En esta pasada semana, Europa vuelve a situarse en el epicentro de la corrección. La evolución del conflicto en Oriente Medio ha pesado con fuerza en los mercados, en una última sesión marcada además por la cuádruple hora bruja, que ha amplificado la volatilidad. El detonante ha sido el cambio de percepción sobre la guerra. El envío de más tropas por parte de EE. UU. ha reactivado el escenario de una intervención terrestre, lo que implicaría un conflicto más largo y, sobre todo, un petróleo estructuralmente más alto. Las bolsas europeas han acusado el impacto con mayor intensidad que las estadounidenses. El €Stoxx50 ha caído un 1,92 %, el Dax un 1,81 %, mientras el IBEX 35 ha cedido un 1,14 %, cerrando en 16.714 puntos, su nivel más bajo del año en cierre. En EE. UU., las caídas han sido más contenidas, aunque también han afectado a los grandes valores tecnológicos. El frente energético sigue tensionado. El Brent se mantiene por encima de los 110 dólares por barril, mientras el WTI resiste por debajo de los 100 dólares y el gas continúa al alza.
Cabe preguntarse, en este contexto, si puede soportar la economía mundial un petróleo a 150 dólares. El alza de la gasolina podría costar hasta 1.200 euros a cada familia española que disponga de vehículo. La subida del crudo disparará los precios de los carburantes, pero también afectará a los precios de consumo en general, que se podrían disparar al 8% a nivel global, amenazando con provocar una estanflación mundial. Desde que empezó la guerra en Irán, hay una incógnita que ha estado planeando sobre todos los inversores y analistas: ¿hasta cuantó -y durante cuánto tiempo- pueden subir los precios del petróleo, del gas y de los carburantes? ¿Y hasta qué punto puede soportarlo la economía mundial? La respuesta no es sencilla, ya que las materias primas energéticas tienen numerosas ramificaciones en todo tipo de actividades económicas y, además, los países que en un principio más podrían verse beneficiados por el alza de precios son los más castigados por el conflicto bélico, lo que supone un doble golpe para el PIB mundial, muy superior al que podría esperarse en el caso de que la subida de precios se debiera a la demanda. Se apunta la posibilidad de que el precio del petróleo escale hasta los 150 o incluso 200 dólares por barril, unas cifras que recuerdan a la escala de precios que se produjo en julio de 2008, por encima de los 140 dólares, algo que fue uno de los detonantes del estallido de la burbuja inmobiliaria y, con ello, de la Gran Recesión que vino después. Hay que tener en cuenta que la subida del petróleo no solo se traslada a los carburantes, provocando un impacto directo en el bolsillo de los consumidores de la mayor parte del mundo, además de en el transporte de mercancía y pasajeros, la producción industrial o la agricultura, sino que también puede provocar efectos secundarios en las aseguradoras o las finanzas públicas, lo que podría llevar a una recesión global en caso de que el cierre del estrecho de Ormuz se prolongue.

Por otro lado, el precio del gas natural se dispara un 23% en Europa y el petróleo escala hasta los 114 dólares tras los ataques a infraestructuras gasísticas en Oriente Próximo, Israel atacó la pasada semana South Pars, uno de los mayores yacimientos de gas del mundo, e Irán contraatacó bombardeando diferentes infraestructuras en tres países del Golfo: Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Los ataques cruzados a instalaciones e infraestructuras energéticas en Oriente Próximo están provocando fuertes turbulencias en los mercados de materias primas. Además, estos ataques se han extendido también a otros puntos del Golfo Pérsico. El nerviosismo es evidente por el impacto que esta situación pueda tener en los combustibles y el transporte y, con ello, en los precios del resto de bienes y en la inflación general. A la espera del diagnóstico que haga el Banco Central Europeo (BCE), la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener los tipos de interés en su reunión de la pasada semana y su presidente, Jerome Powell, reconoció que el conflicto afectará a la inflación, aunque de manera «incierta».

