis años a los 37,92 la que cerraron en diciembre de 2025. Es, de hecho, una de las principales preocupaciones de la patronal, que alerta del aumento del absentismo entre los trabajadores (no refiriéndose con este concepto solo a las ausencias injustificadas, sino también a aquellas faltas por baja médica). El cobro de la prestación por incapacidad temporal funciona, en porcentajes, igual para asalariados que para trabajadores por cuenta propia. Es decir, sin cobrar la prestación hasta el cuarto día de baja; con el 60% de la base reguladora (una cuantía que abona la empresa) entre el cuatro y el vigésimo día de ausencia, y con el 75% del salario en adelante (cubierta por la Seguridad Social o la mutua colaboradora). No obstante, en el caso los asalariados, muchos convenios cuentan con un complemento a la prestación que abona el 100% de la base reguladora a los trabajadores de baja. Esta última es, precisamente, una de las líneas en las que plantea moverse la patronal para reducir el coste derivado del aumento en las cifras de IT.
A nivel local, destacar algunas noticias. El pasado 23 de diciembre, en un clima ya navideño, entraba en El Tallerón de Gijón un «regalo» muy esperado por el nuevo dueño del recinto: un blindado de combate 8×8 «Dragón», el primero en ingresar en la recién estrenada fábrica de Indra. El vehículo, transportado en un gran camión, apenas había recorrido 45 kilómetros desde su punto de origen: la fábrica de Santa Bárbara en Trubia (Oviedo). El 8×8 es un punto de unión de ambas compañías, socias en el consorcio Tess Defence, que produce ese blindado para el Ejército de Tierra. Pero la decisión del Gobierno para que sea Indra, y no Santa Bárbara, la que desarrolle en El Tallerón casi todos los nuevos sistemas terrestres españoles ha dinamitado la relación.
Indra mantiene sus planes
Pese a la pugna judicial, el pasado lunes la directora de recursos humanos de Indra, María del Carmen Moneva, afirmó que la empresa seguirá con sus planes. Lo dijo en un acto en Oviedo en el que la compañía avanzó que quiere contar con 850 trabajadores en la región para el año 2027. Además de los contratos mismos, Indra maneja una inversión de unos 50 millones de euros para adecuar El Tallerón –que compró a Duro Felguera, a la fabricación de blindados. A ello se sumará, si no se alteran los planes previstos, la construcción de una pista de pruebas para los vehículos. Para su ubicación, la empresa ha sondeado terrenos en las Cuencas y en Avilés.
Indra acelera los contactos con otras empresas para prescindir de Santa Bárbara en la fabricación de blindados: estas son las candidatas
Indra ha intensificado las conversaciones con otras compañías del sector como la alemana Rheinmetall, la italiana Leonardo o la surcoreana Hanwha para cooperar en el desarrollo de los vehículos blindados que la empresa española debe construir en su nueva factoría de El Tallerón, en Gijón. De ese modo, Indra no necesitaría contar para esos proyectos con Santa Bárbara, con quien sí está asociada en el consorcio Tess Defence para fabricar los 8×8 «Dragón», pero con la que mantiene un enfrentamiento que ha llegado a los tribunales. Si bien los contactos de Indra con esas y otras empresas vienen produciéndose desde hace meses, las negociaciones se han acelerado en las últimas semanas, especialmente desde que el Gobierno encargara a la compañía española los cinco programas de sistemas terrestres para el Ejército por una suma que supera los 7.000 millones de euros. Unas adjudicaciones que Santa Bárbara, filial de la estadounidense General Dynamics European Land Systems (GDELS), recurrirá ante el Tribunal Supremo, si bien ha abierto la puerta a retractarse en caso de lograr un «entedimiento» con Indra. Ese último escenario, de momento, no parece probable. Indra puesta la mirada en otras empresas. Sus negociaciones se centran especialmente en los programas de obuses autopropulsados de cadenas y de ruedas. Para el primero, Indra está interesada en dos modelos: el de Rheinmetall, denominado «Lynx»; y el de Hanwha, el «K9». Respecto al vehículo de ruedas, el principal candidato es la italiana Iveco, cuya división de defensa fue adquirida recientemente por Leonardo. La empresa española también explora alianzas para el resto de blindados adjudicados, como el vehículo lanzapuentes, para el que está considerando las plataformas base de la alianza entre Man y Rheinmetall y, de nuevo, de Iveco. Y también es Iveco, en este caso con su modelo «Superav», la que parece mejor posicionada como base del vehículo anfibio. Desde Indra aseguran que, en esos cinco proyectos, la empresa ejercerá como «autoridad de diseño», es decir, que dispondrá del control total del desarrollo, la fabricación y la comercialización de esos vehículos. De ese modo, la compañía podría invocar que sus blindados que suministrará al Ejército serán 100% españoles.
Trasvase de profesionales
Mientras tanto, continúa el trasvase a Indra de profesionales procedentes de la fábrica de Santa Bárbara en Trubia (Oviedo), un fenómeno intensificado en el último año. Las últimas incorporaciones destacadas han sido las de Lorenzo Vicente Álvarez, ex director de ingeniería de la planta ovetense y ya contratado como director técnico de las instalaciones de Indra en Gijón; y Landelino Zapico, ex responsable en Trubia de las pruebas de los sistemas electrónicos de los blindados, labor que ahora desempeñará en El Tallerón.
En otro orden de cosas en el Principado de Asturias podemos destacar que el perfil de trabajadores en Asturias está cambiando: hay menos autónomos y más digitales. El tejido productivo asturiano cambia de forma. El autoempleo crece con fuerza en tecnología y energía, mientras minería, campo y comercio registran fuertes descensos. Al terminar 2025 Asturias presentó unos buenos datos de empleo, el paro bajó un 3,7% en el último año, encadenando cinco ejercicios de descensos y se contaban 51.197 desempleados, la cifra más baja desde que hay registros. Esto ocurre a la par que hay un descenso notable en el número de autonómos. Y no tiene por qué ser una mala noticia, si descienden el auto empleo mientras crece el empleo en general es porque muchas personas han encontrado acomodo en otro trabajo, sin tener que ser necesariamente autónomo, una circunstancia que, demasiadas veces, es sinónimo de precariedad. El análisis del tejido empresarial de los trabajadores autónomos en Asturias entre diciembre de 2019 y diciembre de 2025 muestra una evolución diferenciada respecto al conjunto del país. Mientras que en España el número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) creció un 4,8% en ese periodo, en el Principado se registró un descenso del 4,3%; hay así una diferencia de más de nueve puntos porcentuales que es reflejo una trayectoria divergente en la evolución del autoempleo en el último lustro en España y en Asturias.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
Página web: https://www.unioviedo.es/saotero/
Blog personal: https://catedraticasusanaalvarezotero.blogspot.com/