Esta pasada semana, las bolsas europeas cerraron con avances significativos y vuelven a dejar referencias técnicas de gran calado. El IBEX 35 terminó en 18.461 puntos (+1,49 %), consolidando su situación de subida libre, mientras el EuroStoxx 50 avanza un 0,90 % y mantiene también estructura alcista. El mercado encuentra apoyo en varios frentes. Por un lado, las declaraciones de la tecnológica Anthropic, que rebajan el impacto disruptivo inmediato de su inteligencia artificial, han relajado la presión sobre el sector tecnológico. La confirmación del rebote en Wall Street ha reforzado el movimiento comprador en Europa, con especial atención a la publicación de resultados de Nvidia, que marcará el pulso del mercado en las próximas sesiones. En el plano macroeconómico, la inflación de la eurozona ofrece argumentos de estabilidad. El IPCA general se sitúa en el 1,7 %, frente al 2,0 % anterior, su nivel más bajo desde septiembre de 2024. La inflación subyacente desciende al 2,2 %, mínimos desde octubre de 2021. Destaca la caída de los precios de la energía (-4,1 %), que acelera su retroceso y contribuye a aliviar las tensiones sobre el coste de vida. Este entorno respalda, por ahora, la idea de continuidad en la política monetaria del BCE, sin señales de giro inminente. A pesar de que persisten focos de incertidumbre —tensión geopolítica entre EE. UU. e Irán y dudas sobre aranceles—, el mercado mantiene el tono constructivo. En clave estratégica, la combinación de máximos técnicos e inflación contenida refuerza el escenario central: momentum alcista mientras no aparezca un catalizador negativo de mayor alcance.

En otro orden de cosas, las sanciones estadounidenses fuerzan a acelerar el euro digital. “Vuelves a la prehistoria”, lamenta el magistrado afectado por las órdenes de EE UU. El BCE busca evitar que la política pueda desconectar a los europeos del dinero electrónico. En una estación de tren neerlandesa, el juez Nicolas Guillou se detiene ante un cartel colgado en la ventanilla: no se admite efectivo. Debajo, se suceden los logos de los medios de pago aceptados, todos estadounidenses y chinos. Para la mayoría de los pasajeros es un detalle más. Para él, un recordatorio de que ha sido desconectado del sistema financiero. Desde hace meses, Guillou está sancionado por Estados Unidos por su labor como juez de la Corte Penal Internacional (CPI) al investigar la actuación de Israel en Palestina. Al presidente estadounidense Donald Trump no le gustó que un juez hiciera sus pesquisas sobre un Estado aliado y le sancionó económicamente. Desde entonces, las empresas estadounidenses rechazan sus operaciones de pago. No puede tener una tarjeta de crédito, ni pagar con el móvil, ni comprar ese billete de tren. “Cuando me impusieron las sanciones, descubrí que todas las tarjetas de crédito que ofrecen los bancos son solo de Visa y Mastercard. Lo que ocurrió es que perdí cualquier posibilidad de tener una tarjeta de crédito, lo que a menudo significa que en la práctica no puedo pagar. Vuelves a la prehistoria”, lamenta el juez. Guillou no es el único. Otros jueces del Tribunal Penal Internacional también han sufrido sanciones por investigaciones similares. Pero su caso refleja una de las grandes preocupaciones del Banco Central Europeo (BCE) por el dinero del futuro: la vulnerabilidad que sufre Europa al depender de sistemas estadounidenses en el sector de los pagos digitales. En cada transacción existen múltiples intermediarios que pueden bloquear un pago si están bajo jurisdicción de EE UU. Porque, por debajo de cada operación, el dinero pasa por varias capas, desde la tarjeta o monedero digital al banco emisor, al banco comercial, pasarelas de pago, sistemas de compensación y redes de liquidación. Solamente si uno de estos proveedores es estadounidense, la transacción puede ser rechazada. Por eso las sanciones tampoco dejan comprar en Amazon