En lo que señalo como titular del blog en el día de hoy es que se da la paradoja fiscal en España, que ha revelado un reciente informe, que demuestra que se podría recaudar más bajando el impuesto de sociedades. España alcanzó en 2024 una recaudación histórica récord. De acuerdo con los datos oficiales, el Estado logró recaudar 294.734 millones de euros, lo que representa un aumento de casi un 8,4% en relación con el año anterior. Esto, que en principio podría parecer positivo, ya que un aumento de la recaudación puede ir acompañado de un incremento de igual calado en la productividad nacional, no parece ser el caso de España. Y es que el informe del Instituto Juan de Mariana, titulado «La Curva de Laffer y el impuesto de sociedades», publicado el pasado 13 de marzo de 2026, revela una realidad llamativa en cuanto a la fiabilidad y, sobre todo, la optimización de nuestro sistema fiscal en relación con el impuesto de sociedades: bajando impuestos recaudaríamos más. Antes de entrar en el análisis del contexto español, conviene entender de forma rápida y sencilla a qué se refiere el informe cuando utiliza esta curva para analizar el impuesto de sociedades en España. Este concepto económico, de origen norteamericano, se populariza en los años 70 del siglo pasado gracias al economista Arthur B. Laffer -quien le da nombre- y busca analizar la relación entre los tipos impositivos y la recaudación fiscal obtenida. En este caso, la propuesta de Laffer es interesante y, en principio, hasta cierto punto contraintuitiva, ya que su conclusión general es que un exceso de presión impositiva lleva al efecto contrario, generando rendimientos decrecientes en la recaudación a causa de la evasión y la reducción de la producción y el crecimiento. Esta curva de Laffer se representa en general como una parábola, en la que la tasa impositiva alcanza un punto máximo más o menos en el centro, con una presión fiscal adecuada, para luego comenzar a decrecer a medida que la presión fiscal genera fenómenos perniciosos como la economía sumergida o la disminución de la rentabilidad y la producción. De tal manera, la teoría de la curva de Laffer establece que existe un punto exacto donde cierto tipo de presión fiscal es positiva a varios niveles, pues no ahoga a los diferentes sectores de la economía, permitiendo su expansión, al mismo tiempo que maximiza la recaudación del Estado. El informe revela, en relación con el impuesto de sociedades en España, que nos encontramos en un punto muy alejado de la posición óptima. El texto revela que el 25% que se tributa en la actualidad en España estaría ejerciendo un efecto negativo sobre los salarios, el beneficio empresarial y las posibilidades de crecimiento de las empresas, al alejarse casi un 4% de lo considerado como óptimo. Más aún si tenemos en cuenta que en el período comprendido entre 2018 y 2024 se habrían registrado 97 subidas o endurecimientos impositivos. Este punto de máxima efectividad impositiva es situado por el informe en el 21,6%, nivel en el cual se obtendría, de nuevo de acuerdo con las averiguaciones del informe, el mejor escenario posible. Una imagen en la que la recaudación casi no se vería afectada, pues el Estado mantendría prácticamente las mismas cifras al mismo tiempo que dejaría más margen a las empresas para crecer, en un sentido total, ya que podrían obtener más beneficios, y también en cuanto a la mayor capacidad de reinversión de dicho beneficio. Cabe destacar también en este aspecto que España se cuenta entre los países con un impuesto de sociedades mayor de toda la zona euro, en especial si nos comparamos con nuestros vecinos más inmediatos. Grosso modo, España se situaría en la sexta posición del ranking de impuestos de sociedades de la zona euro realizado por la OCDE, aunque esto presenta un matiz importante, ya que los países que nominalmente presentan mayores tasas aportan también diferentes sistemas de deducciones que permiten reducir esta carga de forma significativa. Así se puede observar en el caso de Malta, cuya tasa del impuesto de sociedades se sitúa teóricamente en un 35% pero que gracias a estas deducciones puede llegar a bajar a un 5%.

Cambiando de tercio, la pensión media actual supera en un 40% el salario más frecuente en España. El desequilibrio entre la cuantía de los salarios y el propio de las pensiones ahonda. La prestación media que los jubilados perciben en este año ya supera en más de un 40% el sueldo modal –el que más trabajadores cobran– de España. Concretamente, los pensionistas percibieron de promedio en el segundo mes de 2026 una nómina de 1.566,81 euros, que da como resultado unos 21.935,34 euros al año en 14 pagas. Por su parte, el sueldo más frecuente, según el último dato disponible en la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, publicada en mayo pasado y relativa a 2023, fue de 15.574,85 euros al año, unos 1.112,48 euros al mes. No es casual que la brecha entre el salario más frecuente y la pensión media alcance en los últimos años sus máximos. Es ahora cuando son patentes los efectos del desmontaje de la reforma de la Seguridad Social de 2013, en especial de los mecanismos que ponían límites a la revalorización anual de estas prestaciones. Ya en los últimos años de Gobierno del presidente Rajoy esta partida de gasto volvió a vincularse al IPC. Y con la reforma de 2021, dicha indexación con el índice de precios quedó blindada, sin ningún factor corrector que la mitigue. Concretamente, en el ejercicio 2026 las pensiones crecen un 2,7%. Fue en el Real Decreto-ley que salió adelante el pasado mes de febrero donde se fijó que la pensión mínima sería de unos 12.441,80 euros anuales, y la máxima en 47.000 euros anuales. En los ejercicios anteriores, las revalorizaciones han sido especialmente cuantiosas: un 2,8% en 2025, un 3,8% en 2024, y un 8,5% en 2023, cuando aún se notaban las secuelas de la crisis inflacionista vinculada a la guerra de Ucrania. Además de la indexación a los precios, también incluye el hecho de que la pensión media de los nuevos jubilados crece en torno a un 6% en el último año y, en comparación con 2023, el incremento es del 15%. Este fenómeno tiene que vincularse con la llegada de la generación del baby boom a la edad de jubilación. Estos trabajadores alcanzan el final de su vida laboral con carreras de cotización más largas y salarios más elevados que sus antecesores. Del total de nuevos pensionistas, un 80% son asalariados. Estos ya entran con una nómina media de 1.674,81 euros al mes. Muy diferente es la evolución del sueldo más habitual en la economía española. La estadística del INE revela que sufre una manifiesta trayectoria descendente, desde el pico superior a los 18.500 euros brutos que registró poco después de 2021. La retribución más habitual que recibieron los trabajadores en 2023 es casi idéntica al Salario Mínimo Interprofesional de ese mismo año, que se situaba en los 15.120 euros anuales en 14 pagas tras la subida del 8%, el aumento más pronunciado desde el año 2019. En el año previo a la pandemia, el Salario Mínimo Interprofesional registró el mayor incremento de la serie, que fue del 22,3%. En ese momento, el SMI pasó de los 735 euros al mes en 2018 (10.290 anuales) hasta los 900 mensuales (12.600 al año) en el año previo a la pandemia. Y es que, desde el año 2022, el Salario Mínimo Interprofesional se ha convertido en el sueldo más habitual que cobran los trabajadores en España. Se trata del mismo año en el que el salario modal pasa de los 18.503 euros anuales en 2021 a los 14.586 en 2022. Una caída de 3.916,56 euros al año y que provoca que la pensión media de ese año sea un 19,8% mayor que el salario modal. Esta caída en el sueldo más común en España viene impulsada, principalmente, por las fuertes subidas que el Salario Mínimo Interprofesional viene registrando desde el año 2018, concretamente del 66,12% teniendo en cuenta el incremento del 3,1% que se aprobó el pasado mes de febrero y por la que se situó el salario más bajo permitido en 1.221 euros mensuales en 14 pagas.