o hacer una reserva en Booking. “Cualquier empresa, cualquier persona estadounidense o filial puede estar obligada a aplicar las sanciones y bloquearán inmediatamente las transacciones porque, si no lo hacen, se enfrentan a procesos penales en Estados Unidos”, explica Guillou. No es una cuestión solo de Visa y Mastercard. En el mundo digital las cadenas de pagos están tan interconectadas que es casi imposible no encontrar obstáculos, aun con empresas europeas. Si, por ejemplo, el juez quisiera hacer una reserva en un hotel italiano y los sistemas de pago de ese hotel dependen de alguna empresa estadounidense, aunque el establecimiento sea una empresa europea, la operación sería rechazada. Esta dependencia estructural es uno de los motivos por los que el BCE impulsa el proyecto del euro digital. Una moneda pública emitida por el banco central permitiría a cualquier ciudadano europeo realizar pagos cotidianos sin depender de intermediarios extranjeros, reduciendo el riesgo de que decisiones políticas externas interrumpan el acceso a medios de pago. El propio supervisor bancario reconoce que uno de los principales argumentos del proyecto es la soberanía europea en medios de pago. “El Eurosistema reconoce los riesgos de una dependencia excesiva de un número reducido de grandes proveedores de pagos no europeos, cuyos intereses pueden no alinearse con los de los grandes agentes europeos. Esta concentración puede reducir la competencia y facilitar el abuso de poder de mercado, en perjuicio de los consumidores y los comercios”, detallan portavoces del BCE. La divisa digital sería una forma de actualizar el efectivo a la economía del siglo XXI y asegurar que los ciudadanos no queden desconectados del sistema. “En los medios de pago es muy fácil que haya situaciones de falta de competencia. Si ese servicio además es provisto por entidades que no son europeas, estás en manos de empresas extranjeras para un sector esencial para el funcionamiento de tu economía y puede llevar a una dependencia de un tercer país que lo puede utilizar con propósitos distintos a tus intereses”, detalla José Manuel Marqués, el jefe del departamento de innovación financiera del Banco de España. No obstante, el debate es intenso. En general, el sector privado reconoce los riesgos de depender de estructuras extranjeras, pero cuestiona el coste de desarrollar una nueva infraestructura cuando ya existen soluciones privadas europeas, como Bizum, que cuentan con una infraestructura europea y que se están expandiendo a varios países. La plataforma trabaja en la interoperabilidad transfronteriza para que cualquier ciudadano pueda pagar en Europa a través de este medio, y las entidades argumentan que el sistema financiero ya ha invertido miles de millones en modernizar los pagos. Duplicar estructuras, creen, puede resultar ineficiente. Otro de los problemas del proyecto es la dificultad de explicárselo a la población. El argumento de la soberanía europea y el riesgo de las tensiones geopolíticas resultan demasiado abstractos para un ciudadano que busca pagar de forma cómoda y segura. Y también es complicado para la ciudadanía entender qué le va a aportar el euro digital que no pueda hacer ya con las tarjetas bancarias y con Bizum. Pero para Guillou, la amenaza se ha hecho tangible. “La soberanía económica, los pagos y la infraestructura digital tienen que ir de la mano. Si el sistema se basa en los sistemas estadounidenses, no hay autonomía. La infraestructura que acompañe al euro digital tiene que ser europea porque, en cuanto haya una empresa de EE UU en la cadena, podrán bloquear la transacción, que es lo que me pasa a mí”, urge. El calendario tampoco da una solución inmediata. Si los plazos avanzan según lo previsto, el euro digital podría ser una realidad en 2029. Mientras tanto, Guillou tendrá que seguir comprando o viajando solo cuando se admitan billetes y monedas.