En otro orden de cosas, Funcas advierte de que la inflación superará el 4% en los próximos meses y no empezará a bajar hasta junio. El centro de estudios apunta a que 2026 podría cerrar con una subida en los precios del consumo del 3,6%, la cifra más alta desde que se inició la guerra en Ucrania. Un escenario que frenaría en seco las expectativas de recuperación de poder adquisitivo. Además, los analistas de Funcas advierten de que el impacto de la guerra se suma a un «preocupante aumento de las presiones inflacionistas» que viene incluso de antes. En concreto, advierten sobre el precio de los alimentos no elaborados, que en febrero ya crecía al 6,5% y de los servicios, que registraban un incremento del 3,5%.

Con este telón de fondo, las esperanzas de que los trabajadores puedan seguir recuperando algo del poder adquisitivo que perdieron en la anterior crisis se desvanecen. Todo apunta a que ahora se abre un escenario en el que los asalariados y las empresas volverán a pugnar para no cargar el coste de una nueva crisis de precios. Los primeros, reclamando mayores subidas salariales que les permitan no devaluar su salario, y los segundos tratando de mantener márgenes de beneficio y sus costes contenidos.
En el ámbito bancario, cabe preguntarse qué bancos se beneficiarían más de una posible subida de tipos del BCE.
El mercado ha recibido un giro de guion inesperado a raíz del nuevo frente bélico abierto en Oriente Medio, el cual no solo ha congelado el apetito por el riesgo por parte de los inversores sino que puede tener consecuencias a todas las escalas, incluyendo hasta los bancos centrales, que deben estar vigilando todo lo que sucede de cara a tener que intervenir en sus próximas reuniones, que en el caso del BCE son la semana que viene y a finales de abril. Los ataques en una zona exportadora de petróleo y gas y la reacción iraní de bloquear el estrecho de Ormuz, zona por la que pasa una quinta parte del crudo a nivel mundial, ha disparado los precios de las dos grandes materias primas energéticas, llevando al crudo por encima de los 100 dólares en varias ocasiones estos días. La posibilidad de que esta situación se alargue en el tiempo y/o se intensifique más podría suponer un claro riesgo al alza para la inflación en la eurozona, que estaba prácticamente controlada en la zona del 2%. De hecho, según el FMI, un aumento del 10% en los precios de la energía que se mantuviera durante un año elevaría la inflación mundial en 40 puntos básicos y ralentizaría el crecimiento económico entre un 0,1% y un 0,2%. El mercado ya descuenta que el BCE tenga que elevar en un par de ocasiones los tipos de interés antes de que acabe el año. En total, de ser así los devolvería al 2,5% para frenar una eventual escalada de precios. Uno de los sectores más condicionados por un eventual giro del ciclo es el financiero. La banca, muy expuesta a la expectativa de tipos de interés, venía en los últimos meses sosteniendo un buen momento gracias a la buena salud de la economía europea que permitía conceder más volumen de crédito y compensar el menor margen de intermediación. Sin embargo, este giro argumental ha hecho que los inversores valoren muy negativamente su naturaleza cíclica y desde que comenzó la guerra es uno de los sectores más penalizados en el parqué. Los bancos españoles ya caen cerca de un 10% en marzo y cotizan en mínimos de los últimos tres meses. Esto indica que en la balanza del mercado está ahora pesando más el riesgo de deterioro del crecimiento económico que un posible repunte de la inflación, el cual sería beneficioso para el sector al incrementar sus beneficios por intereses. A las seis entidades españolas, técnicamente, les beneficiaría una hipotética subida de tipos, aunque no a todas por igual. Sabadell y CaixaBank son las que guardan una mayor sensibilidad a los tipos. En concreto, Sabadell, una vez desligada de TSB, incrementaría el beneficio por acción de 2027 un 2,1% extra por cada 25 puntos básicos de subida de tipos. Caixa lo haría un 2% mientras que Unicaja se quedaría en el 1% adicional. Bankinter, por su mix de negocio y BBVA y Santander por su menor exposición al mercado europeo ofrecen sensibilidades inferiores al 1%, según los cálculos del banco norteamericano. De media, en todo caso, sería una mejora de un punto porcentual por cada subida. Además, los bancos españoles normalmente cubren el riesgo de los tipos con sus carteras de deuda, que de media tienen una duración de 4 años a un tipo medio del 2,7%». Asumiendo los vencimientos que llegan entre este año y el que viene, reinvertir esas cantidades a 25 puntos básicos más de rentabilidad sumaría otro 0,3% al beneficio este curso y un 1,1% al que viene, especialmente en Caixa, Sabadell y Unicaja. Por lo tanto, si efectivamente no hay deterioro en la macro, esta situación de un Banco Central Europeo revisando al alza los tipos supondría un crecimiento extra a un beneficio que ya los analistas esperaban que se incremente este curso. El consenso prevé, de media, que el beneficio neto de los bancos del Ibex crezca un 5,9% en 2027 frente a lo que esperan para 2026, en lo que sería un nuevo récord para el sector.

Finalmente, a nivel local, destacar que el precio de la luz casi se duplica en Asturias desde el inicio de la guerra de Irán. Los negocios asturianos serán los mayores afectados por la subida de las tarifas eléctricas, que se disparan especialmente por la tarde y la noche. El precio de la luz casi se ha duplicado en Asturias desde el comienzo de la guerra de Irán. El coste medio de la electricidad para este miércoles 19 de marzo se sitúa en 24,95 euros por megavatio hora frente a los 14,50 euros del pasado 28 de febrero, día en que se inició el conflicto, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Aunque la cifra supone una moderación respecto a jornadas previas —como los 49,05 euros/MWh registrados el pasado lunes 17 de marzo o el pico de 136,86 euros de media alcanzado el 10 de marzo—, el mercado eléctrico mantiene una tendencia claramente al alza en comparación con los niveles previos a la escalada geopolítica. No obstante, el encarecimiento no se explica tanto por la media diaria como por el comportamiento de los precios en determinadas horas. Los picos se han disparado en las franjas de mayor consumo, alcanzando en los últimos días hasta 146,20 euros/MWh, frente a máximos de poco más de 80 euros a finales de febrero. Esta volatilidad responde, en gran medida, al papel del gas en el sistema eléctrico. Ese efecto se deja notar especialmente por la tarde y la noche, cuando desaparece la generación solar y aumenta la demanda. En cambio, durante el día, la abundancia de energías renovables sigue empujando los precios a niveles muy bajos, incluso negativos en algunos tramos. Por tanto, el impacto de esta subida no será uniforme. Los hogares con contratos a precio fijo apenas notarán cambios a corto plazo, ya que mantienen las condiciones pactadas con sus comercializadoras. Tampoco el mercado regulado traslada de forma inmediata toda la volatilidad, al combinar precios indexados con referencias a futuro.
El Principado ha impulsado una línea de avales dotada con cinco millones de euros destinada a pequeñas y medianas empresas y autónomos con problemas de liquidez derivados de la guerra en Irán. La gestión correrá a cargo de la Agencia Sekuens y la Sociedad de Garantía Recíproca Asturgar. Además, el Ejecutivo autonómico ha constituido un comité de seguimiento con representantes de varias consejerías para evaluar los efectos del conflicto en la comunidad y diseñar un plan de respuesta. Este grupo trabajará en coordinación con el Gobierno de España, que también prepara medidas para los sectores más afectados, con el objetivo de contener el impacto del encarecimiento energético. El Principado estudia iniciativas similares a las adoptadas en anteriores crisis, como la guerra de Ucrania, y prevé mantener contactos con los principales agentes económicos y sociales. El objetivo es anticiparse a un posible deterioro del contexto internacional que pueda afectar a la actividad empresarial en Asturias, especialmente en un escenario marcado por la volatilidad de los precios energéticos.
Le deseo un muy feliz descanso vacacional, amable lector.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
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