Respecto a lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, es de señalar que el empleo entre los mayores de 65 años se triplica y llega al máximo de la serie histórica. En los últimos diez años, la proporción de personas mayores de 65 años que continúan activas en el mercado laboral ha crecido año a año. Según las cifras publicadas en la última Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de ocupados de la población de entre 65 y 69 años se sitúa ya en el 14,1% en el caso de los hombres y en el 12,1% en el de las mujeres, habiéndose triplicado ambas cifras en los últimos diez años. En total, en el último trimestre del año había 390.300 trabajadores que se encontraban en este rango de edad, lo que supone el máximo en lo que llevamos de este siglo y en el conjunto de la serie histórica, que se remonta a 1970. Como consecuencia de este incremento en el número de personas que permanecen en el mercado laboral pasados los 65 años, la tasa de ocupación para este grupo de edad llega a máximos de los últimos 45 años. Sin embargo, todavía queda lejos de las cifras registradas en los años 70, cuando la tasa de ocupación para los hombres de esta edad era del 32,6% (antes de la incorporación de la mujer al mercado laboral). Así lo destaca el último análisis de Funcas sobre la EPA, Back to the seventies: la ocupación de la población a punto de jubilarse, que reflexiona que «la edad de jubilación a la que se puede obtener el máximo de pensión según los años cotizados va a acabar siendo la de 67 años y no la de 65». Un cambio que, según el think-tank, se explica por los cambios en el sistema de pensiones. En este periodo de tiempo destaca el impacto de la reforma de 2011 sobre la edad de jubilación. Una modificación del sistema de pensiones que incluyó un incremento progresivo de la edad de retiro de los 65 a los 67 años -dependiendo de los años cotizados de cada trabajador y pudiendo reducirse a los 65 en caso de contar con 38 años y 6 meses de años trabajados- y cuyo despliegue llega a su fin en 2027. Por otro lado, la reforma de pensiones aprobada en 2021 también contaba con cambios que impactan sobre la edad de retiro como el aumento de la penalización a la jubilación anticipada -que ha pasado de usarse en el 44,5% de los casos al 27,9%- y las modificaciones de la activa y la demorada -una modalidad que ya se utiliza en el 10,9% de altas-. Al tiempo que ha crecido la población de 65 a 69 años, la tasa de ocupación de las personas de entre 60 y 64 años no ha parado de crecer desde 2013. Algo que, según Funcas, va en consonancia «con la recuperación económica» y con los cambios en los requisitos para acceder a la jubilación. En concreto, en el último trimestre de 2025, 1.820.200 personas situadas en este rango de edad contaban con un empleo. Una cifra que supera en un 161% a la de 2005. La tasa para este grupo de edad se situó en el 59,2% para los hombres (el dato más elevado desde los años 80) y en el 49% para las mujeres (la cifra más alta de toda la serie debido, una vez más, a la incorporación más tardía de estas al empleo). Aunque no especifica más allá de los 54 años, el Observatorio trimestral del mercado de trabajo elaborado por Fedea y BBVA Research, también destacaba ayer la creación de empleo entre los senior. Según estos expertos, la creación de empleo fue generalizada en el cuarto trimestre del año. No obstante, «este resultado -inédito desde 2019- estuvo liderado por la población española entre 25 y 34 años y mayor de 54». Otra de las cuestiones que concluyó este observatorio es que la incidencia del paro de larga duración -las personas que buscan trabajo desde hace al menos un año- disminuyó un 5,6%. Una circunstancia que afecta especialmente a los grupos de mayor edad. De hecho, según esta estadística, un total de 201.600 personas de entre 55 y 64 años llevaban buscando un empleo al menos dos años en el cuarto trimestre de 2025 (un 38% del total). Además de las reformas ya mencionadas que han influido sobre la edad de jubilación, el Ministerio de Seguridad Social trabaja en modificar la jubilación flexible, que regula la vuelta al mercado laboral de las personas que ya han accedido al retiro. Modificar este tipo de jubilación es uno de los mandatos acordados en el acuerdo alcanzado por patronal, sindicatos y Ejecutivo en julio de 2024; en julio el Consejo de Ministros autorizó la tramitación urgente de este reglamento, pero todavía no se ha aprobado. Actualmente, según las cifras publicadas por Seguridad Social en la Memoria del Proyecto de Real Decreto de la jubilación reversible, en el mes de marzo solo existían 3.174 jubilaciones de este tipo en el sistema. Una cifra que, comparada con las 6.570.803 pensiones de jubilación supone un 0,04% del total. Una proporción que Saiz pretende aumentar hasta el 14% una vez transcurridos los cinco primeros años del nuevo reglamento. El texto publicado en julio en el trámite de audiencia pública indicaba que uno de los principales cambios es que, una vez aprobada, esta modalidad permitirá compatibilizar la pensión con el desarrollo de una actividad por cuenta propia (o lo que es lo mismo, con ser autónomo). El requisito para poder emprender es que, en los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante de la pensión de jubilación, el pensionista no hubiera estado en alta en un régimen de la Seguridad Social como autónomo. Por otro lado, este texto también eleva la jornada mínima para acceder al retiro flexible, que pasaría del 25% al 40% y la máxima del 75% al 80%. Por otro lado, la reforma de la jubilación flexible también aumentará los incentivos para los pensionistas que decidan volver a trabajar, que recibirían un extra que variará entre el 10 y el 20% sobre la parte de la pensión que siga cobrando. Así, la cuantía de la pensión a percibir (por la parte que no se trabaje) será un 20% superior en el caso de que la jornada parcial sea entre el 60 y el 80%, y un 10% superior si la jornada es de entre el 40 y el 60% de una completa. Un incremento que será del 20% si el jubilado decide emprender.

Por otro lado, el ICO crea tres nuevas áreas de negocio para renovarse y gestionar el fondo soberano ‘España Crece’. El organismo encabezado por Manuel Illueca refuerza la pata financiera con el impulso de una división nacional, otra internacional y una dirección general de Mercados Financieros. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) pone la primera piedra para renovarse y adaptar su estructura al desafío que va a suponer la gestión del nuevo fondo soberano. El organismo encabezado por Manuel Illueca lleva meses inmerso en una reorganización que culminará con la creación de tres áreas de negocio que pretenden responder a las necesidades estratégicas derivadas de la puesta en marcha de ‘España Crece’. Estas nuevas divisiones son: nacional e internacional, así como una dirección general de Mercados Financieros y Mediación Nacional, que abarca todas las líneas que tiene intermediadas con las entidades financieras. Dichos cambios también conllevarán la unión de algunas áreas. En el momento actual, el ICO se articula en torno a cuatro grandes áreas, todas con rango de dirección general. Se trata de financiación y riesgos; financiación corporativa internacional, mediación y fondos de Estado; financiación corporativa nacional, midcaps y pymes; y administración y sistemas de la información. Por encima se encuentra presidencia, paraguas bajo el que opera la secretaría general, además de la dirección de Estrategia y Comunicación. Las mismas fuentes precisan que estos movimientos consolidarán el proceso que se inició como una reordenación estratégica desde la aprobación de la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español.

A nivel local señalar que las horas extra no pagadas en Asturias suponen casi 1.700 empleos sin crear. El mercado laboral asturiano está dejando de crear aproximadamente 1.695 puestos de trabajo a jornada completa debido al volumen de horas extraordinarias que se realizan y no se remuneran en la comunidad. Más de un millar de empleos perdidos mientras quienes trabajan acumulan horas que no se remuneran. Esta cifra sitúa al Principado como un territorio destacado en la precariedad horaria, ya que Asturias es la segunda comunidad autónoma con mayor proporción de personas asalariadas que sufren este abuso, alcanzando al 3% del conjunto de sus trabajadores, una cifra solo superada por la Comunidad de Madrid. Así se recoge en el último informe de coyuntura del Gabinete Económico de CCOO, elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025. Según el sindicato, la situación en Asturias tiene tintes de especial gravedad: no sólo hay una alta proporción de afectados, sino que la intensidad del trabajo gratuito es superior a la media nacional. En total, 11.000 trabajadores asturianos realizan horas extra sin cobrar cada semana , y lo hacen con una media de 6,2 horas semanales por persona , lo que se traduce en un volumen global de 67.787 horas regaladas a las empresas cada semana en la comunidad. Para determinar el impacto en la ocupación, el sindicato traduce este trabajo en empleos equivalentes a jornada completa. A nivel nacional, el informe establece que los 2,49 millones de horas extra no pagadas equivalen a la creación de 62.000 empleos.
Por otro lado, las donaciones de vivienda en Asturias se incrementan un 24,5% en un año. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística, las donaciones de fincas urbanas en general se incrementaron un 19,9% con respecto al ejercicio 2024. Las cifras de donaciones de viviendas en el Principado de Asturias se incrementó en 2025 un 24,5% con respecto al ejercicio anterior. En efecto, el pasado año terminó con 482 transacciones de este tipo, frente a las 387 de 2024, de acuerdo con los datos de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) del Instituto Nacional de Estadística (INE). El análisis del INE también establece que el pasado año se llevaron a cabo en la región 794 donaciones de fincas urbanas, frente a las 636 en 2024, un 19,9 %, un dato que supone un incremento del 50,6% con respecto a 2023 (392). Desde 2024 el Gobierno del Principado aplica una tributación reducida del 2% a donaciones de hasta 150.000 euros entre familiares directos, es decir, descendientes, cónyuges y ascendientes, siempre que se escrituren y la persona que realiza la donación no tenga un patrimonio previo elevado.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
Página web: https://www.unioviedo.es/saotero/
Blog personal: https://catedraticasusanaalvarezotero.blogspot.com/